“Dilación y filibusterismo”

Contra viento y marea, el gobierno Petro se ha empecinado en sacar adelante la reforma en salud con el proyecto de Ley 339 de 2023 y aunque el 80 % de la población en las encuestas considera aceptable el sistema actual. Además, los expertos afirman que, si bien el sistema colombiano no es el mejor del mundo, está entre los mayores avances en política social del país en el último siglo.

Es claro que Petro quiere tumbar el actual sistema no porque sea malo —aunque así lo dice— sino porque intermedia 80 billones de pesos y porque ayuda a sostener  el orden conservador de Colombia, como bien lo dice Hernando Gómez Buendía en su libro. Es decir, el sistema de salud sostiene al régimen político como lo hacen las bancadas o la iglesia.

No obstante, después de modificar al menos la mitad del articulado y de hacer concesiones a la oposición al dejar vivas a las EPS, el proyecto de ley cursó exitosamente el primer debate y está a más de medio camino del segundo.

Pero, según la exministra Corcho, está siendo frenado gracias a una estrategia de “dilación y filibusterismo”, concepto acuñado por las democracias parlamentarias para describir el bloqueo a los proyectos que pueden tener un respaldo mayoritario, pero sobre los cuales se habla y se habla sin dejar que los congresistas voten y lo aprueben.

Fue así como se creó una comisión accidental con 23 representantes de todas las bancadas para negociar, supuestamente, pero en realidad es para hablar y dilatar.

Me comuniqué con la representante del Tolima, Martha Alfonso, ponente y líder del proyecto junto con el representante Alfredo Mondragón, y ella me ha dicho que no se ha podido producir un documento de conclusiones o de avances con proposiciones aprobadas. En su opinión hay freno, dilación y confusión, y no se han logrado avances importantes, aunque el Pacto Histórico tiene la dirección de la comisión y una mayoría de integrantes.

¿Pero cuál es el problema de fondo?

Puede ver: Los efectos por la incertidumbre en la reforma a la salud

Los dos negocios de las EPS

Todos están de acuerdo en la necesidad de mejorar el sistema de salud y ampliar el acceso a los servicios en varias regiones.

Pero el problema de fondo sigue siendo el de las EPS. Aunque el gobierno aceptó a regañadientes que sigan existiendo, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre cuál va a ser su función. En esencia, el tema de discusión no es la salud, sino el manejo de los 80 billones de pesos.

Conviene recordar que, en un principio, las EPS no eran aseguradoras. Eran administradoras de los recursos porque recibían unas sumas llamadas Unidades de Pago Por Capitación (UPC) según su listado mensual de afiliados (LMA), recursos que esas EPS repartían entre las IPS en proporción a los servicios prestados por cada una de ellas —y sobre la base de las facturas radicadas—.

Pero en 2014, los ministros de Hacienda y Salud, Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria, resolvieron convertir las EPS en aseguradoras similares a las privadas. Para esto, estas entidades debían cumplir las normas de Basilea en materia de patrimonio mínimo y adecuado, reservas técnicas y régimen de inversiones, según lo establecido en el Decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014.

Pero después de nueve años, se comprueba que apenas cuatro EPS han cumplido las normas de Basilea, a saber: Sura EPS, Salud Total, Compensar y Sanitas. Los superintendentes, que por lo general son agentes promovidos a ese cargo por las propias EPS, se han dedicado a sacar decretos que amplían el plazo inicial de tres años y que ya van en más de diez. Ni siquiera la NUEVA EPS cumple el régimen de inversiones exigido por Basilea.

Para estas cuatro EPS, hay dos tipos de negocios:

• el negocio de la salud que crea “utilidades” mediante su operación ordinaria de recibir UPC y pagar facturas, y
• la gestión financiera con el régimen de inversiones que produce “ganancias”, gracias a la rentabilidad de las inversiones en títulos valor.

Sin embargo, en los últimos años, el primer negocio ha ido en declive mientras que el segundo ha ido en ascenso. Para 24 de las 28 EPS restantes del régimen contributivo y las del régimen subsidiado, no existe el negocio financiero porque la plata no les alcanza para hacer inversiones en títulos o mejor se la entregan a las IPS sin auditoría.

Su negocio ahora es obtener utilidades en la operación de los servicios de salud sobre todo mediante la “integración vertical”, es decir mediante sus propias IPS, las cuales reciben jugosos anticipos que se renuevan periódicamente y se convierten en créditos de largo plazo, pero sin pagar intereses.

Según decía Paula Acosta, antigua directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el negocio de las EPS es malo porque apenas produce el 3 % anual de rentabilidad. En cambio, el negocio de las IPS produce un 28 % anual. En este sistema algunos políticos medran y se sitúan como intermediarios, cobrando comisiones para que las EPS les paguen a las IPS.

