Ángel Pérez, autor en Razón Pública
Foto: Ministerio de Educación

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La calidad del sistema educativo no mejora. En la vida cotidiana sufrimos la falta de sentido crítico y de formación para ser ciudadanos. ¿Cuáles son los retos para mejorar la educación en el país?

Ángel Pérez Martínez*

No pasamos

Las pruebas PISA 2022 confirman que el sistema educativo de Colombia es de mala calidad; que estamos lejos del promedio de la OCDE o, en América Latina, de Chile.

Otros países latinoamericanos nos empiezan a superar en matemáticas, lectura y ciencias. Sin embargo, en Bogotá, por los colegios privados y por las significativas mejoras alcanzadas por la educación oficial, los estudiantes superan a los países vecinos y se acercan al promedio de la OCDE.

Cuadro 1. Comparación de resultados entre Colombia y América Latina
Cuadro 1. Comparación de resultados entre Colombia y América Latina

Le recomendamos: El estado de la educación en Colombia según las pruebas Pisa

16 años mal y sin cambios en educación

Nada nuevo: los bajos puntajes de los estudiantes colombianos de 15 años se han mantenido desde el 2006. En PISA 2022, el 71 % de los estudiantes colombianos no alcanza las competencias básicas en matemáticas; el 51 % no alcanza el nivel básico en ciencias y lectura (nivel 2 de PISA).

Un par de datos favorables:

  • El índice “Estatus económico, social y cultural” de las pruebas PISA mide la diferencia entre estudiantes socioeconómicamente favorecidos y desfavorecidos. En Colombia es de 79 puntos; el promedio de la OCDE es de 93.
  • Las diferencias entre sexos: los niños colombianos lograron 12 puntos más que las niñas; en la OCDE, esta diferencia alcanza 24 puntos.

Consecuencias según este diagnóstico

Según los resultados de PISA (2022), lo mínimo deseable sería alcanzar el nivel 2: la base que los estudiantes necesitan para integrarse y aportar a la sociedad.

La mayoría de los estudiantes de Colombia, según la OCDE, alcanzan el nivel 1: “no pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo representar matemáticamente una situación simple, por ejemplo, comparar la distancia total a través de dos rutas alternas o convertir precios a una moneda diferente”.

Para mejorar la calidad de la educación, hay que transformar las facultades de educación. En el país existe amplia evidencia sobre los bajos resultados de las licenciaturas y de las facultades de educación.

Foto: Alcaldía de Medellín - Se debe garantizar el acceso a tres grados de preescolar. En Bogotá el acceso a prejardín en educación pública es solo del 20 %.
Además, tendrán menos probabilidades de completar la educación superior y conseguir mejores empleos en el futuro.

Estos resultados son similares a los puntajes obtenidos por los bachilleres en las pruebas SABER 11 de 2022: el promedio de los estudiantes de grado 11 fue de 250 (sobre 500 puntos).

El promedio más alto fue el de 2016: 258 puntos. En 2022 hubo diferencias notables entre educación pública y privada: 243,6 en la pública frente a 273,1 en la privada de calendario A.

Según las pruebas SABER 11, más del 80 % de los estudiantes de grado undécimo no logran comprender textos y discursos básicos.

Más grave: los resultados de las pruebas PISA y SABER están relacionados con la escasa influencia de la educación en el pensamiento crítico, lo que fortalecería una ciudadanía activa, así como el desarrollo social, político y económico de los colombianos.

La baja calidad de la educación perjudica el desarrollo

Hay avances en cobertura y permanencia; pero en la vida cotidiana sufrimos por la falta de sentido crítico y los problemas causados por la deficiencia de formación en ciudadanía (convivencia, participación, democracia, derechos).

La evidencia son la corrupción y narcotráfico, los altos niveles de embarazo y violencia juvenil, la baja productividad económica, las exclusiones de todo tipo y transgresiones permanentes a la ley.

La cobertura y la permanencia en el sistema educativo aumentaron en lo transcurrido de este siglo. Según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane (2022), “las personas de 15 a 24 años de edad habían acumulado, en promedio, 10,1 años de educación en 2022, lo que equivale a haber terminado el grado 10.° de media”.

Tenemos pruebas de que los jóvenes menores de 24 años han estado en promedio más de 10 años en el sistema educativo. Por otro lado, según el Dane, el 43 % de las mujeres fueron madres por primera vez cuando tenían entre 15 y 19 años, y el 2 % eran menores de 14 años.

Igual sucede con la violencia juvenil, según el Dane, “del total nacional de las personas que reportaron haber estado involucradas en riñas y peleas que implicaron violencia física durante el año 2021, el 36,2 % eran adolescentes y jóvenes entre los 15 y 24 años”.

Diversos estudios señalan que la mala calidad de la educación tiene efectos en el desarrollo económico del país, en la productividad de la economía, en la distribución del ingreso y en los resultados de pobreza.

La negligencia de Fecode

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha cumplido con el objetivo central de un sindicato: lograr mejores salarios para los docentes, estabilidad y políticas de bienestar social. Pero han pasado a ser secundarias la calidad de la educación y la preocupación de cómo responder a las necesidades educativas de los estudiantes más pobres.

Después del movimiento pedagógico de los años ochenta y noventa, en la junta directiva de Fecode se impuso la línea ideológica de quienes creían que la esencia del sindicato era participar en la lucha partidista y defender la posición política de los movimientos de izquierda, sin dejar a un lado la estabilidad laboral y las garantías salariales.

Además, Fecode ha sido parco en utilizar el concepto de calidad de la educación. Por ejemplo, en el año 2011, dedico el número 92 de la revista Educación y Cultura a reflexionar y discutir sobre el concepto de calidad de la educación, que entendió como un tema controversial, igual que el de competencias:

Según FECODE: “El tema de la calidad ha sido utilizado como justificación para impulsar políticas privatizadoras de la educación, debilitar la educación pública y acondicionar los sistemas educativos a la lógica del mercado y en pos de la productividad del capitalismo”.

Fecode considera que la educación es un derecho fundamental inalienable de cada ser humano, tal y como lo ha definido la Corte Constitucional; que la educación debe ser integral para que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía, el desarrollo intelectual y laboral, entre otros. Entienden la educación como un factor determinante en la tarea emancipadora de las sociedades.

No obstante, para la mayoría de los activistas sindicales, las pruebas PISA y SABER no miden la calidad de la educación, con lo que podemos estar de acuerdo.

El profesor Hernando Bayona responde: “Se puede hacer todo un debate sobre si las pruebas miden o no el aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, lo que no se puede negar es que las pruebas están altamente correlacionadas con las competencias que se requieren para el desarrollo social de los países”.

Colombia necesita cambios estructurales

El pedagogo Julián de Zubiría sostiene que se requieren reformas estructurales para cambiar los resultados de calidad de la educación en Colombia; él propone cuatro:

  1. Para mejorar la calidad de la educación, hay que transformar las facultades de educación. En el país existe amplia evidencia sobre los bajos resultados de las licenciaturas y de las facultades de educación. El techo de la calidad de la educación lo determina el techo de la calidad de los docentes.
  2. Hay que acabar con la fragmentación curricular. De Zubiría sostiene que “mientras los niños sigan viendo 15 asignaturas fragmentadas y desarticuladas, no podrán desarrollar competencias para pensar e interpretar”.

Tenemos que aprender de otros. Por ejemplo, el asesor de educación de Singapur Pak Tee Ng sostiene que usan los resultados de PISA, pero el sistema educativo no se concentra en PISA. Él sostiene que las reformas de Singapur empezaron cuando se decidió que “Calidad es mejor que cantidad. Calidad de la educación en vez de cantidad es uno de los conceptos para seguir. De esta idea nace el eslogan: ‘Enseña menos, aprende más’”.

  1. Hay que garantizar el acceso al preescolar de tres grados. Hoy solo se cumple esta condición en el grado de transición (cobertura de más del 90 %); el acceso a los grados de jardín y prejardín es inexistente en la educación pública del país, excepto en Bogotá, donde la matrícula del grado jardín es cercana al 80 % y en prejardín apenas se alcanza el 20 %.
  2. Hay que crear una cultura institucional en cada colegio oficial liderada por los directivos docentes, con la participación de la comunidad, para desarrollar procesos de transformación pedagógica permanentes, para mejorar la calidad de la educación.

Agrego: no podremos avanzar sin el pleno compromiso de los docentes, empezando por el de Fecode.

