
Los problemas de salud y las elecciones
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La “crisis del sistema de salud” por la cual la población reclama al Gobierno se debe a la destrucción de las escaleras de acceso a los servicios: a las citas, a la hospitalización, a las cirugías y a los medicamentos. Esta crisis impacto el resultado electoral.
Los resultados electorales son producto (siguiendo las teorías de la dominación de Max Weber) del “carisma” de los líderes, que se presentan como salvadores del pueblo y hoy están potenciados por las redes sociales; la segunda forma de dominación sobre el electorado se da por la manipulación de la “tradición” en la filiación política que pesa sobre los votantes, y en tercer lugar el dominio de los electores se da por el interés y la agitación que tienen los programas propuestos para cambiar o mejorar el “ordenamiento racional-legal”. Pero, en la base de todo, menciona Weber, está la denominada “constelación de intereses” económicos, que incluye todo tipo de beneficios, personales y grupales, entre ellos el empleo, la vivienda, la educación, el transporte y la salud, que los políticos saben prometer e intermediar muy bien y así conformar sus “clientelas” electorales.
Pero ¿cuál es el peso relativo de esos diversos intereses? Una encuesta reciente sobre los problemas que la población plantea y ante los cuales espera una respuesta política puede ayudar a establecer las prioridades. Para ello, consultamos el estudio realizado entre el 11 y el 30 de mayo de 2026 por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group, aplicado a 1.560 personas en 47 municipios del país.
La encuesta concluye que el saliente gobierno de Gustavo Petro logró que la salud, según la opinión del 26,1% de los consultados, se convirtiera en la principal preocupación de los colombianos por su mal manejo. Con esto la salud desplazó temas históricamente dominantes en la agenda pública como la corrupción, que ahora registra solo el 19,8% de las opiniones, y con menos importancia relativa la inseguridad, el desempleo, la educación y otros temas que completan la opinión restante.
Las intervenciones como la solución provisional
Como solución provisional a los problemas de salud, el Gobierno intervino varias EPS y hoy están bajo el control estatal de la Superintendencia de Salud: la Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca. Incluyendo la devolución de Sanitas y Savia Salud.
Se encontró que las EPS presentan un endeudamiento creciente con los prestadores de servicios y los proveedores, que se agravó con las intervenciones. Es así que hoy se contabilizan $33 billones en cuentas por pagar de las EPS a las IPS, a lo cual se suma la ausencia de reservas técnicas para cumplir sus obligaciones.
El estudio muestra que los afiliados a las “EPS intervenidas” por el Gobierno reportan mayores dificultades para acceder a servicios, más demoras en citas médicas, menor entrega completa de medicamentos, más negaciones de servicios y mayores gastos de bolsillo que los usuarios de EPS no intervenidas.
Se encontró además que el deterioro de los servicios de salud ha provocado un incremento en las reclamaciones y en las tutelas y ha producido un gran impacto en el gasto de bolsillo. El porcentaje de usuarios que aseguró haber recibido la atención requerida, pero con dificultades, asciende a 48,3% en las EPS intervenidas, frente a 37,7 por ciento en las no intervenidas.
La reforma como la solución definitiva
Como se sabe, el Gobierno radicó un proyecto de reforma en el Congreso con la pretensión de encontrar una solución definitiva a la intermediación financiera de las EPS, a la prevención y a la situación laboral del sector.
Pero el proyecto de reforma tuvo un doble fracaso en su trámite ante el Congreso como proyecto de ley, pero en buena parte sus tres objetivos centrales se consiguieron en la ejecución de las políticas ordinaria, así:
- La pretensión de desarrollar un sistema preventivo y predictivo de salud, pese a que dos intentos reglamentarios para profundizar su gestión fueron detenidos por el poder judicial; se ha logrado dentro del marco de la Ley 1438 de 2011, y el Gobierno se enorgullece de presentar sus resultados como el gran logro de su gestión.
- El proyecto de reforma por ley pretendía principalmente eliminar, la intermediación financiera y la existencia misma de las EPS. Lo primero se logró en buena medida gracias a la ley del Plan y a los giros directos de la Adres, que hoy representan el 80% de los recursos y llegan a los prestadores sin pasar por las EPS. Está en trámite además un decreto para lograr que el 90% de los recursos se ejecuten mediante estos giros directos. De otra parte, la “administración pública de los recursos públicos” preconizada como la gran solución se ha ejercido a través de las nueve EPS intervenidas, pero sin el éxito esperado. Y, como dicen muchos analistas, ha sido peor la cura que la enfermedad.
- La reforma laboral en beneficio de los trabajadores de la salud no se logró en forma explícita, pero el Decreto 581 de 2026 limitó la tercerización laboral, lo cual es aplicable a los hospitales públicos, al prohibir la entrega a las cooperativas de trabajadores la administración de las nóminas tal como se venía haciendo.
Según la encuesta mencionada de la U. Andes, aunque el 43,6% manifiesta estar de acuerdo con una reforma al sistema de salud, apenas el 30,4% respalda la desaparición de las EPS; además, el 57,6% considera que la responsabilidad de garantizar la atención debe recaer tanto en el Estado como en el sector privado.
Es de observar que el Gobierno señaló a las EPS como responsables del desfalco generalizado en salud; sin embargo, en cuatro años no fue capaz de judicializar a un solo propietario o administrador de las EPS y solo consiguió imputar cargos al exgerente de la Nueva EPS, pero solo por la décima parte de los anuncios públicos de malos manejos, supuestamente por más de $6 billones. El cargo, además, se formuló por registros contables inadecuados y no por corrupción.
En consecuencia, el Gobierno fracasó en su intento de eliminar las EPS y no parece probable que una nueva radicación de un proyecto en ese sentido progrese, más aún después de la derrota electoral del Pacto Histórico,

El autoengaño de Petro
“La crisis del sistema de salud” por la cual la población reclama al Gobierno se debe a la destrucción de las escaleras de acceso a los servicios: a las citas, a la hospitalización, a las cirugías y a los medicamentos. No obstante, el presidente Petro, en sus alocuciones, dice que “la salud está bien” porque algunos indicadores de salud pública, como la mortalidad materna e infantil, han mejorado o se han mantenido constantes.
El presidente Petro ignora, en sus análisis, que el Gobierno no es responsable de todo el estado de salud de la población y solo tiene responsabilidad directa sobre las escaleras a los servicios de salud bajo su control. Pero hay otros “determinantes” que son de responsabilidad biológica, social y ambiental y cuyos resultados son producto de los cambios ocurridos a lo largo de al menos treinta años.
Petro parece no saber que el “estado de salud” de una población depende de cuatro “determinantes” principales, según el célebre “Modelo de Marc Lalonde (1974)”, que asigna a cada factor el siguiente peso relativo:
- 50% – Estilos de vida y conductas de salud: Decisiones personales sobre alimentación, ejercicio, consumo de tabaco/alcohol y prevención.
- 25% – Medio ambiente: Factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales del entorno.
- 15% – Biología humana: Herencia genética, predisposiciones biológicas y envejecimiento.
- 10% – Sistema sanitario: Calidad, accesibilidad, financiamiento y cobertura de los servicios médicos.
Fue precisamente este marco el que transformó la salud pública al demostrar que la inversión en entornos saludables y en los cambios de conducta, entre ellos como prioridad los estilos de vida, que impactan más la salud que los gastos exclusivamente en atención médica.
En consecuencia, los gobiernos deben responder especialmente por el 10% de los determinantes de la salud que tienen que ver con el acceso a los servicios y es precisamente esa parte la que ha quedado desfinanciada y mal administrada por las políticas de Petro. Menos mal que los otros determinantes, como las mejoras en los estilos de vida, gracias entre otras a las ciclovías, al ejercicio y a los limites en el consumo de tabaco y de licores, entre otros. Así mismo como la atención de partos por profesionales, que hace muchos años han estado en el 98% de los nacimientos, han cumplido con su papel mejorando los indicadores de salud pública.
Los errores de estrategia para lograr la reforma de la salud.
Cuando se inició el “gobierno del cambio”, se presentó un programa de múltiples reformas: la de salud como reforma bandera, luego la laboral, la salarial, la pensional, la agraria, entre otras.
A pesar de que el sistema de salud contaba con un grado de satisfacción de un 80% o más, se decidió iniciar el proceso con esa reforma (quizás se debió empezar por la reforma laboral). Sin embargo, la reforma no contaba con consenso entre los diversos actores e incluso entre los miembros del gabinete, lo cual propició un debate que, a la postre, rompió la coalición de gobierno y provocó la salida de los ministros José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria.
Lo que no preveía el Gobierno era que la anunciada reforma: 1. Que fracasaría en dos ocasiones en el Congreso, 2. Que los objetivos de la reforma se podrían conseguir en gran media sin el trámite de la ley, y 3. Que la ruptura del gabinete, y con ella de la coalición de gobierno de izquierda con el centro político, llevaría a buscar métodos “non sanctos” para conseguir los votos necesarios en el Congreso, luego a buscar una Constituyente como alternativa ante el fracaso anterior y finalmente a producir la pérdida del Gobierno por la vía electoral, tal como ocurrió con los resultados electorales a favor de la oposición con Abelardo de la Espriella.
Podría decirse que el Pacto Histórico perdió las elecciones de 2026 en los primeros seis meses del gobierno de Petro; pues la alianza final con el centro político, que no llegó a concretarse, quizás habría sido posible si se hubiera preservado el gabinete inicial.
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Acerca del autor
Iván Jaramillo
* Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.
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