Semanas después de comenzar a reabrir la economía, la delincuencia parece estar aumentando de manera acelerada. Mientras tanto, la Fuerza Pública enfrenta una crisis de credibilidad.
Jorge Mantilla*
De mal en peor
El panorama de seguridad ciudadana en Colombia se está deteriorando. Las noticias registran hechos de inseguridad en Bogotá, Santa Marta y Cúcuta; expresiones de justicia por mano propia en Bucaramanga; consolidación del cinismo legal en Atlántico y Valle del Cauca.
A esto se suman las cifras alarmantes de asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC a lo largo y ancho del país. Además, la cifra de feminicidios y de denuncias por violencia doméstica no baja mientras que la de reclutamiento de menores sube.
Paralelamente, los escándalos de corrupción, los abusos de las autoridades y las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública son pan de cada día.
Como si fuera poco, las autoridades están usando a la policía para todo. En varias ciudades, la fuerza pública se hace cargo de la vigilancia epidemiológica, asegura los toques de queda e imparte comparendos a quienes desacatan las medidas de bioseguridad. Este es un error de las administraciones que recién comienzan y que a mediano plazo puede serles muy costoso.
Problema global
El aumento de la inseguridad con la reapertura no es nuevo ni inesperado en el mundo. La violencia en 43 países ha aumentado durante la pandemia, mientras que en otros 45 no ha disminuido.
- En Estados Unidos el asesinato de George Floyd a manos de la policía desató una oleada de protestas contra el racismo, disturbios y saqueos en varias ciudades. Además, los homicidios y casos de violencia armada han repuntado en Nueva York, Minneapolis, Seattle y Chicago.
- Francia enfrenta graves choques étnicos entre pandillas y grupos de crimen organizado, cuyas proporciones aún son desconocidas.
- El caso de México es desgarrador, pues durante los dos primeros meses de la pandemia se registraron cerca de seis mil homicidios. Las guerras silenciosas entre carteles están barriendo con los estados de Guerrero y Guanajuato.
Regreso a la normalidad
En el caso de Colombia, más que un aumento en las cifras de inseguridad, hemos visto un regreso a la “normalidad” previa a la pandemia.
Con el aislamiento obligatorio, la mayoría de las cifras de inseguridad bajaron. Según la Policía, “entre el 20 de marzo y el 20 de mayo se registraron 1.321 homicidios en todo el país, mientras que en el mismo periodo del año anterior se presentaron 2.012 casos, lo que equivale a una reducción del 34%”. Además, hasta principios de junio, el número de hurtos había caído en al menos un 64%.
Sin embargo, a medida que la cuarentena se ha flexibilizado, las cifras han aumentado nuevamente y pueden regresar o incluso superar los niveles anteriores al aislamiento.
Foto: Policía Nacional de Colombia
La ciudadanía no cree en la capacidad del Estado para controlar la delincuencia.
Contrariamente a lo que muchos repiten, los criminales no se han reinventado, tan solo se han adaptado. Estamos frente al mismo juego, pero con reglas distintas: distanciamiento social, tapabocas, más interacciones digitales y por tanto mayor cibercrimen y violencia intrafamiliar asociados con el confinamiento.
Aunque la situación es desafiante y hay casos puntuales que requieren de pronta intervención, Colombia debe evitar los lugares comunes, como la improvisación de planes de choque y medidas extraordinarias.
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Inseguridad en las ciudades
Muchas administraciones locales se han concentrado en la provisión de ayudas sociales y el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. Por eso muchas ciudades dejaron pasar la oportunidad que implicaba la disminución de delitos durante la cuarentena y lograr mantener la reducción.
Además, en materia de seguridad, la improvisación es la regla. Los esfuerzos de los gobiernos locales no han sido suficientes y los problemas de antes siguen siendo los de ahora.
En Bogotá, por ejemplo, preocupa la relación entre la alcaldesa y el cuerpo de policía. Es una relación propia de los años 90, cuando los mandatarios locales daban órdenes a través de sus secretarios, delegando la política de seguridad en la policía. Pero hace mucho tiempo las cosas no funcionan así ya que los retos actuales requieren de acompañamiento operativo tanto en la prevención como en el control del delito.
Sería lamentable que un buen plan de seguridad, como el que quedó formulado en el Plan de Desarrollo de la ciudad, viera limitado su potencial por la pérdida de músculo territorial y de la capacidad de ejecución de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Otro ejemplo es Cúcuta, donde la Alcaldía no pudo recuperar el control de la política de seguridad. El apoyo que el Gobierno Nacional le ha brindado a esta ciudad en la materia ha sido insuficiente y está desarticulado. El crimen organizado que gobernó durante años ahora se opone férreamente a perder el control sobre los recursos públicos y las rentas ilegales.
En el plano nacional, el Estado ha aprovechado la pandemia para dar golpes importantes a todos los actores armados y a la economía del narcotráfico.
Pero no es claro que la estrategia sea sostenible a nivel local. Por ejemplo, la muerte de alias ‘80’ –reemplazo de Chucho Mercancía y máximo jefe de los Pachenca– llevó a un paro que detuvo a varios municipios del Magdalena y la Guajira; tras la muerte de alias ‘80’, los grupos delincuencias se reajustarán en el Caribe.
Foto: Concejo de Bogotá
La seguridad ciudadana en el país se está deteriorando.
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Falta de credibilidad
Hoy, el problema más importante en materia de seguridad y orden público es la falta credibilidad.
Por un lado, los criminales no creen en la capacidad de castigo del Estado. Por eso emplean modalidades más agresivas, como el uso de armas para hurtar o el desmembramiento de sus víctimas. Por otro lado, la ciudadanía tampoco cree que el Estado sea capaz de hacer cumplir la ley, y opta por hacer justicia por mano propia o por desobedecer las normas.
El país se ha acostumbrado a los escándalos y las malas conductas por parte de miembros de la fuerza pública. Desde diciembre, más de dieciséis generales han salido de la institución por diferentes casos de corrupción. Esto demuestra que no se trata de “manzanas podridas”, sino de un problema de cultura institucional.
Además de adoptar las sanciones pertinentes, el Gobierno debe ajustar la política de formación y de talento humano dentro de las entidades, revisar la política de ascensos y avanzar en una reforma policial.
Es verdad que debe aumentarse el pie de fuerza, haciendo de la carrera policial una más competitiva frente a otros oficios, pero eso solo es posible con una Policía más especializada, mejor formada y también mejor paga.
Además, el aumento del pie de fuerza que exigen varios mandatarios locales no tendrá efectos duraderos si al mismo tiempo no se atiende a las comunidades vulnerables como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y los consumidores de drogas.
En todo el país, militares y policías trabajan con empeño en las labores de contención de la pandemia, al mismo tiempo que garantizan la disponibilidad del servicio de policía. Sin embargo, estos esfuerzos son vanos si no se aborda de manera urgente la impunidad y la corrupción que indicen de manera directa en la percepción de inseguridad.
*Investigador asociado del Great Cities Institute, Chicago, @jmantillaba
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