El Superintendente de Salud ordenó la liquidación de otras cuatro EPS. Malos servicios, corrupción y negligencia son los síntomas de una enfermedad más honda.
Iván Jaramillo*
Las EPS en crisis
El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, está cerca de “ganarse” un récord Guinness: en poco más de un mes ordenó la liquidación de cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS), limitó la operación de tres más en varios departamentos, y obligó a trasladar a más de 2,7 millones de afiliados.
Además, hay otras dieciocho EPS con medidas de intervención y vigilancia especial, que también podrían ser liquidadas.
Estos hechos son parte de una tendencia de más largo plazo: desde el 2000, se han expedido órdenes de liquidación forzosa contra 108 entidades, según la página web de la Superintendencia de Salud (Supersalud).
- 83 son Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS);
- Solo cinco son Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), es decir, clínicas y hospitales;
- Y veinte son EPS, que han tenido orden de liquidación entre 2001 y 2012.
Después de cinco años de pausa inexplicable, en 2017 se liquidó Saludcoop-Cafesalud, transformadas en Medimás. Y ahora, la Supersalud liquida otras cuatro EPS: Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Salud Vida.
Las causas inmediatas de este desastre son de todo tipo: incumplimiento en los servicios; récords nunca vistos en quejas y tutelas; pasivos y cuentas por pagar tres veces superiores a sus activos, con valores que superan los diez billones de pesos; pérdidas acumuladas que superan ampliamente los patrimonios de las empresas…
La “buena noticia” es que todavía hay diecinueve EPS que operan bien o, al menos, que están sin intervención. Y según algunas opiniones autorizadas, como la de Jaime Arias Ramírez, el sistema podría operar bien con apenas ocho EPS.
El más reciente ranking de las EPS muestra que hay algunas entidades muy buenas:
- En el Régimen Contributivo se destacan Nueva EPS, Sura EPS, Sanitas EPS y Compensar EPS;
- Y en el Régimen Subsidiado resaltan Mutual Ser, Coosalud y Capital Salud.
El verdadero negocio
Las EPS se crearon para administrar la demanda de servicios de salud, organizar las redes de prestadores, filtrar las demandas para distinguir entre prioritarias e innecesarias, y reducir los sobrecostos del servicio. Además, la Ley 100 de 1993 creó un régimen de competencia regulado con compensación y solidaridad en los ingresos, y una Unidad de Pago por Capitación (UPC) igual para todos los afiliados.
Supuestamente, la competencia elevaría la calidad, eliminaría a los malos aseguradores y premiaría a los buenos. De ser así, de 150 aseguradores iniciales, solo tendrían que quedar diecinueve en el mediano plazo, y posiblemente ocho en el largo plazo. Pero la politiquería y la corrupción han impedido que el proceso fluya como se había previsto.
A menudo, las EPS se utilizan como “corralitos” para capturar afiliados y con ellos, las UPC que luego pasan a alimentar las redes de servicios de sus propietarios “negociantes”. Las EPS niegan servicios o evitan prestarlos a un alto costo, y así logran obtener más utilidades de las que deberían.
Desde el 2000, se han expedido órdenes de liquidación forzosa contra 108 entidades.
En varias ocasiones he dicho en Razón Pública que el negocio no está en las EPS, las cuales pueden operar y subsistir con pérdidas, como las cuatro que ahora se liquidan. El verdadero negocio está en la red de servicios contratada por cada EPS, clínicas, laboratorios y demás IPS, hacia las cuales se canalizan los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Es allí donde tienen lugar la corrupción y los males servicios, y es allí donde se obtienen utilidades extraordinarias mediante la conformación de carteles, como los de la hemofilia, el VIH o el cáncer. Al final, se “atienden” enfermedades de alto costo de beneficiarios fantasmas, mientras que a los beneficiarios reales se les limita su acceso al Plan Obligatorio de Salud (POS).
Por eso hay que reconocer el mérito del actual Superintendente, quien en buena hora está ayudando a la mano invisible del mercado a cumplir su función: liquidar a los malos aseguradores y premiar a los buenos, los cuales, por efecto de la agrupación del riesgo y las economías de escala, tendrán más utilidades.
