Revista científica británica desata enorme polémica en salud

El artículo de Luke Taylor en “British Medical Journal” contra el gobierno de Petro respecto al sistema de salud produjo una violenta reacción del Ministerio de Salud colombiano.

Un artículo de Luke Taylor en la prestigiosa revista británica British Medical Journal dijo que el gobierno de Gustavo Petro destruyó el sistema de salud colombiano, el cual se había convertido en un referente de los sistemas de América Latina y ha sido reputado como uno de los mejores. El artículo produjo una violenta reacción del Ministerio de Salud de Colombia, que acusó a la revista de irresponsable y al autor de ser un simple opinador anticientífico defensor de intereses económicos y políticos.

En su artículo, Taylor califica muy bien el sistema de salud colombiano: “Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial elogiaron al país por la amplia cobertura y calidad de su atención médica, financiada mediante una combinación de subsidios estatales y competencia en el mercado. Casi el 99% de la población colombiana está cubierta, el gasto de bolsillo es uno de los más bajos de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el país cuenta con once de los treinta mejores hospitales de Suramérica. En una comparación de servicios de salud publicada en The Lancet, Colombia se ubicó como el segundo mejor de Latinoamérica, después de Costa Rica. Esto a pesar de gastar entre US$477 y US$30 por persona, la cantidad más baja de la región, 11,4% menos que México y 62,7% menos que Chile, que ocupaba la misma posición que Colombia”.

Pero luego el autor describe una verdadera hecatombe: “Comenzó con retrasos. Los pacientes hacían cola durante horas fuera de las farmacias desde el amanecer y las cirugías rutinarias se posponían con frecuencia. Luego vino la escasez. Los estantes de medicamentos básicos se vaciaron, la insulina y los medicamentos contra el cáncer se agotaron y los pacientes críticos fueron expulsados de los hospitales. Ahora, hay cierres. Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas. Los servicios de urgencias están desbordados y se están cancelando los programas de formación para médicos especialistas”.

Ante la publicación de British Medical Journal, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia no tardó en pronunciarse mediante un comunicado que descalifica totalmente la narrativa del desastre y dice: “Aunque el artículo se difunde desde una publicación de amplio reconocimiento internacional, es necesario precisar que no se trata de un artículo científico ni de una evaluación académica del sistema de salud, sino de un reportaje periodístico que carece de metodología verificable no uso sistemático de fuentes oficiales y no hay balance analítico…claramente obedece a intereses económicos y políticos que están en contra del gobierno actual”.

El error de Taylor en la caracterización del modelo colombiano

A Luke Taylor le pasa lo mismo que a los egiptólogos extranjeros que le atribuyen la construcción de las pirámides a los extraterrestres, con lo que subvaloran a los primitivos faraones. Creen entender estos expertos que el modelo colombiano fue copiado del sistema holandés creado en el año 2006, ignorando que el sistema colombiano de competencia regulada o administrada se diseñó quince años antes, primero con la Constitución de 1991, en los artículos 48 y 49, y luego con la Ley 100 de 1993 y la Ley 715 de 2001. Más bien hay que decir que los holandeses se copiaron de Colombia. Al respecto, Taylor dice: “El sistema colombiano utiliza un modelo de competencia controlada similar al de los Países Bajos”. “Las aseguradoras privadas (Entidades Promotoras de Salud (EPS)) compiten por pacientes que donan una parte de sus ingresos al Gobierno para el plan de salud de su elección”. También yerra Taylor al decir que los pacientes en Colombia “donan” parte de sus ingresos, cuando lo que existe aquí es una cotización parafiscal obligatoria y un subsidio del presupuesto nacional; vuelve a equivocarse cuando dice “para el Plan de su elección”, cuando en este país, a diferencia de Chile, existe solo un Plan Obligatorio de Salud (POS), llamado hoy Plan Básico de salud (PBS).

La opinión: las evidencias versus las hipótesis

Con el fin de abordar con responsabilidad nuestros comentarios sobre tan espinoso y peliagudo tema, queremos precisar que solo consideramos evidencia o prueba los datos obtenidos de los informes oficiales del Ministerio de Salud y de la Protección Social, así como los fallos y las sentencias judiciales. De otra parte, los cruces de bases de datos o ejercicios de contraste desarrollados por la ADRES, los organismos de control y los analistas privados solo tienen el valor de “indicios” que permiten formular hipótesis de investigación científica o guían la realización de auditorías forenses. En consecuencia, el “desastre” del sistema de salud colombiano hay que enmarcarlo en dos evidencias y en dos hipótesis:

Dos evidencias sobre los servicios básicos 

Evidencia 1. El informe de Indicadores Básicos en Salud de 2025, debidamente firmado por el ministro de Salud y Protección Social, la Coordinación técnica y la Dirección de Epidemiología y Demografía a cargo de Heriberto Vásquez Serna (se puede consultar en la web con más detalle), dice que el sistema de salud creado antes del gobierno Petro ha generado un acceso efectivo a los servicios básicos entre el 80,18% y el 97,26% para el año 2022; 

Evidencia 2. Luego de dos años del gobierno Petro, para 2023 se observa un avance en el acceso a los servicios básicos, a manera de ejemplo, entre el 0,42% para los partos institucionales y el 5,4% en la atención con cuatro o más controles de los niños nacidos vivos.

