El presidente y la autonomía universitaria

De ahora en adelante, y en cualquier momento, sin autorización de las directivas universitarias, la Policía Nacional, como primera autoridad operativa, entrará armada a los campus universitarios a combatir, reducir y detener a los criminales que se sospecha se esconden allí.

En su alocución del domingo 13 de septiembre de 2026, el presidente De La Espriella anunció su muy particular concepción de la autonomía universitaria: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. 

La primera frase establece lo que la autonomía universitaria no es para el presidente. La segunda promete, en primera persona del singular, una acción relámpago para sacar y hacer pagar a los que se esconden en las universidades. 

¿Quién es quién?

¿Quién son esos personajes de los que habla el presidente? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son o no son estudiantes? ¿Podrían llegar a ser multitudes? ¿Y por qué se esconden en las universidades? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y el presidente, de verdad, va a ir él mismo por ellos? 

A pesar de tanta ambigüedad, el mensaje del presidente es bien claro: de ahora en adelante, y en cualquier momento, sin autorización de las directivas universitarias, la Policía Nacional, como primera autoridad operativa, entrará armada a los campus universitarios a combatir, reducir y detener a los criminales que se sospecha se esconden allí.  

Pero esto es sólo lo que va a ocurrir o lo que el presidente promete que va a ocurrir. Es la acción del Estado contra el enemigo. Lo que no se sabe muy bien es qué tan cierta es la información con la que activarán el protocolo nacional para definir cuándo la Policía podrá ingresar a las universidades públicas colombianas ante hechos de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones graves del orden público. 

 ¿Cómo sabrá la autoridad operativa que va a ocurrir un crimen en el campus? ¿Cómo sabrá la Policía Nacional que, en ese instante exacto, se está planeando un crimen? ¿Será una asamblea estudiantil muy entusiasta una señal creíble de actividad terrorista en ebullición? ¿Esconderá una marcha pacífica un acto terrorista? 

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, se unió al presidente en la necesidad de usar inteligencia humana para detectar actos criminales y criminales en los campus universitarios. Inteligencia humana quiere decir infiltrados, espías, informantes, tanto externos como internos. Peña, que habla como un experto en la materia, en una entrevista con la FM contó que después de la pandemia, la Universidad Nacional llegó a registrar varios episodios de pedreas y actividades violentas por semana. Pero que el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía permitió posteriormente capturar a once personas que, según su versión, no pertenecían a la institución y estarían relacionadas con los desmanes.

¿Cuántos policías infiltrados o informantes serán necesarios para detectar las señales de probables acciones terroristas en conversaciones, en clases, en mesas de cafetería, en asambleas? ¿Y los agentes infiltrados se matricularán como estudiantes o más bien la SIJÍN contratará estudiantes, empleados, profesores, trabajadores como informantes del Estado, llevando las semillas de la guerra y de la desconfianza a la comunidad universitaria? 

Noten que la activación del protocolo proviene de una actividad incierta, de sospechas no confirmadas, de chismes y rumores, de viajes de la imaginación, de paranoia pura y dura, de entusiasmos excesivos en el cumplimiento del programa de gobierno. No hay ningún hecho cierto, a menos, por supuesto, que esté ocurriendo un delito en flagrancia –casos en los que con alta probabilidad la víctima hace parte de la comunidad universitaria. 

Pero en los campus universitarios hay miles de personas y los agentes de la Policía Nacional están obligados a saber quiénes, entre la multitud que enfrentarán, son los criminales que buscan. A los agentes antidisturbios les resultará imposible distinguir quién es quién en la acción que sobrevendrá, porque activarán su memoria archivada de disturbios pasados y atacarán a la toda la masa enemiga que tienen enfrente, terroristas o no terroristas. 

Y lo que harán no será su culpa personal. Han sido entrenados para destruir por la fuerza a unos jóvenes privilegiados que, en lugar de estudiar, como deben, juegan al terrorismo, les hacen la vida imposible y se esconden en las universidades. La caracterización de los estudiantes universitarios como fuerza enemiga por parte de la Policía Nacional también incluye a las y los jóvenes de los barrios populares de Bogotá, Medellín y Cali. 

