No es verdad que la ministra esté creando pánico para acelerar el trámite de la reforma. En qué consiste el problema y quiénes se están robando los recursos de salud.
Iván Jaramillo Pérez*
Alarmas sin fundamento
He leído con cierto asombro y desconcierto que varios congresistas del Centro Democrático utilizan comentarios de la prensa o de redes sociales para decir que la ministra de salud, Carolina Corcho, adelanta un plan para desfinanciar el sistema de salud.
Según esta lectura, Corcho quiere causar un caos en este sector que justifique su reforma inmediata. En otras palabras, se trataría de un plan para desestabilizar el sistema de la salud antes de presentar el proyecto de ley en el Congreso y llevar a cabo la propuesta de eliminar las EPS.
Algunos han llamado a esta estrategia una “profecía autocumplida”, una especie de Nostradamus que profetiza la caída del avión antes de rebajar la gasolina. Estas profecías, como cuando se especuló a través de cálculos la existencia de Plutón antes de ser descubierto como tal, pueden estar respaldadas por hechos concretos. Sin embargo, en este caso, los hechos en lo referente al proyecto de ley sobre el presupuesto del cuál habló la ministra parecen mostrar lo contrario.
La jefe de cartera mencionó que “el presupuesto proyectado es el más alto de la historia, no es verdad que se haya desfinanciado el presupuesto de la salud”. De hecho, este proyecto contará con 82 billones de pesos que exculpan a la ministra frente a la acusación de promover un plan terrorista contra las EPS.
Esto no quiere decir que en algún momento Corcho no hubiera pensado en hacer unos recortes, quizás justificados: hay varias hipótesis sobre posibles derroches o corrupción en el sector que justifican reformas más que recortes o que la directa eliminación de las EPS. Y en todo caso la ministra no insistió en esos recortes.
Las “malas prácticas”
El superintendente saliente, Fabio Aristizábal, dijo en varias conferencias que se habían detectado setenta formas de “malas prácticas” durante su mandato, lo cual es un eufemismo para decir formas de corrupción. Después, la ministra Corcho corroboró esa afirmación en varias alocuciones diciendo que tenemos “un sistema que invita a robar”.
Días antes de finalizar su gestión, le pedí al entonces superintendente que me enviara una relación de cuáles eran los grifos por los cuales se escapaban los recursos y me envió un oficio con parte de la respuesta, el cual le agradezco.
Allí, se observa que al menos la mitad de las fugas están en las EPS y la otra mitad en las IPS. Como es obvio, si la ministra se dedica a cerrar las fugas, se puede ahorrar una cantidad significativa de recursos presupuestales sin crear el caos anunciado.
Con la información adquirida recientemente y mis treinta años de experiencia en el sector, me atrevo a formular las siguientes hipótesis y preguntas que deberán verificar los organismos de control:
- Las EPS reciben una UPC por afiliado y las normas dicen que al menos 50 000 pesos se deben destinar a Prevención y a Promoción (PyP). Sin embargo, en mi caso personal, después de 30 años de Ley 100, nunca he recibido una llamada, una vista, un folleto o un video con instrucciones sobre PyP.
¿Dónde van a parar esos 50 000 pesos? Pregunto también a alguno de mis amables lectores si recibió aunque fuera una llamada al respecto. Tengo entendido que esos recursos pueden trasladarse a las entidades territoriales para ver si ellas cumplen dentro del llamado programa de “salud a su hogar”.
- Si el presupuesto de salud se elevó por causa de la pandemia, ¿no es lógico que disminuya una vez concluida? ¿O será que las transnacionales de las vacunas quieren que les sigan comprando inmunizantes sin necesidad?
- Si nos solidarizamos con los venezolanos por su emigración forzada y les dimos un plan de salud completo, lo cual estuvo muy bien, ¿no es lógico esperar que muchos se regresen ahora y que ese presupuesto se pueda recortar?
La corrupción en el sector salud
La alta corrupción en el sector salud ha sido diagnosticada por diversos estudios y el supuesto de los Chicago Boys, asesores de la Ley 100 en 1993. Estos estudios desmintieron la creencia de que la privatización eliminaba la corrupción y confirmó que, por el contrario, la propagaba.
Pero la razón más importante ya la esbozó la ministra Carolina Corcho: los recursos están bajo control mientras estén en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ya que esta es una entidad pública y los organismos de control pueden intervenir en caso de una irregularidad.
Los recursos del sector de la salud y la del aseguramiento se la roban porque no hay quien la cuide ni la vigile. Las auditorias, cuando las hay, son como el gato que cuida el queso.
Sin embargo, cuando los recursos entran en las EPS se vuelven semipúblicos —la inversión está regulada por normas, pero no así la ejecución por medio de la contratación pública o por medio de licitación—. Después, cuando llegan a las IPS los recursos se vuelven privados y escapan totalmente del control de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Supersalud y de los 214 organismos de control que operan la denominada RITA, Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción.
Entonces, de los 82 billones del presupuesto de salud, una pequeña parte va a entidades públicas que están sujetas al control de la RITA. El grueso va a las EPS y en donde no hay control pues estas contratan con quien quieran, al precio que quieran y sin ninguna auditoria profesional.
Conviene recordar que las EPS (hacen) dicen hacer una auditoría con el apoyo de la ley que el investigador Alejandro Martín, director de TDS System, ha denominado “onanismo profesional del epígono”. Como Martín dice, “nadie puede ser juez de su propia causa”, pues ¿quién audita al auditor?
La mayoría de las auditorias de salud se denominan auditorias in house es decir ·yo con yo” y cuando se contratan con empresas auditoras externas para garantizar el profesionalismo son simples montajes, pues la selección no se hace por concurso o por el SECOP —onanismo—.
Apenas algunas EPS contratan auditorias con empresas de auditoría y cuando son seleccionadas se someten a un filtro por parte del gerente o la junta directiva para que cumplan funciones de mandatario como epígono —es decir, una persona que sigue el pensamiento, las ideas o el estilo de otra—.
Por eso aparecen los llamados carteles de la hemofilia, del sida, del cáncer, de las enfermedades poco comunes pese a que las facturas fueron auditadas.
En resumen, los recursos del sector de la salud y la del aseguramiento se la roban porque no hay quien la cuide ni la vigile. Las auditorias, cuando las hay, son como el gato que cuida el queso. No obstante, hay que esperar a que la ministra Corcho y el nuevo superintendente, Ulahy Beltrán, hagan los cambios necesarios en los sistemas de auditoría y control. Nuestra propuesta es que las auditorias las haga y las financie la Adres he ahí una tarea para el designado director Félix Martínez.
