En vez de reprimir las primeras marchas de la oposición, el nuevo presidente optó por dialogar con ellas y sus líderes. ¿Será que el cambio de actitud se mantiene durante estos cuatro años?
Fabián Alejandro Acuña Villarraga*
Ni tanto ni tinto
El lunes 26 de septiembre se dio la primera marcha contra el gobierno de Gustavo Petro, convocada por la derecha opositora en cabeza del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe.
La movilización en las calles de algunas ciudades no fue multitudinaria, como pretenden sus convocantes y medios de comunicación afines. Pero tampoco fue una marcha menor, como pretenden los simpatizantes del actual gobierno.
En todo caso, lo que no debe hacerse con las protestas ciudadanas es desconocerlas.
No sería responsable inferir nada definitivo a partir de esta primera movilización. No sabemos todavía cuál será la actividad de la oposición bajo este gobierno, ni sabemos cuáles serán las respuestas de las autoridades. Pero este primer evento deja algunas reflexiones de interés.
La principal es la siguiente: la voluntad política y el liderazgo hacen la diferencia en la manera de responder a la protesta y a la oposición; durante el mes y medio del gobierno Petro- Márquez no se ha hecho ninguna reforma de fondo, pero la respuesta a las movilizaciones ciudadanas ha sido distinta de la de los gobiernos anteriores.
“Yo no paro, yo produzco”
Sería inocente pensar que las manifestaciones son neutrales. Siempre hay sectores políticos que se benefician -o que son perjudicados- por estas.
Es natural que la oposición justifique las protestas, mientras que los gobernantes las consideran injustificadas. Así no las hayan organizado, los sectores de oposición se suben al bus de las protestas y pretenden sacarles provecho.
Esta vez fueron los sectores sociales y políticos que antes decían “yo no paro, yo produzco” para censurar la toma de las calles por parte de estudiantes, trabajadores, mujeres y demás opositores al gobierno, quienes salieron a expresar su inconformidad con el gobierno progresista de Petro y Márquez.
Los manifestantes en varias ciudades expresaron consignas contra el alza en los precios de la gasolina y contra las reformas que propone el gobierno, como la tributaria, la pensional, la de salud o la política. Pero también usaron expresiones contra la vicepresidenta, por ser mujer y afrodescendiente, y contra Petro por su pasado guerrillero, además de una serie de reivindicaciones engañosas, como la influencia de George Soros, los Rockefeller o el Foro de Sao Pablo en Colombia
Como concluyen María Jimena Duzán y Juan David Velasco en el podcast #Afondo, la protesta de “la derecha llama sin tapujos a la exclusión, no le importan que la llamen racista, es anticomunista, anti-diversidad sexual, antiabortista…”.
Garantías a la oposición
Los contrapesos al Ejecutivo en una democracia no se reducen a las otras ramas del poder y los organismos de control. También existe control por parte de la sociedad, y las calles son, sin duda, un medidor de este.
Aunque se trate de un gobierno progresista, los movimientos sociales deben mantener su independencia; como sugiere Víctor de Currea-Lugo, “el movimiento social no puede ser un apéndice del gobierno”.
Y aunque el gobierno no sea progresista, su primera obligación es reconocer la legitimidad de las movilizaciones sociales y ofrecerles las plenas garantías para expresar sus desacuerdos. Solo así existe democracia robusta y madura.
Todas las personas y grupos sociales inconformes con las acciones de cualquier gobierno deben encontrar en la movilización no violenta y en las calles una manera legítima de expresar sus opiniones.
Este es el deber ser, pero en Colombia lo habitual ha sido la estigmatización, persecución y desconocimiento de quienes tienen opiniones políticas contrarias al oficialismo. De esto han sido víctimas medios de comunicación, lideres políticos de izquierda, personal de las altas cortes y sectores que alguna vez protestaron contra distintas autoridades administrativas.
La movilización social ha tenido respuestas represivas por parte de los gobiernos de derecha, como violencia policial, impunidad ante la violencia civil contra manifestantes -como se vio en las protestas de 2019, 2020 y 2021– . Y estos gobiernos han hecho oídos sordos a las reivindicaciones –“el tal paro no existe” (2013) -, respuestas siempre justificadas con la consigna de “las protestas están infiltradas por la guerrilla”.
Esta fórmula sirvió para dar soporte a la respuesta violenta. Pero cuando la movilización apoyaba los intereses oficiales gozó de todas las garantías, como ocurrió con la marcha del millón se voces contra las FARC en 2008, un evento que tanto volvió a relucir en la marcha de esta semana.
La respuesta institucional fue diferente
Pero esta vez la respuesta del gobierno y la Fuerza fue totalmente distinta y garantista: no hubo represión policial, se garantizó la protesta y al día siguiente se abrió un espacio de diálogo con los líderes más representativos de la oposición.
Pero la reunión entre Petro y Uribe no quedó exenta de críticas. Algunos organizadores de la marcha no la vieron con bueno ojos. Afirmaron que se estaba reduciendo la oposición al expresidente y su partido, cuando la protesta no tiene un tinte político. También la criticaron los sectores más radicales en el Centro Democrático.
Esta respuesta a las protestas se produjo aunque el gobierno Petro no ha llevado a cabo las reformas de la policía y el escuadrón antidisturbios por lo prematuro de su mandato. O sea que el gobierno utilizó la misma organización que venía del gobierno anterior: la diferencia vino de las instrucciones, es decir, desde la voluntad política del nuevo gobierno.
Por eso el contraste con la respuesta del gobierno anterior ante las protestas del 2019, cuando Duque dilató la reunión con líderes del paro, se reunió primero con empresarios y dio una respuesta violenta a los manifestantes, la cual fue condenada internacionalmente en el 2021.
Si bien las reformas pendientes de la policía y el ESMAD son muy importantes, la decisión del gobierno Petro de actuar bajo principios democráticos es vital para la “seguridad humana” que ha proyectado el ejecutivo en su discurso.
Otra Colombia
Estamos en un escenario político inédito en Colombia. Los gobiernos anteriores respondieron a la movilización social con actitudes represivas, con desconocerlas o restarles valor.
La primera respuesta del gobierno Petro fue todo lo contrario. Esperemos que esta actitud se institucionalice para que no dependa de quién esté en el poder.
Todas las personas y grupos sociales inconformes con las acciones de cualquier gobierno deben encontrar en la movilización no violenta y en las calles una manera legítima de expresar sus opiniones.
Es muy importante defender las garantías a la oposición y al pensamiento crítico, porque la historia reciente de Colombia muestra que nunca se sabe en qué momento se estará en ese lugar. Pero sí es claro es que cuando esto ocurra, es mejor que el Estado brinde condiciones favorables para pensar distinto.
