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La crisis es del ISS, no de Colpensiones

Escrito por Luis Hernando Barreto
luish barreto dificultades colpensiones ancianos pensionados

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Una historia acumulada de abandono, irresponsabilidad, corrupción e inequidad está saliendo a flote. Pero la Procuraduría acusa a Colpensiones, una entidad que en diez meses de vida ha hecho más de lo que hizo el ISS en varias décadas.

Luis Hernando Barreto Nieto*

El problema de fondo

La Constitución de 1991 y sus reformas garantizan a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y a la sostenibilidad financiera del sistema pensional [1].

El Estado debe hacer funcionar de manera regular y equilibrada los tres fundamentos de la seguridad social: la financiación, la gestión y los derechos. El cumplimiento de los derechos obviamente depende de que exista financiación y de que la gestión sea eficiente.

Sin embargo, los enormes atrasos en reconocer pensiones, en corregir historias laborales y en tramitar las tutelas que subsisten [2], dan cuenta de un problema de fondo en la gestión del régimen pensional, que no se originó de la noche a la mañana y no se debe por supuesto a Colpensiones: esta empresa nació, sí, para resolver aquel problema, pero además para fortalecer a mediano y largo plazo el régimen pensional de prima media con prestación definida[3]. 

Lo cierto es que al nacer Colpensiones no se cortó — y aun no se ha cortado — el “cordón umbilical” que amarra dicho régimen al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y a su desastre administrativo de más de seis décadas.

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La entidad está congestionada de tutelas
y procesos judiciales.
Foto: Urna de cristal

Mal manejo de recursos

• La ley 90 de 1946 creó el Instituto Colombiano del Seguro Social (ICSS) y estableció su financiación tripartita: los empleadores, los trabajadores y el gobierno. El Instituto sobrevivió con los aportes de los dos primeros, porque el gobierno siempre eludió esta responsabilidad. 

• En 1994, el gobierno Gaviria canceló parte de la deuda acumulada entregando al ISS el 83 por ciento de las acciones del Banco Central Hipotecario, avaluadas en 129 mil millones de pesos. No obstante, cuatro años después este capital se diluyó en medio de la crisis financiera y económica. 

• La ley 100 de 1993 impuso al ISS — de forma irresponsable — la obligación de pagar la mesada número catorce, para compensar las contribuciones a salud de los pensionados. Si bien la reforma constitucional de 2005 corrigió esta arbitrariedad, ya se había ocasionado un daño irreparable al Instituto. 

• Año tras año el Ministerio de Hacienda redujo las metas de inversión al ISS, lo que impidió adquirir la tecnología necesaria para ponerse al día en la gestión. 

Estos y otros hechos muestran cómo el ISS fue estrangulado por el propio Estado. 

La generación actual se ve por eso obligada a financiar con impuestos la deuda que el gobierno no honró en su momento y que además agrandó a punta de malas decisiones. 

Politiquería y corrupción

Durante mucho tiempo los políticos y los gobiernos de turno consideraron al ISS como una fuente de empleo para honrar, eso sí, sus compromisos electoreros [4].  Así se explica el descuido en la actualización tecnológica que siempre requirió el Instituto.

En estas condiciones, era inevitable que el Instituto fuera lento en sus operaciones, lo cual llevó al desorden administrativo y al caos en el manejo de la información, “abonando el terreno” para la corrupción.

A principios de 1991, la Policía Judicial desmanteló una red comprometida en el desvío de los aportes obrero–patronales en el ISS- Seccional Cundinamarca [5]. Los funcionarios manipulaban las historias laborales y así lograron que en 1990 se pensionaran más de 1.300 usuarios sin  completar los 20 años de servicio ni cumplir los requisitos que la ley exigía. 

En septiembre de 2001 se descubrió otra modalidad del fraude, cuando fue capturada una asistente del ISS que tramitaba las pensiones a nombre de beneficiarios que nunca estuvieron afiliados [6]. La funcionaría retenía las reclamaciones auténticas hasta por cuatro años para dar prioridad a las pensiones fraudulentas. En esta operación se detectaron 14 mil pensiones sospechosas.  

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Mauricio Olivera exviceministro de empleo
y pensiones, nuevo presidente de Colpensiones.
Foto: Twitter Mauricio Olivera

Atrasos acumulados

• La autoliquidación de aportes — realizada por los empleadores — fue una medida bastante improvisada que se adoptó en 1994: provocó serias dificultades al intentar imputar estos aportes a las historias laborales, ante la falta evidente de correspondencia entre una y otra información. 

• El 1º de mayo de 1996 — Día del Trabajo — el presidente del ISS, Carlos Wolff Isaza, anunció que ya eran muchos los reconocimientos represados: debido a problemas en el manejo de las historias laborales, los retrasos fluctuaban entre seis meses y un año [7]. 

• En 1998, el ISS se convirtió en la entidad pública más demandada del país.

• Para 1999 se habían acumulado cerca de 22.000 tutelas, lo que supuso un enorme desgaste administrativo y financiero para el ISS [8].