La obsesión por las cifras y el olvido de la calidad

Por último, hoy necesitamos que el Gobierno nacional y el Ministerio de Educación desarrollen políticas de largo plazo, con el mayor esfuerzo de concertación posible, que se concentren en las necesidades de formación de los niños y adolescentes, en la calidad de la educación y en los procesos de transformación pedagógica.

los resultados de las pruebas PISA y SABER están relacionados con la escasa influencia de la educación en el pensamiento crítico, lo que fortalecería una ciudadanía activa, así como el desarrollo social, político y económico de los colombianos.

En los últimos años, las políticas del Ministerio han estado concentradas en el control y en la evaluación, no en cómo lograr avances en calidad.

Además, algunas de las políticas han regresado a discusiones o acciones de los años 80 o 90 del siglo pasado:

  • el sistema educativo oficial propone los mínimos básicos de aprendizaje;
  • volvimos a hablar de logros, pero el mundo se concentra en competencias para el desarrollo humano y con sentido ético.

La discusión de este gobierno es sobre la ley que garantiza el derecho a la educación. Nadie se opondrá; pero su efecto sobre los resultados de calidad y de transformación del sistema educativo serán nulos.

Lea en Razón Pública: Los dos proyectos de reforma de la educación superior

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

Foto: Alcaldía de Manizales

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El Congreso discute la posibilidad de que los padres de familia envíen a sus hijos a colegios privados sin preocuparse por el dinero. ¿Es esta una manera de cerrar la brecha o de mejorar la calidad de la educación?

Ángel Pérez Martínez*

Libertad de elección

El proyecto de Ley 192 de 2022  que se discute en el Congreso crearía un mercado de educación básica y media para los más pobres.

El proyecto pretende estimular la demanda por educación de buena calidad mediante bonos que se entregarían a los más pobres y que pagaría el Estado con los recursos del Sistema General de Participaciones.

El proyecto implicaría competencia entre el sector público y el privado para mejorar la calidad y reducir la deserción en sus planteles respectivos.

La exposición de motivos toma como ejemplos de éxito experiencias como la de Chile y, en Colombia, los logros del Programa de Ampliación de la Cobertura y la Calidad en la educación Secundaria y Media (PACES).

Puede leer: Educación: presidente Petro, los niños deben ir primero

El proyecto

El proyecto fue presentado por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, y en él propone crear bonos escolares que serán entregados a los padres de familia, o a quienes ejerzan la patria potestad, para que puedan escoger la institución escolar donde niños y adolescentes accederán a la educación preescolar, básica y media.

En las zonas rurales y en los barrios más pobres de las grandes ciudades no hay educación privada. Los colegios de las élites que cobran más de 20 millones de pesos año por estudiante no están interesados en participar en este tipo de propuestas.

La propuesta aclara que los recursos serán entregados a los estudiantes que estén en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema.  El bono escolar es un cheque o giro que financia el Estado y se entrega a la familia del estudiante. El proyecto prevé dos tipos de bonos:

  • El “Bono Escolar Universal”, que incluye el pago total de matrícula y pensiones, así como los pagos de comida, útiles escolares, derechos académicos y demás servicios que defina el Ministerio de Educación.
  • El “Bono Escolar Aditivo”, para los estudiantes que tengan el “Bono Escolar Universal” y necesiten un pago adicional para su formación. Destinado a estudiantes pobres con discapacidad o con méritos académicos especiales.

Para resolver posibles problemas de información, se crearía un Sistema de Información Regional de Instituciones de Educación que describa las características de los colegios y permita a las entidades territoriales y a los padres de familia comparar los parámetros de las instituciones educativas, tales como:

  • número de estudiantes por salón de clases,
  • resultados de las pruebas de Estado por cada una de las áreas,
  • ubicación de la institución;
  • formación del profesorado por grado académico:
  • oferta de idiomas y actividades extracurriculares;
  • oferta de formación religiosa.

El caso de Estados Unidos

En un celebre artículo de 1955, el economista neoliberal Milton Friedman lamentó que en Estados Unidos el Estado financiara, administrara y prestara el servicio educativo a través de las escuelas públicas — un sistema que se consolidó desde el origen de ese país—.

Para Friedman los gobiernos deberían exigir un nivel mínimo de calidad de la educación y financiar sus costos entregando a los padres giros, cheques o bonos por una suma máxima específica por niño y año para que ellos ejerzan la libertad de elección, que les permita escoger las instituciones escolares (privadas o públicas) donde deben ir los hijos, a las que se les exige cumplir unos requisitos mínimos de aprobación.

La propuesta de Friedman tuvo un problema: más del 90% de la educación en Estados Unidos era pública, no existían los anhelados mercados educativos. Además, en ese país las escuelas privadas siempre han sido muy costosas cuando se comparan con las públicas.

Para enfrentar la falta de mercado, en el siglo pasado —a partir de 1991—, los gobiernos de Estados Unidos apoyaron la creación de escuelas contratadas (Charter Schools), donde los subsidios van a las escuelas chárter y no a los padres de familia. Entre los propósitos de esta iniciativa se mantiene la elección entre escuelas públicas y contratadas, para los padres de familia. En algunos Estados también se trató de estimular los centros con innovación en las prácticas educativas.

Tres décadas después, la experiencia de subsidiar la demanda y privatizar no produjo los resultados esperados en calidad ni en innovación educativa. Los estudios demuestran que las escuelas contratadas lograron una menor deserción y, en algunos casos, tuvieron un pequeño efecto positivo en calidad frente a la escuela pública, pero no lograron mejorar la calidad del sistema educativo.

El caso de Chile

La exposición de motivos del Proyecto de Ley 192 de 2022 pone como ejemplo el caso chileno, donde más del 50% de la educación básica utiliza bonos escolares y logra mejores resultados que Colombia en las pruebas PISA.

Durante los años ochenta, el gobierno Pinochet creó los colegios subvencionados, con el propósito de estimular un mercado para la educación, donde los padres de familia tuvieran la posibilidad de escoger entre escuelas públicas municipales y escuelas subvencionadas. Estas últimas crecieron muy rápido hasta representar cerca del 52% de la matrícula.

Las instituciones escolares privadas subvencionadas reciben un bono pagado por el Estado. Hasta el año 2009, las normas permitieron el financiamiento compartido, es decir que los colegios subvencionados podían cobrar una cuota compensatoria a los padres de familia de cada estudiante. Esta cuota favoreció a los subvencionados donde asistían sectores de clase media que podían pagar un poco más.

El gobierno Bachelet suspendió esta cofinanciación porque discriminaba a los padres de familia y a los estudiantes de colegios subvencionados ubicados en los barrios o zonas más pobres, que no podían pagar por la educación de sus hijos. Igual sucedía con los estudiantes de los colegios municipales (públicos) que solo recibían recursos gubernamentales.

Un estudio sobre los resultados del sistema de mercado y de libre elección de los padres de Familia en Chile cita diversas investigaciones e informes, entre ellos, uno de la OCDE, y concluye que los colegios subvencionados han tenido escasos efectos positivos en los logros académicos de los estudiantes en comparación con los públicos municipales.

Los resultados son mínimos, incluso cuando se controlan las diferencias en el nivel educativo de los padres y en los exámenes de admisión de los estudiantes: las mejoras en calidad provienen de las escuelas públicas y no de las privadas subsidiadas.

No podemos olvidar que los niveles de gasto e inversión en Estados y Unidos y Chile en educación son muy superiores a los de Colombia:

  • Handel y Hanushek encontraron que en el año académico 2018-19, los estados del noreste de Estados Unidos gastaron más de 15,000 dólares año por estudiante y los estados del sur entre 9,000 y 11,000 dólares por alumno.
  • También la OCDE muestra que en 2020 Chile invirtió más que Colombia: un 26% más por estudiante de la educación media, utilizando dólares paritarios.
  • En Colombia, en el año 2022 gastamos en promedio 4,5 millones de pesos por estudiante en la educación pública. Con estos recursos, según la Ley, se pretende encontrar colegios privados de buena calidad.

Antecedentes en Colombia

La propuesta de bonos escolares en la educación para financiar la demanda no es nueva en Colombia.

De hecho, desde finales del siglo pasado han circulado propuestas como los programas de colegios cooperativos y el programa PACES; esta última iniciativa ha sido evaluada por la Universidad de los Andes y el premio Nobel de economía Michael Kremer, pero ninguna de ellas ha tenido un efecto de largo plazo para mejorar la calidad de la educación.

La educación contratada y por concesión en Colombia llegó a tener más de un millón de estudiantes en 2008. Desde entonces esta matrícula se ha disminuido hasta alcanzar 478.611 estudiantes en el 2021.

