¿Menos Democracia por más Seguridad?

El 2024 inicia con un panorama complejo de inseguridad y violencia para América Latina en un año que estará marcado por escenarios de transición política regional.

Por un lado, habrá elecciones nacionales en varios países incluyendo algunos tan determinantes para el contexto regional de seguridad como El Salvador, México y Venezuela. Por el otro, las noticias de la última semana sobre la declaratoria de un conflicto armado interno contra grupos del crimen organizado en Ecuador; la desaparición y posterior rescate de nueve mujeres colombianas a manos de una red de trata de personas en México; la muerte de cinco militares quemados vivos en la frontera con Argentina en medio de operativos contra el contrabando; así como la masacre de seis trabajadores rurales en inmediaciones de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, muestran la magnitud del desafío actual.

Por supuesto esta situación no es nueva. Mientras tanto, ante la inoperancia de los gobiernos de la región para proveer respuestas efectivas antes el empoderamiento y la creciente violencia desplegada por el crimen organizado, es previsible que los ciudadanos opten por una ecuación sencilla: menos democracia a cambio de mayor seguridad, o al menos a cambio de una mayor sensación de seguridad.

Y es que, más allá de su popularidad, cabe preguntarse qué tan sostenibles y efectivas son las respuestas de mano dura contra el crimen que erosionan la división de poderes, eliminan controles constitucionales a la fuerza pública y limitan derechos ciudadanos. Al final, como ya lo ha demostrado la historia reciente de diferentes países de la región, la cura puede resultar más mala que la enfermedad.

En la experiencia reciente latinoamericana las autodefensas en Colombia o en México terminaron fortaleciendo al crimen organizado y generando picos de violencia sin precedentes. En Brasil y en Venezuela la creación de fuerzas de policía militarizadas como el BOPE o el FAES respectivamente, aumentaron la opacidad de las políticas de seguridad con violaciones masivas a los derechos humanos extensamente documentadas. Lamentablemente lo anterior no se tradujo en la derrota de organizaciones como el Tren de Aragua o el Primer Comando da Capital (PCC) en Brasil.

El primer error de estas aproximaciones de concepción. Al contrario de los conflictos armados, la lucha contra el crimen organizado se caracteriza por una gestión de la amenaza más que por una derrota total de la criminalidad. Esto viene de una máxima comúnmente aceptada en la criminología según la cual no es posible reducir el crimen a cero. Por eso, las estrategias que han demostrado ser más efectivas son aquellas que se han propuesto incapacitar los grupos del crimen organizado, domesticarlos.

Tal es el caso de países como Estados Unidos, Italia o Japón en los que, si bien siguen operando las legendarias mafias de la segunda mitad del siglo XX, no muestran los niveles desbordados de violencia y corrupción que hoy exhibe América Latina. Para lograr reducir la violencia y contener la criminalidad organizada, estos países implementaron estrategias basadas en la optimización del trabajo de las fiscalías, los jueces y las agencias de inteligencia, y no precisamente en sacar el ejército a las calles. Lo segundo contribuye a generar la sensación de inseguridad y de desprotección, pero no a solucionar el problema.

Para que una estrategia contra el crimen organizado sea efectiva debe involucrar, además de las fuerzas de seguridad el estado, a la sociedad civil, principalmente las comunidades afectadas por el fenómeno de la violencia y de las economías ilícitas, y al sector privado.

Sin embargo, la cohesión social contra el crimen organizado parte del supuesto de que las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad gozan de legitimidad. Por el contrario, nuestras democracias se caracterizan por los constantes escándalos de corrupción, muchos de hechos provenientes de la relación entre la clase política, las fuerzas de seguridad y el narcotráfico.

Paradójicamente, más que erosionar la división de poderes, una lucha frontal y efectiva contra la criminalidad organizada debe empezar por limpiar la casa. Esto implica justamente apuntalar sistemas efectivos de pesos y contrapesos, poner freno a la financiación ilegal de campañas políticas, identificar los elementos oficiales que colaboran con-o trabajan para- organizaciones delincuenciales, y librar a las fuerzas policiales y de seguridad de elementos corruptos.

Es pronto para anticipar un desenlace del escenario ecuatoriano. Es comprensible que la sociedad esté cansada de estar a merced de la delincuencia y pida extirpar un tumor con uno martillo y no con un bisturí. Mientras no se recupere la legitimidad de la fuerza pública y de la justicia el costo en vidas humanas será previsiblemente alto sin que el éxito esté garantizado.  Por su parte, en Colombia, el primer gobierno progresista de la historia deberá redoblar sus esfuerzos en la materia si no quiere que la transición política del 2026 esté marcada por una decisión en la que terminemos sacrificando la democracia a cambio de una promesa quizás vana de mayor seguridad.