Los más violentos del mundo

Colombia vuelve a encabezar la lista, junto a México y Honduras, como uno de los países más violentos de América Latina con tasas de homicidios por encima de los 25 por cada 100.000 habitantes. El promedio global es de 5,8. Así lo señala en su última versión Estudio Global de Homicidios publicado hace unas semanas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este estudio es una herramienta muy importante para evaluar cómo van las regiones y los respectivos países en materia de violencia homicida, pero sobre todo para buscar reversar el impacto y los efectos devastadores que producen las muertes violentas en las sociedades contemporáneas. Cabe recordar, por ejemplo, que, a pesar de ser una región con relativa estabilidad política, marcada por democracias formales que sostienen comicios cada cierto periodo de tiempo, América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo.

Entre diferentes factores, como los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, el estudio identifica que uno de los motores principales de la violencia homicida en América Latina es la criminalidad organizada. Así por ejemplo mientras que el promedio global de la proporción del total de homicidios atribuidos a la criminalidad organizada es de cerca del 20%, en América Latina esa proporción sube al 50%.

Lo anterior está muy relacionado con la impunidad en una región donde los sistemas de justicia, la corrupción y la ineficacia mantienen los niveles de denuncia en mínimos que hacen que las estrategias implementadas contra delitos como el hurto o la extorsión fracasen. Otro de los datos demoledores revela que sólo la quinta parte de los homicidios intencionales ocurridos en las Américas son efectivamente juzgados por las autoridades. Es una suerte de efecto dominó: el crimen organizado genera una violencia que, al no ser castigada de manera efectiva, lo empodera y conlleva a más violencia vía corrupción y cooptación del estado.

En Colombia, volver a aparecer en los primeros lugares de los países más violentos del mundo debe generar alarma por tres razones. La primera de ellas es que mientras otros países que llegaron a ser más violentos que Colombia como Brasil, el Salvador o Venezuela lograron reducciones de la violencia, nosotros no. La segunda es que el informe se conoce en un momento en donde el país apuesta por una política de Paz Total, en la que hasta el momento es incierto si las reducciones parciales en algunas formas de violencia son producto del des escalamiento de la confrontación o del apaciguamiento de los grupos armados, lo que podría generar nuevos picos de violencia en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, la tercera razón para tomar este penoso primer lugar como el país más violento de Suramérica es que así mismo, este mismo año Colombia ocupó el segundo lugar como el segundo país con más incidencia del crimen organizado.

Estas tres connotaciones de los escalafones sobre crimen y violencia revelan una realidad de a puño: sí el país supera la resaca de nuestro largo conflicto armado a través de los dos procesos de paz formalmente instalados tanto con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) como con el ELN, la violencia seguirá siendo un lastre y un problema crónico que tardaremos décadas en resolver.

Esa realidad no es óbice para que diferentes formatos de negociaciones hagan parte de la fórmula para superar la violencia. Pero sí debería serlo para seguir utilizando de la paz y la seguridad como uno de los combustibles principales de la polarización política.

Por ello no se entiende el desdén que ha mostrado, ya en varias ocasiones, el gobierno nacional frente al acuerdo del teatro Colón con las antiguas FARC. Tampoco el recelo de quienes desde la oposición casi que desean que la paz total fracase y se alegran con cada traspiés que sufre alguna de las mesas de negociación. Mientras eso sucede, el país dejó ir los réditos de la paz firmada en el 2016 y fenómenos como el asesinato de líderes sociales no ceden.

Para empezar a superar el círculo vicioso de violencia y polarización política que ha impedido que Colombia reduzca la violencia de manera sostenida, el gobierno del presidente Petro tendrá que trabajar de la mano con las nuevas administraciones de las principales ciudades del país. A parte de Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez fue contendor político del presidente Petro en la primera vuelta presidencial, Cali, Bogotá y Barranquilla no cuentan con ningún proceso de la denominada “paz urbana”. Cualquier estrategia de reducción de la violencia y particularmente del homicidio en el país debe pasar por esas ciudades. Llevamos muchos años tarde, por eso a partir de enero la lógica de colaboración ciudad-nación deberá verse reflejada de manera vigorosa en el sistema de concurrencia y coordinación contra el multicrimen estipulado en la más reciente política nacional de seguridad y convivencia.