Esteban Salazar, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Consejo Nacional Electoral

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El CNE ha revocado varias campañas para alcaldías y gobernaciones. ¿Hasta dónde sus motivos son válidos y hasta dónde se trata de persecución política?

Esteban Salazar*

Elecciones en vilo

A menos de un mes de las elecciones regionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha resuelto varios casos de revocatorias de avales de candidatos a alcaldías y gobernaciones que dejaron en vilo las elecciones en distintos municipios y departamentos del país.

En virtud del Acto Legislativo 01 de 2009 el CNE puede revocar los avales cuando los candidatos hayan incurrido en alguna de las inhabilidades previstas por la ley.

Para estas elecciones, sin embargo, se hicieron varias revocatorias que llamaron la atención por los argumentos del CNE, así como por el contexto político que hoy tenemos.

¿Qué tan confiables han sido estas decisiones?

Le recomendamos: Una explosión descontrolada de partidos

El pecado original

En primer lugar, y como se ha dicho muchas veces, el pecado natural del CNE es su diseño mismo, pues el proceso de elección responde más a la politización que a la independencia.

Basta notar que la mayoría de los magistrados vienen de haberse quemado en las elecciones al Congreso y que responden a los intereses de las bancadas mayoritarias que los escogen.

Esta costumbre deja dudas razonables sobre la idoneidad y la legitimidad de las decisiones del CNE —y de silencios del CNE en casos polémicos como el de Odebrecht o la presunta financiación ilegal de campañas presidenciales durante los últimos años—.

También hubo casos de zona gris, donde la interpretación de los magistrados del CNE estaría creando precedentes sin un sustento lo suficientemente imparcial.

Foto: Facebook: Jorge Emilio Rey - Aunque el Consejo Nacional Electoral acertó con la revocatoria del hombre Marlboro, en el caso del candidato Jorge Rey puso en entredicho su imparcialidad.
A lo cual debo agregar que los nueve magistrados que conforman el CNE no tienen   capacidad suficiente para vigilar el grueso de las elecciones de ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, que congregan más de cien mil candidatos en todo el país.

Por eso cada vez que este órgano toma decisiones dentro de un proceso electoral debemos poner la lupa en cada caso.

Un acierto del CNE

Este año hemos tenido candidaturas que no debían haberse presentado porque son ilegítimas y a la luz del derecho estaba comprobado que estaban inhabilitados.

Este es el caso de Samuel Santander Lopesierra, hasta hace poco candidato a la Alcaldía de Maicao, quien estuvo dos décadas extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.  Vale anotar que a su regreso en 2021 Lopesierra, mejor conocido como “El hombre Marlboro”, decidió ingresar a la contienda electoral intentando congraciarse con la campaña de Gustavo Petro. Hasta el momento se desconocen las pruebas que demuestren esta presunta relación.

Pero no hay una explicación de cómo un expresidiario en Estados Unidos tenía el capital para lanzarse a una Alcaldía. Esto porque según el Acto Legislativo 01 de 2009, nadie en Colombia puede ser candidato, elegido o nombrado en la función pública si tuvo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, una condena por narcotráfico, delitos de lesa humanidad e, incluso, delitos contra el patrimonio del Estado.

Por eso debemos celebrar la velocidad del CNE para revocar del aval de este candidato, quien después intentó postular a su hijo. Este segundo hecho fue rechazado por el registrador municipal porque el periodo de inscripción de candidaturas ya había concluido y, así se tratara de un grupo significativo de ciudadanos, Santander Lopesierra estaba advertido sobre los problemas legales de su candidatura.

Más política que derecho

Sin embargo, hay que decir que la imparcialidad del CNE queda en duda ante casos como el de Jorge Rey en Cundinamarca, presuntamente inhabilitado por doble militancia: los co-avales que recibió no provenían de bancadas en las que había estado previamente.

Aunque se presentaron pruebas sobre la supuesta militancia en Cambio Radical, (bancada que no avaló inicialmente su candidatura, aunque después lo apoyó)  el CNE concluyó que sé estaba inhabilitado porque no había notificado debidamente su desvinculación de Cambio Radical. ¿Cómo podría notificar su renuncia a un partido del cual no reconoce haber formado parte?

Zonas grises

También hubo casos de zona gris, donde la interpretación de los magistrados del CNE estaría creando precedentes sin un sustento lo suficientemente imparcial.

Se trata de los casos del candidato a la Gobernación del Valle del Cauda, Tulio Gómez, y a la Alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo:

  • En el primer caso, el CNE decidió reconocer una inhabilidad por una ficción: Gómez estaría inhabilitado por su relación con un contrato con un municipio que hace parte del departamento, así Cali funcione autónomamente. El CNE lo inhabilitó por haber sido parte de las directivas del equipo de fútbol del América de Cali.
  • Esto mismo sucedió con Patricia Caicedo, a quien se le aplicó la figura de la inhabilidad por ser hermana del gobernador Carlos Caicedo o porque su hermano es ordenador del gasto en el departamento, incluyendo a Santa Marta, donde ella pretendía presentarse como candidata. Pero la inhabilidad se aplica en primera persona, es decir, a la candidata Patricia Caicedo y no a su familiar.

Po las razones anteriores los afectados han interpuesto recursos contra la decisión del CNE que todavía no han sido resueltos y ponen aún más en vilo las elecciones locales.

¿Qué sigue?

La decisión del CNE pesa cada día más porque el material electoral ya está en imprenta y quienes no quedaron con la candidatura en firme no aparecerán en el tarjetón.

Basta notar que la mayoría de los magistrados vienen de haberse quemado en las elecciones al Congreso y que responden a los intereses de las bancadas mayoritarias que los escogen.

No obstante, cualquier candidato puede aplicar un recurso de reposición contra la la decisión del CNE y también pueden asistir ante un juez de mayor jerarquía mediante una tutela que proteja su derecho fundamental a ser elegido. En estos casos, el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para que el candidato o candidata puedan participar.

Finalmente, existe un último recurso que es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en casos donde, por ejemplo, se demuestre que el CNE y las instancias nacionales no están actuando en derecho.

Pese a todo lo anterior, es bien sabido que en algunos casos no existe ningún recurso que valga. En otros varios hay una duda razonable sobre las actuaciones de los magistrados del CNE que, como pecado original, actúan más como un tribunal político que como un tribunal administrativo-electoral.

Lea en Razón Pública: La democracia manipulada por clanes y corruptos

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Alejandro Char

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Las próximas elecciones son manejadas por los partidos y los clanes políticos, quienes buscan mantener el poder aunque deban postular candidatos investigados por corrupción.

Esteban Salazar Giraldo*

Un secreto en la democracia

Colombia, la que se hace llamar la democracia más estable de Latinoamérica, guarda un profundo secreto sobre la calidad de sus elecciones, partidos y candidatos. Se trata de una democracia capturada a nivel local por 51 clanes políticos que elección tras elección, por medio de alianzas con grupos criminales, mafias, economías ilícitas, nepotismo, corrupción y violencia, se aferran a los diferentes cargos públicos.

Este fenómeno no solo está relacionado con los clanes políticos, sino que se trata de una desconfiguración de los partidos políticos que actualmente llegan a las 35 personerías jurídicas, es decir a la capacidad de otorgar avales. ¿En qué espectro ideológico caben 35 partidos?

Además de la ampliación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el otorgamiento de personerías jurídicas, la respuesta es que los partidos son sencillamente fábricas de avales. Sin importar la ideología, credo o religión, otorgan la posibilidad de aspirar incluso a personas que han recibido críticas y que atentan contra la democracia. ¿Por qué?

Porque aunque en Colombia se respeta la presunción de inocencia de cada persona, es común que en algunos partidos haya casos sistemáticos que se vuelven paisaje en cada elección.

Se trata de partidos que avalan personas con investigaciones judiciales, disciplinarias, fiscales y denuncias periodísticas y de veedurías, quienes en consecuencia posiblemente serán sancionadas. En caso de ser elegidas, las sanciones entorpecerán la buena administración pública en una alcaldía o gobernación o, en su defecto, la credibilidad de corporaciones públicas como concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales (JAL).

Puede leer: El Ñoño Elías: de delincuente corrupto a héroe local

Advertencias ignoradas

En este oscuro panorama, desde 2014 la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha realizado diversas y rigurosas investigaciones para las elecciones nacionales –presidencia y Congreso– y para elecciones locales –gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL–. Se han analizado los procesos de otorgamientos de avales por partidos, los perfiles de los pre y candidatos y sus campañas.

Las investigaciones hacen referencia a candidaturas y no a candidatos teniendo en cuenta que una persona –candidato– puede aparecer en varias candidaturas, por ejemplo, porque busca repetir un cargo o porque se está lanzando a uno diferente.

Pares ha registrado un total de 672 precandidaturas y candidaturas con ese tipo de problemas –309 para elecciones nacionales y 363 para elecciones locales–. De este total, el 46% de las candidaturas ha sido elegida. No obstante, esto no es lo más preocupante.

aunque en Colombia se respeta la presunción de inocencia de cada persona, es común que en algunos partidos haya casos sistemáticos que se vuelven paisaje en cada elección.

Foto: Facebook: Partido de la U - Dilian Francisca Toro busca extender su mandato en la gobernación del Valle del Cauca, esta vez a título propio.
En varias oportunidades las advertencias sobre los altos riesgos para la democracia se han materializado.  Es el caso del exsenador del Partido Liberal Mario Castaño, condenado recientemente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años de prisión por hechos de corrupción que involucran a otros parlamentarios.