La contracción de los programas de educación contratada y el PACES se debió a problemas de corrupción y de intervención de los políticos locales, quienes crearon colegios privados para acceder a los bonos educativos o lograron que les asignaran cupos, con bono, a colegios privados de sus amigos. Para no mencionar el hecho de inflar matrículas y demás, con un sentido de ganancia que iba más allá de lo legal.

El problema y sus remedios

Las propuestas para la educación contratada y en concesión en Colombia siempre han tenido el propósito de promover desde Estado un mercado para la educación, que, a través de la competencia, estimule calidad y eficiencia con un menor gasto por estudiante.

Pero al buscar mecanismos para entregar su administración y recursos en el sector privado, disminuye la responsabilidad del Estado con los niños, adolescentes y jóvenes.

Así mismo, estos esfuerzos de bonos escolares se proponen romper el poder de negociación de FECODE en las decisiones de política para la educación oficial.

Las políticas educativas promercado centran los incentivos de calidad de la gestión en resultados y costos. La discusión se debe referir entonces al tipo de incentivos que los gobiernos deben usar para lograr calidad con bajos costos

Foto: Senado - Paloma Valencia es autora del proyecto de ley 192 de 2022 Senado para la creación de bonos escolares.

¿Cómo hacemos para ayudar a los maestros que hacen esfuerzos extraordinarios por avanzar? La mayoría aún discuten y sueñan con avanzar en procesos de calidad de la educación, sin apoyo y sin recursos. Gracias a ellos este país no es peor.

Fajnzylber y Lara sostienen que se han utilizado dos tipos de políticas para proporcionar tales incentivos: Una es diseñar un sistema de rendición de cuentas que proporcione incentivos monetarios para mejorar los resultados educativos. Una segunda alternativa es introducir la elección de escuela

El olvido y los olvidados

Este tipo de políticas se concentra en la gestión administrativa y olvida lo pedagógico.

Olvidan que para mejorar la calidad de la educación existen los procesos de transformación pedagógica. Olvidan el impacto que pueden tener el liderazgo escolar y un trabajo en equipo con maestros comprometidos con una apuesta educativa común construida por ellos para enfrentar entornos adversos a la calidad; sin dejar de papel que puedan cumplir las facultades de educación y los procesos de formación de docentes.

La política educativa necesita integralidad: oportunidades para buscar la igualdad, necesidades de compensar con los que parten o vienen de atrás y resultados.

En las zonas rurales y en los barrios más pobres de las grandes ciudades no hay educación privada. Los colegios de las élites que cobran más de 20 millones de pesos año por estudiante no están interesados en participar en este tipo de propuestas.

En caso de que lo hicieran, Pedrito, de estrato cero o uno, seguiría siendo Pedrito a menos de que estas instituciones lo apoyaran con procesos super especiales, que aumentarían los costos de esos colegios. Pero la realidad es esta: no tenemos recursos para financiar ese tipo de educación y de integración.

Los procesos de educación son complejos. Para empezar, los niños no llegan a la escuela en igualdad de condiciones, no todos aprenden a la misma velocidad y las circunstancias de la vida familiar, cultural, social y económica incidirán en su desarrollo.

Mientras tanto ¿qué hacemos con miles de sedes educativas, de manera especial en el sector rural, que funcionan sin energía, sin internet, sin computadores, sin aires acondicionados?

¿Cómo hacemos para ayudar a los maestros que hacen esfuerzos extraordinarios por avanzar? La mayoría aún discuten y sueñan con avanzar en procesos de calidad de la educación, sin apoyo y sin recursos. Gracias a ellos este país no es peor.

Sin duda, necesitamos una FECODE más preocupada y comprometida con la calidad de la educación, pero también una clase dirigente comprometida con mejorar la educación pública y no con destruirla.

Lea en Razón Pública: La educación de los niños: nuevamente en el olvido

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

Foto: Facebook: Ministerio de Educación Nacional

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La reforma a la educación se enfoca en un grado 12. Sin embargo, la propuesta tiene poco sustento y la evidencia muestra que las prioridades deberían ser otras.

Ángel Pérez Martínez*

¿Para qué el grado 12?

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentó el borrador del proyecto de Ley Estatutaria que quiere regular el derecho fundamental a la educación.

El artículo 16 del proyecto contempla la posibilidad de incluir el grado duodécimo (12º) en los colegios. Esto facilitaría la articulación entre la educación media y la superior, y permitiría un acceso progresivo de los estudiantes a esta etapa educativa. Sin embargo, el artículo no menciona cuántos recursos se necesitarán ni cómo se garantizará el derecho a la educación con calidad.

El presidente ha insistido en la necesidad de crear el grado 12 en la educación media, sin que él tenga una idea clara de para qué. La iniciativa puede ser necesaria en el futuro, pero hay otros problemas en el sistema educativo que merecen ser revisados primero, como el de acceso y calidad a la educación básica y media.

No es razonable darle tanta prioridad a crear el grado 12 y sus implicaciones: nuevos recursos, dotaciones y demás acciones de política educativa como selección y nombramiento de nuevos docentes, personal de apoyo y administrativo.

Datos falsos

En su Twitter, el presidente aplaudió en 2013 la “iniciativa parlamentaria de generalizar el grado 12 y convertirlo en ciclo de educación superior en los colegios públicos”. En 2015, último año de su mandato como alcalde de Bogotá, reivindicó que “nuestro grado 12 en los colegios ya tienen casi 8000 jóvenes. 5000 se graduaron como tecnólogos en Bogotá Humana”.

Datos que son falsos. Colombia, ni ninguna entidad territorial, ha tenido tantos estudiantes matriculados en el grado 12. Los datos del DANE en 2022 muestran que en el país se matricularon 5669 estudiantes en el grado 12 y 3909 estudiantes en el grado 13. Para este año Bogotá solo reportó 58 y 56 estudiantes, respectivamente.

El Plan Nacional de Desarrollo establece como objetivo aumentar la tasa de cobertura en la educación media del 48.72 % al 65 % entre 2022 y 2026. Sin embargo, Colombia aún se encuentra lejos de alcanzar la meta de lograr una educación media con cobertura universal y de excelente calidad.

La mayoría de los estudiantes de los grados 12 y 13 pertenecen a las normales y reciben un programa de formación complementaria en convenio con una facultad de educación.

La propuesta del Banco Mundial y la OCDE

En un informe de 2012 sobre la educación superior en Colombia, la OCDE y el Banco Mundial propusieron “introducir un grado 12 de escolaridad o un año-puente opcional entre los estudios secundarios y superiores, y proporcionar a los estudiantes mejor información sobre cuáles son los programas más adecuados para ello”.

La propuesta buscaba resolver tres problemas:

  • los bachilleres de Colombia tienen una formación escasa;
  • los jóvenes terminan la educación media cerca de los 16 años,
  • la deserción en la educación superior es alta.

Esto último podría explicarse por la baja calidad de la educación secundaria y media y la inmadurez cognitiva y emocional de los bachilleres.  

Foto: ICBF - Invertir en programas de educación preescolar incide en la calidad de la educación, la disminución del abandono escolar en la adolescencia y en la disminución de tasas de criminalidad en los jóvenes.

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Los retos de la política educativa

Sin duda, el sistema educativo en Colombia debe ser reformado. Especialmente, la educación básica y media oficial que representan el 81 % de la matrícula –7 874 927 estudiantes–.

Probablemente, cuando la actual organización escolar hasta el grado once se consolide, se podrán discutir otras opciones, por ejemplo, mejorar la educación inicial y empezar el pre jardín a los 4 años.  Medidas que aportaría a un mejor cuidado de los niños y a la vez retrasarían la salida de los estudiantes del grado once a los 17 o 18 años.

Los principales retos a la hora de abordar la política educativa son:

  1. Cerrar las brechas de calidad. Los estudiantes de grado once de colegios privados tienen un desempeño de 30 puntos más que los estudiantes de colegios oficiales.
  2. Universalizar el acceso a los tres grados de preescolar. Es necesario crear por lo menos un millón de nuevos cupos. También, debe aumentarse la cobertura en la educación media oficial con 000 nuevos cupos.
  3. Mejorar la infraestructura educativa y las dotaciones tecnológicas de los colegios rurales. Más de 30.000 sedes educativas tienen menos de 50 estudiantes y están en pésimo estado. Menos del 25 % tienen conexión a Internet o carece de los equipos tecnológicos necesarios para mejorar el trabajo de los docentes con los estudiantes.
  4. Consolidar los procesos de formación de los docentes en los colegios y concentrar esfuerzos en los procesos de transformación pedagógica, desarrollo curricular y mejora del trabajo en equipo de los docentes en cada colegio oficial.

