No es la primera vez que se trata de mejorar el sistema electoral, ni es la primera vez que los políticos se oponen a que les cambien las reglas de juego. ¿Qué tiene de distinto la Misión creada por el Acuerdo de La Habana y por qué ha sido criticada?
Fabián Alejandro Acuña*
Es natural que la ataquen
La Misión Electoral Especial (MEE) fue convenida en el Acuerdo de La Habana y ratificada por el Senado en noviembre de 2016, con el mandato de proponer reformas orientadas a:
- “Asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral;
- Modernizar y hacer más transparente el sistema electoral;
- Dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones, y
- Mejorar la calidad de la democracia”.
La Misión es de carácter consultivo y se buscó que fuera plenamente independiente, para lo cual sus miembros tuvieron que demostrar que no tenían la pretensión de participar en elecciones. Pero a pesar de esa independencia, la Misión ha recibido críticas de todo tipo y en todos los tonos, incluyendo aquellas que descalifican a sus integrantes porque serían “académicos alejados de la realidad” o, peor, “analistas que quieren hacer carrera política”.
Por otra parte, se ha dicho que la MEE recoge buena parte de las propuestas que ya venían circulando, y que la clase política se resiste a ellas porque les impediría seguir reproduciendo sus clientelas y sus redes. Y en efecto: sería sospechoso que la clase política hubiera acogido con satisfacción las propuestas de la MEE. Esta sería una mala señal, en tanto las reformas progresistas en Colombia han intentado atacar los vicios de la clase política, y por eso sus primeros opositores son precisamente los parlamentarios y los partidos.
Los intentos anteriores
 Presidente Juan Manuel Santos, junto a Ministro de Interior y miembros de la Misión Electoral Especial. Foto: Ministerio de Interior |
Desde el desmonte del Frente Nacional (1974), varios movimientos sociales insistieron en la descentralización para ampliar la democracia y en abrir espacios de participación en un sistema copado por el bipartidismo.
Después de varios intentos se promulgó el Acto Legislativo 01 de 1986, que estableció la elección popular de alcaldes –antes eran designados por el presidente o los gobernadores- -, que por primera vez tuvo lugar en 1988. Este fue un gran paso para permitir que las comunidades decidieran quiénes serían sus gobernantes y abrir espacios para sectores políticos distintos de los tradicionales.
Sería sospechoso que la clase política hubiera acogido con satisfacción las propuestas de la MEE.
Varios movimientos alternativos alcanzaron Alcaldías y Concejos municipales en esas primeras elecciones. Pero algunos sectores políticos se resintieron ante esa apertura y desataron una oleada de violencia contra las fuerzas alternativas. El ejemplo más dramático fue el genocidio de los militantes de la Unión Patriótica, varios de los cuales ejercían cargos de elección popular (como lo narra el informe Silenciar la democracia del Centro de Memoria Histórica).
Un segundo momento de reformas progresistas fue por supuesto la Constitución de 1991, que profundizó la descentralización y abrió nuevos espacios para la participación de la ciudadanía.
Con el propósito de completar la tarea de la Constitución, bajo el gobierno Samper (1194-1998) se creó la Comisión para la Reforma de los Partidos. Pese a sus buenas intenciones y sus valiosos insumos, la Comisión fue desacreditada como “cortina de humo” ante la crisis de gobernabilidad que significaron el proceso 8000 y los cargos sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial.
Las banderas de la reforma política fueron retomadas por Andrés Pastrana (1998-2002), quien lo intentó en dos ocasiones. Pastrana comenzó por anunciar que no negociaría nada con el Congreso, pero en ambas ocasiones acabó por negociar cada una de las propuestas. Y sin embargo estos intentos no acabaron en nada.
Pero en cambio la gran popularidad de Álvaro Uribe le dio la fuerza para formular una “amenaza” creíble de reforma política y para que los parlamentarios entendieran que no podían seguir aplazándola. Entonces el Congreso adoptó una versión distinta de la que le sometió el gobierno y que resultó recoger los mejores elementos de las anteriores iniciativas fallidas. Fue así cómo para corregir la hiper-fragmentación de los partidos, el Acto Legislativo 01 de 2003 introdujo mecanismos como el umbral, la lista única y la cifra repartidora. Con todo y esto se mantuvieron otros vicios muy serios de la política.
