El nuevo contralor: ¿quién controla a los que controlan?

La elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor reabre una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando quienes han construido su carrera en el Congreso pasan a dirigir los organismos encargados de vigilar el poder político?

Laverde y Eljach: una puerta giratoria 

La elección de Jorge Eliécer Laverde como Contralor General de la República vuelve a poner en el centro del debate una pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿quién controla a quienes ejercen el poder político?

Laverde construyó durante más de una década su trayectoria profesional dentro del Congreso de la República como Secretario de la Comisión Sexta del Senado. En 2024, incluso, su nombre fue considerado para suceder a Gregorio Eljach en la Secretaría General de esa corporación.

Ahora llega a la jefatura de la Contraloría General, entidad encargada de ejercer vigilancia fiscal sobre el manejo de recursos públicos en todo el Estado. Entre sus responsabilidades se encuentra el control de proyectos de inversión, procesos de contratación y asignaciones presupuestales frente a los cuales los congresistas suelen ejercer una importante capacidad de influencia política.

El caso de Gregorio Eljach presenta características similares. Tras doce años como Secretario General del Senado, fue elegido Procurador General de la Nación, cabeza de otro de los principales organismos de control del país.

La cuestión no consiste en afirmar que una persona vinculada durante años a la estructura político-administrativa del Congreso carezca por ello de independencia. El problema es distinto. Se trata de preguntarse qué significa que el capital institucional, político y relacional construido dentro del Congreso se convierta en un activo relevante para acceder a la dirección de instituciones cuya función constitucional es vigilar el ejercicio del poder público.

La pregunta adquiere mayor importancia cuando se observa la trayectoria reciente de la Procuraduría. Durante las últimas décadas, la mayoría de sus titulares provinieron de las altas cortes, la Rama Judicial o el ejercicio jurídico de alto nivel. Gregorio Eljach representa un perfil diferente: el de un funcionario que desarrolló la mayor parte de su carrera dentro de la estructura político-administrativa del Legislativo.

Laverde constituye un fenómeno comparable en la Contraloría. Observados conjuntamente, ambos casos dejan de parecer episodios aislados y sugieren una transformación más amplia en el perfil de quienes llegan a dirigir los organismos encargados de controlar al poder político.

Una vieja enfermedad

La historia de la Contraloría muestra que esta preocupación no es nueva.

Entre 1975 y 1998, la entidad estuvo dirigida por figuras con amplias trayectorias políticas. Varios de ellos terminaron involucrados en graves controversias judiciales. Aníbal Martínez Zuleta fue condenado por cohecho, mientras que Rodolfo González García, Manuel Francisco Becerra Barney y David Turbay Turbay resultaron vinculados al proceso 8.000, uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente del país. Solo González fue absuelto.

No sería serio establecer una relación automática entre experiencia política y corrupción. Sin embargo, aquella sucesión histórica sí puso de manifiesto los riesgos que pueden surgir cuando las redes políticas adquieren una influencia determinante sobre organismos diseñados precisamente para ejercer control sobre el poder.

La respuesta institucional a esa crisis comenzó durante la administración de Carlos Ossa Escobar y continuó en la de Antonio Hernández Gamarra. Durante ese período se fortaleció la tecnificación de la entidad, se consolidó el modelo de control posterior y selectivo y se impulsó la carrera administrativa. La principal lección de esa etapa sigue siendo vigente: la autonomía de los organismos de control no depende únicamente de quienes los dirigen, sino también de reglas capaces de limitar la influencia política sobre la burocracia y garantizar criterios de mérito en el acceso a los cargos.

La autonomía es precaria

La transformación impulsada durante las administraciones de Ossa y Hernández no produjo una separación definitiva entre la Contraloría y la política.

Los contralores que llegaron después reflejaron perfiles diversos. Algunos tuvieron trayectorias predominantemente jurídicas o administrativas; otros llegaron con un recorrido importante dentro de la actividad política nacional y territorial. Más que una ruptura definitiva, la evolución de la entidad parece mostrar una tensión permanente entre dos lógicas.

Por una parte, una lógica institucional orientada por la profesionalización, la carrera administrativa y la autonomía funcional. Por otra, una lógica política sustentada en redes de poder, capacidad de intermediación y construcción de alianzas.

La pregunta que hoy surge no es si los funcionarios con trayectoria política pueden ejercer controles independientes. La pregunta es si las barreras institucionales construidas para proteger la autonomía de la entidad se mantienen vigorosas o si han comenzado a debilitarse.

Un problema que se agranda

El debate adquiere una dimensión particular después del Acto Legislativo 04 de 2019.

La reforma introdujo el denominado control concomitante y preventivo. Su principal promesa consistía en permitir que la Contraloría actuara durante la ejecución de los procesos de gestión fiscal y no únicamente después de producidos los hechos de corrupción. El objetivo era evitar que la entidad llegara tarde, cuando el daño al patrimonio público ya estuviera consumado.