Una meta lejana

La decisión de ampliar hasta el grado 12 implica encontrar alternativas dentro de los colegios oficiales para que más de medio millón de estudiantes continúen su educación por un año adicional. La creación del grado 12 es una medida que conllevaría aumentar el número de estudiantes matriculados de 5669 en 2022 a, al menos, 600 000 estudiantes en 2026.

Según el DANE, en 2022 se matricularon 484 481 estudiantes en grado décimo en la educación oficial. El Plan Nacional de Desarrollo establece como objetivo aumentar la tasa de cobertura en la educación media del 48.72 % al 65 % entre 2022 y 2026. Sin embargo, Colombia aún se encuentra lejos de alcanzar la meta de lograr una educación media con cobertura universal y de excelente calidad.

De acuerdo con la Ley 115 de 1994, el propósito de la educación media es fomentar la comprensión de las ideas y los valores universales, así como preparar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior y al mundo laboral. Pero los resultados de la prueba SABER 11 muestran que los estudiantes de grado 11 de los colegios oficiales sacaron, en promedio, 50 sobre 100 puntos en pruebas como lectura, ciudadanía y ciencias.

Pronto se cumplirán 30 años desde que se promulgó la Ley 115 en Colombia y aún no se ha logrado avanzar en la propuesta de contar con una educación media especializada para los grados décimo y once, la cual debería estar estrechamente articulada con la educación superior. Medida fundamental para orientar a los estudiantes en su proyecto de vida y prepararlos adecuadamente para integrarse al desarrollo social, político y económico del país.

Este estancamiento se debe a que la articulación entre la educación media especializada y la educación superior es costosa. Necesita desarrollos tecnológicos en cada colegio, según la especialización o las carreras articuladas entre el colegio y la institución de educación superior. Además, debe haber ajustes curriculares que respondan a las necesidades de los estudiantes y al contexto donde ellos viven, acompañados de un equipo de docentes preparados.

Universalizar la cobertura

El MEN debe analizar la capacidad de gestión y recursos para asegurar las propuestas de gobierno para los próximos tres años y establecer prioridades, como la conciliación del grado 12 y los desafíos de cobertura en educación superior, preescolar y media.

El compromiso de crear 500 000 cupos en educación superior es impostergable. Pero también es un gran reto en términos de acceso, ampliación de cobertura y construcciones de las sedes. Estas instituciones deben tener claro para qué se crean, dónde van a funcionar, cuáles van a ser las reglas de calidad, investigación, innovación y funcionamiento y cómo evitar la corrupción y el clientelismo.

Hasta la fecha, el MEN no ha presentado un plan que muestre cómo crearán 500 000 nuevos cupos en educación superior en los próximos tres años. En principio se conoce que se destinarán 9,2 billones de pesos adicionales para mejorar la educación superior oficial, distribuidos en 4,2 billones para financiar el déficit presupuestal de las instituciones de Educación Superior públicas y aumentar el número de matrículas gratuitas para los nuevos estudiantes.

Esto significa que el 88% de la matrícula en este grado es privada, lo que genera inequidades y exclusiones para los niños de familias con menos recursos.

Por otra parte, casi 5 billones se usarán para financiar el nuevo Plan de Infraestructura Educativa para la construcción de más de 100 nuevas sedes. Nótese que no se mencionan recursos adicionales para el grado 12 y los posibles procesos de articulación con los colegios

Mayor cobertura en preescolar

La propuesta de creación del grado 12 debería contrastarse con la ampliación de la cobertura en preescolar.

Diversos expertos y entidades como el Banco Mundial señalan los beneficios económicos sustanciales de invertir en programas de educación preescolar. Estos beneficios incluyen mejorar la calidad de la educación, reducir el abandono escolar en la adolescencia y disminuir las tasas de criminalidad en los jóvenes.

La siguiente gráfica relaciona algunas de las entidades territoriales con más población y con posibilidades de invertir con recursos propios. Se muestra cómo la matrícula oficial se consolidó en el grado de transición, pero es inexistente para los grados de prejardín y jardín, excepto en Bogotá:

Gráfica 1. Matrícula preescolar en Colombia 2022
Gráfica 1. Matrícula preescolar en Colombia 2022
En el grado pre jardín para 2022, se matricularon 86,793 niños pero solo 10,428 se matricularon en la educación oficial, el 12%. Esto significa que el 88% de la matrícula en este grado es privada, lo que genera inequidades y exclusiones para los niños de familias con menos recursos.

Cuando se compara la participación de las entidades territoriales, Bogotá tiene una participación del 70 % del total de la matrícula en los grados de prejardín y jardín. En ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla la matrícula en estos grados es inexistente. Resalta el caso de Buenaventura, donde la calidad de la educación es muy baja, la deserción escolar de los adolescentes es alta al igual que la criminalidad.

En Buenaventura y en el resto del país, nadie responde la pregunta de hasta cuándo deberán esperar los niños para resolver los problemas que amenazan su futuro. No hay duda de que su bienestar está ligado a una educación inicial de buena calidad que incluya los tres grados de preescolar.

Lea en Razón Pública: Una reforma incompleta de la educación superior

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

Foto: Ministerio de Educación

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El presidente tiene compromisos con los estudiantes universitarios y con FECODE, pero el sistema educativo debe atender primero las necesidades de los niños y de los adolescentes. ¿Para dónde va el gobierno?

Ángel Pérez Martínez*

Primero los niños

La sociedad y el gobierno nacional no pueden equivocarse. Las prioridades para el sector educativo en el plan nacional de desarrollo deben ser los niños y los adolescentes.

Al pasar más de 100 días del gobierno de Gustavo Petro no se conoce aún una propuesta integral para el sector educativo, ni la ruta para alcanzar los propósitos y las metas. Los recursos y las principales metas del sector, por ahora, parecen estar enfocados en la solución de los problemas de los jóvenes y de los adultos.

Lo anterior en gran medida como respuesta a quienes tuvieron la oportunidad de luchar por sus derechos y apoyaron la elección del presidente Petro: la primera línea. El gobierno tiene el deber de cumplirles, está bien, pero, a su vez, los colombianos y quienes gobiernan deben ser conscientes que las principales necesidades del sector están en la educación inicial, en la básica y en la media.

No podemos excluir a los niños y adolescentes más pobres, porque su voz no es escuchada y porque la mayoría de los padres de familia no participa en el diálogo sobre la educación de calidad (de qué se trata el derecho integral con calidad y los efectos que tiene para los hijos y la sociedad).

En esta etapa temprana de la vida empiezan a ampliarse o a crearse las brechas en la sociedad colombiana. Desde la perspectiva de la política educativa es la oportunidad del Estado para empezar a construir un proceso de educación que lleve a disminuir dichas brechas.

Una gran oportunidad

A partir de su propuesta política e ideológica, antes y durante la campaña electoral, Gustavo Petro se comprometió con el desarrollo del sector educativo y, de manera especial, con los maestros oficiales (representados por FECODE) y con los jóvenes.

Para cumplir estas promesas, designó como ministro de Educación Nacional a Alejandro Gaviria,  académico, técnico y político, cuyo nombramiento fue bien recibido por la comunidad educativa, así como por intelectuales, académicos y medios de opinión. Estos avalaron el conocimiento de Gaviria sobre los temas sociales, la experiencia adquirida en el Ministerio de Salud y en la rectoría de la Universidad de los Andes, así como los conocimientos expuestos en sus artículos académicos, relacionados con las brechas que reproduce la educación y su escaso efecto en la movilidad social y en las trayectorias educativas de los estudiantes más pobres, al igual que sus reflexiones filosóficas muy cercanas al desarrollo humanista.

Por otro lado, un hecho nuevo es el compromiso de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que por unanimidad de su junta directiva se adhirió a la campaña de Gustavo Petro, situación inédita —recordemos que en los últimos cuarenta años apenas los gobiernos de Ernesto Samper y de Juan Manuel Santos (segundo gobierno) habían obtenido el apoyo de algunos de los dirigentes de FECODE—.

La relación gobierno nacional, MEN y FECODE puede ser una gran oportunidad para alcanzar acuerdos a favor de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, también puede convertirse en un gran problema para el Ministerio si el tema central de esta relación son las condiciones laborales de los docentes, que es en esencia el interés de FECODE como sindicato, y se olvidan de los niños y adolescentes de la educación oficial, cuyos derechos pasan a ser secundarios cuando se da prioridad a la discusión sobre los derechos de los adultos.

