La reelección puede ser un incentivo para garantizar buenos gobiernos. El sistema tiene riesgos y hemos tenido malas experiencias, pero los riesgos pueden controlarse y las lecciones deben aprenderse.
Que el ciudadano decida
Los debates sobre la reelección y sobre cuánto tiempo debe durar el periodo de gobierno han sido recurrentes en casi todas las democracias modernas.
En Colombia estos temas han provocado ríos de tinta y horas de discusión, especialmente desde el restablecimiento de la reelección presidencial inmediata y por una sola vez, mediante el Acto Legislativo 01 de 2004.
La reelección de alcaldes y de gobernadores ha corrido una suerte contraria: han fracaso varias iniciativas de los propios mandatarios locales y se hundió un proyecto presentado por el gobierno en agosto de 2010.
Más recientemente, el propio Juan Manuel Santos sugirió alargar el periodo presidencial a seis años y prohibir la reelección.
Menos frecuente ha sido ocuparse del papel que deberían jugar los ciudadanos en este asunto, ya sea por medio de algún mecanismo de consulta o – aún más importante – mediante el voto regular y periódico.
Y sin embargo deberían ser los ciudadanos quienes decidan cuánto tiempo permanece un gobernante en el poder, lo cual supone que existan tanto la posibilidad de reelección inmediata para todos los cargos de elección popular, con algunas reglas complementarias.
Defectos y virtudes
Los debates sobre la reelección y sobre cuánto tiempo debe durar el periodo de gobierno han sido recurrentes en casi todas las democracias modernas.
Existe mucha literatura acerca de la reelección; en el balance se plantean como factores en contra:
- – que el titular del cargo acaba haciendo campaña en la parte final de su periodo y descuida las labores de gobierno;
- – que el poder se retroalimenta de manera que el presidente o funcionario pueden abusar de los recursos del Estado para hacer campaña y perpetuarse en el poder;
- – que, como efecto de lo anterior, se afecta la libre competencia política, pues el gobernante en ejercicio cuenta con ventajas;
- – que el sistema estimula la corrupción y el personalismo en la política;
- – que se desestimula la aparición de nuevos líderes.
De otra parte, se aboga por la reelección con argumentos como los siguientes:
- – que los presidentes de un solo período — cuatrienio, quinquenio o sexenio — se debilitan, pues no pueden proyectar su obra ni sus programas;
- – que los buenos gobernantes — presidentes, alcaldes, gobernadores — deberían ser recompensados al volverlos a elegir;
- – que buenos líderes y gobernantes no surgen todos los días y por ello se debe aprovechar este talento, en lugar de quemarlos tras un solo periodo [1].
Hay argumentos de parte y parte. No obstante, el factor que puede inclinar la balanza a favor de la reelección inmediata — aunque limitada a uno o máximo a dos períodos — consiste en que también se le da un mayor poder a los ciudadanos: decidir si mantienen o no su apoyo a los gobernantes mediante su voto.
Habrían de ser los electores, no una regla de prohibición, quienes decidan cuánto tiempo debe mantenerse en el poder un gobernante.
|
Foto: www.hispantv.com |
¿Largos períodos = déficit democrático?
En una columna reciente en El Tiempo, Eduardo Posada Carbó zanjó la cuestión de modo un tanto dogmático: “Tanto la alternación como los períodos relativamente cortos obedecen a una lógica política democrática, ajena a una racionalidad estrictamente administrativa y tecnocrática. Y la estabilidad que cuenta en democracia está basada en las certidumbres de sus tiempos electorales, que desbaratan estos repetidos intentos de reformas” [2].
También lo contrario obedece a una sana lógica democrática: la permanencia de un gobernante o de un partido en el poder mediante elecciones limpias, libres y periódicas, igual que los periodos relativamente largos de gobierno (dos o tres periodos consecutivos).
Retomo la afirmación de Posada, en la misma columna, según la cual “no hay, de todas maneras, fórmulas para periodos perfectos de aplicación universal”. En regímenes parlamentarios hay casos de largos periodos que no violaron las normas democráticas:
- – Felipe González en España, entre 1982 y1996;
- – François Mitterrand en Francia, entre 1981 y 1995;
- – Margaret Thatcher en Gran Bretaña, entre 1979 y 1990.
También bajo regímenes presidenciales de América Latina, se han dado casos recientes de gobernantes que permanecen en sus cargos por más de un periodo, gracias a procesos electorales y mediante mayorías legítimas como:
- – Fernando Enrique Cardozo, quien gobernó en Brasil entre 1995 y 2002;
- – Luiz Inácio Lula da Silva, también gobernó al Brasil entre 2003 y 2010;
- – Rafael Correa, quien lleva tres periodos gobernando en Ecuador;
- – Evo Morales, que lleva dos periodos como Presidente de Bolivia;
- – Hugo Chávez, que se mantuvo durante catorce años en el poder mediante el voto popular.
Resulta impropio calificar a la ligera a todos estos gobernantes como no democráticos. Otra cosa es que no se compartan las políticas de unos u otros.
|
Foto: www.flickr.com/photos/ronald-duenas/ |
Reelección, con controles
Giovanni Sartori señalaba en 1994: “cualquier cargo desprovisto de incentivos de recompensa al buen desempeño es un cargo mal concebido”. En los debates posteriores, ha hecho carrera el concepto de accountability, de rendición de cuentas electoral, para abordar el análisis del periodo de los gobernantes [3]
En su versión de política electoral, el argumento es el mismo: los electores deben contar con la posibilidad de premiar o de castigar a los partidos y a los gobernantes a partir de una evaluación de su desempeño – tanto de lo que hicieron durante su periodo (retrospectivo) como de lo que proponen hacer en el futuro (prospectivo).
Si confiamos en la capacidad de los ciudadanos para discernir y tomar buenas decisiones, entonces también deberíamos pensar en permitir la reelección, al menos durante uno o dos periodos.
Sin embargo ya dije que la reelección no está exenta de peligros y por eso es necesario acompañarla de otras normas institucionales, como son:
a. contar con un consejo independiente para garantizar la transparencia en las contribuciones de campaña;
b. garantizar la operatividad de un departamento estatal independiente de auditoría;
c. disponer de un instituto independiente que suministre información estadística confiable sobre la situación económica real del país, para que los electores estén bien informados;
d. dar garantías efectivas a la oposición;
e. garantizar a todos los candidatos el acceso efectivo y equitativo a los medios públicos de comunicación[4].
También se afirma la necesidad de facilitar la revocatoria del mandato — al menos para gobernantes locales — que permita a los ciudadanos corregir su decisión cuando detecten que el funcionario no está cumpliendo el programa para el cual fue elegido.
Habrían de ser los electores, no una regla de prohibición, quienes decidan cuánto tiempo debe mantenerse en el poder un gobernante.
Temores del pasado
América Latina arrastra una larga historia de dictaduras y la huella profunda del presidencialismo y el personalismo en la vida política. Este amargo pasado suele invocarse como argumento en contra de la reelección.
Pero asociar la reelección con el riesgo de que resurjan dictaduras militares o civiles es un temor infundado: los tiempos son otros y la tentación de establecer gobiernos de facto sencillamente ya no está vigente. Así lo indican la mejoría de los procedimientos electorales, las transiciones a la democracia desde la década de 1980, el protagonismo de la sociedad civil y el nuevo contexto internacional – refractario a los golpes de Estado e inclinado a imponer fuertes sanciones-.
Con respecto al personalismo, esta variable está determinada por la debilidad de los partidos políticos y por el tipo de liderazgo que se gesta en aquellas circunstancias, pero es independiente de si se permite o no la reelección.
Otro factor que alimenta justificadamente el recelo frente a la reelección — muy presente en Colombia — es la existencia de organizaciones criminales que han capturado al Estado en el nivel local e incluso algunas esferas del poder central.
Esta realidad constituye el principal argumento para oponerse a la reelección, especialmente la de alcaldes y de gobernadores. El antídoto no está en prohibir la reelección, sino es contrarrestar la presencia de estos poderes fácticos y sus modus operandi gracias a un buen funcionamiento de los aparatos coactivos del Estado, de una justicia eficiente y de órganos de control autónomos, de tal forma que sea posible la rendición de cuentas interinstitucional — el control y la regulación entre esferas gubernamentales — especialmente en términos de vigilar y sancionar a los funcionarios.
Giovanni Sartori señalaba en 1994: “cualquier cargo desprovisto de incentivos de recompensa al buen desempeño es un cargo mal concebido”.
Triple foul sin sanción de Álvaro Uribe Vélez
Posada Carbó sí tiene razón sobre lo inconveniente de continuas reformas institucionales y del cambio permanente de la reglas de juego. Colombia es un caso de cuasi–volatilidad institucional, con cambios repetidos de las reglas de juego: contando la Constitución de 1991, van cuatro reformas electorales en tan solo dos décadas.
Ante esa inestabilidad, los actores políticos acaban por usar el poder para cambiar las reglas en su beneficio, lo cual conduce a un círculo vicioso.
Pero Posada olvida mencionar un asunto central: el modo por lo menos discutible cómo se llevaron a cabo estas reformas y, sobre todo, la que adoptó la reelección presidencial, asegurada mediante sobornos y compra de votos de parlamentarios, donde se impuso ilegalmente una coalición prefabricada y de la cual hicieron parte congresistas vinculados con grupos criminales.
Las experiencias recientes en América Latina despiertan recelos válidos sobre la reelección presidencial — y en algunos casos, también la de mandatarios locales — debido a infracciones cometidas por los jugadores: gobernantes que modificaron o impulsaron el cambio de las reglas a su favor desde el poder. Así sucedió con presidentes autoproclamados como de izquierda en la región andina — Chávez y Correa — y en Nicaragua.
Pero también se produjo con un gobernante identificado con principios y orientaciones de derecha como Álvaro Uribe, con tres agravantes, un triple foul en este caso:
- – el cambio de reglas de juego se logró mediante una violación comprobada de la ley y el delito de cohecho;
- – con socios vinculados a grupos criminales;
- – y obrando en beneficio propio, mientras ejercía el poder.
Sí conviene
En resumen, la reelección y la posibilidad de prolongar el periodo de los gobernantes tienen más virtudes que defectos y estos últimos se pueden matizar o contrarrestar. Son comprensibles los recelos que ha despertado en Colombia en el nivel nacional y los temores que surgen en los niveles municipal y departamental. No obstante, si se acompaña la reelección de otros cambios que reduzcan los riesgos anotados, no hay por qué oponerse a ella.
La respuesta a la pregunta inicial puede ser, entonces: los gobernantes — tanto en el nivel nacional como en el territorial — deberían contar con la posibilidad de ser reelegidos por uno o dos periodos. Buscar el favor de los ciudadanos debe constituirse en un incentivo sano para garantizar buenos gobiernos.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