El caso de Sura EPS

Para dar un ejemplo de lo que pasa en las EPS sanas y ricas, está el caso Sura EPS que tiene 5.373.599 afiliados y debe a las IPS 761 mil millones de pesos —lo cual no es mucho en relación con los 23 billones que deben las 28 EPS en su conjunto—.

Pero Sura es de las pocas que cumple el régimen de inversiones que exige Basilea (8 % del total de su presupuesto anual) y esta EPS tiene el 25 %. Para junio de este año, tenía reservas de un billón y medio de pesos, es decir que debe apenas el 53 % de lo que tiene invertido, pero no se sabe si esos recursos son privados o públicos y si los tiene que devolver si pasa la reforma del gobierno.

Esta aseguradora se queja en las páginas de El Tiempo porque han disminuido sus utilidades, lo cual es verdad —puesto que recibió 359 mil millones de pesos en utilidades en los años 2021, 2022 y 2023, pero disminuyó su patrimonio en doscientos mil millones en un lapso de tres años—.

Pero lo que el gerente no dice es que la EPS Sura recibió ganancias de 373 mil millones de pesos en la operación financiera.  Estos datos pueden ser verificados por cualquier contador, toda vez que los estados financieros están publicados obligatoriamente en su página web.

El proyecto de Ley 339 le quitaría a Sura EPS la media bobada de un billón y medio de pesos de sus reservas, y además 141 mil millones en ganancias financieras por cada año. Solo le dejaría el “negocio de salud” que por cierto está en declive porque sus ganancias se han reducido en 200 mil millones de pesos en estos tres años. De ahí, las quejas de las EPS del cual habla Félix Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES),  porque no les pagan cuando en realidad van a perder por el negocio si el proyecto de ley pasa.

Manejar pacientes, pero no plata

Para Galo Viana, presidente de Gestar Salud, que es el gremio de las EPS del Régimen Subsidiado, el papel de las EPS es “manejar a los pacientes”, hacerles prevención y promoción, otorgarles citas, atenderlos de urgencias, hospitalizarlos, tratarlos en las UCI, hacerles cirugías o entregarles medicamentos.

A cambio de esto, las EPS reciben el 8 % de la UPC. Claro que les quedan otros negocios, sobre todo con los medicamentos de marca, las cirugías y la tecnología innecesaria.

Para el caso del Régimen Contributivo, el exministro Mauricio Cárdenas dijo que las EPS se hicieron para “manejar la plata” y que la teoría de que las EPS sólo manejen pacientes y no plata es un absurdo.

Queda claro que bajo el liderazgo de la dupla ANIF-ACEMI, el proyecto de Ley 339 está muerto y que algunos parlamentarios seguramente actúan como mandaderos del poder económico. Para este grupo de EPS y sus parlamentarios defensores, la subsistencia de las EPS como “gestoras de salud” manejando solo pacientes, pero no la plata es poco menos que una burla del gobierno Petro.

En cambio, la reforma está bien para la mayoría de las otras EPS del régimen contributivo que no tienen inversiones financieras y también para las EPS del régimen subsidiado que siempre han estado sometidas al “giro directo”. Esto lo dicen apenas en voz baja, porque los que mandan en el gremio y tienen la plata son las cuatro grandes mencionadas.

Es de observar entonces que no todas las EPS están en el bando del ANIF-ACEMI.  Las EPS del Régimen Subsidiado nunca han dejado ser administradoras del sistema, exceptuando quizás Mutual SER y Coosalud que han intentado ser aseguradoras sin lograrlo.

Debo recordar que antes de 2014, las EPS eran apenas administradoras del sistema porque ninguna cumplía los estándares de Basilea que se requieren para tener ese estatus de aseguradora. Resulta paradójico que, gracias a estas exigencias de Basilea, que no son del agrado del gobierno Petro, el actual superintendente de salud, Ulahy Beltrán, haya logrado intervenir sin misericordia o liquidar al menos siete EPS que no cumplen esos requisitos.

Más paradójico aún es que el proyecto de Ley 339 exonera a las EPS de cumplir con los exigentes estándares de las aseguradoras privadas. Como dice Petro, la reforma salva a las EPS como administradoras, pero no a las aseguradoras. Si la reforma no se hace, con el tiempo desaparecerá la gran mayoría y quedarán vivas solamente   cuatro.

Pero surge la duda de si estas cuatro súper EPS, ahora llamadas “gestoras de salud y vida”, podrán cargar con el grueso de 50 millones de afiliados o será que por el efecto dominó quedarán igualmente aplastadas por el peso de su propio éxito.

Lea en Razón Pública: ¿Se acerca un colapso en el sistema de salud colombiano?