La conjunción de astros es entonces la siguiente:

  1. Gobierno nacional, encabezado por el presidente, comprometido en su propuesta con el sector social y la educación;
  2. Un ministro de Educación reconocido, con peso académico y político y;
  3. Apoyo de los maestros, a través de FECODE.

La unión de estos tres sectores es una oportunidad única para el sector y una enorme responsabilidad. Ellos han creado un marco de expectativas entre los maestros, políticos y activistas de la Colombia humana y otros sectores de la sociedad, que, con seguridad, desborda las posibilidades de respuesta del MEN y de su actual equipo directivo, entre otros temas porque aún no está claro de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las prioridades.

Entre el 2006 y el 2018, según las pruebas PISA, observando exclusivamente a los jóvenes de 15 años, las diferencias que antes eran de un año de escolaridad entre la educación privada y pública, ahora pasan a dos años menos de escolaridad para quienes asisten a los colegios públicos.

Un gobierno no lo puede resolver todo

Cobertura. Más del 60 % de los niños más pobres entre los 3 y los 5 años no realizan los tres grados de preescolar.

En esta etapa temprana de la vida empiezan a ampliarse o a crearse las brechas en la sociedad colombiana. Desde la perspectiva de la política educativa es la oportunidad del Estado para empezar a construir un proceso de educación que lleve a disminuir dichas brechas.

Se deben crear cerca de un millón de cupos escolares en preescolar, pero no está clara la fuente de estos recursos y cómo alcanzar dicha meta.

Ahora bien, de acuerdo con los datos del observatorio de gestión educativa, la cobertura neta en la educación primaria es cercana al 90% y la cobertura bruta es del 106 %.

En secundaría, a partir del grado sexto, los niños empiezan a repetir el año (cerca al 5 %) y a desertar del sistema educativo, hasta situar la cobertura neta de la educación media en 48,73 %. Esto se debería considerar como un desastre nacional. Un estudio de la Universidad de los Andes menciona que en Colombia, según la OCDE (2018), “el 25% de las mujeres y el 35% de los hombres de 25 a 34 años no completaron la educación media”.

El cuadro siguiente muestra la matrícula por grados y sectores. Se destaca que en el transcurso de seis años esta baja de 818 111 estudiantes en grado sexto, a 514 247 estudiantes en grado 11 303 864 estudiantes menos. Del total de la deserción escolar de la educación secundaria y media, el sector público aporta el 91 % de los estudiantes.

Para la inmensa mayoría de estos adolescentes no habrá una segunda oportunidad; tenemos evidencia de que ellos fueron a la educación primaria, pero los perdimos en la secundaria y aún en la media.

La tasa de cobertura en educación superior, de acuerdo con el SNIES, en 2021 alcanzó el 53,94 % (aumentó 2,36 puntos porcentuales frente a la registrada en 2020) recordemos que desde 2018 la cobertura en educación superior estaba estancada.

Calidad. Según lo expresado por el ministro Gaviria en el foro educativo nacional,  la situación de los niños y adolescentes no puede ser peor. El daño que ocasionó la pandemia a los estudiantes más pobres es irrecuperable.  Gaviria sostuvo que las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia nos han llevado a la peor crisis de la educación en dos generaciones: dos de cada tres niños en cuarto grado no saben leer y no avanzan en lectura comprensiva.

Foto: Alcaldía de Buenaventura - Los niños y adolescentes deben incluirse en las prioridades de educación, pues desde cortas edades se crean grandes brechas sociales.

Le recomendamos: Pobreza y abandono de niños y adolescentes durante la pandemia: una tragedia callada

Además, destacó que en el sector rural la educación se detuvo y que la mala calidad de la educación oficial se manifiesta en las brechas en el grado 11, donde, de acuerdo con las pruebas SABER 11, entre los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo y el más alto existe una diferencia de 79 puntos (escala 0 a 500), con una desviación estándar de 1,6.

Así mismo, en dicho foro, el pedagogo Julián de Zubiría señaló que la educación en Colombia mantiene y hasta agrava las condiciones de cuna, reproduce la pobreza y, algo más grave, en línea con el ministro, las diferencias en los resultados de los colegios oficiales y privados se han duplicado a favor de los últimos.

Entre el 2006 y el 2018, según las pruebas PISA, observando exclusivamente a los jóvenes de 15 años, las diferencias que antes eran de un año de escolaridad entre la educación privada y pública, ahora pasan a dos años menos de escolaridad para quienes asisten a los colegios públicos.

Financiación. Sin embargo, el problema más grave del sector es presupuestal. Los actuales recursos y fuentes de financiación no soportan el funcionamiento básico del sector, que hoy no garantiza ni cobertura universal ni calidad, en ninguno de sus niveles.

Según Gaviria, el desfinanciamiento de la educación superior es estructural (más de dos billones por año) y, de no corregirse, el sistema será inviable para el 2023.

Además, el Sistema General de Participaciones (SGP), mediante el cual se financia el sistema de la educación básica y media (representa cerca al 90 % de los recursos con que las entidades territoriales financian la educación básica y media), en los últimos cuatro años, no garantizó el funcionamiento del sector.

El SGP tiene un déficit anual cercano a los 2 billones de pesos, que obliga a la nación a estirar los recursos y tapar los huecos, lo que impide el mejoramiento de la calidad de la educación de los niños y adolescentes.

El 90 % del gasto es inmovible: pago de 330.000 docentes y por lo menos 50.000 personas de apoyo administrativo que laboran en los colegios. El MEN, para financiar este déficit recurrente, en los dos últimos gobiernos ha usado otras fuentes, como los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, regalías y presupuesto nacional.

Lo anterior significa que el sector, sin crecer ni avanzar, necesita 4 billones extras por año para atender el funcionamiento del sistema actual.

Las apuestas del gobierno 

El MEN no ha producido un documento sobre las líneas de su programa de gobierno. Sin embargo, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, así como en el foro educativo nacional y en entrevistas o intervenciones del ministro Gaviria se ha hecho énfasis en el desarrollo de la educación superior.

En palabras del Ministro, la prioridad es ampliar en 500 mil nuevos cupos la cobertura de educación superior, una revolución para los jóvenes. También se propone reformar la Ley 30 de 1992 para aumentar los ingresos de las universidades públicas, y usar el ICETEX para apalancar recursos, con créditos e intereses subsidiados o condonar créditos para la población de especial protección constitucional.

En las bases del Plan, documento aún en desarrollo, en las páginas 77 a 82, se mencionan 13 líneas de acción para el sector educativo. Cuatro para la educación superior, dos para los docentes, una para el programa de alimentación escolar y otros, como la ampliación de la jornada escolar o mejorar la educación media, aún sin datos y metas a lograr.

Lo único que por ahora parece claro para el actual gobierno es que aumentará los 500 000 cupos de la educación superior y, para los niños de 0 a 5 años, se pasará de 1,9 millones a 2,7 millones de niños cubiertos, en un programa conjunto entre ICBF-MEN y otras entidades.

El plan nacional está en proceso de concertación y elaboración, pero aún no aparecen los niños y adolescentes de los territorios rurales. Tampoco se menciona con exactitud cuántos niños se van a vincular al sistema educativo por grados en preescolar, así como cuál será el programa para enfrentar la deserción escolar de los adolescentes.

Puede entenderse que la deserción escolar comprende diversas acciones, pero éstas deberían estar integradas en un solo programa con recursos y metas definidas, dada la gravedad y el efecto negativo en el desarrollo social y económico del país.

Igual ocurre con el objetivo de mejorar la calidad educativa, ello necesita acciones puntuales y sobre todo recursos, la calidad en educación es costosa. La buena relación de FECODE y el gobierno nacional es una gran oportunidad para el sector, se necesitan compromisos de unos y otros en favor de los derechos de los niños y los adolescentes.

Puede leer: Educación y cultura bajo el próximo gobierno

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

Foto: MEN - Las propuestas suenan bien, pero no son viables.

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Estas son las propuestas de Petro y Hernández en materia de educación inicial, deserción escolar, educación superior, calidad educativa y educación rural. ¿Son buenas estas propuestas? Y, sobre todo: ¿son viables?

Ángel Pérez Martínez*

Lugares comunes

Como ha ocurrido por lo menos durante los últimos veinte años, las propuestas de los dos candidatos acerca de la educación se caracterizan por sus propósitos ambiciosos y por su falta de claridad sobre las maneras para lograr esos propósitos, sobre todo en el aspecto financiero.

