Se cayó la reforma que autorizaba el transfuguismo político: ¿un respiro para la democracia?

Este proyecto, disfrazado de “libertad política”, era en realidad un retroceso que consolida el personalismo, debilita los partidos y desdibuja la poca credibilidad que le queda al sistema.

Introducción

La semana anterior, el Congreso archivó su iniciativa de ley –iniciativa que tuvo origen en el mismo Congreso– que había llevado a debates avanzados, acerca de autorizar o despenalizar el transfuguismo político, tema que ha sido una obsesión recurrente del Legislativo, mientras evaden otras discusiones fundamentales de reforma política que fortalezcan la democracia, reduzcan la corrupción y garanticen partidos políticos sólidos. 

El proyecto de ley que buscaba eliminar las sanciones al transfuguismo no era más que el último capítulo de una larga historia en la que los intereses personales priman sobre los colectivos. En los últimos años, hemos visto cómo el Congreso evade discusiones profundas sobre financiación de campañas, paridad de género efectiva, reforma de la estructura institucional de la organización electoral, entre otros, pero siempre encuentra tiempo para debatir cómo permitir que los políticos migren de partido sin restricciones.

Este proyecto, disfrazado de “libertad política”, era en realidad un retroceso que consolida el personalismo, debilita los partidos y desdibuja la poca credibilidad que le queda al sistema.

El proyecto de ley que se archivó: ¿Libertad política o caos institucional?

El llamado Proyecto de Libertad Política, liderado por la representante Marelen Castillo (ex-Liga de Gobernantes Anticorrupción) y el liberal Alejandro Carlos Chacón, proponía modificar los artículos 107 y 108 de la Constitución para permitir que congresistas y otros funcionarios electos cambien de partido sin restricciones. 

Actualmente, un legislador que quiera cambiar de bancada debe renunciar un año antes de las elecciones, perder su curul y dejar el escaño en manos de su partido original. La reforma reduciría ese plazo a un mes, permitiría llevarse el puesto y repetir el proceso cada cuatro años.

El argumento central de las personas y bancadas que impulsaban este proyecto era que el electorado elige personas, no partidos, y que los y las congresistas no deben estar “atados” a estructuras partidistas con las que puedan disentir.

Sin embargo, esta narrativa ignoraba un principio básico de la democracia representativa: los partidos son vehículos programáticos y proyectos colectivos (no individualistas). Cuando la ciudadanía vota por una candidatura, lo hace en el marco de una plataforma política. Si esta persona elegida popularmente puede cambiar de bando a conveniencia, ¿qué garantías hay de que su voto no terminará respaldando una agenda contraria?

El proyecto no superó los seis debates y en este último se cayó, fue archivado con 55 votos a favor de su negativa y 22 que lo seguían respaldando. Inicialmente contaba con el respaldo de una porción considerable del Congreso, lo que indica que una reforma que favorece a todos los sectores no tiene un tinte político particular y hacía que los apoyos estuvieran situados en diferentes lugares del espectro político. 

Entre los principales apoyos, organizaciones que se encuentran en distinto lugar del espectro político, como el Pacto Histórico, y su respaldo masivo sugerían la búsqueda de  consolidar una coalición de izquierda de cara a 2026; otras organizaciones tenían posiciones divididas entre el apoyo y la oposición al proyecto; el Partido Liberal, que ve en este proyecto una oportunidad para reconfigurar alianzas; Cambio Radical, que también está dividido, indicaba que sectores cercanos al Gobierno podrían usarlo para sumar apoyos.

En la oposición, el Centro Democrático (doce congresistas, solo uno a favor), el Partido Conservador (quince en contra) y la U (diez en contra) alegan que la medida beneficiaría al Gobierno. Sin embargo, más allá del discurso, la realidad es que el transfuguismo siempre ha sido útil para todas las bancadas cuando les conviene.