Para hacer posible ese nuevo modelo, la Contraloría recibió recursos extraordinarios. Entre 2019 y 2026, el presupuesto de nómina se duplicó en términos reales y la planta de personal aumentó en más de 2.500 funcionarios. Estas cifras muestran que la reforma vino acompañada de un fortalecimiento institucional sustancial.

Sin embargo, varios años después, la discusión ya no gira alrededor de si la reforma aumentó los recursos de la Contraloría. Las cifras disponibles indican que efectivamente lo hizo. La pregunta relevante es otra: ¿ese fortalecimiento produjo una capacidad superior para detectar y prevenir la corrupción?

Cuando el periodismo llega primero

La respuesta no es sencilla, pero los principales escándalos de corrupción de los últimos años introducen elementos de análisis difíciles de ignorar.

Casos como Centros Poblados, las denominadas Marionetas y las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo adquirieron notoriedad gracias al trabajo de periodistas y medios de investigación independientes. Esto no permite concluir que el control concomitante y preventivo haya fracasado, pero sí obliga a preguntarse si el aumento de facultades, recursos y personal se tradujo efectivamente en una mayor capacidad de detección temprana de irregularidades.

Vista desde esa perspectiva, la discusión sobre los resultados del control concomitante conecta con una reflexión más amplia desarrollada por Jenny Pearce y Juan David Velasco sobre la creciente centralidad de los recursos, los cargos, los contratos y las capacidades de intermediación dentro de ciertas formas contemporáneas de hacer política.

La pregunta entonces deja de ser únicamente qué tan eficaz ha sido el control preventivo. También pasa a ser qué efectos institucionales produjo la reforma. Si el resultado más visible fue el crecimiento de la estructura burocrática y de los espacios de nombramiento, el debate sobre la autonomía adquiere una nueva dimensión.

El problema vuelve a ser institucional

Las cifras sobre provisión de cargos ayudan a comprender esa preocupación.

La existencia de miles de nombramientos provisionales durante los últimos años no constituye por sí sola una prueba de captura política. Sin embargo, sí amplía el margen para decisiones discrecionales en una institución cuya autonomía se había construido, desde las administraciones de Carlos Ossa y Antonio Hernández, alrededor del fortalecimiento de la carrera administrativa. 

No se trata de un fenómeno marginal: entre 2023 y 2025, la Gerencia de Talento Humano de la Contraloría produjo en promedio 7.112 resoluciones de nombramientos provisionales por año (rotando 2.8 veces los nuevos cargos), y a junio de 2026 ya llevaba expedidas 4.231 resoluciones. La dimensión alcanzada por estas vinculaciones convierte la discrecionalidad en un elemento institucionalmente relevante. 

Es precisamente aquí donde la elección de Laverde adquiere significado político e institucional.

La experiencia histórica de la Contraloría demuestra que la autonomía puede construirse mediante reglas capaces de limitar la influencia de las redes políticas sobre la burocracia. También demuestra que esas conquistas no son irreversibles.

Por eso la discusión no debe centrarse exclusivamente en la persona elegida para el cargo. Lo relevante es el contexto institucional dentro del cual ocurre esa elección.

Del poder político al control del poder

La democracia representativa confiere al Congreso una enorme capacidad de decisión. Pero también supone la existencia de organismos independientes encargados de vigilar el ejercicio de ese poder.

La experiencia colombiana muestra que tales controles son indispensables. Durante las últimas dos décadas, 92 congresistas en concurso con funcionarios públicos han sido investigados y la mayoría condenados por distintas modalidades de corrupción, tráfico de influencias y utilización indebida de recursos públicos. En consecuencia, la dirección y la orientación de los organismos encargados de ejercer el control y la vigilancia tiene un evidente valor estratégico para diversos sectores políticos.

Por eso las elecciones de Eljach y Laverde trascienden las condiciones personales de cada uno de ellos. Lo relevante es el patrón institucional que podrían estar reflejando.

La historia de la Contraloría muestra que la autonomía puede construirse, pero también erosionarse. La coincidencia de los nombramientos de Gregorio Eljach y Jorge Eliécer Laverde, ambos provenientes de la estructura administrativa del Congreso, plantea una pregunta legítima: 

¿estamos ante una nueva puerta giratoria mediante la cual el capital político acumulado en el Legislativo se convierte en una vía de acceso a las instituciones encargadas de vigilarlo? 

Si así fuera, no estaríamos simplemente ante dos designaciones individuales, sino ante un reacomodamiento más amplio de las relaciones entre poder político y organismos de control. 

El desafío consiste en preservar la autonomía institucional necesaria para que quienes vigilan el ejercicio del poder puedan hacerlo con independencia, incluso cuando provengan de las estructuras que están llamados a controlar. 

No obstante, a este desafío se suma una paradoja institucional. Los cambios normativos que podrían fortalecer la autonomía de los organismos de control deben ser impulsados y aprobados por los mismos actores políticos cuyos espacios de influencia podrían verse limitados por esas reformas. En consecuencia, la demanda de mayor independencia institucional suele enfrentarse a resistencias inherentes al propio sistema político.

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