Durante el levantamiento popular de abril-mayo de 2021 en Cali, el gobierno de Duque, sin proponérselo, creó un extraordinario experimento natural al traer 7.000 hombres del Ejército Nacional con la tarea de recuperar el orden en la tercera ciudad de Colombia. Y en verdad el Ejército contribuyó a poner cierto orden en la ciudad, pero no cómo lo esperaba todo el mundo. En lugar de usar las armas de la República para reprimir a unos jóvenes que protestaban, el Ejército puso en orden a la Policía, detuvo la guerra de exterminación que conducía contra las y los jóvenes de la ciudad y dejó en evidencia que el accionar de la Policía era la continuación de una guerra muy vieja. 

Es esa memoria la que ahora quiere reactivar De la Espriella al promover la incursión de la Policía Nacional en los campus universitarios de Colombia como la única forma de preservar el orden público. 

Pero ya existe una alternativa no armada a los enfrentamientos entre los que protestan y la Policía Nacional: es el diálogo entre las partes enfrentadas promovido por la mediación de especialistas en el reconocimiento de la verdad en la posición del contendiente. Como lo recuerda la profesora Carolina Jiménez en la revista Raya, Colombia tiene el Decreto 003 de 2021, que “establece la primacía del diálogo y la mediación en las protestas basado, entre otros, en los principios de la dignidad humana, garantía de derechos, no estigmatización y el uso de la fuerza como último recurso”. 

¿Qué queda de la autonomía universitaria?

El regreso de las incursiones armadas de la fuerza pública a los campus universitarios es sólo la punta del iceberg de las agresivas políticas de seguridad y de educación del actual gobierno. De la Espriella quiere pasar a la historia como el presidente que hizo realidad el regreso en el siglo XXI de la República ultraconservadora de Laureano Gómez. 

Es un regreso con matices en lo religioso y con nuevas tecnologías en materia de seguridad. En lo religioso matiza la entrega total de la nación a la Iglesia católica, haciéndoles concesiones a los cultos evangélicos y a un judaísmo proselitista de última hora, mientras hace un aporte imaginativo a la política de sangre y fuego promovida por Gómez y el Partido Conservador para eliminar a sus rivales electorales durante la Violencia. 

En lugar de promover la creación de bandas armadas, de pájaros y chulavitas, que tenían conexiones evidentes con los directorios políticos conservadores, De la Espriella legalizó el  porte de armas para todos los colombianos que tengan armas y tengan ganas de usarlas. El objetivo: que los “ciudadanos de bien” puedan defenderse de los “bandidos” y “vándalos” que andan por ahí. Es una solución barata, silenciosa, sin conexiones visibles con el Gobierno o sus organizaciones afines. Ya en las grandes ciudades y en los campos de Colombia ha comenzado a ejecución de jóvenes, indigentes y personas que no parecen ser “de bien”. 

El nombramiento de la muy decidida y ultramontana Ilva Myriam Hoyos, la colaboradora más fiel del perseguidor Alejandro Ordóñez, como ministra de Educación permite suponer que el protocolo armado del Gobierno no es lo peor que le puede pasar a la pobre autonomía universitaria.  

No porque la Corte Constitucional haya recortado la autonomía universitaria en lo fundamental, que sólo lo ha hecho cuando interfiere con derechos fundamentales, sino porque el Estado mismo, a través del Ministerio de Educación, ha intervenido en las decisiones académicas de las universidades al crear órganos de control y vigilancia como el Consejo Nacional de Acreditación, alrededor del cual ha emergido una burocracia todopoderosa que impide la innovación en las universidades, y  cuyos más destacados ejecutores se rotan en las rectorías y en los consejos superiores de las universidades públicas más importantes.  

El autogobierno en lo académico, lo administrativo, y en la elección de sus directivos que garantiza el artículo 069 de la Constitución, exige una democracia interna amplia, con respeto por la divergencia, en la que todo se pueda decir y el pensamiento crítico prevalezca sobre las presiones de gobiernos, ideologías y partidos. 

Hoy la democracia y el pensamiento crítico están viviendo sus peores horas en las  grandes universidades públicas del país. Estudiantes y profesores fueron excluidos de las decisiones fundamentales de la vida universitaria. Sin pensamiento crítico, sin vida democrática y sin comunidades activas, las universidades públicas están en la peor posición posible para resistir el asalto final a la autonomía universitaria que intentará la nueva ministra. Ideas no le faltan. Tampoco flexibilidad en sus métodos. Sabe que no es posible desprestigiarla más. Que no se debe a ninguna comunidad, sino sólo a sus creencias religiosas y a sus alianzas con hombres poderosos y decididos. Que, como el presidente, sólo le rinden cuentas a Dios. A veces. 

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