Todos los candidatos hablan bien de la educación, de su importancia para el   desarrollo de las personas, de las regiones y de la sociedad en su conjunto. Todos señalan los problemas que afectan a Colombia en términos de cobertura, calidad y pertinencia de la educación. Todos se comprometen a mejorar el servicio.

Pero la historia muestra que en los planes de desarrollo la educación pasa a segundo plano, sobre todo cuando se trata de asignar el presupuesto. Por eso los problemas del sector básicamente son los mismos ahora que hace veinte años; e inclusive son más graves, por causa de la pandemia.    En lugar de avanzar, hemos retrocedido.

Decidir por otros

Los políticos y los técnicos que formulan la política educativa en Colombia normalmente matriculan a sus hijos en entidades privadas y de mejor calidad que las públicas. O sea que discutimos y tomamos decisiones para otros: el 80 % de los niños y adolescentes más pobres, en educación básica, están matriculados en colegios públicos.

Los niños, adolescentes y padres de familia de la educación pública no tienen voz. La pandemia demostró que nadie defiende sus intereses. Colombia fue uno de los países donde más tiempo estuvo cerrado el sistema educativo.

Promesas en el aire

Pasando a las propuestas de los candidatos, la comunidad de observatorios y centros de pensamiento en educación llamó la atención para que sus programas “provean más detalles sobre ¿qué van a hacer para mejorar la educación? ¿cómo lo van a hacer? y ¿con qué recursos piensan financiar las estrategias?”.

A continuación, presento cinco campos importantes donde infortunadamente puede verse la pobreza de los programas educativos de los dos candidatos.

1.Educación inicial

Rodolfo Hernández (RH) no tiene propuestas al respecto.

El programa de Gustavo Petro (GP) ofrece atención universal y gratuita a la primera infancia, 0 a 6 años. Para el grupo de 0 a 3 años, “articulará el apoyo al cuidado en casa con el de la red de jardines infantiles y con iniciativas comunitarias vecinales”. Para los niños de 3 a 6 ampliará la cobertura y, de manera progresiva, incluirá los tres grados de preescolar, hasta lograr el acceso para todos. La propuesta de Petro no habla de los costos ni de la financiación.

Veamos el tamaño del problema a partir de la población y matrícula para los niños entre 3 y 5 años, utilizando los datos del DANE:

Gráfica 1. Población 3 a 5 años
Población según edad Matrícula educación inicial 2021 Proyección población
Total Oficial Contratada Privada
Total (3 a 5 años) 845,524 579,989 18,523 247,012 2,379,030
Prejardín (3 años) 57,223 8,736 1,619 46,868 787,431
Jardín (4 años) 110,730 31,466 2,375 76,889 795,786
Transición (5 años) 677,571 539,787 14,529 123,255 795,813

Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2021). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2021-por-departamento

Para analizar este cuadro, parto de los siguientes supuestos:

  1. La meta debería ser matricular 677.571 estudiantes en cada uno de los tres grados de la educación inicial para 2026 —tomando como base el número de niños que asistieron al grado de transición en 2021—; de aquí sigue que deberán crearse 1.187.189 cupos durante el cuatrienio.
  2. El sector privado aportaría 122.720 cupos para lograr la meta de 123.255 niños —matrícula en transición 2021—, en promedio, en cada uno de los 3 grados de la educación inicial.
  3. El nuevo gobierno debe crear entonces 1064.436 nuevos cupos distribuidos entre 543.961 en prejardín y 520.475 en jardín, para lograr la universalización de la educación inicial.
  4. Se acepta que en cada grado no se matricularán aproximadamente 118.000 estudiantes. Esto se explica porque una parte de los niños está en hogares o jardines comunitarios o porque los padres de familia deciden no vincularlos a la educación inicial, para luego acceder en primaria y, otros, que nunca irán al sistema educativo inicial, por diferentes motivos.

Habría que construir 53.222 aulas (20 niños promedio), para 1.064.436 nuevos cupos que tendrían un costo de 10,09 billones de pesos. Cada aula tendría un costo de 189,6 millones de pesos, valor actualizado a partir del CONPES 3831 de 2015, que calculó aula promedio nacional a 137,5 millones de pesos (de ese año).

Además, habría que desembolsar, por lo menos, cinco millones de pesos año por niño para pagar profesor, alimentación, transporte y demás ítems (hoy se invierten aproximadamente 4,5 millones por niño año).

El programa de Petro contempla un plan gradual. Se propone crear cada año 266.109 nuevos cupos en educación inicial y esto tendría un costo para el primer año de 1,3 billones, para los siguientes tres años: 2,7, 4, y 5,3 billones de pesos, para un total de 13,3 billones de pesos durante su gobierno.

Habría que construir 53.222 aulas (20 niños promedio), para 1.064.436 nuevos cupos que tendrían un costo de 10,09 billones de pesos.

Estos costos, más los de construcción de aulas, 10,09 billones, implicarían un total de 23,39 billones de pesos para cumplir la propuesta de universalizar los tres grados de educación inicial.

¿De dónde saldrán los recursos? y ¿cuál es la capacidad de gestión para lograrlo?

La educación en Colombia
Foto: ICETEX - Las propuestas más desarrolladas son las relacionadas con educación superior. Las dos campañas planean condonar (RH) o hacer planes de salvamento (GP) para liberar de las deudas a los usuarios del ICETEX.

Puede leer: La educación básica y media en tiempos del coronavirus

2. Deserción escolar

Las dos campañas tienen propuestas para disminuir la deserción escolar:

  • RH propone trabajar para llevar la deserción escolar al 0 % en preescolar, primaria y bachillerato.
  • GP ofrece frenar el dramático abandono escolar de millones de adolescentes que llegan a noveno grado y son forzados por la desigualdad y la exclusión a no culminar el bachillerato.

Pero, de acuerdo con el Ministerio de Educación, la matrícula pública fue de ocho millones para 2021 y la deserción anual es de 240.000 estudiantes.

Las dos campañas se comprometen a universalizar el acceso a la educación superior. Para alcanzar esta meta, RH promete invertir en construcción de centros para la educación superior, aumentará las transferencias a las universidades y usará parte de las regalías para pagar profesores y subsidios de matrículas.

El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) sostiene que la deserción promedio es del 3 % para la educación pública, pero que hay desfases (por ejemplo una cohorte de estudiantes que se matriculan en octavo y de la cual apenas el 71 % culmina el grado once).

¿Qué van a hacer los candidatos para disminuir la deserción? y ¿cuáles son los costos? Eso no está claro. Lo único que sabemos es que cada cuatro años perderemos alrededor de un millón de estudiantes, que engrosarán la informalidad, la ilegalidad y contribuirán al aumento de las tasas de desempleo.

3. Educación superior

Las propuestas más elaboradas se refieren a la educación superior. Las dos campañas proponen condonar (RH) o crear planes de salvamento (GP) para liberar de deudas a los usuarios del ICETEX.

Del mismo modo proponen transformar el ICETEX y dedicarlo a financiar estudiantes en universidades privadas y/o extranjeras (RH) o a conceder “préstamos sociales” para estudios de pregrado y posgrado en el exterior (GP).

Las dos campañas se comprometen a universalizar el acceso a la educación superior. Para alcanzar esta meta, RH promete invertir en construcción de centros para la educación superior, aumentará las transferencias a las universidades y usará parte de las regalías para pagar profesores y subsidios de matrículas.

GP propone coordinar la educación media con la superior y, de manera especial, en este caso mencionó el volumen de recursos: se comprometió a cuadriplicar el presupuesto para la educación superior.

El candidato sostiene que pasar de 3,6 billones a 14 billones en cinco años se logrará gracias a la reforma tributaria que hace parte del su plan de gobierno. En todo caso anuncia un sistema de educación superior universal, público y gratuito.

4. Calidad educativa

Las dos propuestas son muy débiles. En los temas de calidad, necesitamos más sustancia y menos cantos a la bandera.

Mejorar la calidad de la educación es un proceso costoso, y los programas de formación en postgrado para docentes no han ayudado a hacerlo. En este punto, se requiere un Ministerio de Educación que tenga programas, recursos y que vincule a los docentes con incentivos por calidad.

Le recomendamos: Educación superior: de estar enferma a cuidados intensivos

5. Educación rural

Para esos 2.392.624 estudiantes, los candidatos no tienen propuestas específicas.

Sabemos que el Ministerio de Educación Nacional no tiene una dependencia que se encargue de los niños rurales en edad escolar.