• En mayo de 2007, la Procuraduría alertó sobre la situación diciendo que “cada mes llegan al ISS 15.000 solicitudes de corrección de la autoliquidación y hasta el 14 de marzo pasado llegaban a 200.000 las peticiones de corrección” [9]. 

Avalancha de litigios

El desorden acumulado se refleja en el número de litigios: se demanda ante la justicia ordinaria y ante la contenciosa el reconocimiento y la reliquidación de una pensión.

Una fuente importante de litigios es el aumento en el valor de la pensión para dependientes que estableció el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año. Hay grupos de abogados que prometen conseguir un aumento del 7 por ciento por cada uno de los hijos menores, o del 14 por ciento por el (la) esposo(a) o compañero(a) del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.

Los abogados también ofrecen revisar la historia de los aportes efectuados por el pensionado a lo largo de su vida laboral y adelantar los trámites para que la pensión sea reliquidada. 

 

Los de arriba y los de abajo

Arriba están por supuesto los congresistas, los altos funcionarios del gobierno, de la Superintendencia Financiera o de la Procuraduría General de la Nación, cuyos apremios causaron la renuncia de Pedro Nel Ospina como presidente de Colpensiones.

Estos ilustres VIP disfrutan de pensiones excesivas (para la muestra el revivido “Carrusel de las pensiones”, como también mi artículo “Pensiones millonarias: ¿cuál ética política”, publicado en esta misma revista el 12 de mayo de 2013). Pero además tenían otro privilegio: lograr un trámite express de la pensión de un pariente, un amigo o un copartidario mediante una llamada a un funcionario del ISS.

Entre tanto, don José Saúl Jiménez, por ejemplo, — quien tenía 73 años en septiembre de 2005 — solicitó su pensión y le fue negada porque le faltaron 6 semanas de cotización. Don José Saúl tramitó su solicitud en todas las instancias, pero en junio de 2012 — a los 80 años de edad — perdió la esperanza, porque la Corte Constitucional ratificó que le faltaban 6 semanas [10].

La negativa se produjo a pesar de que don José Saúl es una persona de especial protección constitucional por pertenecer a la tercera edad, por estar enfermo y por estar sumido en la pobreza. La misma Corte ha sostenido que para estas personas, los criterios de procedencia formal deben “flexibilizarse”.

 

Buen comienzo en Colpensiones

Colpensiones lleva apenas 10 meses de existencia. Un tiempo récord durante el cual Ospina llevó a cabo la mayor y mejor cirugía que ha podido aplicarse en seis décadas: aislar la entidad de los intereses politiqueros y de los tramitadores VIP. 

La nueva entidad formó un equipo de 9 vicepresidentes, 3 jefes de oficina, 2 gerentes y 69 asesores, acudiendo a una firma cazatalentos y por convocatoria pública. La selección de 1.029 profesionales y técnicos también se realizó sobre la base de criterios meritocráticos y por convocatoria pública abierta.

Este equipo ha logrado resolver en diez meses 143.772 solicitudes de reconocimiento — o el 56 por ciento del represamiento total — y otras 74.686 correcciones de historias laborales, el 32,5 por ciento del total represado, algo nunca visto en la administración del ISS[11].

Los ciudadanos tenemos la esperanza de que las demoras van a disminuir a medida que los políticos, los jueces y la procuraduría permitan tecnificar y fortalecer a Colpensiones.

Ojalá que el presidente entrante, Mauricio Olivera — también de perfil tecnocrático — tenga el valor del presidente saliente, pues de otro modo Colpensiones será asfixiada por el “cordón umbilical” que lo ata aún a las viejas y nocivas prácticas del ISS.

* Economista, agrólogo, politólogo y candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales. 

[1] Artículo 48 de la Constitución.

[2] Con corte a agosto 5 de 2013 el atraso es el siguiente: 111.573 casos de prestaciones pensionales por resolver;  155.012 casos de corrección de historias laborales; 208.993 trámites de tutela; 4.195 cumplimiento de sentencias; 6.814 bonos pensionales y otros; y 232 novedades de nómina. Fuente: Primer informe de Colpensiones de acuerdo a lo previsto en el Auto 110 de 2013 de la Corte Constitucional. Consultado en http://www.colpensiones.gov.co/

[3] Colpensiones fue creada mediante el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y entró a funcionar en octubre de 2012, con la expedición del Decreto 2013 de 2012.

[4] “La situación del Instituto de Seguro Social” por Zoilo Cuéllar Montoya, Presidente Academia Nacional de Medicina de Colombia. Bogotá, 2006. Consultado en Imbiomed.com

[5] El Tiempo, 15 de abril de 1991. Autor: Jorge González. 

[6] El Tiempo, 21 de septiembre de 2001

[7] El Tiempo, 1 de mayo de 1996.

[8] El ISS del siglo XXI, 2001, p. 83.

[9] El Tiempo, 28 de mayo de 2007.

[10] Sentencia T-453 de 2012.

[11] Primer informe Auto 110 de 2013.

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