Foto: Personería municipal de Popayán |
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Las medidas correctivas
Cuando la Supersalud detecta situaciones irregulares en las EPS, tiene varios instrumentos correctivos:
- Multas, como la de 5.800 millones de pesos que recientemente se impuso a Medimás “por no entregarle medicamentos a setenta pacientes y por no suministrar información requerida por los entes de vigilancia y control”;
- Intervención de la EPS para establecer una vigilancia especial mediante un contralor, tal como hoy ocurre con dieciocho entidades;
- Supresión de la licencia de la entidad en algunos departamentos, como ocurre hoy con Coomeva, Comparta y Medimás;
- Intervención para administrar, con la cual se sustituye al gerente de la EPS, tal como ocurrió con Carlos Palacino en Saludcoop, quien fue reemplazado por Guillermo Grosso;
- E intervención para liquidación, que históricamente ha llegado a 108 entidades y recientemente a las cuatro EPS en mención: Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Salud Vida.
Pero no todas las intervenciones de la Supersalud son buenas. Por ejemplo, en el caso de la intervención de Saludcoop y luego de Cafesalud, resultó “peor la cura que la enfermedad”. Por regla general, los políticos deambulan como aves de rapiña en las oficinas de la Supersalud pidiendo que les asignen una EPS intervenida o en liquidación, para desplumarla.
En ocasiones, la liquidación de la EPS ha sido producto de una “compraventa de afiliados”, tal como en su momento ocurrió con Selvasalud y con Cóndor. En otras ocasiones se ha limitado la operación de una EPS en una región o se ha liquidado una EPS pequeña porque alguien compró los afiliados en complicidad con funcionarios de la Supersalud, aunque no necesariamente del Superintendente.
Como se sabe, a veces la presencia de capital mafioso ha sido el motor inicial para la creación de nuevas EPS, que contratan mercachifles que a su vez consiguen afiliados comprados. Hasta los Superintendentes que se han opuesto a estas maniobras han resultado “empapelados”.
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Cómo se defienden las EPS
Liquidar una EPS no es fácil. En realidad, la liquidación no afecta mucho a los afiliados, a quienes no les importa que los mueven de EPS con tal de que los atiendan. Pero la liquidación incomoda a los verdaderos defensores de “su EPS”, que son los contratistas, o sea, la red de las IPS, por lo general privadas, que no quieren perder su mercado cautivo de unidades de pago por capitación.
Para defender a las EPS amenazadas de liquidación intervienen los abogados que interponen mil recursos, y sobre todo intervienen los políticos que medran tras estas entidades.
A menudo, las EPS se utilizan como “corralitos” para capturar afiliados.
Pero la más ingeniosa de las medidas defensivas ha sido la de las IPS de Salud Vida: “capitalizar como mínimo el 50 por ciento de la deuda existente con la red prestadora, la cual asciende a los 350.000 millones de pesos, lo que generaría un cambio fundamental en los indicadores financieros que dejaría a Salud vida con mayor capacidad financiera que muchas otras EPS del país”. Si las deudas se convierten en acciones, las IPS acaban por apropiarse de las EPS, en un fenómeno conocido como “integración vertical”, o donde las funciones de ambos tipos de entidades acaban en una sola. Así desaparece la razón de ser de las EPS.
Con este tipo de propuestas se trató de impedir la liquidación de Unimec EPS en 2001. Pero en esa época regía la Ley 550 de 1999, que autorizaba esa operación de convertir deudas en acciones. Hoy rige la Ley 1126 de 2006, que prohíbe estas jugadas.
Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción |
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Auditores de bolsillo
Pese a que el Sistema General de Seguridad Social en Salud se financia en más del 90 por ciento con recursos parafiscales y fiscales, la gestión y la fiscalización se ejecutan como si los recursos fueran privados.
En cada EPS, los auditores son personas o firmas privadas escogidas a dedo por las mismas EPS y que se prestan para encubrir los malos manejos de los recursos. Con excepción de algunas EPS públicas, no se emplean concursos de méritos ni licitaciones para escoger a los auditores. Lo mismo ocurre con la selección de interventores y liquidadores.
Recientemente, el Superintendente de Salud conformó un listado de interventores y liquidadores que cumplen requisitos y reúnen méritos suficientes para el oficio. Pero este listado no se usa, y la escogencia de auditores, contralores y liquidadores se sigue haciendo a dedo, con la complicidad de la Procuraduría.
Si los contralores y auditores se seleccionan a dedo y según oscuras conveniencias, ¿cómo se puede garantizar un proceso de auditoría y control independiente y eficaz que evite la corrupción y el caos en las EPS?
* Magister en Administración Pública del CIDE (México), fue Secretario General del Fondo Nacional Hospitalario y Coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, consultor internacional, investigador, docente universitario y autor de varios libros sobre el sector.