La diferencias urbano-rurales en cuanto a acceso y calidad aumentaron a raíz de la pandemia. Por ejemplo, el LEE sostiene que la brecha entre la educación rural y urbana, según las pruebas SABER 11, pasó de 24,1 a 26 puntos entre 2019 y 2021.

La organización NiñezYa revisó los programas de los dos candidatos “a través de diez asuntos impostergables para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, los cuales recogen los derechos más vulnerados a esta población que requieren acciones ya”.

El programa de GP calificó con puntajes altos en nueve de los asuntos impostergables, mientras que el de RH obtuvo este puntaje en cuatro asuntos.

No hay duda, el programa de GP en educación es más integral y comprende mejor los problemas del sector que el programa de RH. Insisto, falta mayor desarrollo en las propuestas y, sobre todo, necesitamos claridad sobre los cómo y sobre la viabilidad financiera.

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

Foto: Facebook: FECODE - La política educativa y su ejecución en Colombia es responsabilidad del gobierno nacional y no de FECODE.

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Ángel Pérez Martínez

Si realmente cree en la importancia de la educación integral, el magisterio debe poner el bienestar de los niños, niñas y adolescentes por encima de sus intereses.

Ángel Pérez*

Un sindicato muy influyente

De acuerdo con la Ley 1176 de 2007, el diseño y la financiación de las políticas educativas son responsabilidad del gobierno de turno, no de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Si bien la administración de la educación básica y media involucra a las 96 entidades territoriales certificadas de educación, todas dependen del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

A pesar de que las normas son claras, Fecode tiene una gran influencia en el funcionamiento del sistema educativo en Colombia. Desde su fundación en 1959, sus miembros han logrado conquistas tan importantes como el estatuto docente, el régimen especial de salud y de pensiones para el magisterio, programas de formación para docentes y recursos para garantizar el derecho a la educación de calidad.

Fecode vs. Evidencia disponible

En su página web, Fecode se presenta como una organización sindical gremial comprometida con la educación integral de calidad financiada por el Estado cuya misión es contribuir al desarrollo de un país más equitativo, justo y democrático.

Sin embargo, durante la pandemia Fecode ha ganado “mala fama” por oponerse al regreso a clases presenciales pese a que los profesores fueron priorizados en el Plan de Vacunación ya que la evidencia disponible sugiere que el riesgo de contagio en planteles educativos es bastante bajo si se toman las medidas necesarias. Fecode insiste en que la falta de servicios básicos y las malas condiciones de la infraestructura educativa impide que retomen las clases presenciales en muchas escuelas del país.

La negativa del gremio ocasionó que Colombia postergara la reapertura en varias ocasiones. De acuerdo con una investigación de la OCDE que incluyó 30 países, las escuelas de educación inicial permanecieron cerradas 42 días en promedio, las de primaria 54, las de secundaria 63 y las de media 67. En contraste, Colombia mantuvo los colegios de todos los niveles educativos cerrados durante 152 días.

Aunque finalmente el gobierno logró que Fecode aceptara retomar las clases presenciales en el segundo semestre del año en curso, todo lo sucedido deterioró la imagen que la academia y la opinión pública tienen de este gremio y de otros sindicatos.

Por ejemplo, la investigadora y profesora Sandra García expresó que “siguiendo la misma actitud obstaculizadora que defendió Fecode, el Sutev (Sindicato filial de FECODE en el departamento del Valle) se opuso al regreso a clases que estaba pactado de manera progresiva a partir del 26 de julio». Como García, otros académicos y analistas han criticado las exigencias de Fecode y han insistido en que el gremio debería poner el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes por encima de los intereses del magisterio.

Fecode ha ganado “mala fama” por oponerse al regreso a clases presenciales pese a que los profesores fueron priorizados en el Plan de Vacunación

Un estudio realizado en Alemania encontró que el cierre de las escuelas no tuvo ningún efecto de contención en la transmisión del virus en los estudiantes ni en el profesorado. El resultado se mantuvo estable durante los picos de contagio. Sobre la base de dicho estudio, Alemania decidió retomar las clases presenciales por completo a finales de agosto, una vez acaben las vacaciones de verano.

Por ahora, los datos de Bogotá parecen confirmar la experiencia alemana, pues tras cuatro semanas de haber empezado el regreso a las aulas, más de 500.000 estudiantes han asistido a colegios públicos, privados y de concesión y el número de muertes y de casos sigue disminuyendo como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Número de muertes y de contagios por COVID-19 tras la apertura de colegios

Foto Facebook: FECODE - FECODE no puede exigir resolver los problemas estructurales del sector para regresar, porque con esta decisión mantendrá cerrado el sistema educativo o complicará el regreso a la presencialidad

Puede leer: Fecode y el gobierno: el conflicto por la educación presencial

Problemas de larga data

Mientras que en Europa los gobiernos, los maestros y la sociedad europea han luchado por mantener las escuelas abiertas para garantizar el derecho a la educación de calidad, en Colobia el gobierno, Fecode y los padres de familia han insistido en prolongar las clases virtuales como si los colegios fueran uno de los principales focos de contagio del virus. Esta insistencia es una muestra de la poca importancia que la sociedad colombiana le concede a la educación. Resulta inverosímil que los padres de familia no hayan salido a protestar en contra de esta medida.

Según el Observatorio de Gestión Educativa, el 13 de julio del año en curso, el 70% de los docentes contaba con el esquema completo de vacunación, pero solo el 14% de estudiantes de colegios oficiales y 34% de estudiantes de colegios privados (1.663.009 estudiantes en total) tenían acceso a algún grado de presencialidad.

Es necesario reconocer que la pandemia puso en evidencia serios problemas del sistema educativo que dificultan el regreso a clases como la falta de computadores y de conexión a internet.

En las zonas rurales, Forero y Saavedra encontraron que la edad promedio de la infraestructura de las instituciones educativas es de 37 años, el 13% no cuentan con energía eléctrica, el 27% se inundan en épocas de lluvia, el 40% no tienen acueducto, el 70% no tienen alcantarillado, el 80% no tienen una red de gas y, en promedio, tienen 36 alumnos por cada batería sanitaria pese a que el óptimo establecido es de 20 alumnos por batería.

el 13 de julio del año en curso, el 70% de los docentes contaba con el esquema completo de vacunación, pero solo el 14% de estudiantes de colegios oficiales y 34% de estudiantes de colegios privados tenían acceso a algún grado de presencialidad.

Si bien estas condiciones son deplorables y deben ser mejoradas en los próximos años, no son producto de la pandemia y, por ende, no tiene sentido que Fecode se escude en ellas para seguir posponiendo el regreso a clases. Es razonable que el magisterio pida condiciones mínimas de bioseguridad como la vacunación de docentes y la mejoría de los sistemas de ventilación, pero es inverosímil que exija la resolución de problemas estructurales que se originaron mucho antes de la pandemia.

Por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes, espero Fecode entre en razón y reconozca que sus peticiones son absolutamente desproporcionadas. Es momento de que los maestros, los padres de familia y los gobernantes entiendan que el regreso a clases presenciales no da espera.

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

Secretaría de salud Gobierno y sociedad no han realizado ninguna acción de fondo para regresar a clases presenciales.

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Ángel Pérez Martínez

La pandemia ha afectado con dureza a los diez millones de estudiantes de la básica, y el Estado nada ha hecho en su defensa. Esta es la situación. Y estas son las medidas que nos urgen.

Ángel Pérez Martínez*

Intentos de volver a las clases presenciales

Colombia empezó un confinamiento nacional preventivo en marzo del 2020. Desde entonces, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación Nacional, MEN, se cerraron 53.717 sedes educativas; 82% (43.853) del sector oficial y 18% (9.866) del sector privado.

Esta decisión perjudicó a 9.928.865 estudiantes de la educación básica y media, matriculados en marzo del 2020. Si no hacemos algo para que las niñas y niños tengan clases presenciales, se les truncará su futuro y sufrirán un deterioro duradero en calidad de vida.

El sistema educativo se trasladó a la casa desde el principio de la pandemia con pequeñas excepciones en octubre y noviembre de 2020, cuando se abrieron cerca de 240 colegios privados en Bogotá.

Por el confinamiento se cerraron 53.717 sedes educativas; 82% (43.853) del sector oficial y 18% (9.866) del sector privado.

En 2021, las secretarías de educación han lanzado iniciativas para que las instituciones oficiales y privadas regresen paulatinamente a la presencialidad. En abril de 2021, apenas el 11,6% de los estudiantes está asistiendo a clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Esto quiere decir que los estudiantes asisten al colegio uno o dos días a la semana en el mejor de los casos. A veces, asisten algunas semanas y, en algunos casos, apenas una o dos veces al mes.

Los problemas de las clases virtuales

La tragedia consiste en que ni el gobierno ni la sociedad hayan llevado a cabo ninguna acción de fondo para que los estudiantes tengan clases presenciales, cuando saben muy bien que:

1. Los estudiantes fueron enviados a sus casas cuando más necesitaban de una escuela formadora y protectora.

Los datos oficiales han dejado en evidencia el empobrecimiento, el aumento del desempleo y la consecuente desestabilización socioemocional de muchos padres, madres y otros miembros del hogar. Miles de familias pasaron de tener tres comidas diarias a dos. La red de ciudades Cómo Vamos señaló que, en febrero de 2021, el 35% y el 21% de los hogares de ingresos bajos y medios, respectivamente, pasó hambre por falta de recursos.

Pulso social del DANE afirmó en febrero de 2021 que la situación económica empeoró para más del 60% de los hogares si se compara con la de 12 meses atrás.

2. La falta de computadores e Internet impide que haya clases virtuales y sincrónicas.

La encuesta de calidad de vida de DANE en 2019 encontró que apenas el 51,9% de los hogares tenía acceso a Internet ya sea por conexión fija o por conexión móvil; el 61,6% de los hogares en áreas urbanas y el 20,7% en la zona rural.

A esto se suman diferencias notables: el 97% de las familias en estrato 5 y 6 tenía conexión a Internet, mientras que apenas el 17% de las familias que pertenecen al estrato 1 tenía este servicio.

Así mismo, en las pruebas Saber 11 del año 2018, el 50% de los estudiantes de los grados quinto y undécimo de los colegios públicos respondió en la encuesta del ICFES que apenas el 37% tenían internet y computador en sus casas.

3. Los estudiantes más pobres tienen menos acompañamiento en las clases virtuales y en otras actividades asincrónicas en casa.

La calidad del acompañamiento está determinada por los niveles de formación de las madres y padres de familia y por su tiempo disponible. Acá es necesario preguntarse ¿quién puede estar en casa con los estudiantes, cuando los padres y madres no pueden? y ¿cuál es la comprensión, interés y responsabilidad que otros familiares o allegados puedan tener para acompañar procesos pedagógicos de estudiantes?

Recordemos que la encuesta de calidad de vida de 2019 encontró que el 38,4% de los hogares en Colombia están encabezados por madres solteras o donde la carga de trabajo es doble para las madres.

4. Los docentes y estudiantes de los colegios oficiales que no tienen internet no tienen competencias digitales.

Ni antes ni durante la pandemia han sido formados los y las docentes en el manejo de las TIC. Tampoco se han llevado a cabo esfuerzos para incluir en los currículos de la educación básica y media la formación en competencias digitales.

El DANE informó que el 66% de las sedes de los colegios públicos no tenía conexión a Internet en 2019, y que esta situación era peor en la zona rural donde el 79% de las sedes (públicas y privadas) funcionaban sin conexión a Internet.

5. Por último, al cerrar los colegios se perdió la posibilidad de compensar a los estudiantes con menos recursos con una educación de buena calidad.

Según la ministra de Educación de España, Isabel Celaá, la escuela en sí misma es insustituible para los niños y los adolescentes más pobres, porque ella “es compensadora de desigualdades de origen: en el aula, un alumno es igual al otro e interactúa con el profesor con sus propias condiciones y desde sus propias circunstancias, aunque en el hogar existan impactos desiguales”.

Foto: Alcaldía de Bogotá La pandemia cobró muy duro al país al contar con una educación barata.

Puede leer: Los riesgos de la alternancia educativa durante la pandemia

Daños irreparables

Es inadmisible que al llegar la pandemia tuviéramos colegios mal dotados y con necesidades básicas insatisfechas: 7% sin energía y 11% sin acceso a agua potable en el año 2020.

La pandemia cobró muy duro al país por contar con una educación barata, pues el Estado invierte menos de 4 millones de pesos anuales por estudiante.

el 97% de las familias en estrato 5 y 6 tenía conexión a Internet, mientras que apenas el 17% de las familias que pertenecen al estrato 1 tenía este servicio.

La Fundación Malala calcula que en el mundo cerca de 20 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de la pandemia. En Colombia no hay evidencia seria sobre lo que está ocurriendo con la cobertura escolar.

En términos de calidad educativa, de Hoyos y Saavedra señalan que “los alumnos de primaria en Bélgica, Reino Unido y Países Bajos muestran resultados de aprendizaje significativamente inferiores a los de generaciones anteriores, y este efecto es significativamente mayor entre alumnos de bajos ingresos”, aunque estos países cuentan con acceso a banda ancha. Los autores concluyen que: “A pesar de los grandes avances, no hay ninguna tecnología que pueda igualar la capacidad de los profesores para generar (sic) aprendizajes entre los alumnos”.

En Colombia, donde la mayoría de los estudiantes no tienen Internet ni computadora, una encuesta del Laboratorio de Economía de la Educación llevada a cabo a 4.478 docentes y 443 rectores en 15 entidades territoriales encontró que:

  • el 27% de los docentes no siguió dictando clase;
  • el 40% lo hace de manera asincrónica, a través de guías entregadas a los estudiantes en papel, en el chat del WhatsApp o por correo virtual.

Con las guías las maestras y maestros, sin virtualidad, no tienen la oportunidad de interactuar con los estudiantes más pobres para mediar procesos de lectura, investigación, análisis, reflexión y contrastación de ideas y opiniones; menos todavía para explicar la tarea y atender las preguntas de los alumnos sobre cómo desarrollarla.

Un equipo de investigadores de Michigan State University encontró que los estudiantes de secundaria y media conectados con Internet de alta velocidad en sus casas y con computadores tienen más habilidades digitales, mejores notas en el colegio y obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas tipo SABER. Lo contrario también se demostró: la mala conexión o el acceso a las clases por medio de teléfonos móviles en vez de computadores agrava las brechas y atrasos en calidad.

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Conclusiones

  1. Es urgente regresar a la presencialidad, pues más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes no volvieron a los colegios desde marzo del 2020. Más de un millón de niñas y niños de preescolar no conocen sus colegios y no han interactuado con sus docentes o compañeros.
  2. La educación es un derecho de cumplimiento obligatorio para el gobierno nacional. Sin embargo, vamos para récord mundial de cierre de colegios durante la pandemia: 58 semanas y contando.
  3. El gobierno ha destinado apenas 90.000 millones de pesos para elementos de bioseguridad que permitan las clases presenciales, lo cual implica un promedio de 2 millones por sede. FECODE pidió 600.000 millones para esto.Y además el gobierno de Colombia no les dio prioridad a los docentes para vacunarlos, como lo hicieron muchos otros países. Tampoco atendió la solicitud del magisterio de declarar enfermedad profesional las posibles incapacidades por efecto de la COVID-19.
  4. Aunque la mayoría de las exigencias de FECODE para regresar a clases puedan ser justificables, el magisterio también debe recordar su obligación de ayudar a garantizar los derechos prevalentes de los niños. No se pueden exigir reformas o soluciones estructurales para resolver en el corto plazo; el magisterio debe ser consciente que a quien mayor daño causa el cierre es a las niñas y niños más pobres.
  5. Es inexplicable la ausencia de los padres de familia. Por miedo o desconocimiento ellos han aceptado que sus hijos no asistan a las aulas escolares durante más de un año.
  6. Por último, es importante reconocer que la mayoría del sistema educativo ha funcionado a pesar de las trabas, gracias en parte a las maestras y maestros que han ido más allá de lo imaginado con actividades pedagógicas, creativas y comprometidas con la educación de calidad.

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

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Angel PerezEstos son los retos que hoy enfrentan las escuelas y colegios que educan a la mayor parte de los colombianos. La virtualidad ha puesto en evidencia nuestra gran desigualdad educativa.

Ángel Pérez* Continue reading «La educación básica y media en la era del coronavirus»

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

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Angel PerezLa Constitución establece la autonomía universitaria, pero el gobierno debe asegurar la calidad de quienes ejercen las profesiones. Un decreto del gobierno revive la controversia.

Ángel Pérez Martínez

Continue reading «Universidades: ¿autonomía o intervención del Estado?»

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

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Angel Perez¿Qué reclaman los docentes? ¿Qué tan legítimos son los paros de este año?

Ángel Pérez Martínez*

Continue reading «Los paros de FECODE: ¿algún día encontraremos la solución?»

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Ángel Pérez

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Ángel Pérez

Profesor y asesor en temas educativos.

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