Independientemente de quien sea el autor del crimen, es evidente que las estrategias del gobierno para frenar el deterioro de la seguridad en Cúcuta no están funcionando.
Jorge Mantilla*
Dos crisis simultáneas
El atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta ocurrido el pasado 15 de junio dejó 36 heridos y varios interrogantes abiertos. El gobierno señaló que el ELN es el principal sospechoso, pero hace unos días el grupo guerrillero publicó un vídeo asegurando que no tuvo nada que ver. ¿Cuáles son los antecedentes del atentado? ¿Qué hipótesis son las más acertadas teniendo en cuenta la información que se conoce por ahora?
El ataque de la semana pasada es producto del deterioro del orden público exacerbado por la crisis migratoria y humanitaria que experimenta la región de forma simultánea.
La primera, se debe a que la mayor parte de los casi cinco millones de venezolanos que han salido de su país han llegado a Colombia cruzando esta frontera. Como consecuencia, la ciudad ha alcanzado niveles de desempleo e informalidad laboral sin precedentes: en el primer trimestre del año, tuvo una tasa de desempleo del 22,3% y una de informalidad superior al 70%.
La segunda, es producto del aumento de la criminalidad y la violencia tras la firma del acuerdo de paz. Actualmente, Norte de Santander es el departamento con más hectáreas cultivadas de hoja de coca. Solo Cúcuta cuenta con cerca de 300 hectáreas sembradas en zonas rurales.
El auge cocalero así como las rentas ilegales derivadas del control fronterizo ha provocado que distintos grupos armados –algunos financiados por carteles mexicanos– se disputen la región del Catatumbo. Entre estos grupos se cuentan el ELN, los Pelusos (EPL), las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia y Frente 33, los Rastrojos y grupos venezolanos como el Tren de Aragua. Estas disputas han traído consigo formas de violencia que se consideraban ‘cosa del pasado’ como el reclutamiento forzado, las masacres y el uso de minas antipersonas.
El ataque de la semana pasada es producto del deterioro del orden público exacerbado por la crisis migratoria y humanitaria que experimenta la región de forma simultánea.
El gobierno ha optado por una fuerte presencia militar en la región mediante el despliegue de la Fuerza de Tarea Vulcano en Tibú y el fortalecimiento de las operaciones antinarcóticos de la Trigésima Brigada en Cúcuta. Ninguna de estas acciones se ha traducido en más seguridad para los habitantes del departamento.
Posibles culpables
Si se llegase a confirmarse que el ELN es el responsable del atentado, quedaría en evidencia que existen fallas de comunicación y de coordinación en el interior de esta guerrilla que, hasta ahora, se ha mostrado bastante sólida.
El Frente Urbano Nacional es un frente joven creado en el IV Congreso del ELN que se ha vuelto central para este grupo armado. En 2018 realizó un atentado contra una Estación de Policía en Barranquilla que dejó seis policías muertos y un año después, atacó la Escuela General Santander de la policía al sur de Bogotá, lo cual ocasionó que Duque suspendiera los acercamientos y diálogos con esta guerrilla.
Contrariamente a lo que podría pensarse, el ELN se ha fortalecido en el último cuatrienio: actualmente, cuenta con un ejército binacional más numeroso, más adinero y con mayor cobertura geográfica. El cierre formal de la frontera de Cúcuta ordenado por el gobierno venezolano en 2015 facilitó que esta guerrilla y otros grupos armados se convirtieran en autoridades fronterizas.
Algunos han sugerido que el atentado pudo ser producto de una alianza entre el ELN y alguna de las disidencias de las FARC. Sin embargo, esto es poco probable porque un ataque de esta magnitud requiere una relación de confianza que no existe entre estos grupos armados. Además, las alianzas entre grupos armados en el Catatumbo dependen de las economías ilegales y, hasta ahora, han sido sumamente frágiles.
También es importante tener en cuenta que el Frente 33 y la Segunda Marquetalia están en una fase de consolidación militar, lo cual implica que tienen pocos incentivos para atacar a la fuerza pública. En estos momentos la prioridad del Frente 33 es fortalecer su presencia en Tibú, recuperar su base social y crecer militarmente.
Norte de Santander es el departamento con más hectáreas cultivadas de hoja de coca. Solo Cúcuta cuenta con cerca de 300 hectáreas sembradas en zonas rurales.
Por su parte, la segunda Marquetalia está decidida a ganar importancia en el Catatumbo y recientemente logró alinear a Jhon 40, uno de los principales intermediarios del narcotráfico, dentro de sus filas. Ambas disidencias riñen y su relación podría verse afectada por el conflicto en el Apure que involucra a las disidencias de Gentil Duarte.
Habiendo dicho esto, es importante reconocer que Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa” y miembro de esta disidencia, tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque de estas características, pues cuenta con experiencia en asuntos militares, fue responsable de las Fuerzas Especiales de las extintas FARC y estuvo al mando de la columna móvil Teófilo Forero.
La hipótesis del auto atentado
En los últimos días, la versión del auto atentado ha cobrado fuerza. En estos momentos, es evidente que hubo complicidad, corrupción o al menos omisión dentro de la guarnición militar, pues hay indicios que el carro bomba fue movido desde el dispensario militar hasta las oficinas de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía (EDA) después de que la persona que entró en la camioneta a las instalaciones las abandonara a la 1:50 pm. Dado que la primera explosión ocurrió a las 3:05 pm, esclarecer lo que sucedió en ese lapso es fundamental para resolver el caso.
Sin embargo, lo cierto es que esta hipótesis aún carece de contexto y deja dos grandes interrogantes sin respuesta: ¿Qué sector de las Fuerzas Militares podría estar interesado en sabotear las investigaciones de la Fiscalía? ¿El incentivo era tan atractivo como para lastimar a varios soldados estadounidenses? Las autoridades deberán despejar estas preguntas.
Sea cual fuere la hipótesis correcta, el atentado revela al menos tres fallas importantes de la estrategia del gobierno en Norte de Santander:
- Existe un déficit importante en materia de contrainteligencia que se traduce en la falta de previsión y evaluación del riesgo en una de las unidades militares más importantes del nororiente colombiano.
- Es inverosímil e inaceptable que pese a la creciente militarización del departamento, el presunto atacante haya entrado y salido del Cantón Militar con tanta facilidad.
- El gobierno ha sido incapaz de frenar el deterioro de la seguridad de Cúcuta y sus alrededores. Actualmente, es la única capital del país que presenta cultivos de coca y en donde los homicidios han venido aumentando de forma sostenida desde el año pasado.
Indudablemente, la delincuencia se ha tomado los barrios periféricos de la ciudad y cada día es más frecuente, lo cual corrobora que para los tomadores de decisiones de Bogotá esta región no es una prioridad.
Todo indica que el gobierno insistirá en la militarización y en la erradicación de cultivos ilícitos pese a que ninguna de las dos estrategias ha dejado provocado resultado sostenibles en el largo plazo.