Desde el 2021 Pares le advirtió al Partido Liberal que este candidato era un riesgo por las investigaciones ante la CSJ. El resultado: fue avalado y además electo en 2022, pero ni siquiera pudo posesionarse.

Casos como este abundan. En informes de 2014 se advirtió que otorgar avales a Bernardo “Ñoño” Elías y su otrora aliado político Musa Besaile era un riesgo para la democracia, pues ambos estaban involucrados en investigaciones como el escándalo de Odebrecht y el “cartel de la toga”. Sin embargo, el Partido de la U los avaló y los apoyó.

De hecho, se advirtió también desde Pares sobre la candidatura de Edwin Besaile –hermano de Musa– a la gobernación de Córdoba en 2015. Al final no solo resultó elegido, sino que ni siquiera pudo terminar su periodo como gobernador por diversos escándalos e investigaciones en la Procuraduría.

Del mismo modo ha sucedido en departamentos como La Guajira, Chocó, Cesar, Valle del Cauca y Santander. Pese a la persecución judicial y las amenazas, la justicia siempre ha dado la razón a las investigaciones realizadas por Pares. Por supuesto, las elecciones de 2023 no son la excepción.

El panorama para 2023

Durante los primeros ocho meses del calendario electoral –29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023–, un equipo de 100 personas –investigadores, periodistas, veedores y aliados territoriales– analizó 294 precandidaturas en 32 departamentos y 60 municipios. Se dio prioridad a alcaldías y gobernaciones.

Para cada precandidatura se construyó un perfil con la trayectoria; hoja de vida; cargos ocupados; investigaciones judiciales, disciplinarias y fiscales; sus apoyos relacionados con clanes políticos tradicionales y/o parapolíticos; así como las diversas denuncias periodísticas, de veedores o investigadores territoriales con el debido sustento. A estos cuestionamientos se les sumó el posible partido que les otorgaría el aval.

El resultado a un mes de la inscripción de candidaturas es prácticamente el mismo que las elecciones anteriores:

  • 88 precandidatos son cuestionados y están buscando avales por medio de partidos políticos, coaliciones y/o movimientos significativos de ciudadanos.
  • 53 precandidatos buscarían el aval en 14 partidos políticos, 21 lo harían por grupos significativos de ciudadanos (GSC), 8 por coaliciones y 6 estarían por definirse.

Los partidos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son:

  • el Partido Liberal con el 17 % (15 precandidatos);
  • Partido Conservador con el 14 % (12 precandidatos);
  • Cambio Radical con el 8 % (8 precandidatos),
  • y Partido de La U con el 5 % (4 precandidatos).

Los partidos Cambio Radical, de la U, Liberal y Conservador tienen un comportamiento sistemático de otorgamiento de avales a candidatos cuestionados. En muchas oportunidades, estos partidos coinciden en no imponer una responsabilidad política a las personas condenadas o apartadas de su cargo, con el argumento de la presunción de inocencia a menos de que haya una condena por parte de un juez.

El 48 % de los precandidatos cuestionados (42) aspiran a lanzarse a las gobernaciones. Los departamentos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Magdalena, que concentra el 12 % (5); Antioquia, 10 % (4); Caquetá, 10 % (4) y Bolívar, 7 % (3).

Por su parte, el 52 % (46 precandidatos) aspiran a lanzarse a 27 alcaldías municipales. Las alcaldías con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Sincelejo (Sucre) con 5 precandidatos cuestionados; Ibagué (Tolima) con 4; Medellín (Antioquia) con 3; y Cartagena (Bolívar) con 3 también.

Pares ha identificado que de los 51 clanes políticos que tienen poder en el país, 26 apoyarán a 38 candidatos en estas elecciones. Así las cosas, existen 9 departamentos en los que se aplica el concepto de “autoritarismo subregional” con mayor peso: los clanes tienen en sus manos el poder y tienen altas posibilidades de mantenerlo en estas elecciones. Un riesgo total para la democracia del país.

Se trata de los siguientes departamentos:

  • Atlántico: especialmente por la inminente reelección en Barranquilla de Alejandro Char, líder de su propio clan que ha gobernado durante la última década con el apoyo de Cambio Radical.
  • Bolívar: actualmente en manos del Clan Blel, que busca poner heredero por medio del excongresista Yamil Arana, del partido Conservador.
  • Cesar: el autoritarismo subregional ejercido por el clan Gnecco que busca poner como heredero al diputado Jorge “Popo” Barros por el partido de la U; pero que han estado buscando un perfil que tienda puentes con otros clanes del departamento.
  • Cundinamarca: departamento capturado por el inmenso poder del exgobernador Jorge Rey del partido de la U, quien busca repetir sin competencia alguna en el departamento después de haber gobernado en cuerpo ajeno de su esbirro Nicolás García.
  • La Guajira: en donde se ha erigido con mayor fuerza el clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por el congresista del Partido de la U Alfredo Deluque y la excongresista investigada por la CSJ María Cristina Soto, del partido Conservador, quienes están decidiendo la candidatura entre dos de sus fichas: Laura Andriolis y Yimmy Boscán.
  • Norte de Santander: al igual que en Cundinamarca, a título propio el cuestionado exgobernador William Villamizar inscribió un grupo significativo para la recolección de firmas que solo sirvió de fachada, pues ha recibido recientemente el coaval de partidos tradicionales, como el Conservador y Cambio Radical, para aspirar nuevamente sin contrincante alguno.
  • Tolima: este departamento está a la sombra del clan Barreto, del partido Conservador, que buscará poner heredera, por medio de Adriana Magaly Matiz, a quien se le ha visto oriunda haciendo campaña con Alberto Santofimio, determinador del magnicidio de Luis Carlos Galán.
  • Valle del Cauca: el reinado de Dilian Francisca Toro, jefa del partido de la U y baronesa electoral de este departamento, busca extenderse por un periodo más a título propio, después de haber ocupado la Gobernación en cuerpo ajeno de su aliada Clara Luz Roldán del 2019 a 2022.
  • Chocó: uno de los departamentos con mayores problemas de corrupción y pobreza, tiene como candidato más opcionado al cuestionado Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exgobernador del Chocó, quien es hermano de Odín Sánchez Montes de Oca, condenado por parapolítica, y que nuevamente aspira ganar la Gobernación.

Los mismos de siempre

Informe tras informe, Pares ha abogado por mejorar la calidad de la democracia, advirtiendo los riesgos que existen sobre la ausencia de alternancia del poder político, la captura de los clanes políticos y el otorgamiento de avales a personajes cuestionados.

existen 9 departamentos en los que se aplica el concepto de “autoritarismo subregional” con mayor peso: los clanes tienen en sus manos el poder y tienen altas posibilidades de mantenerlo en estas elecciones.

Aunque se han logrado avances importantes con las capturas y sanciones a varios de los personajes registrados en los informes de la última década, en esta oportunidad llama la atención que en 9 de los 31 departamentos no habrá alternancia alguna. En su mayoría se repiten los nombres y el escenario electoral de 2015, sin ningún contrapeso. Sin contar los otros 79 nombres que aspiran a otras gobernaciones y alcaldías.

Además, pese a las advertencias, los partidos han decidido avalar y/o coavalar a varios de estos candidatos recientemente. Motivo por el cual deberá mantenerse una alerta sobre estas campañas y una vigilancia constante en varios casos para que la justicia y los órganos de control ejerzan una labor eficiente para esclarecer varios de los procesos en los que algunos están inmersos.

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Lea en Razón Pública: La carrera de los Char hacia las elecciones regionales

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Facebook: CNE

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Tenemos 31 partidos que confunden a la ciudadanía, desordenan el sistema político y deterioran nuestra democracia. Cómo llegamos a esta situación y quiénes son los responsables.

Esteban Salazar*

La democracia colombiana y sus problemas

Colombia es conocida como la democracia más estable de América Latina debido a su trayectoria ininterrumpida en procesos electorales desde la Constitución de 1991.

Pero la democracia no es apenas la alternancia del poder determinada en elecciones periódicas, sino que también depende de la calidad de los partidos, de la representación, la participación y del sistema electoral.

Sobre estos últimos aspectos, la democracia colombiana tiene serias debilidades, que sobre todo resultan de

  • los autoritarismos regionales y el control de los clanes políticos;
  • la falta de disciplina y representatividad efectiva de los partidos, y
  • la subutilización de los mecanismos de participación ciudadana.

Adicionalmente, en la actualidad legislativa e institucional se están aumentando los riesgos por dos factores: la explosión descontrolada de partidos políticos, y las reformas política y al Código Electoral en curso en el Congreso.

En este artículo me ocuparé del tema de los partidos.

Le recomendamos: Las elecciones de este año: teñidas por la violencia

Un acordeón democrático

En 1957 la negociación entre los partidos Conservador y Liberal puso punto final al periodo de La Violencia, cuando el país vivió una auténtica guerra civil por razones políticas. Esta paz, conocida como Frente Nacional, fue un periodo de alternancia negociado entre ambos partidos entre 1957 y 1974, que en efecto se extendió hasta  la Constitución de 1991.

