El concejo de Bogotá conformó la terna que se encargó de elegir a Julián Mauricio Ruiz como Contralor Distrital en una polémica elección rodeada de posibles ilegalidades.
Luis H. Barreto*
La concentración del poder del control fiscal
A finales del pasado abril, el Congreso seleccionó los diez candidatos para ocupar el cargo de Contralor General de la República; y a principios de mayo, el Concejo de Bogotá conformó la terna para la elección del Contralor Distrital de Bogotá.
Dentro de los diez primeros escogidos, hay seis funcionarios que actualmente ocupan altos cargos en la Contraloría General de la República: cuatro contralores delegados, la directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata y un profesional especializado.
La terna seleccionada para la Contraloría de Bogotá también ocupa altos cargos en la Contraloría General: el vicecontralor, la gerente administrativa y financiera y el mismo profesional especializado que apostó por ambos cargos.
Finalmente, como era previsible, el Concejo de Bogotá eligió al Vicecontralor General como Contralor Distrital de Bogotá.
De los dos procesos de selección de las ternas, llaman la atención los siguientes puntos:
- El alto puntaje en el examen de conocimientos que determinó la terna para la Contraloría de Bogotá debido a que, por calificación de hoja de vida, otros aspirantes superaron a los ternados.
- La Mesa Directiva del Congreso decidió no publicar el resultado del examen de conocimientos de los aspirantes a Contralor General, transgrediendo los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 2 de la Ley 1904 de 2018, norma que regula este concurso. Además, se infringe el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución.
- Si bien se publicó la calificación de la hoja de vida de los concursantes a la Contraloría General, queda la duda de por qué uno de los actuales contralores delegados ocupó el puesto quince y, sin embargo, fue preseleccionado dentro de los primeros diez.
Julián Mauricio Ruiz Rodríguez fue elegido con 29 votos de 35 concejales presentes en una elección en la que se alegan ilegalidades.
Conflictos de intereses
El contralor general Carlos Felipe Córdoba y en su momento el director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General, Julián Mauricio Ruíz, redactaron y atendieron las modificaciones de la reforma constitucional que quedó plasmada en el Acto Legislativo 4 de 2019.
El artículo 6 de esta reforma estableció que la Contraloría General de la República desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, municipales y distritales.
Dos meses después, los mismos funcionarios redactan y publican la Resolución 728 de 2019, que reglamenta las convocatorias para selección de contralores territoriales.
Si quien define las reglas de un concurso participa posteriormente en el concurso, existe por lo menos una falta de imparcialidad que lo beneficia porque lo pone en ventaja frente a los otros concursantes. En este caso, el interés personal de quien ejerce una función pública choca con sus deberes y obligaciones de su cargo cuando redactó la resolución.
Dos concejales afirmaron que “resulta al menos sospechosa y rara la puntuación que sacó”, refiriéndose a la calificación de Ruíz de 96 sobre 100. Valga anotar que la segunda ternada sacó en el examen 93 sobre 100.
Yo te elijo, tú me eliges
Entre los 29 Concejales que eligieron a Ruíz Rodríguez como Contralor de Bogotá, figuran el presidente del Concejo cuya exesposa trabaja en la Contraloría General.
Figuran además seis concejales que también tienen esposas y hermanos en el organismo de control fiscal nacional, desempeñando altos cargos de contralor delegado y asesores del Contralor General. Aunque estos concejales fueron recusados, el presidente del Concejo no se autoinhabilitó ni inhabilitó a los otros concejales.
Estos concejales desconocieron de manera evidente el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, cuando sentenció la nulidad de la reelección del exprocurador Alejandro Ordoñez por los mismos motivos de nepotismo, clientelismo y favorecimiento mutuo entre electores y elegidos.
Es predecible que los hilos del poder sobre el control fiscal se moverán para asegurar que la elección del Contralor General de la República, entre el 20 de julio y el 20 de agosto, recaiga sobre uno de los seis funcionarios ungidos por Carlos Felipe Córdoba dentro de los diez elegibles.
Para lograrlo, Daniel Coronell sugiere que “con los puestos del Distrito se motiva a los que elegirán al contralor general, de la misma manera que los puestos de la Contraloría General se usan para elegir al contralor de Bogotá”.
Sin embargo, Córdoba tendrá que disputar ese pulso con el presidente Duque y el uribismo quienes, con su candidato el exdirector de Planeación Nacional Luis Alberto Rodríguez, querrán usarlo como punta de lanza de la oposición en caso de que Petro o algún candidato que no sea de su gusto llegue a la presidencia.
La ficción del concurso de méritos
La reforma al artículo 267 de la Constitución estableció que el Contralor será escogido de una lista conformada por convocatoria pública y la Ley 1904 de 2018 reglamentó esta convocatoria, donde se selecciona una institución de educación superior para elaborar y aplicar la prueba de conocimientos.
La Resolución 1 de 2022 del Congreso de la República reglamentó este concurso. Allí se hace evidente que la convocatoria se anticipó por lo menos cinco meses de lo acostumbrado y se menciona que “la Mesa Directiva invitó el 28 de diciembre de 2021 a 72 instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, a presentar propuesta para dicho proceso.”
En este caso, el interés personal de quien ejerce una función pública choca con sus deberes y obligaciones de su cargo cuando redactó la resolución.
¿Qué universidad seria tiene a su administración trabajando en esa fecha? Como se esperaba, se presentó la misma universidad que hizo la prueba hace cuatro años, cuando resultó elegido el contralor Córdoba. Y esta universidad volvió a ser seleccionada. Otra universidad que se presentó fue aquella que hizo la prueba que seleccionó el Contralor de Bogotá.
El aspecto meritocrático de la elección del Contralor se desdibuja por la selección amañada de la universidad, por la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de no publicar los resultados de la prueba de conocimientos y por dejar a una Comisión Accidental de Senadores y Representantes la preselección de los diez aspirantes.
¿Es posible que los seis preseleccionados ungidos por Córdoba también obtuvieran los más altos puntajes en la prueba de conocimientos, tal como sucedió con la terna ungida en la elección del Contralor de Bogotá?
El todo vale se agotó
El país está harto del clientelismo, del nepotismo y del cinismo con el que los clanes y las camarillas políticas modifican la Constitución y las leyes a su antojo para dejar el Estado al servicio de un régimen político corrupto.
Este régimen perdura si se debilitan los organismos de control. La cooptación de estas instancias por el presidente, como sucede con el actual gobierno, neutraliza el desempeño efectivo de su misión constitucional, lo cual aumenta inexorablemente los índices de impunidad.
En otras palabras, estos organismos de control están siendo inducidos para que actúen por fuera de la ley en calidad de policía política del gobierno.
La sociedad civil reclama el cese rotundo de la desfachatez, la corrupción, la arbitrariedad y el desvío del poder, demandando un Estado sólido que atienda sin ambigüedades el interés general.
La justicia no puede seguir brillando por su ausencia y las políticas públicas esta vez deberán encaminarse a resolver los problemas que sumen al país en el atraso, la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
