La elección del contralor, crónica de un regreso anunciado | Razón Pública
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La elección del contralor, crónica de un regreso anunciado

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Promesas electorales, reformas constitucionales, concursos de méritos y fallos de las cortes, pero a la hora de escoger al Contralor, seguimos con las mismas. Una radiografía del país político.

Luis H. Barreto*

Una reforma que por fin llegó  

Cambiar las costumbres políticas ha sido una bandera atractiva de las campañas presidenciales.

Fruto de esa inspiración fue la llamada reforma al equilibrio de poderes, cuyo artículo 22 suprimió para cada una de las altas cortes, la atribución de ternar un candidato al cargo de contralor general de la República. El propósito era acabar el intercambio de favores entre el nominado y sus nominadores.

La reforma dispuso que el contralor será escogido de una lista de elegibles conformada por convocatoria pública. La ley 1904 de 2018  estableció  las reglas meritocráticas que rigen esa convocatoria. 

Cambiar todo para que nada cambie 

El 16 de julio de 2022, la comisión accidental del Congreso de la República conformó la lista de elegibles integrada por cinco candidatas y cinco candidatos, cumpliendo así la orden de paridad consignada en dos fallos judiciales. El 18 de agosto de 2022 el congreso en pleno eligió a Carlos Hernán Rodríguez como contralor general.

Después de un turbulento proceso judicial de demandas y contrademandas, que inició con la nulidad de la elección de Rodríguez por el Consejo de Estado en mayo de 2023 y terminó con un fallo modificatorio de la Corte Constitucional en abril de 2024, la comisión accidental del Congreso, en mayo de 2024, seleccionó nuevamente a los mismos 5 candidatos y a las mismas 5 candidatas que habían sido seleccionados dos años atrás. 

Así fue como las altas cortes recuperaron su poder perdido para que nada cambie.

Adicionalmente, llama la atención que en estas vueltas y revueltas, en la primera lista de los 10 elegibles, publicada el 27 de abril de 2022, habían tres candidatos al cargo de contralor que tres meses después resultaron implicados en el escándalo de corrupción del OCAD PAZ. 

También resultó allí comprometido un senador de la República por el departamento de Risaralda, integrando la comisión accidental encargada de definir la lista de elegibles al cargo de contralor.

Un regreso anunciado

El próximo 12 de junio, los presidentes del senado y la cámara, involucrados en la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, presidirán el congreso en pleno para volver a elegir a Carlos Hernán Rodríguez como contralor general.

Definitivamente el privilegio, el fuero, la excepción y la ventaja, características propias de nuestras normas e instituciones, determinan situaciones donde la frontera entre lo legal y lo ilegal es ambigua, entre lo legítimo y lo ilegítimo es borrosa y muy difusa entre lo ético y lo inmoral.

Carlos Hernán Rodríguez regresará al cargo de contralor general porque es el único candidato que cumple el requisito, que aunque no es formal sí es el más importante para el Congreso: ser político de profesión

En cambio, la trayectoria de las otras cinco candidatas y tres de los candidatos ha sido como funcionarios del control fiscal, ya sea en contralorías territoriales o en la contraloría general. El otro candidato es fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Definitivamente el privilegio, el fuero, la excepción y la ventaja, características propias de nuestras normas e instituciones, determinan situaciones donde la frontera entre lo legal y lo ilegal es ambigua, entre lo legítimo y lo ilegítimo es borrosa y muy difusa entre lo ético y lo inmoral.  

Las contralorías no luchan contra la corrupción

La injerencia política en los organismos de control fiscal explica por qué la Contraloría General y las demás 65 contralorías territoriales están divorciadas de la lucha contra la corrupción.

Nada más elocuente para sustentar esta afirmación que la confesión del coordinador de ponentes del proyecto que terminó en el acto legislativo 4 de 2019, mediante el cual se reformó el sistema de control fiscal: “… las contralorías territoriales en la práctica no sirven para nada […].  Por su origen político todas ellas […] casi todos los senadores defienden la estructura de las contralorías por una razón clientelar. El origen del poder en Colombia es absolutamente clientelar por cuenta de la lista abierta y cada votico vale; y, pues los contralores tienen voticos y las estructuras mueven voticos: ellos defienden esas raíces que son las raíces de su poder. Yo los entiendo, yo los comprendo”.

El clientelismo regional facilita los sobornos y dádivas que dan lugar a acuerdos colusorios en pro de intereses particulares, concluyeron los investigadores de un estudio de la Universidad Externado de Colombia, que propone eliminar las contralorías territoriales.

Y la Contraloría General tampoco   

Con el acto legislativo 4 de 2019, en la Contraloría General de la República ha revivido el fantasma de corrupción asociado con el control previo, que había sido sepultado por los constituyentes del 91. 

La injerencia a título de coadministración de los contralores delegados en el escándalo OCAD PAZ y el manejo discrecional de una enorme nómina clientelar son la evidencia clara de esa indeseada regresión del organismo de control.

Clientelismo en la contraloría general

La reactivación del clientelismo se basó, por una parte, en el artículo 332 de la Ley del Plan de Desarrollo del gobierno Duque, aprobado en mayo 25 de 2019. Allí se le otorgaron facultades extraordinarias al presidente para crear nuevos empleos en la contraloría. Y, por otra parte, en el parágrafo transitorio del artículo 2 de la reforma constitucional al control fiscal, sancionada en septiembre 18 de 2019, se destinaron $636 mil millones para financiar esos nuevos empleos.

Todo ello sucedió a pesar de la promesa electoral No. 47 de la campaña del presidente Duque, cuyo compromiso fue: “La independencia de los organismos de control debe profundizarse con profesionalización y barreras efectivas contra el clientelismo”. 

Pues vea usted: en 2019, el organismo de control fiscal tenía una planta de 4.288 cargos y hoy esa planta es de 6.864 cargos. 

La Gráfica 1 muestra la evolución de la planta de personal de la Contraloría General. En 1975, bajo la administración de Aníbal Martínez Zuleta, la planta fue de 13.630 funcionarios; en el año 2000, en la administración de Carlos Ossa, la planta descendió a su punto más bajo de 4.057 funcionarios y así se mantuvo durante una década. 

Después de eso las leyes bianuales del Sistema General de Regalías crearon entre 110 y 338 cargos temporales en la contraloría, y el Estatuto Anticorrupción creó cien cargos permanentes. Adicionalmente, en 2019 se crearon los cargos mencionados en el párrafo anterior. 

Grafica 1. Cargos de planta CGR

La gráfica 2 muestra la evolución simultánea del presupuesto de gastos de personal de la Contraloría (en pesos constantes), al tiempo con la evolución de la planta de personal. Entre 2007 y 2019 se registra estabilidad en la planta, que aumentó apenas en 5,7%, y la remuneración real se incrementó en 4% anual.

Pero entre 2019 y 2024, la planta de personal aumentó en un 60%, y la remuneración creció al 13,2% anual. Las cifras hablan por sí solas.  

Grafica 2. Evolución gastos personal y número de empleados de la contraloría

Ahora bien, la última planta de personal establecida se encontraba ocupada al 13 de marzo de 2024 por 6.361 funcionarios, distribuidos por tipo de cargo y clase de nombramiento, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Lo primero que llama la atención es que apenas el 46% del personal pertenece a la carrera administrativa, y sobre el 54% restante el contralor ejerce completa discrecionalidad: unos cuatro mil puestos bien pagados y por el tiempo que disponga el contralor.

Y en efecto: durante 2023, la Contraloría produjo 17.836 resoluciones ordinarias sobre nombramientos en provisionalidad por vacancia de los cargos; en algunos casos esta vacancia es temporal y en otros la vacancia es permanente hasta tanto no se convoque a concurso de méritos. Ese abultado número de resoluciones multiplicaron por cinco veces las que se produjeron en 2016.

Entre tanto, nadie parece interesado en un concurso de méritos que incorpore la nueva planta de personal a la carrera administrativa

Hoy por hoy, la gerencia del talento humano es la dependencia más importante de la contraloría general, incluso por encima de las contralorías delegadas con funciones misionales. En la práctica, estas últimas vienen siendo sustituidas por el periodismo investigativo: carrotanques, marionetas, centros poblados y toda suerte de cárteles y carruseles, así nos lo confirman.

Entre tanto, nadie parece interesado en un concurso de méritos que incorpore la nueva planta de personal a la carrera administrativa; esto ha permitido mantener por mucho tiempo la discrecionalidad en el manejo de provisionalidad de estos cargos con vacancia definitiva.

De ciudadanos a rehenes

Es obvio que la mayoría de los ciudadanos que pagamos impuestos y ejercemos el derecho a elegir, percibimos una descomposición de la clase política y un vaciamiento ideológico de los partidos políticos, lo que ha generado una brecha significativa entre los representantes y los representados. La crisis de representación explica el malestar profundo y los estallidos sociales.

La arquitectura de los poderes públicos está diseñada para que la ciudadanía no pueda ejercer un control formal, legal y efectivo, habida cuenta de que todos los mecanismos de participación ciudadana confluyen para que sean tramitados a través del Congreso de la República.

¡Al pueblo le han expropiado el ejercicio de la ciudadanía!

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Luis Hernando Barreto

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Luis Hernando Barreto

*Economista, agrólogo y magister en Estudios Políticos, candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, consultor privado.

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