Señores del Estado Mayor Central;
Esta carta no tiene la intención de apelar a su buena voluntad. Tampoco es una lista de reproches. Es una interpelación respetuosa desde el escepticismo que guardamos muchos con respecto a ustedes y a la Paz Total. La escribo con la preocupación que supone el hecho que la paz total fracase, y con el rechazo que le produce a cualquier colombiano sus actos de violencia.
El anuncio de la instalación formal de la mesa de conversaciones entre ustedes y el gobierno nacional el próximo 8 de octubre en Tibú, acompañado de un cese al fuego de diez meses le dio oxígeno a la Paz Total. Algunos escépticos, dentro de los cuales me incluyo, vimos con buenos ojos que se acordara una hoja de ruta tendiente a disminuir la violencia. Sin embargo, un día después, ustedes le propinaron un nuevo golpe de credibilidad a las negociaciones de paz con nuevos actos de violencia. Qué falta de seriedad.
Bien saben ustedes que sitiar corregimientos, desplazar comunidades, emboscar patrullas y volar la poca infraestructura local significa poco en el escenario general del conflicto. Por el contrario, implica necesariamente el aumento de la militarización del territorio y no disimula la falta de capacidad política de sus cuadros.
Si tienen pruebas -como lo manifiestan en sus comunicados- de la presunta coordinación entre la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública en el norte del Cauca deben mostrárselas al país. No hacerlo sería otra falta de seriedad. Lo que queda en el ambiente es que ante la oportuna acción del estado por controlar el territorio y proteger a la población, cómo lo haría cualquier estado que se precie de serlo, ustedes han quedado descolocados.
En el comunicado conjunto del pasado 19 de septiembre dicen que “el respeto por la vida de los ciudadanos sin excepción está en el centro de las decisiones del proceso”. Afirman además que las partes están de acuerdo en la búsqueda de una “paz con justicia social y ambiental”. Pero pregunto, ¿qué justicia social proviene de la destrucción de un hospital y de la muerte de una profesora?;¿cuál es la justicia ambiental que se defiende desplazando las comunidades indígenas – principales conservadores ambientales- como lo vienen haciendo sistemáticamente con los Awá? Hay dos posibilidades. O sus palabras son sólo eso, o consideran que la ciudadanía no es suficientemente inteligente para dar cuenta de la brecha entre sus discursos y sus actos.
La reciente declaratoria de cese unilateral del fuego en la que, además, reconocen que han infringido el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en la que catalogan algunas de las recientes acciones como errores militares, dan cuenta del sentido de realidad del que son capaces.
En esa realidad, el sentido elemental de una insurgencia es levantarse en armas contra el Estado bajo la motivación de cambiar el estatus quo y buscar un nuevo orden político. De acuerdo con los planteamientos clásicos de la guerra de guerrillas ese cambio viene de convertir el capital político en capacidad militar. Ojalá no estén pensando en meternos en el juego de que les agradezcamos por no asesinar civiles.
La paradoja se encuentra encerrada su lucha es que ustedes y su violencia son el estatus quo. Son la regla, no la excepción, y por eso sus actos y su discurso carecen de un carácter transformador.
Ustedes, señores del EMC, se han convertido en uno de los principales obstáculos para que un gobierno cuya agenda incluye algunas de las transformaciones sociales que ustedes dicen defender, las pueda llevar a cabo. Ni hablar de la necesaria reforma al sector de seguridad y defensa para que episodios como el de los falsos positivos o las recientes agresiones por parte de tropas del Ejército Nacional contra las comunidades en Córdoba no se repitan. Así las cosas, mientras la derecha de este país reprocha en público los ataques que ustedes perpetran, en privado se frota las manos.
Es justamente por eso que su organización carece de capital político y por tanto de la posibilidad de impulsar una agenda de país. ¿Cuál es acaso la legitimidad que proviene de instalar cientos de minas antipersona para cercar en un corregimiento de apenas 15,000 habitantes como el Plateado en el Cauca?;¿cómo es que volar un transformador y dejar a miles de indígenas y campesinos sin energía puede beneficiar a los más desfavorecidos?
Es importante que recuerden que en mayo del 2026 hay nuevas elecciones presidenciales. El 2024, año en el que, de acuerdo con lo pactado recientemente en Suarez, Cauca ustedes estarán en un cese al fuego bilateral con el gobierno, será determinante para esas elecciones. Hasta ahora, la manera en la que ustedes han encarado la oferta de paz del gobierno será la plataforma principal sobre la que harán campaña quienes anhelan el regreso de la política de seguridad democrática. Flaco favor el que le hace el Estado Mayor Central al país.
