Hacía la liquidación de las EPS quebradas

Tras fracasar en el Congreso y en la vía administrativa, el gobierno propone liquidar las EPS quebradas. ¿Es una salida real a la crisis de la salud o una decisión que traslada el problema a pacientes y hospitales?

El punto más débil de Petro 

La salud ha sido, sin duda, el talón de Aquiles del gobierno Petro. El presidente ha tenido éxito en su política laboral —con una reforma aprobada y un aumento del salario mínimo superior al 23%—, pero el contraste con los resultados en salud es evidente: dificultades de acceso, aumento de quejas y escasez de medicamentos.

En cuatro años, el gobierno acumula fracasos: primero, en el trámite de la reforma ante el Congreso; después, en dos intentos por vía administrativa mediante los decretos 858 de 2025 y 182 de 2026, que encontraron barreras en los tribunales. A esto se suma el mal manejo de ocho intervenciones a EPS y los escasos resultados en la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). El gobierno ha quedado, así, sin margen para sacar adelante su principal bandera.

Como salida alterna, el presidente ha defendido como “éxito” su programa preventivo, apoyándose en cifras discutibles sobre la reducción de la mortalidad infantil, y ha propuesto la liquidación de las EPS quebradas. Al mismo tiempo, ha dejado la reforma de fondo en manos del próximo Congreso y de la senadora Carolina Corcho.

Las fallidas intervenciones a las EPS

Al comienzo del gobierno, mientras se discutía la reforma en el Congreso, la respuesta inmediata a la crisis fue la intervención de ocho EPS que cubren más del 50% de los afiliados. El mensaje era claro: la mala gestión y el uso indebido de recursos justificaban la intervención estatal. Pero los resultados fueron pobres. No disminuyeron las quejas ni las deudas con la red de servicios.

Una de las causas fue la selección de interventores mediante un proceso confuso en el que intervinieron funcionarios cercanos al presidente. Varios de ellos no cumplían los requisitos del Registro de Interventores (RILCO). Según el presidente, este Registro era un listado de amigos de gobiernos anteriores, a cambio de los cuales se buscaron otros “mejores” escogidos entre los directores de hospitales que habían trabajado en la Alcaldía de Petro. 

Pero desafortunadamente eran ilustres médicos, sin experiencia como interventores y menos aún con el conocimiento de cómo funciona una EPS, excepto para el caso de Aldo Cadena que había gerenciado a Capital Salud. El resultado fue previsible: aumento de gastos y de las deudas con las IPS. Algo similar ocurrió en el FOMAG, donde se duplicaron costos e incluso se trasladaron recursos del fondo pensional para cubrir déficits en salud.

Para agravar la situación, el propio presidente atribuyó los malos resultados a supuestos intereses personales de los interventores. Algunos fueron destituidos y están bajo investigación. Los nuevos nombramientos corrigieron parcialmente el problema, pero el presidente ha expresado desconfianza incluso hacia estos.

La causa, según Carolina Corcho

La exministra Carolina Corcho mantiene su tesis inicial: el problema central es la intermediación financiera de las EPS, que —según ella— facilita el desvío de recursos y la corrupción. Sostiene que la crisis actual se debe a que no se ha aprobado la reforma y descarta soluciones por vía administrativa.

Es previsible que, desde el Senado, impulse un nuevo proyecto. Con una bancada ampliada del Pacto Histórico, el gobierno intentará una tercera reforma.

Corcho y el analista Vicente Calvo han estimado los posibles desvíos de recursos:

• 8,5 billones —faltante en reservas técnicas de 27 EPS (2023).
• 11 billones —recursos “embolatados”, según la Contraloría (2025).
• 9 billones —desviados por 18 EPS entre 2020 y 2021.
• 7,1 billones — deudas no pagadas a IPS entre 2018 y 2022.
• 25 billones — deuda total con clínicas y hospitales a 2025.

A esto se suman hallazgos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) sobre pagos a pacientes fallecidos y sobreprecios en medicamentos.

Pese a todo lo anterior, apenas se han abierto 522 procesos administrativos y proferido 41 fallos fiscales. No hay condenas penales relevantes. El gobierno no ha logrado probar responsabilidad penal en ningún funcionario o propietario de las EPS, es decir no ha encontrado otro ”Palacino” y solo ha logrado imputar cargos al gerente de la nueva EPS (aunque solo por la décima parte del supuesto desfalco de más de 5 billones que se anunció inicialmente). También se espera establecer responsabilidad penal sobre el manejo de Coosalud por 221.000 millones como respaldo a créditos de terceros. 

Además, ni el proyecto del gobierno ni el de la oposición proponen cambios sustantivos en los sistemas de auditoría. Las nuevas “gestoras” mantendrían funciones similares a las de las actuales EPS, lo que perpetúa un sistema de control insuficiente.

Los dos sistemas de salud

Tras el fracaso en el Congreso y en la vía administrativa, el presidente ha planteado una salida política: afirmar que en Colombia existen dos sistemas de salud: uno, el de las EPS, responsable de los problemas; otro, el preventivo, creado por el gobierno mediante la red pública y más de 10.000 equipos básicos.

Según el gobierno, este último habría reducido a la mitad la mortalidad infantil. Sin embargo, análisis independientes muestran que las cifras son provisionales y contienen errores. Además, la caída de la mortalidad infantil responde a una tendencia de largo plazo, explicada por menor natalidad y mayor cobertura institucional de los partos, incluyendo la atención de los médicos, que hoy llega hasta el 98% de los nacimientos.

La orden de liquidar las EPS quebradas

El bloqueo a la reforma en el Congreso y la suspensión de las medidas administrativas por los tribunales de justicia han llevado al presidente a ordenar la liquidación de las EPS quebradas —que podrían llegar a la mitad de las 28 que aún están vivas. 

Debe tenerse en cuenta que las EPS quebradas son las que tienen pasivos superiores a los activos y no poseen patrimonio propio para pagar sus deudas. Esta medida, que ha levantado alarmas injustificadas, ya se ha empleado anteriormente: en el gobierno de Andrés Pastrana fueron liquidadas nueve EPS; en el de Álvaro Uribe, cinco; en los de Juan Manuel Santos, 18; y en el de Iván Duque, diez. 

Algunos medios alertan además sobre la concentración de los traslados hacia la Nueva EPS y a la posible interrupción de los tratamientos; pero estos medios ignoran que el proceso de redistribución de los afiliados por la liquidación de EPS está establecido en el Decreto 1424 de 2019 y tiene procedimientos obligatorios que evitan la sobrecarga de algunas EPS y garantizan la continuidad en los tratamientos.

El proyecto de liquidación excluiría a la NEVA EPS, cuyo pasivo seria pagado al menos en parte por el gobierno. Posiblemente serían liquidadas las 7 EPS intervenidas a saber: Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, SOS y Capresoca, que cuentan con alrededor de doce millones de afiliados. Pero hay quince aseguradoras cuyo patrimonio está en rojo porque las deudas superan sus activos. 

Finalmente, quienes pierden son las IPS que no tendrán a quien cobrarle 15 billones de cuentas pendientes de pago.

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