¿El fin del Estado de derecho internacional?

Eliminar el Estado de derecho internacional, o lo que comprendemos por reglas de comportamiento entre los Estados, será una larga tarea, pero Trump y sus aliados están trabajando por lograrlo. 

La estrategia trumpista tiene tres características: i) sustituir los intereses nacionales de países socios por la política exterior de Estados Unidos en el marco de su guerra comercial y política contra China; ii) suplantar los tratados y convenios internacionales que crean instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar paso a acuerdos verbales sin reglas, que carecen de normas de funcionamiento, compromisos de financiación o responsabilidades; y iii) promover una agenda militar de lucha contra la criminalidad internacional que acude a métodos no aceptados por las normas internacionales. El resultado de esta estrategia es que en un mundo sin reglas: la única regla es la fuerza.

En ese marco, el mandato de Abelardo De La Espriella —ADLE— le pone a Colombia un panorama al que éramos ajenos. Se trata de ayudar a derrumbar las leyes internacionales que se han construido desde mediados del siglo pasado para prevenir guerras mundiales, evitar exterminios atómicos, ataques a la población civil o graves crímenes. En quince días la política exterior colombiana ha dado un giro de 180 grados, no sólo con respecto a la política petrista, sino frente a una tradición histórica de nuestro Estado. 

Desde 1980 Colombia había acompañado al grueso de las naciones en el rechazo a  las arbitrariedades de Israel en materia de reclamos territoriales. Por una parte, nuestro país nunca acompañó la proclamación ilegal de Jerusalén (Palestina) como capital de Israel, ni había aprobado la ocupación israelí de los Altos del Golán (territorio sirio). Tras once presidentes, de diversas ideologías y en su mayoría de derecha, ADLE rompe con esta tradición.

Esta fractura no representa exclusivamente un cambio de opinión, es el desconocimiento de al menos cuatro resoluciones de la ONU, así como el aislamiento de nuestro Estado, que toma parte en una controversia que en nada le cambia la vida a nuestro pueblo, sólo para quedar del lado de los verdugos, Estados Unidos e Israel.

La descomposición del orden internacional también pasa por el ataque de Trump a la Corte Penal Internacional (CPI). La arremetida se explica por una pataleta típica del mandatario: “si las instituciones me investigan a mí o a mis amigos, las instituciones son malas”. Ésta se manifiesta con castigos a los jueces de la CPI tales como bloqueos financieros, congelación de activos, restricciones de ingreso a los EE.UU., agresiones verbales y amenazas de “desmantelar” la Corte.

Recordemos que la CPI es la encargada de juzgar el genocido, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los de agresión cuando las jurisdicciones nacionales no cumplen con su deber de impartir justicia. Sin CPI las arbitrariedades imperialistas pueden ser mayores.

Para materializar el desmantelamiento de la CPI en nuestra región, Trump ha invitado a los 19 países que integran el “Escudo de las Américas” a retirarse del Estatuto de Roma. Invitación sobre la que ADLE ha tenido un silencio preocupante. Actualmente Colombia no tiene investigaciones abiertas por la CPI, pero sí mecanismos de cooperación entre nuestra justicia y dicha institución. 

Retirarnos no le sirve de nada al país, pero sí nos dejaría aislados y sin herramientas para que nuestras instituciones investiguen y juzguen crímenes que nos pesan bastante como sociedad. Además, nos deja del lado de Nicaragua y Venezuela, quienes desconocen a la CPI.

Finalmente, la alianza creada por Trump del “Escudo de las Américas”, no sólo es un caballito de batalla contra el orden global, también lo es en materia regional. Con ésta, que no es ni una organización internacional ni existe mediante un tratado que lo defina y regule, Trump creó una alianza para opacar tanto a la OEA como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Las consecuencias de que Colombia se sume al club de patanería en contra del Estado de derecho internacional están por verse. Sin embargo,  no queda duda de que asumiremos altos costos por defender intereses ajenos. El gobierno que prometió el sometimiento a la legalidad, en materia internacional  hace todo lo contrario.