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El debate de las pensiones millonarias

Escrito por Luis Hernando Barreto
Luis Barreto pensiones millonarias RazonPublica

Luis Barreto pensiones millonarias RazonPublica

Llovieron rayos y centellas sobre un magistrado honesto que se atrevió a contemplar la posibilidad de frenar las pensiones millonarias del régimen especial de congresistas y magistrados.  Recuento revelador del debate.

Luis Barreto Pensiones millonarias 1058
Hoy en día existen en Colombia 1.058 pensionados con una mesada superior a 25 salarios mínimos al mes. El costo: 12.300 millones de pesos mensuales. 

Foto: @Anyelik

Un problema doble

Este jueves 24 de enero, la Corte Constitucional llevó a cabo la esperada audiencia pública sobre el régimen especial de pensiones de congresistas y magistrados, que se caracterizó porque cada uno de los 13 participantes[1] reaccionó frente a la revelación previa que hicieran los medios de comunicación de la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, en el sentido de poner freno a estas millonarias pensiones.

El problema planteado por los demandantes[2] es doble:

  • el artículo 17 de la ley 4ª de 1992 estableció un régimen especial de pensiones para congresistas, que desconoce el derecho a la igualdad [3] ;
  • el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó los regímenes especiales de pensiones, estableció condiciones estrictas para acceder a una pensión pública y fijó un tope de 25 salarios mínimos para las pensiones más altas.

Hoy en día existen en Colombia 1.058 pensionados [4] con una mesada superior a 25 salarios mínimos al mes: 626 son ex congresistas, cuya pensión promedio es de 35,2 salarios mínimos y devengan alrededor de 20 millones de pesos mensuales, lo que implica un costo total cercano a los 12.300 millones de pesos mensuales[5].

Lo anterior no sería tan alarmante si no fuera porque 2 millones 300 mil adultos mayores de 65 años que pertenecen al Sisben 1 y 2 carecen en absoluto de pensión, de cualquier fuente de ingresos y no poseen  ningún  activo[6].

Este contraste desproporcionado es una evidencia más, entre muchas otras, de que la inequidad y la exclusión en Colombia hacen parte de la estructura social que nuestra “clase dirigente” ha venido construyendo a lo largo del tiempo.

La manipulación de parámetros[7] en las reformas pensionales ha resultado  insuficiente para lograr el equilibrio financiero del sistema. Pero esta discusión se dará cuando el gobierno presente al Congreso la nueva reforma pensional.

¿Para quién es la protección social?

Por ahora, es importante destacar que la manera fácil como acceden a pensiones millonarias los congresistas y los magistrados — frente a los estrictos requisitos que exige el sistema general de pensiones para el resto de colombianos[8] — quebranta abiertamente el derecho fundamental a la igualdad.

 

Luis Barreto Pensiones millonarias adultos

2 millones 300 mil adultos mayores de 65 años que pertenecen al Sisben 1 y 2 carecen en absoluto de pensión, de cualquier fuente de ingresos y no poseen  ningún  activo.
Foto: www.california-santander.gov.co

El argumento es claro, tal como lo sostienen los demandantes de este régimen especial: mientras que un afiliado al régimen de ahorro individual tendría que ahorrar 3.500 millones de pesos durante su vida laboral para obtener una pensión de 20 millones, esa misma mesada la han logrado excongresistas que acreditaron que ese valor resultaba equivalente al 75 por ciento de su ingreso mensual promedio recibido por todo concepto durante su último año laboral [9].

Si el artículo 13 de la Constitución establece que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, entonces ¿por qué el Estado actúa en sentido contrario protegiendo al poderoso y desprotegiendo al que verdaderamente necesita de su amparo?

La mayoría de adultos mayores carentes de pensión, de ingresos y de activos, se sienten afectados emocionalmente por causa de su salud. Esto lo informa la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010: “En los 15 días anteriores a la encuesta, casi 2 de cada 3 adultos mayores informaron haberse cansado sin razón aparente, se han sentido tristes o decaídos, o se han sentido inquietos o intranquilos. Un poco más de la mitad se han sentido más irritables de lo normal y casi la mitad ha tenido ganas de llorar o ha llorado”[10].

Legislando en beneficio propio

Entre tanto el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución estableció que le corresponde al Congreso fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

Si bien la Constitución señaló que el Congreso deberá dictar normas generales, las leyes que reglamentaron la seguridad social en pensiones dispusieron la creación de un régimen especial para los congresistas — artículo 17 de la ley 4ª de 1992 — y un régimen general para el resto de colombianos[11] (Ley 100 de 1993).

La Corte justificó esta discriminación en virtud de “la función atribuida a los miembros del Congreso, en su obligatoria dedicación exclusiva y en la responsabilidad que les corresponde”[12]. Es decir que el solo hecho de ser congresista lo habilita para acceder a privilegios que se niegan al resto de ciudadanos.