La mejor ilustración sobre el sistema de partidos colombianos podría hacerse con la figura de un acordeón, donde este primer periodo es una contracción —bipartidismo— y, a parir de la Constitución del 91, se da una ampliación de partidos,  empezando con 23 movimientos políticos con personería jurídica —posibilidad de otorgar avales— hasta llegar al 2002 con 72 partidos políticos.

La Constitución de 1991 establece el concepto de representación fundamental, que se logra mediante votos suficientes para lograr curules en el Congreso de la República. Aunque teóricamente deben cumplirse ciertos requisitos, como el umbral mínimo —que ha variado en cada reforma posterior—, un registro de militantes y estatutos, en la vida real todo se reduce a obtener votos.

La mejor ilustración sobre el sistema de partidos colombianos podría hacerse con la figura de un acordeón, donde este primer periodo es una contracción —bipartidismo— y, a parir de la Constitución del 91, se da una ampliación de partidos, empezando con 23 movimientos políticos con personería jurídica —posibilidad de otorgar avales— hasta llegar al 2002 con 72 partidos políticos.

Mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, durante el gobierno Uribe, se realizó una reforma política que, en términos ilustrativos, hizo que el acordeón se contrajera nuevamente y resultaran apenas 9 partidos con capacidad de representación efectiva en el Congreso. Con una variación entre 5 y 7 partidos, esto se mantuvo estable hasta 2018, desde cuando el acordeón se extiende nuevamente y en forma descontrolada.

La llegada de partidos artificiales

Si bien la ley actual establece que las personerías jurídicas dependen solamente de superar un umbral del 3 % del voto para Senado o Cámara— poco más de 550 mil sufragios—, desde el 2018 se han añadido seis factores que distorsionan el sistema político, mediante la creación artificial de partidos con personerías jurídicas, por fuera de la regla general. Estos factores son:

  • La reparación política;
  • El Acuerdo de Paz;
  • El estatuto de la oposición;
  • Las curules indígenas y afro;
  • Las coaliciones de partidos y movimientos sin personería jurídica, y
  • Las divisiones o escisiones dentro de los partidos

Reparación política

Tras una batalla jurídica, por decisión del Consejo de Estado y, posteriormente, del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco del genocidio de la Unión Patriótica (UP), en 2013 se estableció la posibilidad de devolver la personería a este partido.

Aunque la reparación política es importante para las colectividades que hayan sido víctimas de violencia y persecución, desde 2018 se han otorgado estas personerías de manera artificial. Esto ha causado distorsiones en otros casos que han sido avaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En 2021, la Corte resolvió que se debía devolver la personería al Nuevo Liberalismo por el magnicidio de Luis Carlos Galán y, desde ahí, se abrió la puerta para el regreso de:

  • Salvación Nacional, por la desaparición de Álvaro Gómez Hurtado;
  • El Partido Comunista, por la persecución política a este partido;
  • Verde Oxígeno, por el secuestro de Íngrid Betancourt;
  • Nueva Fuerza Democrática, por la persecución política a Andrés Pastrana;
  • Esperanza, Paz y Libertad, por la ex guerrilla del EPL

Los últimos, mediante una decisión del CNE del pasado 1 de marzo.

Acuerdo de Paz

El Acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC-EP estableció la posibilidad de conformar un partido sobre la base de las curules transitorias en Senado y Cámara, entre 2018 y 2026.

Pero en ninguno de estos dos periodos, el partido Comunes ha logrado más de 60 mil votos en el Congreso, muy por debajo del umbral exigido para los partidos que llevan décadas  en la competencia democrática.

Estatuto de la oposición

La Constitución del 91 ordenó expedir un estatuto de la oposición, como mecanismo para superar el bipartidismo y dar garantías a la participación política. Pero apenas con el Acuerdo de Paz en 2016 y el reconocimiento del partido Comunes, se incluyó en el paquete legislativo del fast-track la reglamentación extemporánea de este estatuto, que empezó a operar en las elecciones de 2018.

El estatuto establece que los candidatos que ocupen el segundo lugar para cargos plurinominales (Presidencia, gobernaciones y alcaldías), podrán ocupar una curul en la corporación pública correspondiente —a excepción del Congreso, en donde el/la candidata/o a presidente en segundo lugar, podrá ocupar una curul en el Senado; y el/la candidata/o a vicepresidente/a, podrá tener el cargo en la Cámara de Representantes—.

En el caso de las elecciones presidenciales de 2018, tras la victoria de Iván Duque, quien quedó de segundo, Gustavo Petro, tomó la opción de ocupar la curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, ocupó la respectiva curul en la Cámara de Representantes.

La regla general es que quienes superen el umbral del 3 % en el Senado o la Cámara pueden tener personería jurídica. Pero, a través de un artificio e interpretación debatible, el CNE le dio esta posibilidad al movimiento Colombia Humana, con el que Petro y Robledo se candidatizaron a la Presidencia, por obtener una curul en el Senado y otra en Cámara; y por tener más de 8 millones de votos, aunque estos fueran para la Presidencia.

Lo misma situación se presentó en 2022, cuando Rodolfo Hernández quedó en segundo lugar y solicitó por esta vía la personería jurídica para su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción; sin embargo, la solicitud se empantanó debido a problemas con sus estatutos, que logró solucionar recientemente y podrán presentar candidaturas en 2023.

Curules indígenas y afro

Para avanzar hacia un sistema democrático que garantice la participación amplia y diversa, desde la Constitución del 91 se estableció que, además de las circunscripciones de carácter nacional (Senado) y territorial (representantes a la Cámara), habría curules especiales indígenas, afro y raizal en Senado y Cámara, respectivamente.

Estas curules especiales también son susceptibles de beneficiarse con personerías jurídicas, y han sido objeto de críticas por la instrumentalización de algunos políticos  que no han representado a los indígenas, los afros y los raizales, sino a  otros propósitos.

Estos son los casos del Partido de Integración Nacional, del criticado Yahír Acuña; y de los movimientos étnicos en los que participó el parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Actualmente, aunque estas curules y aspiraciones se han depurado, siguen siendo un trampolín para obtener personerías jurídicas. Estos son los casos de:

  • Alianza Democrática Amplia —ADA—, que surgió de Alianza Democrática Afrocolombiana y se convirtió en fundador del Pacto Histórico.
  • Colombia Renaciente, creado tras el ingreso del Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente al Congreso en las elecciones de 2018.
  • Partido Ecologista Colombiano, que nació del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo y que, cabe recordar, fue el que avaló a Miguel Polo Polo.
  • Partido Demócrata Colombiano en San Basilio de Palenque, el primer partido de origen palenquero que recibe personería jurídica en el país.

Lo mismo ha pasado con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que pasó de ser un partido netamente indígena, a acompañar a Gustavo Petro y avalar sus candidatos en elección tras elección.

Coaliciones

Para ampliar su capacidad de otorgar personerías jurídicas, el CNE ha ampliado sus interpretaciones y ha extendido esta posibilidad a movimientos políticos que no las tienen, incluso a aquellos cuyos miembros llegaron al Congreso avalados por otros partidos en coaliciones.

Además, ha fragmentado la personería jurídica para permitir que cada congresista que representa a un movimiento dentro de una coalición con representación en el Congreso pueda solicitar su propia personería jurídica. Esta práctica ha llevado al estiramiento cada vez mayor del caucho y a la dilución del significado y la importancia de la personería jurídica.

Sobre este aspecto, Independientes, de Daniel Quintero, obtuvo recientemente la personería jurídica, después de haber puesto a algunos de sus miembros dentro de la coalición del Pacto Histórico, aunque estaban avalados por la Colombia Humana.

Escisiones y excepciones inventadas

Este es otro ejemplo que genera distorsiones democráticas en cuanto a las personerías jurídicas. Según lo establecido por el CNE, los partidos que deciden escindirse pueden obtener personería jurídica para las partes que se separan.

Foto: Twitter: Unión Patriótica - Desde 2013, cuando se regresó la personería jurídica a la Unión Patriótica como reparación política, otros casos se han acogido a este antecedente y han causado distorsiones democráticas.

Esta «explosión» artificial de partidos se sustenta en proyectos personalistas que no responden al interés general, no ofrecen disciplina de partido ni garantías jurídicas para la participación ciudadana. En este contexto colombiano, tener más partidos no significa una democracia más sólida o eficiente.

Este es el caso de Dignidad, que se separó del Polo Democrático, y de La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras que se escindió del Movimiento ADA. El partido de Barreras obtuvo su personería jurídica gracias a un consejo comunitario afro, lo que permitió la creación artificial de un partido político para él y el santismo.

También es el caso de En Marcha, de Juan Fernando Cristo, el cual, en una interpretación confusa del CNE, habría obtenido su personería jurídica; y Fuerza Ciudadana, del gobernador Carlos Caicedo, que habría obtenido su personería por tener este cargo de elección popular.

Consecuencias

Durante los últimos diez años se ha producido una seria distorsión en el sistema político-electoral que resulta de las personerías jurídicas concedidas por fuera de la regla general (es decir, del umbral del 3%).

Hoy por hoy al menos 16 de los 31 partidos políticos son nuevos o no cumplen las condiciones básicas para su constitución, como representación política, una agenda programática y la capacidad de movilizar demandas sociales.

De lo anterior resulta la gran dificultad para categorizar o matizar esos partidos en términos de su ideología, ya sea de izquierda, centro o derecha.

