La vía reglamentaria: última esperanza de la reforma a la salud
Inicio TemasPolítica y Gobierno La vía reglamentaria: última esperanza de la reforma a la salud

La vía reglamentaria: última esperanza de la reforma a la salud

Escrito por Iván Jaramillo

El archivo de la reforma a la salud, además de ser una derrota política, es definitivo. Pero el gobierno tiene una última oportunidad: el proyecto podrá ejecutarse por vía reglamentaria.

Iván Jaramillo*

Una derrota innecesaria

Después de triunfar en la Cámara, la reforma a la salud parece haber encontrado una barrera infranqueable en la Comisión Séptima del Senado: 9 de 14 senadores han firmado una ponencia para archivar el proyecto.

Aunque los congresistas posaron frente a las cámaras como si fueran “Los magníficos”, con posterioridad se supo que sus campañas habían sido financiadas por el poderoso grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas. A pesar de la evidencia, los congresistas no se declararon impedidos para no perder su voto.

En consecuencia, vale la pena preguntarse qué tan difícil será para el gobierno implementar su reforma por la vía reglamentaria. Para responder esta pregunta, debe tenerse en cuenta que Petro tuvo una victoria prematura al lograr que en el Plan de Desarrollo se aprobara un “giro directo” de los recursos a las clínicas y hospitales. En otras palabras, se eliminarían los intermediarios y se conseguiría el propósito principal del proyecto de ley: quitarle el manejo de los 80 billones de pesos a las entidades promotoras de salud.

Por otro lado, el desarrollo del “modelo preventivo” ya está debidamente autorizado por la ley 1438 de 2011. Solo haría falta desarrollar instrumentos operativos y asignar los recursos financieros para ponerlo en práctica. Los recursos se conseguirían por medio de la creación de los Equipos Territoriales de Salud, con la resolución 2788 de 2022; la toma directa de la Nueva EPS, hoy en manos de Aldo Cadena; y, por último, el manejo directo de las EPS intervenidas.

En este contexto, el archivo definitivo del proyecto debe entenderse como una derrota política innecesaria: la reforma podía llevarse a cabo sin el apoyo del legislativo. Adicionalmente debemos recordar la imposibilidad de modificar el régimen de los trabajadores de la salud, dominado en general por la informalidad y la ausencia de disposiciones legales.

La reforma ya está andando

Nueva EPS tiene once millones de afiliados y está presente en 1.117 municipios. El nombramiento de Aldo Cadena como presidente fue una especie de “toma de la Bastilla”. Más que iniciar una revolución, su propósito será aplicar la reforma sin aprobación de ninguna ley.

Foto: Facebook: Ministerio de Salud - Aunque algunos aspectos de la reforma a la salud pueden seguir en marcha sin su aprobación, deben hacerse disposiciones legales para modificar el régimen laboral de los trabajadores en salud, muchos de los cuales están en informalidad.

Desde mi punto de vista, si se aprueba el proyecto el único costo adicional sería el de la formalización de los empleados que hoy son contratistas de la red pública. Por otro lado, el billón necesario para fortalecer el sistema de información podría hacer parte del presupuesto de inversión ordinaria.

Esta victoria empezó con la designación del viceministro Jaime Urrego en la Junta Directiva y el interés, por parte del gobierno, de tomar bajo su mando la EPS más grande del país.

Sin embargo, las seis cajas de compensación, dueñas del 50% más una acción de la Nueva EPS, inicialmente no se dieron por enteradas. Fue entonces cuando Ulahy Beltrán, Superintendente Nacional de Salud, intervino Famisanar. Esta EPS es propiedad de las dos cajas de compensación más grandes del país: Colsubsidio y Cafam, las cuales tienen más de cuatro millones de afiliados.

En la actualidad, Famisanar que es la prima hermana de la Nueva EPS acumula las deudas más grandes de una entidad promotora de salud con las redes de servicio. También, de forma misteriosa, ha perdido más de 1,2 billones de pesos en patrimonio negativo. Como si no fuera suficiente, la Superintendencia de Subsidios Familiar adelantó varias acciones contra sus socios (otras cajas de compensación).

