La nueva procuradora

Este 15 de enero se posesionó Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación.

Antes de llegar a la Procuraduría, Cabello había sido ministra de Justicia del presidente Duque y fue ternada por él para este nuevo cargo. Aunque Cabello hizo una carrera en la rama judicial que la llevó hasta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, sus relaciones estrechas con el uribismo y con clanes políticos de la costa atlántica han llevado a muchos a preguntarse por su independencia y su objetividad.

Para entender cómo podría ser la Procuraduría de Cabello, es preciso examinar el papel de la institución en la arquitectura del Estado colombiano y los retos que han tenido sus predecesores.

El modelo colombiano

La historia de Colombia muestra que, en la mayoría de los casos, el objetivo de nuestros dirigentes no ha sido promover la prosperidad, la paz ni la justicia, sino asegurar la supervivencia de su propia clase política.

Muchos de esos dirigentes han llegado al poder gracias a favores electorales que después pagan con prebendas públicas: exenciones tributarias para unos, y puestos y contratos para otros. En el régimen presidencialista, este ciclo de reproducción política es aún más claro, pues el presidente

• define la agenda legislativa y negocia su trámite con los parlamentarios;
• terna y hace elegir al defensor del pueblo, al procurador, al fiscal y a los magistrados de la Corte Constitucional; y
• elige directamente a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República.

Además, dentro de su discrecionalidad, el presidente puede enviarle un “guiño” al Congreso (o negociar) la elección del contralor. En estos ciclos de reproducción política, los actores luchan por las ventajas que la arquitectura institucional provee al grupo político que ostenta el poder.

Los usos politiqueros de la Procuraduría

Al igual que los demás organismos de control, la Procuraduría General de la Nación funciona como una “correa de transmisión” que contribuye a los ciclos de reproducción política.

Aunque en las normas se establece que estos organismos deben ser técnicos, independientes e imparciales, en realidad son instituciones de naturaleza política. La institucionalización de esa doble moral hace parte de nuestro ADN político e incluso de nuestra idiosincrasia cultural.

La Procuraduría de Alejandro Ordóñez ha sido el caso más extremo de utilización política del organismo. En 2017, Becerra probó el sesgo de la Procuraduría de Ordoñez en el ejercicio del poder disciplinario: implacable con los alcaldes de partidos de izquierda y benévola con los alcaldes de los demás partidos.

Hoy, la Procuraduría tiene un presupuesto de 893 mil millones y un poco más de cuatro mil cargos, de los cuales alrededor del 30% son de libre nombramiento y remoción. Durante su paso por la Procuraduría, Ordóñez entregó esta última nómina a los amigos y familiares de muchos senadores y magistrados de las altas cortes.

Pero Ordóñez no ha sido el único: la Procuraduría de Fernando Carrillo tampoco fue ajena a ese ciclo de reproducción política. Aunque desde 2017 existe una denuncia contra el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, por cobrar coimas por la construcción del tanque de agua de un barrio de la ciudad, la Procuraduría no lo ha procesado disciplinariamente hasta este momento.

Además, Cuestión Pública denunció al Procurador Carrillo por conflicto de intereses. Inexplicablemente, Carrillo absolvió a Alberto Mariño, del grupo AVAL, en el proceso disciplinario del caso Odebrecht y sancionó por los mismos hechos a dos ejecutivos brasileños de esta firma. ¿Favoreció a su antiguo jefe y reconocido financiador de políticos y empleador de altos ex-funcionarios del Estado?

En su afán de no perderse las mieles del poder, muchos políticos se la juegan con sobornos ante la justicia y los organismos de control. Según la investigación de la Fiscalía, un abogado sustanciador del despacho del procurador Carrillo presuntamente exigió 300 millones a un senador de la República, con el fin de que lo absolviera en un proceso disciplinario.

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Las dudas sobre Cabello

El paso de Margarita Cabello por el Ministerio de Justicia durante casi 10 meses le sirvió para afianzar sus relaciones con los parlamentarios del partido de gobierno y de los demás partidos.

A diferencia del exprocurador Carrillo, es previsible que Cabello mantenga una relación muy cercana con el Congreso. Así lo hizo su antiguo jefe, Alejandro Ordóñez, cuando en 2009 ella fue procuradora delegada.

Aunque Cabello ha dicho en los medios que la suya no será una Procuraduría de bolsillo, en su discurso de posesión la nueva procuradora mostró su sentimiento de pertenencia al gobierno, así como la gratitud y lealtad al presidente Duque. Dijo, por ejemplo:

• “vamos a acompañar [a los servidores públicos] para que den los resultados que tanto necesita el país”;
• “(…) en esto acompañaremos a nuestro gobierno”;
• “acompañaremos el proceso de vacunación”;
• “es importante también acompañar en forma constructiva la gestión pública”
• “quiero agradecer al presidente Iván Duque Márquez por el gesto de confianza que tuvo al ternarme”;
• “espero dentro de cuatro años, poderles decir a los colombianos que contribuimos en compañía de nuestro gobierno, de manera decisiva en la atención efectiva de estos aspectos y que dejamos una administración pública mejor a (sic) la que encontramos”.

Si esta actitud persiste, es probable que Cabello no logre tomar la debida distancia para ejercer su cargo con imparcialidad e independencia.

Además, la procuradora llega a su cargo bajo una espada de Damocles: como explico María Jimena Duzán, en 2017 Cabello fue denunciada ante la Fiscalía, presuntamente, por influir en la justicia para obtener decisiones en contra del empresario Luis Enrique Guzmán Chams y a favor del exalcalde Char. Si bien es previsible que esta denuncia siga engavetada, la publicidad que ha tenido en los medios de comunicación hace más probable que la procuradora llegue a su cargo con más ojos encima.

Lo cierto es que Cabello tendrá su prueba de fuego en el trámite de los procesos disciplinarios de sus amigos, el senador Eduardo Pulgar y el exalcalde de Barranquilla Alex Char. Este último no solo es investigado por el caso antes mencionado, sino por los presuntos favores políticos pagados con cargos públicos cuando fue alcalde de Barranquilla.

En su discurso de posesión, la procuradora afirmó que, a pesar de haber conocido a muchas personas durante su trayectoria profesional, “ese conocimiento no significa complicidad” y que trabajará para que, antes de las próximas elecciones, “esté definida la situación disciplinaria de todos los candidatos”.

Adicionalmente, Cabello tendrá que declararse impedida en la investigación disciplinaria que la Procuraduría adelanta en contra de la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, y su exsecretario de planeación, Miguel Vergara Cabello, sobrino de la procuradora. Ellos aprobaron por decreto un plan de ordenamiento territorial (POT), aunque había otro vigente que ya había sido aprobado por el Concejo. La diferencia entre uno y otro POT es el destino que se le da a la isla “la Loma”, que favorece claros intereses económicos.

Por todo lo anterior, la nueva procuradora es una pieza clave dentro del engranaje político colombiano, sobre todo, de cara a las elecciones de 2022. ¿Imitará a su mentor, el exprocurador Alejandro Ordoñez?: amanecerá y veremos.

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Corolario

El artículo 118 de la Constitución establece que la Procuraduría está encargada de la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público. El mínimo común denominador de ambas obligaciones es la protección del derecho a la vida.

No obstante, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en Colombia han sido asesinadas 1.195 personas entre líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. En el último año, 381 personas han sido asesinadas en 91 masacres.