Esta «explosión» artificial de partidos se sustenta en proyectos personalistas que no responden al interés general, no ofrecen disciplina de partido ni garantías jurídicas para la participación ciudadana. En este contexto colombiano, tener más partidos no significa una democracia más sólida o eficiente.

Tales interpretaciones artificiosas son los magistrados del CNE, quienes son escogidos por el Congreso de la República y que en su mayoría responden a los intereses de los partidos más poderosos, agravan aún más la situación.

Puede leer: Las elecciones de 2023: no sabremos cómo les fue a los partidos

*Este artículo es resultado de la investigación llevada a cabo por el autor en la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). 

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Radio Nacional

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Aunque el Código Electoral necesita reformas, la gestión del actual registrador ha creado desconfianza. Qué debe contender y cómo debe adelantarse la reforma.

Esteban Salazar*

El Código de Alexander Vega

El registrador Alexander Vega movió todas sus influencias en el Congreso del 2020 para aprobar de manera apresurada el nuevo Código Electoral.

Aunque necesitamos renovar este Código, la propuesta de Vega no resolvía los problemas de fondo de las instituciones ni de las reglas de juego. Su aprobación irregular llevó a que la Corte Constitucional lo tumbara finalmente.

Pero el registrador ignoró la decisión de la Corte y entregó el mismo Código Electoral, con algunos pequeños ajustes, para que fuera discutido en el Congreso, esta vez con mensaje de urgencia y con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico. No obstante, persisten las irregularidades y los problemas dentro del Código.

Un Código Electoral para consolidar y actualizar la democracia, debe discutirse sin afanes; esto indujo al gobierno a retirar el mensaje de urgencia y ahora el Congreso debe postergar su discusión para el año entrante.

Como ya lo he advertido en este mismo espacio, la reforma del Código Electoral es necesaria: basta con recordar que este Código data de 1986, cuando no había luz en todos los municipios, internet, conectividad y apenas se estrenaba la elección popular de alcaldes y gobernadores. Un instrumento viejo y lleno de defectos, que por esto se vio reflejado en la falta de garantías en las recientes elecciones.
Foto: Twitter: Registraduría Nacional del Estado - Actualmente, la Registraduría Nacional es una institución en la cual no confían los colombianos a causa de escándalos en los que ha sido protagonista Alexander Vega, registrador nacional.

Le recomendamos: Nuevo Código Electoral: sí, pero no así

Las reformas necesarias

La actualización del Código debe ceñirse a tres criterios centrales:

  • Resolver los problemas de diseño institucional, desde el censo electoral hasta la selección de jurados, la inscripción de candidatos, el preconteo y conteo de votos, todos los softwares y las funciones y competencias dentro de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
  • Estar basada en el interés general y no en el de las bancadas, los clanes y los políticos. Las reglas deben garantizar elecciones libres, transparentes y que promuevan la confianza jurídica e institucional.
  • Resultar de un proceso consensuado con la sociedad civil, los expertos, la academia, la ciudadanía y, de ahí en adelante, las bancadas, el gobierno nacional, la Registraduría y el Consejo Nacional.

Pero Alexander Vega ha pretendido todo lo contrario. El Código que propuso en 2020 y que ha reintentado reencauchar ignora las recomendaciones hechas por expertos y organizaciones de la sociedad civil. Se han hecho cuatro grandes recomendaciones:

  1. Discutir sin afanes. El mensaje de urgencia del gobierno nacional envió una alerta sobre las elecciones de 2023. El 29 de octubre pasado comenzó el calendario para elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, de modo que aprobar un cambio en las reglas del juego no brinda seguridad jurídica ni confianza institucional.

Un Código Electoral para consolidar y actualizar la democracia, debe discutirse sin afanes; esto indujo al gobierno a retirar el mensaje de urgencia y ahora el Congreso debe postergar su discusión para el año entrante.

  1. Promover la confianza en las instituciones. La Registraduría no goza de buena imagen, especialmente por la gestión de Alexander Vega, quien protagonizó un escándalo por la presunta falsedad en documentos que demuestran su experiencia para ocupar el cargo, irregularidades que fueron denunciadas por la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

Además, Vega incurrió en varias conductas imprudentes y contraproducentes en las elecciones de 2022.

En este mismo contexto, el nuevo Código Electoral es la oportunidad para revisar la labor de los veedores, los auditores, los observadores y los testigos electorales. Aunque parezcan sinónimos, técnicamente cumplen funciones diferentes.

  • Los veedores ciudadanos deben cumplir un papel protagónico en el acceso a la información de forma oportuna y transparente sobre los abultados contratos de las elecciones. Esto se ha vuelto cada vez más engorroso ante la opacidad en la Registraduría y la concentración en manos de los mismos contratistas durante años.
  • Los auditores cumplen funciones técnicas mucho más complicadas. Se trata de los expertos tecnológicos y de procesos que verifican la inexistencia de fallas o riesgos de seguridad informática en el manejo de los softwares. Basta recordar que el mismo Vega sugirió que las elecciones de 2022 tuvieran apoyo del FBI y que la soberanía territorial en materia de seguridad informática era violada.
  • Los observadores son funcionarios o representantes de organizaciones multilaterales, países e invitados a observar el proceso electoral, a partir de recomendaciones que formulan esos, las cuales deberían ser de carácter público.
  • Finalmente, los testigos electorales son la principal herramienta de los candidatos y bancadas para controlar la idoneidad y cumplimiento del proceso durante el día de las elecciones, en el preconteo y el escrutinio.
  1. Una actualización gradual y responsable. La apuesta fundamental del Código presentado ante el Congreso es la digitalización y el mejoramiento tecnológico mediante el voto electrónico y el voto digital anticipado.

Pero Colombia no cuenta con suficiente conectividad de internet o aun de energía eléctrica, de manera que su ejecución debe ser gradual. Esto exige pilotos de prueba y un abultado presupuesto que, en manos del registrador, crean desconfianza puesto que no se sabe cómo se van a manejar esos recursos.

Adicionalmente, según la Fundación Paz y Reconciliación, persisten la presencia y dominio territorial de, al menos, un grupo armado ilegal en 300 municipios. Esto no se corrige con la sola posibilidad de votar de manera remota y anticipada, sin la presión armada.

Por otro lado, la contratación de los softwares para inscripción de cédulas y biometría, así como el preconteo mostraron la incapacidad del contratista, de la institución e, incluso, de los órganos de control para garantizar su cumplimiento. Sería irresponsable aprobar un Código que no plantee una transición gradual y responsable sobre estos aspectos.

Finalmente, los testigos electorales son la principal herramienta de los candidatos y bancadas para controlar la idoneidad y cumplimiento del proceso durante el día de las elecciones, en el preconteo y el escrutinio.

  1. El consenso. La Misión de Observación Electoral, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre otras organizaciones, han solicitado una mesa técnica de expertos, académicos y representantes de la sociedad civil, junto con las bancadas, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para discutir y aprobar una línea técnica que permita validar el Código Electoral salvaguardando el interés general.
  2. La unidad de materia. Un gran inconveniente del proyecto de Código Electoral son los muchos artículos que no se relacionan directamente con la reforma y que parecen de forma soterrada para evitar otro tipo de debates. Por ejemplo, el artículo que permitiría el transfuguismo, la escisión o unión de varias bancadas. También hay “micos” a propósito del censo electoral, la biometría, el cambio de cédula digital e, incluso, el aumento de burocracia dentro de la Registraduría.

Todos estos elementos atentan contra la unidad de materia con el proyecto y pretenden evitar los debates o procesos que serían adecuados. La revisión por parte de la Corte Constitucional podría por eso conducir a un segundo rechazo del proyecto. ya no por asuntos de forma sino de fondo.

En conclusión,

Aunque el gobierno nacional ha retirado el mensaje de urgencia al Congreso para discutir este proyecto, el registrador Alexander Vega insiste en la urgencia de expedir este Código antes de las elecciones de 2023 que ya tienen su calendario en curso.

Pero Vega no inspira confianza entre muchos sectores, así que su insistencia debilita la imagen de una institución que cuenta con funcionarios de carrera y contratistas que han sobrevivido a los embates de la violencia, los discursos de fraude y los inmerecidos ataques por las piruetas políticas del registrador.

Desde la sociedad civil se advierte que siempre debe primar el interés general y aunque se hace necesario un nuevo Código Electoral, no puede ser hecho de la mano de los clanes políticos.

Lea en Razón Pública: La reforma política clientelista

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Radio Nacional

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Bajo el disfraz de la “disciplina de partidos”, la paridad de género y la trasparencia financiera, el Congreso está a punto de aprobar una reforma clientelista que pondrá en riesgo la democracia colombiana.

Esteban Salazar Giraldo*

La reforma mentirosa

A principios de septiembre, en esta misma revista, advertí la importancia de tres reformas: la política, la electoral y la del diseño institucional, reformas que se plantearon desde el gobierno nacional y sus representantes en el Congreso, con el fin de solucionar problemas profundos de la democracia colombiana.

Pero la reforma para despolitizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y poner contrapesos a la Registraduría fue archivada: una derrota clara para la democracia, cuando además no fue tenida en cuenta la opinión del gobierno que acababa de ser elegido.

En lugar de eso y a toda velocidad, se aprueba la reforma “anti clientelista”, como la apodaron Roy Barreras y sus copartidarios. A pesar de que, según la letra menuda, se trataría de todo lo contrario. Es decir, de legalizar el engaño al elector, la diáspora de partidos y las “listas subasta”.