El resultado fue mejor de lo esperado. Los seis socios de la Nueva EPS, distintos del gobierno, como mansas palomas, apoyaron la presidencia de Aldo Cadena. Vargas Lleras, antiguo dueño de facto de la Nueva EPS, cedió su puesto en la Junta Directiva sin ninguna protesta. Al parecer, las acciones de la Superintendencia favorecieron la llegada del funcionario delegado por el presidente Gustavo Petro.

Para completar el triunfo de Cadena, de acuerdo con la descripción del exministro Ocampo, se encontró que la Nueva EPS escondía pérdidas por 411 mil millones. Vale la pena señalar que esta cifra no incluye los miles de facturas que encubrirían billones de pasivos ocultos. Por supuesto, sin la ayuda de Famisanar, la encargada de la facturación, nada de esto sería posible. Por estos preocupantes motivos, se ha ordenado una auditoría forense: los resultados podrían sorprendernos aún más.

Financiación de la reforma

El tema de la financiación es el argumento más empleado contra de la reforma. Desde mi punto de vista, si se aprueba el proyecto el único costo adicional sería el de la formalización de los empleados que hoy son contratistas de la red pública. Por otro lado, el billón necesario para fortalecer el sistema de información podría hacer parte del presupuesto de inversión ordinaria.

En otro orden de ideas, hay un intento de resucitar el Fondo Nacional Hospitalario, del cual fui el último secretario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha entidad fue descentralizada, por lo que la construcción, dotación y mantenimiento de los Centros de Atención Primaria (CAPS) le correspondería a los municipios y los departamentos. El artículo 43.2.5 de la ley 715 de 2011dice “Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo”.

En cierto medio de comunicación se afirma que “los cálculos del Ministerio de Hacienda van hasta 2033, año para el cual la reforma costaría 143,8 billones”. No obstante, esta cifra es el resultado de una mala lectura, pues corresponde al costo del funcionamiento del sistema actual. Si se ajusta el precio vigente a la inflación del 2033, sin ninguna reforma, los colombianos no pagarían 80 billones sino 144.

Paradójicamente si la ley es aprobada, y las reformas se ejecutan por la vía reglamentaria, no habría ningún costo adicional porque no se podrán formalizar a los trabajadores que hoy figuran como contratistas. Si el gobierno recurre a esta alternativa, el problema más significativo será la financiación de los Equipos Territoriales de Salud, creados con la Resolución 2788 de 2022.

el archivo definitivo del proyecto debe entenderse como una derrota política innecesaria: la reforma podía llevarse a cabo sin el apoyo del legislativo.

El gobierno ha emitido varias resoluciones para financiar estos equipos, pero no es suficiente. El intento más ambicioso fue la resolución 2364 del 29 de diciembre de 2023. El artículo 11 dice: “De la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C), prevista para la cobertura de servicios y tecnologías de salud en la vigencia 2024, las EPS destinarán mínimo el 5% para la operación de equipos básicos de salud de tal manera que se mejore el acceso en salud de la población”.

La anterior resolución fue cuestionada por la Procuraduría argumentando que solo la ley puede modificar la destinación de la UPC. Quizá tenga razón porque los redactores del Ministerio de Salud hicieron una formulación ilegal, que puede ser corregida si se hace un extracto de las intervenciones, procedimientos y medicamentos del Plan Básico de Salud. Estos gastos serían financiados por la UPC en un 5% de su valor y podrán ser aplicados por dichos equipos territoriales sin modificar su destinación especifica al PBS.

Sobra decir que los equipos territoriales podrán convertirse en burocracia si no se fija con cuidado el plan de salud que desarrollarán. Es fundamental que la norma exija la contratación de empresas especializadas que reciban los pagos por visita domiciliaria ejecutada. Del mismo modo, tendrán que cumplir con un plan de diagnóstico si desean recibir los recursos. En pocas palabras, con el 5% de la UPC se pagará la parte preventiva del PBS, pero sin cambiar su destinación y sin crear nueva burocracia que tanto preocupa a la oposición.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies