Un secreto en la democracia

Colombia, la que se hace llamar la democracia más estable de Latinoamérica, guarda un profundo secreto sobre la calidad de sus elecciones, partidos y candidatos. Se trata de una democracia capturada a nivel local por 51 clanes políticos que elección tras elección, por medio de alianzas con grupos criminales, mafias, economías ilícitas, nepotismo, corrupción y violencia, se aferran a los diferentes cargos públicos.

Este fenómeno no solo está relacionado con los clanes políticos, sino que se trata de una desconfiguración de los partidos políticos que actualmente llegan a las 35 personerías jurídicas, es decir a la capacidad de otorgar avales. ¿En qué espectro ideológico caben 35 partidos?

Además de la ampliación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el otorgamiento de personerías jurídicas, la respuesta es que los partidos son sencillamente fábricas de avales. Sin importar la ideología, credo o religión, otorgan la posibilidad de aspirar incluso a personas que han recibido críticas y que atentan contra la democracia. ¿Por qué?

Porque aunque en Colombia se respeta la presunción de inocencia de cada persona, es común que en algunos partidos haya casos sistemáticos que se vuelven paisaje en cada elección.

Se trata de partidos que avalan personas con investigaciones judiciales, disciplinarias, fiscales y denuncias periodísticas y de veedurías, quienes en consecuencia posiblemente serán sancionadas. En caso de ser elegidas, las sanciones entorpecerán la buena administración pública en una alcaldía o gobernación o, en su defecto, la credibilidad de corporaciones públicas como concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales (JAL).

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Advertencias ignoradas

En este oscuro panorama, desde 2014 la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha realizado diversas y rigurosas investigaciones para las elecciones nacionales –presidencia y Congreso– y para elecciones locales –gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL–. Se han analizado los procesos de otorgamientos de avales por partidos, los perfiles de los pre y candidatos y sus campañas.

Las investigaciones hacen referencia a candidaturas y no a candidatos teniendo en cuenta que una persona –candidato– puede aparecer en varias candidaturas, por ejemplo, porque busca repetir un cargo o porque se está lanzando a uno diferente.

Pares ha registrado un total de 672 precandidaturas y candidaturas con ese tipo de problemas –309 para elecciones nacionales y 363 para elecciones locales–. De este total, el 46% de las candidaturas ha sido elegida. No obstante, esto no es lo más preocupante.

En varias oportunidades las advertencias sobre los altos riesgos para la democracia se han materializado.  Es el caso del exsenador del Partido Liberal Mario Castaño, condenado recientemente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años de prisión por hechos de corrupción que involucran a otros parlamentarios.

Desde el 2021 Pares le advirtió al Partido Liberal que este candidato era un riesgo por las investigaciones ante la CSJ. El resultado: fue avalado y además electo en 2022, pero ni siquiera pudo posesionarse.

Casos como este abundan. En informes de 2014 se advirtió que otorgar avales a Bernardo “Ñoño” Elías y su otrora aliado político Musa Besaile era un riesgo para la democracia, pues ambos estaban involucrados en investigaciones como el escándalo de Odebrecht y el “cartel de la toga”. Sin embargo, el Partido de la U los avaló y los apoyó.

De hecho, se advirtió también desde Pares sobre la candidatura de Edwin Besaile –hermano de Musa– a la gobernación de Córdoba en 2015. Al final no solo resultó elegido, sino que ni siquiera pudo terminar su periodo como gobernador por diversos escándalos e investigaciones en la Procuraduría.

Del mismo modo ha sucedido en departamentos como La Guajira, Chocó, Cesar, Valle del Cauca y Santander. Pese a la persecución judicial y las amenazas, la justicia siempre ha dado la razón a las investigaciones realizadas por Pares. Por supuesto, las elecciones de 2023 no son la excepción.

El panorama para 2023

Durante los primeros ocho meses del calendario electoral –29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023–, un equipo de 100 personas –investigadores, periodistas, veedores y aliados territoriales– analizó 294 precandidaturas en 32 departamentos y 60 municipios. Se dio prioridad a alcaldías y gobernaciones.

Para cada precandidatura se construyó un perfil con la trayectoria; hoja de vida; cargos ocupados; investigaciones judiciales, disciplinarias y fiscales; sus apoyos relacionados con clanes políticos tradicionales y/o parapolíticos; así como las diversas denuncias periodísticas, de veedores o investigadores territoriales con el debido sustento. A estos cuestionamientos se les sumó el posible partido que les otorgaría el aval.

El resultado a un mes de la inscripción de candidaturas es prácticamente el mismo que las elecciones anteriores:

• 88 precandidatos son cuestionados y están buscando avales por medio de partidos políticos, coaliciones y/o movimientos significativos de ciudadanos.
• 53 precandidatos buscarían el aval en 14 partidos políticos, 21 lo harían por grupos significativos de ciudadanos (GSC), 8 por coaliciones y 6 estarían por definirse.

Los partidos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son:

• el Partido Liberal con el 17 % (15 precandidatos);
• Partido Conservador con el 14 % (12 precandidatos);
• Cambio Radical con el 8 % (8 precandidatos),
• y Partido de La U con el 5 % (4 precandidatos).

Los partidos Cambio Radical, de la U, Liberal y Conservador tienen un comportamiento sistemático de otorgamiento de avales a candidatos cuestionados. En muchas oportunidades, estos partidos coinciden en no imponer una responsabilidad política a las personas condenadas o apartadas de su cargo, con el argumento de la presunción de inocencia a menos de que haya una condena por parte de un juez.

El 48 % de los precandidatos cuestionados (42) aspiran a lanzarse a las gobernaciones. Los departamentos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Magdalena, que concentra el 12 % (5); Antioquia, 10 % (4); Caquetá, 10 % (4) y Bolívar, 7 % (3).

Por su parte, el 52 % (46 precandidatos) aspiran a lanzarse a 27 alcaldías municipales. Las alcaldías con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Sincelejo (Sucre) con 5 precandidatos cuestionados; Ibagué (Tolima) con 4; Medellín (Antioquia) con 3; y Cartagena (Bolívar) con 3 también.

Pares ha identificado que de los 51 clanes políticos que tienen poder en el país, 26 apoyarán a 38 candidatos en estas elecciones. Así las cosas, existen 9 departamentos en los que se aplica el concepto de “autoritarismo subregional” con mayor peso: los clanes tienen en sus manos el poder y tienen altas posibilidades de mantenerlo en estas elecciones. Un riesgo total para la democracia del país.

Se trata de los siguientes departamentos:

• Atlántico: especialmente por la inminente reelección en Barranquilla de Alejandro Char, líder de su propio clan que ha gobernado durante la última década con el apoyo de Cambio Radical.
• Bolívar: actualmente en manos del Clan Blel, que busca poner heredero por medio del excongresista Yamil Arana, del partido Conservador.
• Cesar: el autoritarismo subregional ejercido por el clan Gnecco que busca poner como heredero al diputado Jorge “Popo” Barros por el partido de la U; pero que han estado buscando un perfil que tienda puentes con otros clanes del departamento.
• Cundinamarca: departamento capturado por el inmenso poder del exgobernador Jorge Rey del partido de la U, quien busca repetir sin competencia alguna en el departamento después de haber gobernado en cuerpo ajeno de su esbirro Nicolás García.
• La Guajira: en donde se ha erigido con mayor fuerza el clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por el congresista del Partido de la U Alfredo Deluque y la excongresista investigada por la CSJ María Cristina Soto, del partido Conservador, quienes están decidiendo la candidatura entre dos de sus fichas: Laura Andriolis y Yimmy Boscán.
• Norte de Santander: al igual que en Cundinamarca, a título propio el cuestionado exgobernador William Villamizar inscribió un grupo significativo para la recolección de firmas que solo sirvió de fachada, pues ha recibido recientemente el coaval de partidos tradicionales, como el Conservador y Cambio Radical, para aspirar nuevamente sin contrincante alguno.
• Tolima: este departamento está a la sombra del clan Barreto, del partido Conservador, que buscará poner heredera, por medio de Adriana Magaly Matiz, a quien se le ha visto oriunda haciendo campaña con Alberto Santofimio, determinador del magnicidio de Luis Carlos Galán.

• Valle del Cauca: el reinado de Dilian Francisca Toro, jefa del partido de la U y baronesa electoral de este departamento, busca extenderse por un periodo más a título propio, después de haber ocupado la Gobernación en cuerpo ajeno de su aliada Clara Luz Roldán del 2019 a 2022.
• Chocó: uno de los departamentos con mayores problemas de corrupción y pobreza, tiene como candidato más opcionado al cuestionado Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exgobernador del Chocó, quien es hermano de Odín Sánchez Montes de Oca, condenado por parapolítica, y que nuevamente aspira ganar la Gobernación.

Los mismos de siempre

Informe tras informe, Pares ha abogado por mejorar la calidad de la democracia, advirtiendo los riesgos que existen sobre la ausencia de alternancia del poder político, la captura de los clanes políticos y el otorgamiento de avales a personajes cuestionados.

Aunque se han logrado avances importantes con las capturas y sanciones a varios de los personajes registrados en los informes de la última década, en esta oportunidad llama la atención que en 9 de los 31 departamentos no habrá alternancia alguna. En su mayoría se repiten los nombres y el escenario electoral de 2015, sin ningún contrapeso. Sin contar los otros 79 nombres que aspiran a otras gobernaciones y alcaldías.

Además, pese a las advertencias, los partidos han decidido avalar y/o coavalar a varios de estos candidatos recientemente. Motivo por el cual deberá mantenerse una alerta sobre estas campañas y una vigilancia constante en varios casos para que la justicia y los órganos de control ejerzan una labor eficiente para esclarecer varios de los procesos en los que algunos están inmersos.

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