Por otro lado, quieren aplicar la misma fórmula para aprobar la reforma del Código Electoral. La propuesta, impulsada por el cuestionado registrador Alexander Vega, fue ratificada con mínimas correcciones del texto original. No obstante, hay muchos reparos y preocupaciones por parte de la ciudadanía.

Tres ideas que parecen buenas

La reforma política planteada por el gobierno nacional se basa en las recomendaciones de la Misión Especial Electoral (MEE) en 2017, cuando convocó a expertos para determinar una ruta ideal para el país. Los expertos hicieron aportes sobre el diseño institucional, el código electoral y el sistema de partidos.

Grosso modo, los expertos propusieron establecer listas cerradas para mejorar el comportamiento de los partidos, así como listas paritarias de género, y finalmente la financiación predominantemente del Estado.

En principio parece ser la fórmula ideal para acabar con los colados en las listas abiertas, la brecha de género en los cargos de elección popular y la corrupción en el financiamiento de contratistas y dineros ilegales. Sin embargo, estas podrían resultar en problemas peores si se tiene en cuenta el comportamiento histórico de los partidos.

Y es porque no existen fórmulas exactas ni perfectas cuando se trata de diseñar el sistema político y electoral de un país. Esas fórmulas podrían funcionar si estuviéramos en un laboratorio, donde las variables estuvieran controladas y los escenarios fueran ideales; pero ese laboratorio estaría desconectado de la realidad.

Sin embargo, en el caso colombiano, parece que el idealismo superó a la realidad.

Punto por punto explicaré a continuación los riesgos de las propuestas anteriores en el caso concreto de los partidos en Colombia.

Foto: Radio Nacional de Colombia - La dictadura del bolígrafo actualmente es ejercida por los jefes de partidos, como Gaviria en el Partido Liberal.

Puede leer: La reforma política: luces y sombras de un cambio necesario

Listas subasta y danza de los millones

Las listas abiertas han sido causa de una seria distorsión en el funcionamiento de los   partidos.  Estas listas permiten que quienes quedan elegidos no compartan sus principios ideológicos, de manera que al final, los elegidos no representan el interés general de los votantes ni al partido como tal.

Hay que mencionar, además, que algunos de ellos resultan investigados o presos por problemas legales; esto se da porque llegan a punta de favores, sin importar la trayectoria, prontuario o ideología.

Pero las listas cerradas podrían empeorarla situación, más todavía cuando la democracia interna de los partidos nunca ha sido definida ni regulada con claridad.

La reforma que cursa en el Congreso permite que, por única vez, los congresistas puedan cambiar de partido, lo cual legalizaría un gran engaño al elector.

Por eso, la integración de cada lista será una decisión exclusiva del dictador del bolígrafo. El privilegio será otorgado a quienes tengan buena relación con él, o tengan un mejor “negocio” que ofrecerle. Una auténtica subasta donde ya no solo se negocia un puesto, sino el mejor de los puestos.

La dictadura del bolígrafo actualmente es ejercida por los jefes de partidos, como Gaviria en el Partido Liberal, Carlos Trujillo en el Conservador, Vargas Lleras en Cambio Radical, Álvaro Uribe en el Centro Democrático y Dilian Francisca Toro en la U, por mencionar los principales casos (y por no entrar a hablar sobre cómo se integró la lista cerrada del Pacto Histórico).

Por otro lado, esas subastas estarán intermediadas por la financiación estatal. Es decir, los jefes de partidos tendrán un aumento abismal de poder económico y se dará una auténtica danza de los millones donde ganarán los partidos tradicionales.

También hay que considerar la escasa capacidad del CNE para otorgar anticipos, un hecho comprobado en las elecciones de Congreso de 2022, cuando los candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP- no tuvieron ningún incentivo para hacer campaña.

Otro problema importante consiste en que las listas cerradas en el corto y mediano plazo llevarán a que los candidatos formen sus propios partidos que, según la última elección, no serían una representación real de la ciudadanía: hoy tenemos 23 partidos que no representan prácticamente a nadie.

El problema se dará porque las listas cerradas evitarán que un ciudadano “ordinario” sea escogido por el dictador del bolígrafo, ya que no está dentro del círculo más próximo.

El engaño al elector

A pesar de las claras evidencias y riesgos, los puristas del modelo de laboratorio manifiestan que la receta va a funcionar. Pero olvidan mencionar que, para cada reforma, hay una contrarreforma. En este caso se llama transfuguismo, la costumbre de saltar de un partido a otro partido, un grupo parlamentario u otro grupo político.

La reforma que cursa en el Congreso permite que, por única vez, los congresistas puedan cambiar de partido, lo cual legalizaría un gran engaño al elector.

No es coherente exigir listas cerradas bajo el argumento de fortalecer el orden de los partidos, así como la ideología y la calidad de los elegidos, mientras se aprueba la idea de saltar de un partido a otro.

Indudablemente el artículo no tiene relación con el interés general de la ciudadanía, sino con los cálculos de los clanes políticos. Y lo mismo sucede con la mayoría de la reforma.

Patear la escalera

Llama la atención que un gran espectro de quienes promueven estas reformas llegó por listas abiertas y no habrían podido llegar por una lista cerrada. De los 296 congresistas, 183 son nuevos, y alrededor del 40 % llegaron por listas abiertas. Incluso, muchos de los nuevos congresistas nunca militaron en los partidos que los avalaron.

Entonces, además de patear la escalera, tendrán la posibilidad de ser beneficiados por perpetuar la dictadura del bolígrafo a cambio de puestos, y acabar, de pasada, con los mecanismos de democracia interna. En efecto: como no se tiene una definición clara de democracia interna, los estatutos son un papel que se pueden modificar a conveniencia del director del partido.

Eso, ni más ni menos. Fue lo que vimos con las consultas: algunas veces se hace una votación con los militantes únicamente y a veces se convoca a toda la ciudadanía, solo para acomodar la situación en favor de algunos candidatos.

El mico: congresistas promovidos a ministros   

A pesar de las buenas intenciones derivadas de las democracias de laboratorio y las recomendaciones de la MEE, es un hecho que los partidos tradicionales y los clanes políticos han incluido artículos que deberían tumbarse, como la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros.

La posibilidad es una aberración que rompe con el sistema político, democrático y presidencialista en Colombia. La Constitución es clara en establecer una independencia de las tres ramas del poder. Es tan inconstitucional este regalo que quieren darse los congresistas que, además de no relacionarse en absoluto con el interés general, va en contravía de las funciones del Congreso.

Con esta idea, los congresistas a cambio de burocracia y clientelismo resultarán cooptados, rompiendo así el pilar fundamental de pesos y contrapesos en Colombia.

No es lógico que, con apenas el 15 % de favorabilidad, según recientes encuestas, los partidos políticos, mediante sus congresistas, abusen de la ciudadanía y legislen en favor propio, como lo demuestra la reforma anti-clientelista. Evidentemente, esta reforma prometo todo lo contrario.

Finalmente, es inconcebible que la reforma al diseño institucional, al CNE y la Registraduría haya sido descartada sin un proceso igual al de la reforma anti clientelista. Aún más cuando es una reforma que busca fortalecer la democracia en Colombia.

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: CNE

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Las dudas y debates alrededor de las pasadas elecciones han producido una cascada de propuestas para reformar el sistema de partidos, el Código Electoral y las instituciones responsables del proceso. ¿Cuáles serían las reformas principales?

Esteban Salazar Giraldo*

Vientos de cambio

La confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y la seguridad jurídica de las elecciones se vieron afectadas por varios hechos y denuncias alrededor de las votaciones parlamentarias, las consultas y las presidenciales de este año. En efecto,

  • La Registraduría Nacional del Estados Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los contratistas que adelantaron el proceso cometieron errores que a su vez pusieron de presente los riesgos en el conteo de los votos.
  • El registrador propuso o aceptó la idea un reconteo general de los votos por parte del CNE, idea esta que no tenía sentido ni validez jurídica ninguna; por este y otros motivos, varios sectores de opinión pidieron la renuncia del registrador en mitad del proceso electoral.

Los problemas del sistema electoral se habían venido debatiendo durante años, con propuestas e intentos de reforma que van desde cambiar el diseño institucional de la Constitución de 1991 hasta la expedición de un nuevo Código Electoral y la modernización de los procedimientos.

No es de extrañar por eso que las bancadas de los varios integrantes de la actual coalición de gobierno — el Pacto Histórico, la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U—, estén hablando ahora de por lo menos tres carriles de reformas relacionadas:

  • Reformas del sistema de listas y partidos,
  • Reformas del proceso electoral, y
  • Reforma de las instituciones encargadas del proceso.

Partidos, personerías y listas

La Constituyente de 1991 se propuso desmontar el bipartidismo mediate una serie de mecanismos que facilitaban la creación de nuevos partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos. Esto llevó, en principio, a una multiplicación desordenada de empresas electorales con escaso o ningún contenido ideológico, pero a parir de la Reforma Política de 2003, se ha venido tratando de corregir estos problemas.

Pero quedan distintas deficiencias, empezando por aquellas que conciernen a las personerías jurídicas. Entre éstas figura la reparación a los partidos y las víctimas de magnicidios o genocidios políticos, que dio pie a la devolución artificial de personerías jurídicas (como la del Nuevo Liberalismo o el Partido Verde Oxigeno), cuyo efecto inconveniente es crea bancadas sin votos. Al mismo tiempo y sin embargo carecen de personará jurídica los movimientos significativos de ciudadanos que tienen votos y presencia en el Congreso.

Para corregir este y otros hechos paradójicos, ahora se proponen cambios como aumentar el umbral electoral, eliminar las listas abiertas y hacer obligatorias las listas cerradas a las corporaciones públicas.

Estas reformas corresponden además a la propuesta de la Misión Especial Electoral (MEE) y al punto dos del Acuerdo de la Habana, donde se habla de fortalecer la disciplina de bancadas y reducir los cacicazgos y personalismos.

Esta intención por supuesto es saludable, pero va en contravía de la inercia o la lógica de los clanes políticos y la naturaleza misma del proceso electoral en Colombia, donde los partidos son más ineficaces y los candidatos opcionados llegan cada vez más por movimientos propios o coaliciones ocasionales.

Esto sin tener en cuenta que la inercia política haría que las listas cerradas acabaran en aquella “dictadura del bolígrafo”, cuando los expresidentes y líderes de clanes políticos decidían quién iba y quien no iba. Paradójicamente, además, habría el peligro de que cada pequeño empresario electoral armara su propia lista “cerrada” , renovando la atomización y los partidos de garaje; el aparente aumento en la competencia electoral, en realidad serviría para que los expresidentes y las  bancadas tradicionales impusieran con más facilidad sus candidatos.

Proceso electoral

El Código Electoral vigente data de 1986, o sea que fue pensado para un país completamente distinto del actual. Un país sin internet, sin luz o sin conectividad, de manera que ese Código se ha vendido adaptando a estas y otras innovaciones evidentes.

El resultado es una colcha de retazos, donde cada registrador modifica las costuras a su gusto. El funcionario se adueña de un poder que corresponde al Congreso, y esto hace aún más necesaria la adopción de un nuevo Código Electoral.

A partir de una propuesta conjunta de la Registraduría, el CNE, el Consejo de Estado y las bancadas tradicionales, ese Código nuevo fue expedido, de hecho, en 2020. Tan solo que, a pesar de las advertencias ciudadanas, el proyecto fue tramitado a las carreras y con tantos vicios de procedimiento que la Constitucional lo devolvió al Congreso y el nuevo Código se quedó en veremos.

Vale añadir que el Código en cuestión fue duramente criticado por académicos, expertos y voceros de partidos o movimientos diversos porque no resolvía los problemas viejos y creaba otros nuevos.

La Registraduría sin embargo insistió en presentar ese mismo proyecto a la legislatura actual, ahora con apoyo del gobierno Petro, que estaría pensando en un mensaje de urgencia para acelerar el trámite. Pero, otra vez, sin darlo a conocer o permitir la participación de la ciudadanía en un asunto que afecta el interés general, no apenas el de las bancadas y las instituciones.

Foto: Radio Nacional - Dependiendo quien haga el cálculo y los supuestos que tome, en Colombia entre 140 y 180 mil personas reciben más de $10 millones mensuales.

Puede leer: Reforma del aparato estatal: los primeros pasos del gobierno

Las entidades responsables del proceso

En la raíz de los problemas anteriores se encuentra el mal diseño de las instituciones que organizan y vigilas las elecciones en nuestro país. Los defectos principales al respecto son tres:

  • la politización del CNE, cuya elección depende de las bancadas partidistas;
  • la ineficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa (sección quinta del Consejo de Estado) en materia electoral, y
  • la concentración de poder en la figura del registrador.

Pero la arquitectura institucional está establecida en la Constitución, y por eso su reforma implicaría un Acto Legislativo que se origina en las comisiones respectivas de Cámara y Senado y se tramita en dos años sucesivos.

En este punto existen las ponencias de los senadores Ariel Ávila y Humberto de la Calle, ambos reputados entre la opinión, pero neófitos del Congreso. Los dos proyectos tienen diferencias sustanciales.

De la Calle propone eliminar la Registraduría y trasladar sus funciones al CNEE, como organismo colegiado. Algo similar a lo dispuesto en la Reforma de 2003, donde el CNE escogía al Registrador, los nueve consejeros prácticamente se convertían en registradores y las decisiones eran adoptadas por estos diez funcionarios en igualdad de condiciones.

Este proyecto incluye la creación de una Corte o Tribunal Electoral (sugerida, entre otra, por la Misión Especial Electoral) que, sin embargo, exigiría una reingeniería institucional más profunda y que parece inconveniente en el momento porque afectaría al CNE, a la Registraduría, al Consejo de Estado, al Código de Procedimiento Penal y a los jueces o instancias competentes para investigar y sancionar delitos electorales e irregularidades en el ejercicio político-electoral.

El senador Ávila plantea una transición menos traumática y, al mismo tiempo, una medida más drástica frente a la partidización del CNE: que los magistrados no sean escogidos por el Congreso sino a través de un proceso meritocrático encabezado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Registraduría, que hoy funciona como rueda suelta, ejercería inspección y vigilancia sobre el CNEE, cuyas funciones serían más numerosas. El poder del registrador nacional o el funcionario que haga sus veces se desconcentraría en favor de las regiones. Esto sin tocar a la sección quinta del Consejo de Estado, lo cual plantea la posibilidad de reformas de otra naturaleza administrativa y judicial.

Las verdaderas prioridades

Aunque el gobierno nacional esté pensando en un mensaje de urgencia para dar prioridad al Código, el sentido común dice que, por ejemplo, un ciudadano no compra los muebles de una casa sin haberla comprado o arrendado, o que una constructora no empezaría a levantar paredes sin tener los planos, los diseños y las licencias respectivas.

Lo mismo ocurre con los tres carriles de reforma que aquí he resumido: sin un diseño institucional idóneo, por bien hechos que queden el Código Electoral o el sistema de listas, la democracia seguirá siendo frágil en sus bases y las elecciones seguirán inspirando desconfianzas.

El rediseño institucional es por eso la tarea prioritaria. Más todavía cuando el recurso escaso no es el dinero del señor que compra muebles, sino el combustible político o la disponibilidad del Congreso y el país a tramitar las reformas. El que mucho abarca poco aprieta.

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Presidencia de la República

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La posesión de Gustavo Petro y la instalación del nuevo Congreso consumaron el final del uribismo. Comienza una nueva época. Y comenzaron también los aciertos y errores del gobierno del cambio.

Esteban Salazar Giraldo*

El final del uribismo

El 20 de julio, ante el nuevo Congreso, el presidente Duque pronuncio un discurso pendenciero, cargado de adjetivos y señalamientos, directos e indirectos, contra el nuevo gobierno.

El discurso fue un balance muy sesgado de la gestión del gobierno saliente, sin intento ninguno de autoexamen, que además confirmó la incapacidad del ahora expresidente para comunicarse con la ciudadanía de una forma sincera y sensata.

Duque, que se hizo elegir gracias a su bandera de atajar a la izquierda, entrega el país a sus opositores, con la bancada del Centro Democrático como una solitaria y reducida oposición: entre 2018 y 2022, el Centro Democrático perdió la mitad de sus congresistas.

Y sin su líder natural, el expresidente Uribe, quien vive con el “complejo” de un preso, la nueva derecha tendrá que reinventarse y revisarse. Se trata del fin de una hegemonía que se mantuvo durante veinte. Es el pleno comienzo del “posuribismo”.

El poder de los símbolos

Otra historia se vivió con la posesión presidencial, cuando Petro, Márquez y el presidente del Congreso, Roy Barreras, ejecutaron estrategia potente de marketing político con la simbología y los mensajes.

Por una parte, se eliminó la alfombra roja en la caminata de la familia presidencial, pues “todos caminamos sobre la misma tierra”. Por otra parte, se rompió el protocolo por parte de Márquez. quien prestó juramento en alusión a sus ancestros y remató con la frase “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Cada detalle del evento estaba cuidadosamente planeado. La solicitud de la espada de Bolívar por parte de Petro se percibió como un acto de soberbia y revanchismo por sus opositores. Sin embargo, fue todo lo contrario, pues se trataba de la representación misma de la victoria de la democracia sobre la vía de las armas para llegar al poder en el país.

Petro tendrá que mostrar durante los primeros cien días un conjunto de victorias tempranas que le permitan avanzar rápidamente en su plan de gobierno.

Además, la organización y distribución del espacio tuvo un gran significado: después del estallido social, con una ruptura grave de la confianza en las instituciones, se logró la presencia abierta y pacífica de la ciudadanía y los representantes de todas las ramas del poder público en un mismo lugar.

Más allá del esperanzador romanticismo que se vivió en la Plaza de Bolívar, Petro manejó dos discursos complementarios, y uno más realista que el otro:

  • Petro en la Plaza planteó los principios de su apuesta de la paz total, la reducción de brechas de género, la defensa de la vida, el medio ambiente y el desarrollo de la economía popular, entre otros.
  • Durante la posesión de su gabinete en el Palacio, su discurso fue más sobrio y allí reconoció antes sus ministros que los grandes problemas que tienen son el tiempo y la favorabilidad política.
la revolución contrarreloj en colombia
Foto: Facebook - Gustavo Petro

Le recomendamos: El giro a la izquierda en el Congreso

Una revolución contrarreloj

Las esperanzas de los votantes y simpatizantes del nuevo gobierno son sin duda muy altas.