Lo que cambiaría, en la práctica, es que habría menor control partidista sobre su representación, ya que un(a) congresista podría negociar su apoyo al Gobierno o a otras bancadas sin temor a perder su curul, así como un mercado político abierto, en la medida en que los/as legisladores con alta votación serían “libres” de venderse al mejor postor, lo que profundiza el clientelismo y deriva en un debilitamiento de las bancadas, debido a que los partidos perderían capacidad de disciplinar a sus miembros, y esto hace aún más caótico el proceso legislativo.

Una historia de reformas fallidas y micos recurrentes

Desde la Constitución del 91, cuando se autorizó que cualquier persona en Colombia podía fundar una organización política, se difundió la idea de que este hecho atomizó el sistema de partidos al pasar de un bipartidismo cerrado y excluyente representado en los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, a un multipartidismo extremo. 

Para 2002, más de cien partidos competían en elecciones, muchos de ellos meras plataformas personalistas sin ideología clara; a partir de este momento fue evidente que era ingobernable cualquier sistema político con esta fragmentación partidista. 

La Reforma Política de 2003 intentó poner orden con algunas medidas fuertes tendientes a reordenar el caos en la representación política; al establecer umbrales electorales, buscó disciplinar a las bancadas y procuró sancionar el transfuguismo. La idea era simple: si un ciudadano vota por un partido, su representante debe responder a ese proyecto colectivo, no traicionarlo al primer inconveniente.

Las reformas de 2009 y la Ley 1475 de 2011 profundizaron estos mecanismos, buscando evitar que la política se redujera a negociaciones de corto plazo. Sin embargo, cada intento serio de reforma ha sido saboteado con el mismo “mico”: artículos transitorios que, bajo excusas como “flexibilizar la democracia”, en el trámite legislativo procuran incluir el cambio de camiseta.

En las mismas reformas políticas (2003 y 2009) que buscaban fortalecer el sistema de partidos se introducían parágrafos transitorios que permitían excepciones para flexibilizar cambios de bancada “por diferencias ideológicas”, con lo que se constituía una puerta giratoria para el oportunismo.

La Ley 1475 de 2011, aunque reforzó sanciones al transfuguismo, incluyó artículos transitorios para permitir realineamientos, y en cada legislatura, cada vez que hay un intento serio (o no) de reforma política, algún sector intenta flexibilizar las reglas, argumentando “autonomía del legislador”, la diferencia con el actual proyecto es que ya no sería un elemento transitorio, sino constitutivo de la regulación electoral, autorizar el cambio de camiseta, en contravía de cualquier intento de fortalecer el sistema de partidos.

¿Por qué el transfuguismo destruye el sistema de partidos?

El problema no es solo la falta de lealtad, sino el daño estructural a la democracia al menos en tres aspectos:

•         Refuerza el personalismo sobre lo colectivo, debido a que las organizaciones políticas se vuelven etiquetas intercambiables sin ideología y las decisiones dependen de negociaciones individuales, no de programas.
•         Traiciona el mandato de los votantes en la medida en que la ciudadanía vota por un programa político (de la orientación que prefiera, izquierda, derecha, centro, etc.), pero la persona que eligió hace alianza o se cambia a una organización de orientación distinta, ¿a quién representa? En este sentido, el transfuguismo convierte las elecciones en una estafa al electorado.
•         Genera inestabilidad legislativa, ya que un Congreso sin bancadas firmes es ingobernable, además de que las mayorías se conseguirían con negociaciones espurias, no con acuerdos programáticos, como se espera

 El oportunismo como principio de reforma política

El transfuguismo no es una solución, sino la evasión de un problema real: la crisis de los partidos. En lugar de fortalecer la democracia interna, transparentar financiación o construir idearios claros, el Congreso prefiere legalizar el oportunismo.

Mientras tanto, reformas urgentes –como la reducción de curules para partidos sin respaldo, la paridad de género efectiva, una reforma profunda a la institucionalidad electoral o el control al lobby privado– siguen archivadas. No era casualidad que la única “reforma política” que avanzaba fuera la que beneficiaba directamente a los legisladores.

El mensaje es claro, en Colombia la política sigue siendo un negocio personal, no un servicio público. Y mientras el transfuguismo se consolide, la democracia seguirá en cuidados intensivos.

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