Por ahora se concluye, contrario a la narrativa oficial y con sus propias cifras, que el sistema colombiano sí logró acceso efectivo a los servicios básicos antes del gobierno Petro en forma significativa. Por lo tanto, las coberturas de aseguramiento del 98% o 99% no son solo formales como repite el gobierno Petro, sino que, en buena medida, incluyen un acceso real. Pero también, contrariando a Taylor, los datos dicen que no hay tal desastre en los servicios básicos de salud durante el actual gobierno y, al contrario, hay un avance pese a sus limitaciones. Otra cosa muy diferente ocurre con los servicios complementarios.

La hecatombe

En la hecatombe descrita por Taylor se afirma que las salas de maternidad y unidades neonatales están cerrando sus puertas, pero no se tiene en cuenta que, si la natalidad ha caído en los últimos años en 13%, es natural y necesario cerrar el 13% de estas salas de maternidad y unidades neonatales. Si esto perjudicara la atención, ¿cómo se explicaría que el 97,68% de los partos se reporten como institucionales, es decir, atendidos en hospitales o clínicas, casi siempre por profesionales?

Es de observar, en lo dicho por Taylor, que las filas en las farmacias hasta el amanecer, la escasez y los estantes vacíos de los medicamentos contra el cáncer, así como la insulina, y la reducción de la frecuencia en cirugías rutinarias son, por lo general, servicios complementarios que no se asocian a las barreras de acceso a los servicios básicos. Es de recordar que, en Colombia, desde 1990, tres años antes de la Ley 100, la atención de urgencias es obligatoria hasta la estabilización del paciente y sería muy extraño que se expulsara a un enfermo en estado crítico incluso desde una clínica privada.

No obstante, el acceso a los servicios complementarios se ha venido deteriorando aceleradamente, como lo muestran los indicadores de las reclamaciones. Es el caso de las acciones de tutela, que se cuadruplicaron entre 2020 y 2025, y las PQR, que se acercaban a dos millones por año. Estas reclamaciones son, por lo general, por medicamentos, autorizaciones para consulta, citas con especialistas, procedimientos quirúrgicos y por falta de oportunidad en la atención. El crecimiento en las barreras de acceso a los servicios complementarios sí se ha incrementado y, lógicamente, el gasto de bolsillo se impacta, llegando hoy al 17% del costo de los servicios, deteriorando así uno de los indicadores positivos más importantes que ha tenido el sistema colombiano de salud en los últimos años. No obstante, una evaluación de la revista Consultor Salud dice: “Aunque por debajo de la media global que es del 76%, Colombia registra una disponibilidad aceptable de servicios de salud, alcanzando un 72 %”.

Dos hipótesis sobre el deterioro de los servicios complementarios

Parecería que Taylor encuentra como explicación de la hecatombe principalmente  la filiación política y los antecedentes del primer mandatario: “Tras ser elegido el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia en 2022, el exguerrillero se propuso transformar la atención médica y dijo que el sector estaba dirigido por delincuentes y que “el dueño de Keralty es un criminal”, no obstante, nuestra explicación es más compleja y tenemos dos hipótesis sobre el deterioro de los servicios, que son: la desviación de recursos y la corrupción. 

HIPÓTESIS 1. Las EPS se quejan de que la Unidad de Pago por Capitación UPC es insuficiente, pero una hipótesis de investigación científica o forense permitiría establecer que los recursos destinados a la prestación de servicios se han estado desviando al desarrollo de infraestructura privada o pública. Si no fuera así, entonces, ¿cómo se explica que Colombia, teniendo un desarrollo económico inferior al de Brasil, México y Argentina, tenga 33% de la mejor infraestructura de salud? El propio Taylor lo confirma así: “El país cuenta con once de los treinta mejores hospitales de Suramérica”, en una comparación de servicios de salud publicada en The Lancet. Un fenómeno similar no solo existe en el sector privado, sino también en la infraestructura pública, especialmente durante el gobierno actual, que ha dedicado buena parte del presupuesto público de salud al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, afectando la disponibilidad para el ajuste de la UPC.

HIPÓTESIS 2. El desangre se explica, además, por la corrupción rampante en el sector salud, denunciada en forma permanente, así como la incapacidad de los organismos de control para poner coto; asimismo, no funcionan los sistemas de auditoría de cuentas, que están diseñados sin segregación de funciones con los ordenadores del gasto, lo que favorece la pérdida permanente de recursos. El Ejecutivo sindica del detrimento a las EPS como intermediarios financieros, pero en cuatro años no ha sido capaz de poner un solo funcionario o un empresario tras las rejas.

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