Mientras la derecha encuentra una hoja de ruta para dignificar la oposición, los principales vigilantes del Pacto Histórico en el Congreso y en el gobierno serán los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones que los acompañaron en campaña.

Todas estas grandes apuestas tienen que concretar en una agenda legislativa, un plan de gobierno y una estrategia eficiente de transformaciones.

En principio, es importante reconocer que una revolución o transformación cultural, social y política no se logra por decreto o por leyes y mucho menos en cuatro años. Se trata de procesos a largo plazo, en los que también hay que hacer sacrificios.

Aciertos y desaciertos

Petro y Márquez saben que existen problemas en las instituciones que deben resolverse primero, así como problemas que no dan espera, como el del cambio climático.

Pero en el Congreso están empezando a enredarse y a diluir estas prioridades en temas populistas y absurdos.

Si bien la coalición de gobierno y el gobierno hicieron propaganda sobre los cinco puntos prioritarios para el Congreso —paz total, creación del Ministerio de la igualdad, reforma anticorrupción, reforma tributaria y reforma rural integral—, su agenta parece diluirse en nimiedades y discusiones que distraen de los cambios fundamentales.

Hasta la fecha de publicación de este artículo, se han registrado 115 iniciativas legislativas presentadas en Senado y 130 en Cámara de Representantes, de las cuales se resaltan la reforma tributaria, la reforma a la educación y un paquete de reformas ambientales de congresistas de la coalición de gobierno.

Hay sin embargo otros proyectos que se están llevando el protagonismo en la agenda pública y que no son urgentes, como la disminución del salario de los congresistas o la reducción de la edad para que jóvenes de 18 a 25 años puedan lanzarse al Congreso. Esto son novatadas de quienes impulsan estas iniciativas o una falta de claridad en las prioridades de la bancada.

Lo anterior no sería importante de no ser porque Petro y Márquez tienen apenas un año de “luna de miel”, hasta las elecciones locales, para lograr la mayor cantidad de reformas constitucionales y legislativas.

También, desde el gobierno nacional, Petro tendrá que mostrar durante los primeros cien días un conjunto de victorias tempranas que le permitan avanzar rápidamente en su plan de gobierno.

Pero si en vez de eso predominan las agendas de los activistas e influenciadores, desconociendo la urgencia y la ventana de oportunidad para plantar la semilla de los cambios, Petro y Márquez tendrán que replantear sus programas de gobierno.

Cada segundo, cada minuto y cada decisión cuenta. Esto significa que la curva de aprendizaje debe ser lo menos traumática, pero lo más transformadora posible, para no sucumbir ante las altas expectativas de propios o de los opositores.

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Esteban Salazar

Escrito por:

Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Facebook: Gustavo Petro - Rodolfo Hernández y Gustavo Petro han usado todo el arsenal disponible para la segunda vuelta. Las campañas negras fueron especialmente importantes.

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Las estrategias publicitarias de las campañas no habrían podido caer más bajo. Y sin embargo las alianzas abiertas o cubiertas de Petro y las de Hernández podrían movilizar a mucha gente.

Esteban Salazar Giraldo*

Campañas negras

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro han usado todo el arsenal disponible para la segunda vuelta. Las campañas negras fueron especialmente importantes.

Hay dos clases de campañas políticas: las negativas y las negras. Las negativas resaltan las debilidades, las inconsistencias y los aspectos negativos de las propuestas del contrincante. Son efectivas para destacar aspectos ocultos o poco conocidos que puedan afectar la imagen del candidato.

Las campañas negras destruyen a los contrincantes mediante difamaciones, calumnias y sindicaciones deshonrosas. Las noticias falsas son el instrumento más poderoso para hacerlo, debido a su nivel de propagación y su efectividad. Los administradores de redes sociales y las propias campañas sufren tratando de combatirlas.

Las filtraciones ilegales y las declaraciones erráticas y soeces de Hernández despiertan esta reacción. Incluso puede haber complicidad con quienes normalizan esta situación.

La mayoría de las campañas alrededor del mundo son negativas, pero el límite es difuso. Una campaña negra puede ser una distorsión de una campaña negativa o un plan premeditado de personas que no aparecen en el equipo visible del candidato.

Por eso es primordial que los candidatos reconozcan el daño que causan las campañas negras y rechacen las prácticas lesivas que puedan incitar a la violencia y las narrativas peligrosas. Esto no sucede en Colombia.

Las estrategias para ganar la segunda vuelta se enfocaron en destruir al contrincante: se filtraron grabaciones ilegales sobre las reuniones estratégicas del Pacto Histórico, Hernández los tildó de “banda criminal” y los ‘alfiles petristas’ instrumentalizaron la desaparición forzada de la hija de Hernández para aprovecharse del dolor ajeno.

Ninguna campaña se salva y las repercusiones para la ciudadanía no pueden subestimarse. La soberbia al intentar justificar estas estrategias puede pasarles factura a los candidatos este próximo domingo.

Las campañas son como las salchichas: a la mayoría de las personas les gustan, pero cuando se les muestra el proceso sienten asco.

Las filtraciones ilegales y las declaraciones erráticas y soeces de Hernández despiertan esta reacción. Incluso puede haber complicidad con quienes normalizan esta situación. Pero el grueso de la ciudadanía está cansado de los desaciertos del gobierno nacional y espera que esta degradada y extenuante campaña acabe pronto.

Partidos y alianzas

Los acuerdos políticos y las alianzas también funcionan para recoger más votos, pero se necesitan las alianzas correctas. De lo contrario pueden sumarse votos y restar en imagen o puede sumarse en imagen pero no en votos.

El Pacto Histórico empezó esta campaña el día siguiente a la victoria de Iván Duque. Desde la oposición a su gobierno se construyó una línea discursiva que permitió congregar diversos sectores políticos, a los cuales se han sumado otros apoyos recientes, que quedaron huérfanos con los resultados de la primera vuelta.

El Pacto Histórico consta de cinco grandes alianzas consolidadas desde 2018 y dos nuevas. Las previas son:

  1. La herencia del M-19. Esta es la guerrilla de la cual hizo parte Gustavo Petro durante los 80 y principio de los 90. Petro mantuvo comunicaciones con varios de sus líderes políticos y hoy ellos se congregan en el PH.
  2. El ala comunista. Es heredera de la Unión Patriótica y del partido Comunista, al cual le devolvieron hace poco su personería jurídica. De aquí se destacan figuras notables de la política como Aída Avella e Iván Cepeda.
  • Soy porque Somos. Es la organización de Francia Márquez, la revelación política del momento. Después de la consulta donde obtuvo más de 700 mil votos, sumó votos feministas y bastiones electorales de comunidades afro e indígenas para el PH.
  1. El santismo reencauchado. Son quienes hablan actualmente al oído de Petro: Roy Barreras, Armando Benedetti y Alfonso Prada. Los dos primeros son los principales escuderos de Santos en el Congreso y Prada fue su secretario general en 2017. Ellos desplazaron a Gustavo Bolívar en la línea de mayor confianza de Petro.
  2. El Verde progresista. Una facción de la Alianza Verde se fue con el PH antes de la primera vuelta. Estaba encabezada por Camilo Romero, Inti Asprilla y Catherine Miranda. Después llegaron parte de las directivas y algunos candidatos al Congreso quemados.

Las nuevas alianzas:

  1. El Verde de Centro y la Coalición Centro Esperanza. Aunque Fajardo decidió irse en blanco, la mayoría de los miembros de la coalición Centro Esperanza aterrizaron donde Petro: Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria, Ariel Ávila y Angélica Lozano.
  2. Los liberales “rebeldes”. Algunos manifestaron su inconformidad con las directrices de Cesar Gaviria, y así llegaron algunos congresistas al PH: Luis Fernando Velasco, Julián Bedoya, Andrés Calle o Juan Carlos Losada.

A estas alianzas hay que sumarles las poco conocidas y las vergonzantes: son las alianzas con las casas, clanes y políticos controvertidos que suman votos, pero restan imagen o incluso ni suman votos ni imagen.

Se trata del clan de los Torres Villalba en Atlántico, Piedad Córdoba, el clan Calle en Córdoba, la senadora Ana María Castañeda y su esposo Mario Fernández Alcócer de Sucre, y el controvertido senador Julián Bedoya.

Por otro lado, Hernández manifestó que no recibirá a las maquinarias ni el apoyo del uribismo y los votos de Federico Gutiérrez.

Pero dentro de su organización hay dos representantes a la Cámara por Santander de la Liga Anticorrupción: el exmilitar Juan Manuel Cortés y Érika Tatiana Sánchez, una ficha del político tradicional liberal Édgar ‘El Pote’ Gómez.

que nos espera en segunda vuelta
Foto: Facebook: Rodolfo Hernández - Hernández manifestó que no recibirá a las maquinarias ni el apoyo del uribismo y los votos de Federico Gutiérrez. Pero dentro de su organización hay dos representantes a la Cámara por Santander de la Liga Anticorrupción.

Los acuerdos políticos y las alianzas también funcionan para recoger más votos, pero se necesitan las alianzas correctas. De lo contrario pueden sumarse votos y restar en imagen o puede sumarse en imagen pero no en votos.