En su segundo mandado Uribe entonces impulsó una nueva reforma política, aunque la situación era tal que el presidente pidió a los congresistas que votaran sus iniciativas mientras no estuvieran en la cárcel por sus nexos con los paramilitares. El Acto Legislativo 01 de 2009 se propuso cortar las relaciones entre la clase política y los actores armados en el plano nacional y regional. Esta reforma fue reglamentada posteriormente por la Ley 1475 de 2011.
El recuento anterior quiere poner de presente que pesar de los vicios o aún de la criminalidad de la clase política, en Colombia sí se han llevado a cabo intentos de reforma para contrarrestar estos fenómenos.
Las reformas no han partido de cero ni han dicho cosas nuevas, sino que en general han recogido iniciativas aplazadas. Todas las reformas se han llevado a cabo a pesar de las críticas y la resistencia de quienes se ven afectados por ellas. ¿Por qué razón las propuestas de la MEE recorrerían un camino diferente?
Un proceso consultivo
Las reformas políticas anteriores han tenido etapas de diagnóstico, de recoger propuestas y de buscar consensos. De igual manera a la MEE que contempló el primer Acuerdo firmado con las FARC se le agregó en el nuevo Acuerdo la condición de que sus propuestas fueran fruto de una etapa de consultas con las fuerzas políticas.
El tiempo de funcionamiento inicial de la MEE era de cuatro meses pero se redujo a tres. La Misión invirtió cerca de dos meses en convocar y reunirse con todos los partidos y movimientos políticos, organizaciones e instituciones que tuvieran injerencia en lo electoral.
Teniendo en cuenta sus particularidades e intereses, la Misión estudió sugerencias alternativas para una propuesta que recogiera la experiencia internacional, las investigaciones académicas, los aprendizajes de reformas anteriores y los insumos de los actores políticos de hoy.
La mayoría de organizaciones políticas asistieron a las reuniones, a todas se les dio la posibilidad de formalizar sus propuestas por escrito, y todas ellas fueron evaluadas. A las reuniones asistieron dirigentes y miembros de las direcciones de los partidos y/o sus delegados; pero fue muy escasa la participación de los parlamentarios – a quienes corresponde adoptar la reforma y quienes han formulado las mayores o más severas críticas (seguidos por el Consejo de Estado y por la Registraduría Nacional del Estado Civil).
La lista cerrada es una pieza clave de la propuesta de la MME, y es también un ejemplo del tipo y la razón (o sin razón) de las críticas que se le han formulado. ¿Será que la lista cerrada es una “idea académica alejada de la realidad”? Pues como explica Felipe Botero en esta misma edición de Razón Publica, esta sola propuesta implicaría una “revolución democrática” y cambiaría por completo el ejercicio de la política en Colombia. Las ventajas de este mecanismo son tantas y tan claras, que esta fue la prepuesta que mereció apoyo y consenso en las reuniones de la Misión con los distintos actores.
La oposición a la lista cerrada es comprensible porque las autoridades de los partidos suelen tener dificultades para disciplinar a sus parlamentarios. Este instrumento nos llevaría a partidos más organizados, que logren tramitar democráticamente sus problemas de acción colectiva y asumir la responsabilidad política por cada persona a quien le otorgan un aval.
¿Qué pasó con la propuesta?
 Hecho histórico del Frente Nacional. Foto: Centro de Memoria |
Mientras se adelantaba el anterior proceso de consultas, el Ministerio del Interior se reunía con la mesa interpartidista y anunciaba una serie de reformas de su propia cosecha.
Por su parte, los pasados 24 y 25 de marzo, la MME dio comienzo a la etapa pública de sus trabajos en lo que se denominó la “cumbre política” de Cartagena, que contó con la asistencia de partidos, movimientos y numerosas organizaciones. De aquí surgieron varias inquietudes, observaciones, críticas y controversias que fueron recogidas para llegar a una versión mejorada de la propuesta de la Misión. Una propuesta que, por supuesto, se mantuviera ajustada a los cuatro objetivos que de manera explícita la habían sido señalados por el Acuerdo y por el Senado. Finalmente, y tras la presentación pública del documento final al presidente Santos el 17 de abril, se abrió una nueva etapa de difusión de la propuesta.
La independencia de la MEE se ha puesto a prueba ya que el mismo gobierno que la convocó e instaló ahora anuncia sus desacuerdos y establece el diálogo con parlamentarios de los distintos partidos.
Esto demuestra que la MEE no buscó favorecer a ningún sector, sino cumplir su mandato y formular propuestas responsables para elevar la calidad del ejercicio político en Colombia.
* Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Asesor de la Misión Electoral Especial.
