El peor momento

En mi casa materna, cuando ocurría un suceso adverso y difícil de sobrellevar, mi abuela decía, con tono de sentencia bíblica, “esta sí fue la hora llegada”.

Después de trece meses de pandemia, Colombia parece estar en la hora llegada: la ocupación de las camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está por encima del 90%. En ciudades como Medellín, la red hospitalaria está al borde del colapso. Se están agotando las reservas de oxígeno y no hay intensivistas para poder aumentar el número de camas de UCI.

Cuando alguien sale de cuidados intensivos hay en fila dos o tres personas más y se tiene que recurrir el “triaje ético”—un protocolo mediante el cual los médicos deciden quién vive y quién muere—. Si todo sigue igual, en pocos días habría decenas o quizás centenares de personas esperando su turno en una UCI.

Hace unos meses, era previsible que esto ocurriera, pero no se tomaron las medidas suficientes: se relajó la prevención, la vacunación comenzó tarde y no se crearon alternativas ante la insuficiencia de UCI.

En el horizonte aparecen tres estrategias de respuesta: extremar las medidas de prevención, vacunar más rápido, y ampliar el número de UCI.

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La prevención

A diferencia de las dolencias que necesitan médicos, medicamentos y hospitales, las medidas de prevención en salud no tienen una demanda espontánea. Por eso, la prevención y la promoción requieren una “demanda inducida” mediante la educación, la publicidad y, en ocasiones, la coacción con medidas policivas como los toques de queda y los confinamientos obligatorios.

Casi siempre, las medidas de prevención dependen de la iniciativa individual, en este caso, el uso del tapabocas o el distanciamiento físico. Pero cuando se trata de controlar enfermedades trasmisibles, como la COVID-19, se necesita la presencia del Estado para vigilar el cumplimiento de estas medidas.

Por eso, el concepto de “salud pública” va más allá del mercado o de las decisiones individuales, y está ligado a las intervenciones necesarias del Estado para el beneficio colectivo.

Estas intervenciones se caracterizan por ser extrahospitalarias y no necesitar la participación de los profesionales de la salud, pues son acciones que pueden ser realizadas por la policía o por los medios de comunicación.

Hoy mas que nunca se ha debido distinguir entre el concepto de “salud pública” ligada al beneficio de la colectividad y el de la “salud privada”, para beneficio individual.

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Las vacunas

La decisión de no vacunarse puede afectar el bienestar colectivo. Dadas el riesgo de contagio, las vacunas deberían ser un bien público obligatorio, además de universal y gratuito.

Hasta ahora los gobiernos no han establecido la obligatoriedad de aplicarse la vacuna y esto podría retrasar la llamada “inmunidad de rebaño”, que necesita una cobertura de al menos el 70% de la población.

En todo caso, aún no es seguro que con ese porcentaje se logre romper la cadena de transmisión. En el caso del sarampión, es necesario vacunar aproximadamente al 95 % de una población para que el otro 5 % esté protegido. En el caso de la poliomielitis, el umbral es aproximadamente del 80 %.

Actualmente hay 15 compañías farmacéuticas que están produciendo vacunas contra la COVID-19, y se han otorgado licencias a empresas productoras en 33 países. Colombia ha adquirido vacunas de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca.

Hoy, la cobertura de vacunación no llega al 5 % de la población total. Si seguimos a este ritmo, tardaríamos varios años para alcanzar la inmunidad de rebaño. Actualmente los contagiados representan el 6 % de la población y los muertos el 3% de los contagiados.

Más UCI

El sistema de salud opera como un partido de beisbol donde los alcaldes y gobernadores son los bateadores y las bolas que deben rechazar son el virus.

Si las bolas logran pasar ese primer filtro, entonces a los hospitales les toca hacer de cátcher y “recoger” a los contagiados, bien sea con tratamientos caseros, hospitalarios de nivel intermedio o de cuidados intensivos.

A lo largo de la pandemia, el sistema hospitalario ha conseguido un logro impresionante. En trece meses, casi se triplicaron las camas UCI: en febrero de 2020 había 5.346 UCI y hoy hay alrededor de 12.000. Infortunadamente, eso no ha sido suficiente. Solo en Bogotá, donde la ocupación llega al 90 %, hay entre 300 y 320 solicitudes de UCI al día, lo cual implica que la ocupación puede aumentar entre 1 y 2 puntos diarios.

¿De dónde salieron esas casi 8.000 camas nuevas? ¿Y quién invirtió esos recursos?:

• El gobierno nacional distribuyó un poco más 700 ventiladores;
• El gobierno norteamericano aportó otros 300; y
• La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) entrega mensualmente a las IPS 482 pesos por cada UCI. Esa cifra está lejos de cubrir la inversión que se requiere.

Un intensivista cobra aproximadamente 115.000 pesos por hora y 22 millones por mes. Esto significa que las IPS privadas y las Empresas Sociales del Estado están aportando una parte importante de sus recursos propios, para después cobrárselos a las EPS, las cuales deben pagar no menos de 1.000.000 de pesos por día de cuidados intensivos. En vez de resultar una carga económica para los hospitales y clínicas, la pandemia se ha convertido en un importante negocio.

Según lo han dicho varios alcaldes y gobernadores, la dificultad para aumentar el número de UCI no se encuentra en la tecnología ni en los recursos financieros, sino en los recursos humanos. No existen suficientes intensivistas que puedan atender tantas UCI, y cada intensivista necesita ocho años de formación, a lo cual se suma problemas coyunturales de falta de oxígeno y de medicamentos de apoyo para hacer eficaz su labor.

En condiciones de emergencia como la actual, debería pensarse en recurrir a otras medidas, por ejemplo, a la “importación” de médicos intensivistas extranjeros o al apoyo de profesionales de la salud que no sean expertos.