Paridad sin garantías: ¿nueve ministras hacen un gobierno para las mujeres?

La paridad pone a las mujeres alrededor de la mesa; una política pública de calidad exige que, una vez sentadas, tengan poder, competencia y disposición para mirar a toda la población.

La silla y el poder

El gabinete paritario de Abelardo de la Espriella plantea una atractiva paradoja política. Un presidente situado en la derecha conservadora comienza su gobierno con nueve ministras y nueve ministros, mientras algunas de sus primeras decisiones despiertan críticas, precisamente, de los sectores que defienden los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Demuestra esto que la cuota del 50% no sirve? ¿O revela, más bien, que contar con mujeres y gobernar para ellas son cosas distintas?

La respuesta más rigurosa exige distinguir entre tres preguntas. La primera es si la cuota beneficia a las mujeres como grupo. La segunda es si toda mujer nombrada representa necesariamente sus intereses. La tercera es si una política favorable a las mujeres tiene que ser feminista. La tesis de este artículo es que la paridad sí produce beneficios importantes porque abre oportunidades y modifica la distribución del poder, pero no garantiza políticas sensibles al género, y menos aún políticas feministas. La cuota asegura la silla. La competencia, la autonomía y la orientación de quien se sienta en ella determinan su uso.

La paridad no fue una concesión presidencial

La presencia de nueve ministras no depende exclusivamente de la voluntad del presidente. La Ley Estatutaria 2424 de 2024 elevó del 30% al 50% la participación mínima de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio y en otros niveles decisorios del Estado. La regla no se limita al gabinete, sino que también abarca cargos directivos en ministerios, departamentos administrativos y otras entidades públicas. El Gobierno debería cumplirla, cualquiera que sea su ideología.

Esto no vuelve irrelevante la selección presidencial. La ley fija un piso, pero deja margen para decidir qué mujeres son nombradas, qué carteras reciben, cuánto presupuesto controlan, qué autonomía tienen y cuánto tiempo permanecen en sus cargos. Un gabinete puede ser numéricamente paritario y conservar una jerarquía desigual si los hombres concentran las áreas económicas, de seguridad y negociación política, mientras las mujeres quedan circunscritas a sectores sociales o administrativos. Contar cabezas es, por tanto, el primer control, no el último.

La Corte Constitucional ha reconocido que la cuota corrige dos problemas: la exclusión directa y los sistemas de selección informal tradicionalmente inclinados en favor de los hombres. Además, produce un efecto simbólico: acostumbra a la sociedad a ver mujeres ejerciendo autoridad y amplía el universo de candidatas consideradas para futuros cargos. En la Sentencia C-136 de 2024, la Corte sostuvo que el 50% constituye una regla de paridad compatible con los principios constitucionales de igualdad y participación. Ese beneficio existe, aunque una ministra no sea feminista. La norma protege el acceso de las mujeres al poder público, no reserva los cargos para integrantes de una corriente ideológica.

Representar a las mujeres no es una sola cosa

La ciencia política distingue entre representación descriptiva y representación sustantiva. La primera pregunta es quién ejerce el poder: una institución refleja mejor a la sociedad cuando las mujeres, que constituyen aproximadamente la mitad de la población, no son una pequeña minoría entre quienes deciden. La segunda pregunta es: ¿Qué se hace con el poder si las decisiones atienden las necesidades, desigualdades y riesgos que enfrentan las mujeres?

La cuota garantiza un grado de representación descriptiva. No puede garantizar automáticamente la sustantividad. La evidencia comparada indica que una mayor representación femenina suele asociarse con una mayor atención a la salud materna, la educación, el cuidado, la violencia de género y las condiciones laborales. Sin embargo, los resultados dependen de la ideología de los partidos, del diseño institucional, de la autonomía de las funcionarias y de su capacidad para convertir las prioridades en presupuesto y en ejecución. La literatura también registra efectos mixtos: las cuotas pueden ampliar la representación y, al mismo tiempo, producir nombramientos simbólicos, funcionarias sin poder real o reacciones adversas.

Una mujer puede defender políticas conservadoras, rechazar el feminismo o considerar que las diferencias entre hombres y mujeres no deben orientar la acción estatal. Esa posición puede criticarse, pero no le quita su condición de mujer ni convierte su nombramiento en un fraude a la cuota. Exigir que todas las ministras piensen de una sola manera reproduciría otra forma de tutela: aceptar a las mujeres en el poder únicamente cuando sostienen las ideas consideradas apropiadas para ellas.

Feminista, no feminista y ciega a la evidencia

La diferencia entre un enfoque feminista y uno no feminista no consiste en que el primero siempre beneficie a las mujeres y el segundo necesariamente las perjudique. La diferencia principal está en el diagnóstico. Un enfoque feminista suele considerar que muchas desigualdades son estructurales: la división sexual del trabajo, la sobrecarga de cuidado, la violencia basada en género, la menor autonomía económica y la subrepresentación política. Por eso propone incorporar transversalmente la perspectiva de género, utilizar datos desagregados e intervenir en las relaciones de poder.

Un enfoque no feminista —liberal, conservador, familiarista, tecnocrático o universalista— puede defender la igualdad jurídica y promover medidas beneficiosas para las mujeres sin aceptar por completo dicho diagnóstico. Puede privilegiar la protección de la maternidad, la familia, la igualdad de oportunidades, la focalización en la pobreza o la neutralidad de las políticas. Ambos enfoques pueden coincidir en la erradicación de la violencia sexual, la mejora de la nutrición infantil, la promoción del empleo de las mujeres o el fortalecimiento de las madres comunitarias. Divergirán en su explicación de las causas y en la distribución de responsabilidades entre el Estado, la familia, la comunidad y el mercado.

El problema comienza cuando el rechazo al feminismo se convierte en rechazo a la evidencia. Una política aparentemente neutral puede producir efectos desiguales. Una capacitación sin servicios de cuidado tendrá menor participación femenina, una respuesta humanitaria sin elementos de higiene menstrual dejará sin atender necesidades básicas, un protocolo general contra la violencia puede pasar por alto que niñas y adolescentes enfrentan riesgos sexuales específicos. Para reconocerlo no es indispensable declararse feminista. Basta con una administración profesional que mida a quién atiende, quién queda por fuera y por qué.

Cuatro perfiles, no cuatro identidades

A partir de esa exigencia —derechos, evidencia, competencia y rendición de cuentas— resulta útil distinguir dos variables decisivas: la sensibilidad frente a las desigualdades de género y la capacidad para formular y ejecutar políticas basadas en evidencia. De su combinación surgen cuatro perfiles.

• Primero, funcionarias sin sensibilidad específica al género, pero técnicamente competentes. Sus decisiones podrían beneficiar a las mujeres si se basan en información demográfica, datos desagregados y evaluaciones rigurosas.
• Segundo, funcionarias que carecen tanto de esa sensibilidad como de una cultura de evidencia y terminan gobernando según intuiciones, conveniencias políticas o preferencias personales. 
• Tercero, mujeres comprometidas con la igualdad, pero con poca experiencia en gestión, cuya intención puede superar su capacidad de ejecución. 
• Cuarto, funcionarias que combinan conocimiento técnico, destreza administrativa y comprensión de las desigualdades de género.

El cuarto perfil parece el ideal, pero la tipología también debe aplicarse a los hombres. Ser mujer no confiere automáticamente conocimiento sobre las necesidades de todas las mujeres, ni ser pobre convierte a alguien en experto en política social. La experiencia personal puede aportar sensibilidad, pero no sustituye las estadísticas, la evaluación ni la capacidad administrativa.

Tampoco existe un único “interés de las mujeres”. Las prioridades de una mujer rural, una empresaria, una madre comunitaria, una indígena, una joven urbana o una mujer con discapacidad pueden ser distintas e incluso contradictorias. La política rigurosa debe reconocer esa pluralidad sin borrar las desigualdades comunes que muestran los datos. De ahí que la pregunta correcta no sea si las ministras son lo suficientemente feministas, sino si sus decisiones combinan derechos, evidencia, competencia y rendición de cuentas.