Como si fuera poco, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, contó en la Audiencia que “el Congreso rechazó el impuesto que el gobierno propuso en la reforma tributaria para gravar las pensiones mayores a 10 salarios mínimos que devengan 4.500 pensionados”.

Esta situación nos remonta un poco más de dos siglos, para recordar a Emmanuel Sieyès — redactor y teórico de los textos constituciones de la Revolución Francesa — quien denunció los abusos e injusticias cometidas por la nobleza francesa: “todos los privilegiados son por naturaleza injustos, odiosos y contradictorios con el fin supremo de toda sociedad política”[13].  Y dirigiéndose a un privilegiado, decía Sieyès: “no aspiráis a ser distinguido por vuestros conciudadanos, sino a que os distingan de vuestros conciudadanos”[14].

Parafraseando esta idea, la mayoría de nuestros congresistas no aspiran a ganarse el reconocimiento de sus electores por sus aportes al bienestar colectivo, sino a acceder a privilegios y satisfacer su insaciable deseo de dinero y poder, en contra del interés común.

Homologaciones discutibles

Veintiún días después de publicarse la célebre ley 100 de 1993, el gobierno expidió el decreto 104 de 1994,  reglamentario de la ley 4ª de 1992 (ley marco de salarios), en cuyo artículo 28 estableció que a los magistrados de las altas cortes “se les reconocerán las pensiones teniendo en cuenta el régimen existente para los congresistas”.

El decreto 47 de 1995 reiteró esta homologación entre congresistas y magistrados para efectos pensionales, reafirmada por la sentencia de la Corte Constitucional T-483 de 2009 que precisamente reivindicó una pensión superior a los 11,9 millones de pesos que la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) había reconocido y liquidado a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2008.

Esta homologación resulta altamente discutible: si el régimen de pensiones para una categoría entera de colombianos pudo fijarse por decreto, homologando lo que una ley determinó para una segunda categoría de colombianos, ¿por qué se requirió de una ley diferente para el resto de colombianos, si igualmente se les hubiese podido homologar su pensión por decreto?

Aquí debería iluminarnos el artículo 13 de la Constitución: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades…”.

Pero la Corte tiene la última palabra.

Corrupción y carruseles

La norma demandada estableció que la base para liquidar las pensiones de los congresistas es el 75 por ciento del ingreso por todo concepto del último año[15]. Es de público conocimiento que algunas de estas pensiones incluyeron para su liquidación viáticos, tiquetes aéreos y costo de teléfonos celulares como factores de ingreso.

El Director de Fondo de Previsión Social del Congreso (FONPRECON) ha reconocido que esta entidad “sigue siendo flanqueada por las tutelas onerosas, tutelas que han obligado al Fondo a hacer unos reconocimientos pensionales que a nuestro juicio son discutibles. Y, aunado a ello, el pago de unos retroactivos que superan con mucho cifras medianamente manejables (énfasis añadido)” [16].

Esto ha obligado a que FONPRECON hoy tenga más de 700 actuaciones interpuestas ante tribunales y altas cortes, con el fin de procurar corregir los excesos en que se incurrió al liquidar y reconocer las pensiones de algunos excongresistas.

Por otra parte, el excelente trabajo de la Contralora Sandra Morelli determinó que se causaron pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura sin cumplir el tiempo del servicio requerido para una adecuada cotización: simplemente ocupando cargos de mayor categoría por períodos muy cortos. Este “carrusel” causaba un crecimiento significativo del valor de la pensión.

Este comportamiento abusivo ha derivado en un presunto daño al patrimonio público por más de 3.421 millones de pesos, lo que implicó imputación de cargos de responsabilidad fiscal en contra de 13 magistrados y exmagistrados de esta alta corporación.

Derechos adquiridos: ¿salvavidas de los privilegiados?

Se han esgrimido argumentos en defensa de los derechos adquiridos para contrarrestar la anunciada ponencia del magistrado Jorge Pretelt, y buscar así un efecto disuasivo sobre el resto de magistrados y conjueces de la Corte, quienes tienen la última palabra.

 

Luis Barreto Pensiones millonarias congresistas

Fácil: congresistas y los magistrados acceden a pensiones sin los estrictos requisitos que exige el sistema general de pensiones para el resto de colombianos.
Foto: www.minhacienda.gov.co

El excongresista pensionado Edmundo López Gómez fue quien con más vehemencia expuso que dos actos legislativos  — 01 de 2005 y 03 de 2011 — prohíben reducir el valor de las mesadas pensionales, el primero, e invocar la sostenibilidad fiscal para negar un derecho fundamental como es la pensión, el segundo. “Ustedes, señores Magistrados, no podrían soslayar la referencia a estos mandatos constitucionales en el cuerpo de la sentencia que les compete proferir”, ultimó en tono imperativo el exsenador López Gómez.

El presidente de la Asociación de Exmagistrados, Javier Henao, también señaló que si bien el Acto Legislativo 01 de 2005 suprime los regímenes especiales (exceptuando al presidente y a las Fuerzas Armadas), salva los derechos adquiridos hasta el 31 de julio de 2010 y dice que estos subsisten a plenitud y “no pueden ser mirados como molinos de vientos, ni confundidos con gigantes peligrosos”.

Los sindicatos han manifestado un temor frente a la ponencia del magistrado Pretelt, en tanto consideran que allí se está gestando un desmonte generalizado de los derechos adquiridos en sus convenciones colectivas. Incluso uno de ellos defendió las pensiones millonarias del principio  de sostenibilidad fiscal, con el peregrino argumento de que “los actuales pensionados que superan los 25 salarios mínimos no representan ni siquiera una milésima parte del número total de pensionados que existen en el país” [17].

Los abuelitos lindos y feos

El presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, confesó que tiene “necrosada” la mitad de su corazón por todo lo que oye y lee a diario en los medios  sobre las pensiones de los congresistas. Utilizando un afectado tono de defensa, se pregunta: “¿es que acaso los padres de la patria se están colocando una mesada pensional por fuera del mandato legal y constitucional?”.

Aferrado a sus convicciones de jurista,  defiende el derecho adquirido a la pensión y argumenta que la demanda del artículo 17 de la ley 4ª de 1992 afecta situaciones jurídicas causadas y consolidadas, y por tanto, la Corte solo va a decir si esta norma está o no de acuerdo con la Constitución.

Finalmente, sostiene tiernamente el presidente Vargas que “si llegamos a la tercera edad con una pensión digna, seremos unos abuelitos lindos, de lo contrario estamos condenados a vivir en el cuarto de los trastos”.

Si con este mismo criterio valoramos a los 2,3 millones de abuelitos sin pensión, ingresos, ni activos, pues tendremos que considerarlos como unos abuelitos feos. Con el agravante de que la condición de indigencia de muchos de ellos ni siquiera les permite aspirar a alojarse en un cuarto de trastos.

Tendremos entonces que resignarnos a aceptar unos pocos abuelitos lindos y privilegiados, y una gran mayoría de abuelitos de Colombia a quienes el Estado les hizo el feo.

Desorden normativo

La Contralora General de la República, Sandra Morelli, llamó la atención sobre el desorden jurídico de la legislación pensional. La falta de reglamentación por parte del gobierno ha dejado vacíos que cada juez interpreta a su leal saber y entender.

Sobre una misma situación pensional, dos jueces pueden dictar sentencias contradictorias. Luego quien ha sido objeto de la decisión  menos favorable reclama por vía de tutela su derecho a la igualdad frente a la más favorable, lo cual da pie a reajustes y ampliaciones del derecho reconocido inicialmente.

Al contrario de lo que dijo el presidente del Consejo de Estado, la Contralora afirma que la pensión per se no es un derecho fundamental, sino un medio que lleva a garantizar varios derechos fundamentales.

Esta diferencia podría ser decisiva en el momento de valorar la tesis sobre la imposibilidad de invocar la sostenibilidad fiscal para limitar las pensiones millonarias, porque la pensión se ha considerado un derecho fundamental.

Finalmente, la Contralora aporta un referente doctrinario de enorme valor para esta discusión, al afirmar que “las interpretaciones en equidad en un Estado Social de Derecho están previstas para remover los obstáculos a aquellas personas más vulnerables”.

Derechos adquiridos versus derecho a la igualdad

El debate jurídico se polarizó entre los derechos adquiridos, por una parte,  y el derecho a la igualdad por la otra. Si triunfa este último se cae el artículo 17 de la ley 4ª de 1992, aunque los ajustes por reliquidación podrían darse como lo propone el gobierno, mediante fallos modulados que puedan disminuir su impacto.

En la Audiencia se afirmó que la ponencia del magistrado Pretelt no estaba fundamentada en derecho sino en razones políticas.

Al margen de quienes usan la ley para ‘legitimar’ la injusticia en su favor, las instituciones de Colombia no pueden seguir siendo pasivas frente a la reproducción de las enfermedades iatrogénicas de la sociedad, según Zygmunt Bauman, es decir, desigualdad, violencia, pobreza y desempleo, entre otras.

 

 * Consultor privado

Luis Barreto pensiones millonarias RazonPublica Anyelik 

 

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Luis Hernando Barreto Nieto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Todos los privilegiados son por naturaleza injustos, odiosos y contradictorios con el fin supremo de toda sociedad política”. “No aspiráis a ser distinguido por vuestros conciudadanos, sino a que os distingan de vuestros conciudadanos”: Emmanuel Sieyès.

 

 El Gobierno de César Gaviria extendió los privilegios de los congresistas a los magistrados de las Altas Cortes.

 

Algunas de estas pensiones incluyeron para su liquidación viáticos, tiquetes aéreos y costo de teléfonos celulares como factores de ingreso. 

 

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