Inasistencia, excusas dudosas, corrupción y el país cayéndose a pedazos. Un movimiento ciudadano identifica y demanda a los vagos mientras que Iván Duque les aumenta el sueldo.
Luis Hernando Barreto*
¿Qué es el ausentismo parlamentario?
Para nadie es un secreto que el congresista típico de Colombia no asiste a las sesiones o asiste al llamado a lista y abandona el recinto.
Los constituyentes de 1991 respondieron a estas y otras malas prácticas políticas y por eso, según el artículo 183 de la Constitución, un congresista puede perder su investidura, entre otras cosas, por su inasistencia en un mismo periodo de sesiones a seis reuniones plenarias en las cuales se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado no acepta que el congresista atienda solo el llamado a lista y se ausente del recinto, toda vez que los parlamentarios están obligados por ley a votar, salvo en el caso de excusas valederas.
Sin embargo, los congresistas pueden justificar su ausencia si esta se debe a un caso fortuito, fuerza mayor, incapacidad física, comisión oficial o si cuentan con el permiso de la mesa directiva, todas las cuales son excusas aceptables según el artículo 90 de la Ley 5 de 1992.
Excusas mentirosas
La interpretación de las normas sobre excusas se ha convertido en un problema jurídico crucial a la hora de resolver una pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado, instancia encargada de aplicar la sanción.
Un buen ejemplo es el proceso del representante Christian José Moreno Villamizar por ausentarse de la plenaria del 3 de septiembre de 2014 debido a que su esposa estaba enferma. La Consejera Ponente encontró serias inconsistencias en la excusa. Si bien esta tenía el visto bueno del presidente de la Cámara, en la historia médica de la esposa del representante con la, que se respaldó la solicitud de permiso, se generó e imprimió el 26 de junio de 2018, es decir tres años después de celebrada la sesión.
Según la Consejera “resulta por lo menos incomprensible que la Secretaria de la Cámara de Representantes haya enviado como prueba y sustento del permiso otorgado al demandado en esa fecha un documento que para esa época no existía, porque se generó́ (sic) varios años después —coincidencialmente, unos días después de la notificación del auto de admisión de la demanda de perdida de investidura al demandado— “.
Sin embargo, la Consejera decidió justificar la inasistencia por el hecho de que la dudosa excusa tenía el visto bueno del Presidente de la Cámara. ¿Acaso el artículo 10 de la Resolución 0665 de 2011 de esta Cámara no exige que las excusas por inasistencia se presenten en un término de tres días hábiles después de realizada la sesión y no tres años después?
La interpretación de las normas sobre excusas se ha convertido en un problema jurídico.
El mismo representante justificó su inasistencia a la plenaria de 30 de septiembre de 2014 mediante la solicitud de permiso que presuntamente radicó ese día a las 3:13 p.m, junto con un certificado de incapacidad médica firmado por el médico del Congreso. Sin embargo, el representante ese día registró su asistencia a las 3:28 p.m. y no estuvo presente en las cuatro votaciones nominales que se adelantaron hasta el cierre de la sesión a las 7:08 p.m.
Al respecto se pregunta la Consejera Ponente: ¿por qué si el demandado a las 3:13 p.m. presenta quebrantos de salud y registra su solicitud de permiso, decide registrar su asistencia a la sesión tiempo después? Nuevamente, la Consejera admite la justificación porque la solicitud de permiso estaba avalada por el Presidente de la Cámara y, además, presentó incapacidad médica del médico del Congreso: ¿lo formal por encima de lo sustantivo?
Algo similar ocurrió con el proceso de pérdida de investidura de la representante Sara Elena Piedrahita Lyons, quien fue demandada por registrar asistencia al comienzo de las sesiones y posteriormente no votar por su ausencia en la mayoría de los proyectos que se debatieron en:
- Nueve sesiones plenarias del primer período de 2016;
- Ocho sesiones plenarias de marzo a junio de 2017; y
- Diez sesiones plenarias de julio a diciembre de 2017.
El abandono sistemático de las sesiones plenarias fue justificado por la parlamentaria por dolencias médicas, avaladas por el médico del Congreso y por el presidente de la Cámara.
Puede leer: ¿Qué exigirle a los congresistas… y qué no?
Un congreso de espaldas al país
El Congreso ha venido agravando su desprestigio por cuenta de los parlamentarios involucrados en casos de corrupción como los carteles de la toga, la salud, la hemofilia, así como los escándalos de Odebrecht, Fonade o la red de compra de votos, entre otros.
El desprestigio también se explica por los parapolíticos condenados, la inacción de la comisión de acusaciones, la inasistencia y la tendencia de los congresistas a legislar en beneficio propio, incluyendo la negación de tramitar los proyectos anticorrupción.
