El proyecto de presupuesto: dos relatos y un mismo hueco fiscal

Petro y De la Espriella parten de supuestos distintos, pero sus presupuestos revelan el mismo problema: el gasto no puede bajar, la deuda sigue creciendo y es inevitable una nueva reforma tributaria. Estas son las cifras.

Dos presupuestos, dos verdades

No es correcto afirmar, como lo ha hecho el ministro de hacienda, que el presupuesto de Petro es el de la “mentira”, y el de Abelardo de la Espriella (Adle) es el de la “verdad”. Ambos son verdaderos. E igualmente preocupantes. La diferencia está en los supuestos que hace cada uno. Y frente al futuro incierto, el abanico de relatos puede ser infinito.

Para interpretar el nuevo presupuesto, el de Adle, se podrían hacer tres consideraciones. 

—Primera, el nuevo gobierno se dio cuenta de que no podía bajar el gasto público. Esta constatación se agudizó con el terremoto. Tratando de no contradecir su discurso a favor de un menor gasto, el camino más expedito es expresar sorpresa, y proponer un presupuesto “verdadero”. 

—Segunda, de ahora en adelante el relato debe cambiar. Es necesario aceptar que el gasto público no puede bajar. Por tanto, es necesario, gastar más y mejor. Es imposible reducir el gasto. 

—Y, tercera, así no lo quiera el gobierno, es absolutamente necesaria una reforma tributaria que aumente los ingresos.

La sorpresa del nuevo gobierno

El ministro de hacienda observa con preocupación que no puede reducir el gasto y, entonces, propone un presupuesto mayor que el de Petro. Ambos tienen su verdad, que es alimentada por supuestos diferentes.

El rubro que presenta una mayor diferencia es el servicio de la deuda. Pasa de $118 billones a $155,4 b. La brecha es notable, de $37,4 b.

El servicio de la deuda sigue creciendo, y es el rubro más importante del presupuesto. Le sigue, de lejos, educación, con $79 b.

El costo de la deuda no se puede esconder. No hay forma de decir mentiras. Los bancos y las calificadoras de riesgos están pendientes de cada uno de sus componentes. Para la opinión pública y para el Congreso es muy difícil seguirle el paso a las operaciones de deuda por su complejidad, y por la falta de pedagogía del ministerio de hacienda. Pero ello no significa que el valor sea mentiroso. El anterior director de crédito público realizó transacciones que le permitieron tener caja en el corto plazo, incrementando los costos del servicio en los años posteriores al 2027. Estas operaciones pueden ser criticables, pero no son mentirosas.

El considerable aumento del servicio de la deuda en el presupuesto de Adle no se ha explicado con detalle. Dada su insistencia en no aumentar los impuestos, la única manera de financiar el mayor gasto es mediante deuda. El gobierno ha dicho que le solicitará al Congreso un aumento del cupo de endeudamiento.

Habría que pedir aclaración sobre los supuestos que ha hecho el gobierno sobre el valor del dólar, las tasas de interés, la composición entre deuda interna y externa, etc. Los mercados de capitales imponen condiciones que son impredecibles. Nadie sabe lo que sucederá en el 2027, así que el crecimiento de la deuda se podría justificar con un número infinito de supuestos. Hasta ahora el Ministerio de Hacienda no los ha hecho explícitos.

En cualquiera de los dos escenarios, Petro o Adle, el volumen de deuda es considerable. Solamente el pago de intereses es equivalente a la inversión. Este panorama es preocupante e insostenible. De ahí la necesidad inevitable de una reforma tributaria.

La segunda diferencia significativa, de $9,6 b., es la del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Cuando comenzó el gobierno Petro el desbalance del Fepc era de $36 b., y la brecha se redujo considerablemente gracias al aumento del precio de la gasolina. Queda un desbalance cuyo valor depende de la decisión del nuevo gobierno de subir el precio del diésel, y de los movimientos del precio del barril de petróleo en el marco internacional. Si Adle aumenta el precio del diésel, el impacto del Fepc sobre el presupuesto será mínimo. El valor de los compromisos con el Fepc dependerá de las proyecciones de estas variables. Además, su inclusión en el presupuesto depende de la forma como el gobierno decida transferirle la plata a Ecopetrol. Lo puede hacer mediante títulos de deuda, y su expresión en el presupuesto dependerá de los plazo y condiciones de pago.

La tercera diferencia relevante es pensiones. El valor de $6,5 b. no se ha explicado. Parte del problema puede estar en la variación de los cálculos derivados del reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró exequible el 90% de la reforma pensional (ley 2381 de 2024). Durante el limbo de dos años en el que estuvo la ley aumentó el número de traslados de los fondos privados a Colpensiones, y ello modifica los cálculos financieros. Tampoco se conocen los supuestos del gobierno sobre las implicaciones financieras que tendrá el 10% de la reforma que tendrá que volver al Congreso.

Con el paso del tiempo, la afirmación de George se ha ido confirmando. En todos los países del mundo, el tamaño del Estado continúa creciendo.

En el 2024, en los países de la Oecd, el gasto público como porcentaje del PIB era 42.6%. En los del Caribe de 32,8%. Y desde otra perspectiva, mientras que en Colombia el empleo público es el 9% del empleo total, en Francia es el 24% y en Noruega el 30%. Todas las comparaciones indican que el Estado colombiano es relativamente pequeño.

Frente a estas evidencias no se explica por qué razón el gobierno insiste en que el gasto se puede bajar. Es necesario cambiar el discurso, y afirmar sin temor: hay que gastar más y mejor. 

La reforma tributaria es necesaria

La única forma de compensar el aumento del gasto es con mayores impuestos. Es inevitable que el gobierno tenga que recurrir a una nueva reforma tributaria. Y debe ser integral, mirando el conjunto de las finanzas públicas (Nación, departamentos y municipios). Por estar repitiendo que reducirá el gasto, el gobierno se está demorando en prestarle atención a los ingresos. Y en contra de lo que debería hacer, está afirmando que eliminará el impuesto al patrimonio.

La brecha entre gastos e ingresos se tiene que reducir por el lado de los tributos. Tratando de eludir este camino, el ministro de hacienda ha dicho que la mejor manera de mejorar los ingresos del Estado es estimulando la inversión privada. Un mejor ambiente de los negocios se reflejará en los impuestos. Esta falacia se ha predicado desde los años ochenta, y su fracaso se refleja en el aumento del saldo de la deuda pública en numerosos países: en Estados Unidos es 123,9% del PIB, en Alemania es 67%, en Japón se acerca al 300%.

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