El ICBF: palabras, evidencia y derechos

La controversia actual en torno al ICBF ilustra la brecha entre la presencia femenina y una política sensible al género. No obstante, es indispensable precisar los hechos. La recién nombrada directora del ICBF envió una circular a todas las personas que trabajan en esa entidad indicando que a partir de la fecha se utilizará “niñez y adolescencia” y no “niños, niñas y adolescentes”, como se venía haciendo hasta entonces, y sugirió que el uso del masculino “niños” debía considerarse neutro, es decir, que incluya a las niñas pese a no nombrarlas. Por supuesto, los documentos vigentes del Instituto todavía utilizan expresamente las categorías “niñas, niños y adolescentes”; un manual técnico publicado en agosto de 2026 conserva sistemáticamente esa diferenciación.

Pero allí no se detuvo la cosa. La nueva directora, María Carolina Restrepo Cañavera, también ordenó retirar un mural de la sede del Instituto y cuestionó expresiones asociadas a la colectiva infantil Resistencia Chiquita, al considerar que podían constituir una instrumentalización política. El material difundido no demostraba que las niñas hubieran sido obligadas a participar; era una hipótesis de la directora, no el resultado de una investigación concluida. La colectiva respondió que trabaja desde hace años en la prevención de las violencias contra niñas y adolescentes.

El debate serio no debería reducirse a seis letras adicionales. Nombrar a las niñas es relevante porque permite identificar riesgos específicos, medir resultados y diseñar intervenciones. Medicina Legal presenta información desagregada por sexo sobre la niñez, precisamente porque las distintas formas de violencia no afectan del mismo modo a niñas y niños. Si una categoría desaparece del lenguaje administrativo, también puede desaparecer del formulario, del indicador y, finalmente, del presupuesto.

Pero el lenguaje inclusivo hay que acompañarlo con una política pública basada en evidencias. Un ICBF podría repetir “niñas y niños” en cada párrafo y fracasar en prevenir el abuso sexual, atender la desnutrición o garantizar la participación infantil. La evaluación debe contemplar ambas dimensiones: cómo el lenguaje inclusivo permite observar diferencias relevantes y cómo las decisiones generan resultados verificables que impactan de manera igualmente positiva tanto a los niños como a las niñas. En el caso del mural, además, existe un asunto adicional a la decisión sin evidencia: la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación colombiana reconocen que los niños tienen derecho a expresar opiniones sobre los asuntos que les conciernen. Protegerlos no significa asumir que carecen de voz propia.

El verdadero examen de las nueve ministras

La cuota del 50% beneficia a las mujeres porque redistribuye oportunidades, rompe redes masculinas cerradas y reconoce que el talento no está concentrado en un solo sexo. Crea referentes visibles de autoridad y amplía la cantera de futuras dirigentes. Negar esos efectos porque algunas ministras son conservadoras confundiría igualdad con uniformidad ideológica.

Sin embargo, el examen sustantivo apenas comienza. Habrá que verificar si la paridad se extiende a viceministerios y resto del gabinete de los ministerios, y, en general, a todos los cargos directivos y de decisión de las entidades del orden nacional, como lo ordena la ley; si las mujeres controlan carteras con poder real; si permanecen en ellas o son reemplazadas de forma que se pierda el equilibrio; si sus equipos directivos también cumplen la ley, y si los presupuestos, programas e indicadores atienden las condiciones particulares de mujeres y niñas.

El éxito no consistirá en convertir a las nueve ministras en feministas. Consistirá en que ninguna pueda gobernar de espaldas a la evidencia. Sobre todo, la evidencia demográfica que les informa sobre cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la población objeto de cada política pública. 

La paridad pone a las mujeres alrededor de la mesa; una política pública de calidad exige que, una vez sentadas, tengan poder, competencia y disposición para mirar a toda la población. Incluidas, aunque a alguien le resulte lingüísticamente incómodo mencionarlas, las niñas.

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