Foto: Presidencia de la República |
Mientras tanto, los problemas urgentes del país permanecen sin atender:
- Los niños de la Guajira se mueren de hambre;
- Los líderes sociales están siendo asesinados;
- 3,2 millones de personas están desnutridas;
- 2,6 millones de personas sin empleo;
- Preocupa el crecimiento de la inseguridad;
- Crecen los niveles de pobreza;
- Solo el 22,7 por ciento de los adultos mayores tienen una pensión;
- La mala calidad del sistema de salud lo ha llevado a su permanente judicialización;
- La mala calidad de la educación compromete la productividad y la diversificación de la economía;
- Persisten la elevada desigualdad social, la informalidad y el rebusque.
El Congreso y los partidos políticos le han dado la espalda a un país conflictivo por donde se le mire. Brillan por su ausencia las reformas profundas, entre otras, al sector agropecuario y a la diversificación de la economía. Ni se diga del talento de los jóvenes desperdiciado por cuenta de la mala calidad de la educación y la falta de visión alrededor de un proyecto de país que de verdad le sirva a la gente.
La ruta anticorrupción
Es evidente que las prioridades de los “representantes del pueblo” están absolutamente divorciadas de las necesidades del pueblo, razón por la cual la indignación ciudadana crece como espuma. Esto es sintomático de que el Estado colombiano aún está en proceso de formación y su consolidación depende de la creación de marcos para la acción colectiva.
El profesor Sidney Tarrow en “El poder en movimiento”, afirma que los marcos para la acción colectiva subrayan y precisan la gravedad y la injusticia de una situación o redefinen como injusto o inmoral lo que previamente era considerado como desafortunado y tal vez tolerable.
Por ejemplo, cuando Antanas Mockus fue alcalde propuso como marco la cultura ciudadana, logrando modificar comportamientos indeseados. Más tarde, como candidato presidencial, amplió su propuesta afirmando que “los recursos públicos son sagrados” y “la vida es sagrada”. Si bien la ola verde fue efímera, subsisten los principios anticorrupción que la impulsaron.
El Congreso y los partidos políticos han permitido un país conflictivo por donde se le mire.
El marco del significado anticorrupción se fue redefiniendo con la lucha de Claudia López y Angelica Lozano por reformar desde adentro las costumbres del Congreso, lo que se convirtió en una misión imposible. La alternativa fue la consulta anticorrupción, votada por 11,6 millones de ciudadanos, lo que demuestra la determinación de los colombianos a transmitir un mensaje uniforme a quienes ostentan el poder.
Hoy existe el movimiento juvenil #TrabajenVagos, encabezado por Catherine Juvinao, que, a partir de un riguroso trabajo de minería de datos, amplió el repertorio anticorrupción al identificar, señalar y demandar a los congresistas por ausentismo parlamentario.
Foto: Cámara de Representantes |
De esta manera, este movimiento explotó las oportunidades de participación ciudadana abiertos por la Constitución de 1991, redefiniendo el marco de la acción colectiva mediante acciones jurídicas que conducen a la perdida de investidura de los congresistas.
Lea en Razón Pública: ¿Por qué indigna la remuneración de los políticos?
¿Qué sigue?
En la medida en que se amplía y profundiza la conciencia política de la juventud, se avizora una expansión del movimiento anticorrupción, redefiniendo y ampliando de manera progresiva el repertorio de acciones cívicas, políticas y jurídicas.
Entre tanto, el presidente Duque tiene en sus manos contribuir con esta causa, materializando su compromiso de campaña “Nos sobran 100 congresistas”, ojalá dentro de una profunda cirugía al poder legislativo y a los partidos políticos, de tal suerte que erradique:
- El sistema político clientelar y la captura legal e ilegal del Estado por parte de la clase política, cuyos fines han sido su propio enriquecimiento y reproducción.
- La indiferencia de los partidos políticos ante las reformas estructurales y, sobre todo, la supervivencia digna de la población más vulnerable.
- La indignación generalizada por la corrupción política y por el talante cínico de los políticos corruptos, quienes confunden las prerrogativas especiales que se autoconfieren a través de la ley con el actuar por fuera de la ley.
Hasta ahora no se ha visto por parte del gobierno una intención seria de resolver el problema. De hecho, en días recientes el presidente firmó un decreto que aumenta el salario de los congresistas en un 4,5 por ciento, con lo cual su asignación mensual queda en 39,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, muy por encima de los 25 salarios mínimos que establecía como máximo la propuesta de la consulta anticorrupción.
Parafraseando al movimiento #TrabajenVagos, las reformas más profundas que requiere este país pasan primero por la reforma al Congreso de la República.
* Economista, agrólogo, politólogo y candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales.