El curso de clientelismo político que ofrece el Centro Democrático es un modo seguro de ganar 27 millones de pesos mensuales en contratos con el Estado. Y el ejemplo de Bedoya está siendo imitado por varios condiscípulos.
Luis Hernando Barreto*
Los contratos millonarios
El nombre de Natalia Bedoya irrumpió recientemente en las redes sociales y en los medios de comunicación debido a la denuncia que hizo en Twitter el representante a la Cámara David Racero. El congresista publicó dos contratos simultáneos que tiene suscritos Bedoya con el gobierno nacional y cuya remuneración mensual supera los 20 millones de pesos.
De manera paralela, Bedoya suscribió un tercer contrato con la Gobernación del Valle con ingreso mensual de siete millones de pesos. En el siguiente Cuadro se advierte que Bedoya ya acumula siete contratos con el sector público que suman $462.915.400, cifra que podría aumentar en 2022.
La lógica de la contratación política
¿Cuál es la lógica detrás de esos contratos? ¿Cómo una joven abogada logra ganar 27 millones de pesos mensuales del erario en lo que va corrido de 2021? Una remuneración que equivalente al sueldo de la vicepresidenta de la República.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que Bedoya milita desde hace varios años en el Centro Democrático. Es activista en las redes sociales, defensora acérrima de Álvaro Uribe y del gobierno Duque, y crítica mordaz de la oposición. Aspiró a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca en 2018 y aunque no logró ser elegida obtuvo 6.245 votos.
Lo segundo es la decisión del binomio institucional Centro Democrático/gobierno Duque de compensar con puestos y contratos el esfuerzo electoral de sus copartidarios. En el argot de los académicos esto se llama clientelismo político, es decir, “la manipulación de los puestos públicos y los favores personales con los recursos del Estado.”
Contrato lleno de huecos
Tomemos como ejemplo el primer contrato de Bedoya con el gobierno, del 18 de diciembre de 2018, concretamente con el Ministerio del Interior, por $8.949.700, para ser ejecutado en un lapso de apenas 14 días.
Es curioso que en la sección 4 de este contrato (“estudios previos”) se haya advertido que su valor dependería de la fecha de legalización. Y como esta legalización se produjo el 18 de diciembre, el valor del contrato debió haber sido $4.176.527, equivalente a la proporción de los días trabajados. Sin embargo, el contrato pasó por alto esta advertencia y se firmó para pagarlo como si la contratista hubiese trabajado el mes completo.
¿Cómo una joven abogada logra ganar 27 millones de pesos mensuales del erario en lo que va corrido de 2021? Una remuneración que equivalente al sueldo de la vicepresidenta de la República.
También llama la atención la inmensa responsabilidad de la obligación No. 4 de las siete contraídas en el contrato: Bedoya debía hacer un seguimiento de los alcaldes y gobernadores con problemas de orden público en sus jurisdicciones, para verificar si estaban cumpliendo con sus obligaciones legales y constitucionales en materia de restablecimiento de la convivencia ciudadana.
El informe final de la contratista sobre las actividades desarrolladas en torno a la obligación No. 4 dice: “En el período contractual no se hizo necesario desarrollar actividades para el restablecimiento de la convivencia ciudadana en los territorios.” No obstante, Indepaz informó que en diciembre de 2018 fueron asesinados 25 líderes sociales. También fue noticia la masacre de 6 personas en Mapiripán (Meta) el 17 de diciembre de 2018.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo emitió en diciembre de 2018 tres alertas tempranas para Bogotá, Cali y los municipios de Riosucio y Supía en Caldas, donde advertía sobre la presencia de hombres armados que impedían la movilidad de la población y ponían la seguridad en grave riesgo.
A la luz del decreto 2124 de 2017, los hechos anteriores comprometían al Ministerio del Interior a proceder de inmediato a concertar con las alcaldías respectivas la respuesta del Estado ante las alertas tempranas de la Defensoría. Sin embargo, el supervisor del contrato no hizo reparo alguno al informe de la contratista Bedoya.
Y la actitud de ese supervisor —Juan Manuel Daza Iguarán, Viceministro de Relaciones Políticas— era perfectamente previsible. Este, al igual que Bedoya, es militante del Centro Democrático, también aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá y no fue elegido porque sus 14.180 votos no alcanzaron para llegar a la cifra repartidora.
En cualquier caso, es probable que el Ministerio del Interior sí haya actuado en el restablecimiento de la convivencia ciudadana en las ciudades y municipios afectados, pues entre las funciones del subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana está exactamente la misma obligación No. 4 redactada en el contrato de Bedoya.
Además, la coordinación formal de la respuesta rápida a las alertas tempranas también está en cabeza de este mismo subdirector que, paradójicamente, depende del Viceministro de Relaciones Políticas, el ya mencionado Daza Iguarán, supervisor del contrato de Bedoya.
Clientelismo sistemático
Yo nunca he militado ni tengo filiación a ningún partido o movimiento político, ni conozco o me he relacionado con político alguno. He sido contratista de entidades estatales, prestando un servicio única y exclusivamente por mi experiencia y conocimientos técnicos y especializados en finanzas públicas, control fiscal y administración pública.
Sin embargo —y ante esta situación—, debo concluir que la contratación pública que se desvía para pagar favores políticos es un irrespeto y una burla al Estado Social de Derecho. Lo es siempre que se usa el engranaje institucional para simular cumplimiento de normas, moralidad y buenas prácticas donde estas no existen.
Pero el caso Bedoya es apenas la punta del iceberg de un comportamiento sistemático que caracteriza el régimen político en Colombia.
Por ejemplo, desde octubre de 2018, Juan José Malvehy García se desempeña como Asesor de Despacho del Ministerio del Deporte. Él, al igual que Bedoya, milita en el Centro Democrático y aspiró a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, obteniendo 7.079 votos que no le alcanzaron para ser elegido.
Lo mismo sucedió con Carlos Alberto Bernal Díaz, quien en noviembre de 2018 fue nombrado Director de Inclusión Productiva del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Al Igual que Bedoya y Malvehy, Bernal milita en el Centro Democrático, aspiró por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes y obtuvo 4.253 votos, número insuficiente para ser elegido.
Queda claro que una parte aún no determinada de la contratación pública directa y buena parte de los cargos directivos del gobierno nacional se usan para compensar lealtades políticas electorales.
¿Flaqueza generacional?
La tesis de grado de politólogo Fernando Sánchez versó sobre su propia participación en la campaña de Bedoya a la Cámara de Representante en 2018. Allí narra cómo la candidata ingresó a los 21 años al Centro Democrático en calidad de líder juvenil del Valle del Cauca; pero llama la atención la estrategia electoral que adoptaron Bedoya y su equipo: aprovechar su juventud para “plantear la necesidad de renovar el Congreso (…) sin escándalos de corrupción sobre sus hombros y sin maquinarias ni herencias políticas”. Es decir, rechazando los viejos vicios de la política, que es lo que todos esperamos de cualquier joven educado que quiera hacer política en Colombia.
La contratación pública que se desvía para pagar favores políticos es un irrespeto y una burla al Estado Social de Derecho.
Pero su estrategia electoral revela una posición contraria al plantear que: “también para el público uribista se buscó resaltar el hecho de que ella fuera una candidata del agrado y visto bueno del expresidente, y que en ella confía para transmitir lo que él llama ‘su legado’ a las próximas generaciones.”
Esta ambivalencia electoral la mostró Bedoya explícitamente en sus carteles publicitarios: en el lado izquierdo puso el slogan “por mi generación y tú generación”, o sea por la renovación política, y en el lado derecho otro slogan, “la elegida de Uribe”, es decir, su propia anti-renovación.
Lo cierto es que esta flaqueza pone en evidencia que Bedoya ya aprendió a quedar bien con todos sin sonrojarse. Su previsible llegada al Congreso en el futuro cercano se dará gracias a que aprobó con excelentes notas el curso de clientelismo político dictado por el gobierno del Centro Democrático.