Por lo demás se sabe que recibirá los votos de las maquinarias y del uribismo sin necesidad de hacer acuerdos, algo que parece inverosímil teniendo en cuenta que deberá garantizar gobernabilidad en el Congreso y acordar un plan de gobierno. Varios partidos manifestaron su apoyo sin grandes adhesiones públicas:

  1. Verde Oxígeno
  2. Nuevo liberalismo
  • Partido Liberal
  1. Salvación Nacional
  2. Partido Conservador
  3. Centro Democrático

El álbum de partidos tradicionales no está completo, pero es claro que Hernández contaría con el respaldo o los votos de la clase política tradicional. Otros partidos que acompañaron a Gutiérrez (La U o Justa Libres) dejaron en libertad a sus votantes.

Esta es una de las elecciones más reñidas que ha tenido el país. Por el talante de las campañas puede adivinarse cómo será su forma de gobernar.

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Esteban Salazar

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Esteban Salazar

*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

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El presidente Duque y el General Zapateiro – La injerencia indebida en las elecciones por parte de funcionarios públicos perjudica la democracia que dicen defender. Aquí los hechos y sus consecuencias. Por Esteban Salazar.

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*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

Foto: Acacías Web - Primeras elecciones al Consejo de juventud.

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Esteban Salazar

Si todos los jóvenes votaran, pondrían presidente. Que pasó y que no pasó con la elección de los consejos de juventudes.

Esteban Salazar *

Elecciones atípicas

El 5 de diciembre de 2021 se celebraron las primeras elecciones para consejos municipales y locales de juventudes: un hecho inédito en Colombia y en Latinoamérica. Participó el 10,42 % de las 12.282.273 personas entre 14 y 17 años habilitados para votar; fueron elegidos 10.864 consejeros (no concejales) de juventud en todo el país.

Este porcentaje fue motivo de cábalas sobre lo que viene, pero aun entonces ni esta cifra de abstención ni la distribución de preferencias políticas necesariamente son augurios de las elecciones de 2022 ni dicen mucho sobre la representación de los jóvenes en partidos políticos.

Primero, no todos jóvenes entre 14 y 17 años estarán en el censo electoral del 2022; segundo, es la primera vez que se convoca a estas elecciones.

Por otro lado, el abstencionismo es una constante en Colombia: entre 1958 y 2010 el promedio de participación fue apenas del 56 %.

Elecciones desaprovechadas

Pero el evento sí significa que los jóvenes le cumplieron a la democracia, y que al Estado y su sistema electoral les fata un largo camino para inspirar confianza entre los jóvenes.

Las elecciones de consejos de juventudes no son una invención de este gobierno, sino una deuda de la Registraduría desde hace casi una década, pues lo consejos son parte del Sistema Nacional de Juventudes formulado en 2013 por el primer gobierno de Santos.

Con respecto a esto último, dos semanas antes de las elecciones del 5 de diciembre, la Fiscalía y la policía judicial capturaron masivamente a jóvenes de las primeras líneas: esto erosionó la confianza y cimentó la estigmatización contra los jóvenes.

El contexto importa y hay que tener en cuenta tres factores para un análisis:

  • El gobierno Duque se atribuyó estas elecciones como parte de la respuesta a las protestas masivas, en especial como atención a las demandas de participación política de las “primeras líneas” —en su mayoría, conformadas por jóvenes—.

Pero las elecciones de consejos de juventudes no son una invención de este gobierno, sino una deuda de la Registraduría desde hace casi una década, pues lo consejos son parte del Sistema Nacional de Juventudes formulado en 2013 por el primer gobierno de Santos.

La poca versatilidad de las funciones de los consejos de juventudes, así como las asimetrías de competencia electoral, desincentivaron la participación desde el principio.

Puede leer: Políticas para los jóvenes: más allá del empleo y las matrículas

Las escasas funciones de los consejos

La Ley estatutaria 1885 de 2018  señala tres funciones de los consejos locales y municipales de juventudes:

  • diseño y formulación de políticas de juventud;
  • veeduría;
  • control político.

Pero los consejeros de juventud no tienen presupuesto; no son ordenadores del gasto; no son un cargo dentro de la rama ejecutiva, legislativa o un cargo de elección popular, ni tienen personería jurídica.

Los consejos entonces no tienen competencias ni herramientas suficientes para que los jóvenes se interesen de veras en votar para escoger sus integrantes, o para ser convocados para aportar por su conducto en políticas, planes, programas, proyectos, rendición de cuentas e investigaciones. Los consejos dependen de la voluntad de alcaldes y gobernadores, respectivamente, para tener un mayor margen de acción.

Las maquinarias de siempre

En cuanto a la conformación electoral, 30 % de los consejeros iría para partidos políticos; 30 %, para prácticas y procesos organizativos, y 40 % para listas independientes en todos los departamentos, por medio de recolección de firmas.

La mayoría de las listas fueron  presentadas  por partidos políticos (4440), seguidos de listas independientes (2463) y, en menor proporción, los procesos y prácticas organizativas (1689

Desde el principio era claro que cuantas más listas presentaran los partidos, más probable era obtener representación. Este fue el top de los partidos que presentaron más listas en todo el país:

  • Liberal (710 listas inscritas),
  • Conservador (629),
  • Centro Democrático (574),
  • Cambio Radical (517),
  • La U (419),
  • Alianza Verde (360),
  • Dignidad (221).

Apenas en los últimos lugares hay dos partidos alternativos: Verde y Dignidad. Tienen menos inscripciones las coaliciones de partidos cuyos candidatos puntean en las encuestas, pero no presentaron gran cantidad de listas. Este último es el caso, que parece paradójico, de Colombia Humana – UP (140 listas inscritas).

En cuanto a resultados, era de esperar que los partidos tradicionales ocuparan más espacios, sobre todo en zonas donde siguen funcionando la política tradicional, las maquinarias y las prácticas irregulares —incluso para estas elecciones, que no inciden mucho sobre la vida local—.

Es clara la desproporción entre el 30 % que les correspondía a los partidos y el  70 % asignado a listas independientes y a prácticas organizativas, siendo así que los primeros tenían ya su maquinaria y los segundos estaban participando por primera vez en unas elecciones sin recursos ni apoyo del gobierno.

Se notó la participación de listas y jóvenes en partidos tradicionales que dispusieron de recursos para pedagogía y publicidad política. En contraste, los partidos alternativos y los jóvenes independientes se autofinanciaron y compitieron con estos desequilibrios.

Ahora bien, en cuanto a los resultados, el orden de votaciones, de listas y de consejeros asignados fue directamente proporcional al volumen de listas presentadas:

  • Liberal: 100.592,
  • Conservador: 74.651,
  • Cambio Radical: 61.263,
  • La U: 59.639,
  • Centro Democrático: 44.068,
  • Alianza Verde: 43.256,
  • Colombia Humana – UP: 23.989.

Como puede verse, Colombia Humana – UP fue la excepción: llegaron al séptimo lugar.

Foto: Registraduría Nacional - El sistema representativo en Colombia está en crisis, pero esta no es la única vía para responder a las demandas sociales.

Le recomendamos: Presidenciales: el lugar de los partidos y las maquinarias

Ilusión para las maquinarias, alerta para los alternativos

En estas elecciones con poca participación, la victoria del Partido Liberal y de otros partidos tradicionales parece una ventaja política; pero es un espejismo que producen sus maquinarias, que controlan algunos departamentos del país mediante clanes políticos (Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira y Cesar).

También es una alerta importante para los partidos alternativos: han abandonado la estrategia de consolidar bases jóvenes, y no les han prestado atención suficiente a estos escenarios. De esto depende su capacidad para la pedagogía electoral y para construirse como partidos políticos.

No se pueden comparar las elecciones de consejos de juventudes con las de Congreso y Presidencia. Las funciones son diferentes, y en las elecciones de 2022 el rumbo del país está en juego.

Un balance

De esas elecciones se desprenden cinco grandes conclusiones:

  1. El sistema representativo en Colombia está en crisis, pero esta no es la única vía para responder a las demandas sociales. Las primeras líneas y el estallido social se han convertido en manifestaciones democráticas que no se resuelven mediante una elección en una instancia con pocos poderes de decisión.
  2. 279.961 jóvenes votaron en la primera elección de este tipo en Colombia. La democracia colombiana les debe mejores condiciones en los espacios de representación.
  3. La Registraduría perdió estas elecciones. Alexander Vega y el gobierno nacional improvisaron y fueron negligentes. Es inaceptable que se hayan registrado 291.345 votos nulos —el 22,76 % de los votos totales—: el tarjetón y la pedagogía electoral fueron precarios.
  4. Los análisis de los partidos tradicionales que obtuvieron una mayor cantidad de consejeros no son fiables por sí mismos: sencillamente presentaron más listas. Obtuvieron el 56,39 % de los votos totales, pero estaban compitiendo por un 30 % de los consejeros que se pueden repartir en cada municipio. Hay que analizar con detalle la incursión del 29,06 % de votos para listas independientes y el 14,53 % para procesos y prácticas organizativas; estas competían por el 70 % restante de consejeros posibles.
  5. No se pueden comparar las elecciones de consejos de juventudes con las de Congreso y Presidencia. Las funciones son diferentes, y en las elecciones de 2022 el rumbo del país está en juego. También hay una competencia establecida por los partidos, con altos niveles de financiación y pedagogía. La premisa de que si todos los jóvenes votaran pondrían presidente es cierta, pero es errado entenderlos a todos dentro de un mismo espectro político, y más cuando esta población tiene condiciones desiguales en toda Colombia.

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*Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, magíster en Gerencia para el Desarrollo y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @estebanilitic.

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