Un acuerdo nacional es un cambio en las formas de hacer política en Colombia; servirá para acabar con la exclusión y para garantizar la gobernabilidad.
Fabián Acuña Villarraga*
Un acuerdo sin antecedentes
El gobierno electo de Gustavo Petro y Francia Márquez está logrando algo impensable: reunir sectores políticos contradictorios en un acuerdo nacional que garantice un gobierno democrático.
La primera acción de los gobiernos electos en Colombia suele consistir en el rechazo, la estigmatización y el desconocimiento de la oposición.
Como sostiene Hernando Valencia Villa en Cartas de Batalla, desde la independencia quienes ganaron las guerras civiles (liberales y conservadores) se encargaron de promulgar las constituciones.
El movimiento de la Regeneración concibió la Constitución de 1886, la más duradera que se ha tenido. Rafael Núñez emprendió este movimiento que se reafirmó con la Guerra de los Mil días (1898-1902), consolidando así la Hegemonía Conservadora. Más adelante, con el triunfo en las urnas de Enrique Olaya Herrera, comenzó la denominada República Liberal (1930-1946).
Ambas “repúblicas”, la conservadora y la liberal, excluyeron del gobierno a los contrarios. De esta manera se produjo una bipolaridad extrema que, como explica Anthony Downs en Una teoría económica de la democracia, se tradujo en marcada inestabilidad social. Eventualmente, dicha inestabilidad condujo a los conflictos civiles de la época de la Violencia partidista.
Esto trajo consigo la dictadura de Rojas Pinilla y la posterior resolución de los conflictos mediante un acuerdo bipartidista, el Frente Nacional, que consideraba las dos mitades de Colombia y dejaba por fuera de la competencia política a cualquier fuerza alternativa.
Las tres últimas décadas
La exclusión formal se superó con la Constitución de 1991, pero las prácticas informales se mantuvieron. Desde 1991 se ordenó un Estatuto de la Oposición, pero las garantías tardaron once intentos legislativos y más de 25 años en llegar.
Mientras tanto ocurrían “chuzadas” ilegales a las comunicaciones de los magistrados y congresistas de otras líneas políticas que el gobierno uribista consideraba opositores, y se estigmatizaba y reprendía el movimiento social cuando se manifestaba. Este desconocimiento de la oposición se resume en la actitud irrespetuosa del presidente saliente, quien se ha caracterizado por la displicencia con la oposición —por ejemplo, cuando no oyó la réplica de la oposición en la reciente posesión del nuevo Congreso—.
Consenso y gobernabilidad
El país está tan acostumbrado a esto que sospecha cuando se plantea un diálogo amplio que incluya a sectores contrarios. Por eso la iniciativa del presidente Petro es innovadora y representa un cambio en las formas de hacer política en Colombia.
El Pacto Histórico no puede ignorar las fuerzas políticas distintas si pretende garantizar la gobernabilidad. Algunas de estas fuerzas pueden resentir la llegada de los sectores políticos antagonistas en la campaña, pero es necesario.
Aunque hay quienes critican el acuerdo nacional, es indudable que se trata de un diálogo necesario para el gobierno entrante. Pero la llegada de los sectores opositores causa distintas reacciones:
- quienes siempre han estado a favor de Petro, pueden considerar que la llegada de estos sectores es favorable, pues suman más personas con las cuales podrían garantizar la viabilidad de sus proyectos,
- otros también cercanos al proyecto desconfían de la llegada de los sectores tradicionales, pues creen que puede pervertir el programa original,
- por el lado de quienes votaron contra Petro o a favor de otras opciones políticas, pueden considerar que la entrada de estas al acuerdo nacional es positiva, pues ayudaría a despolarizar y evitar las ideas extremas del presidente electo o por lo menos lo que les causaba más temor de sus propuestas,
- en otros votantes de la política tradicional puede haber también un sentimiento de decepción, pues sienten que sus representantes traicionaron su voto y decidieron apoyar al gobierno electo.
Este acuerdo nacional es necesario para que el gobierno entrante pueda sacar adelante su agenda. Aunque el Pacto Histórico sea de las bancadas más grandes en el Congreso, no le alcanza por sí sola para aprobar los proyecto del gobierno.
Dependiendo de si un gobierno es mayoritario o no, y de su ánimo para negociar, pueden presentarse diversos escenarios en términos de gobernabilidad que podrían afectar la democracia. Dichos escenarios se muestran en la siguiente tabla:
| Gobierno minoritario | Gobierno mayoritario | |
| No negociación | A. Ingobernabilidad-dictadura | C. Gobernabilidad excluyente |
| Negociación | B. Gobernabilidad necesaria | D. Gobernabilidad democrática |
El escenario A que denomino ingobernabilidad-dictadura es el de un gobierno sin mayorías legislativas y sin el interés de negociar. Este escenario conduce a la ingobernabilidad por la intransigencia del gobierno. Algo similar vivió Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, cuando decidió no negociar con el concejo (no se discutirán las razones) y éste le bloqueó buena parte de sus iniciativas.
Otros ejemplos de este escenario serían los gobiernos de Hugo Chávez (izquierda) en Venezuela y Alberto Fujimori (derecha) en Perú, quienes llegaron al gobierno sin respaldo en el Congreso, pero con el apoyo popular y de las fuerzas armadas. En vez de crear consensos con otras fuerzas políticas, decidieron concentrar el poder y produjeron retrocesos democráticos.
El escenario opuesto es el D, que llamo gobernabilidad democrática, el gobierno es mayoría y decide abrir espacios de negociación con la oposición. Este es el escenario ideal y democrático, pero tristemente es el menos frecuente en Colombia.
El escenario C, que denomino gobernabilidad excluyente, se vivió en Colombia después del Frente Nacional: los gobiernos de coalición mayoritaria excluyeron sistemáticamente a las fuerzas alternativas. Las mayorías se consiguen con las fuerzas políticas más cercanas y se excluye, margina o ataca a las fuerzas políticas contrarias. Es la lógica del amigo o enemigo: quien no está conmigo, está contra mi.
Finalmente, el escenario B, que llamo gobernabilidad necesaria, es la posición donde se encuentra el gobierno entrante, es minoritario porque por sí mismo no logrará que se aprueben sus proyectos. Por eso necesita abrir espacios de negociación, de no hacerlo, habría una ingobernabilidad que Petro ya conoce; por eso su apertura es oportuna y necesaria.
Cualquier político o colectividad desearía tener las mayorías necesarias para evitar negociar sus posiciones, pero este es un escenario adecuado para limitar cualquier iniciativa extrema (ya sea de izquierda o derecha) que violente las instituciones democráticas.
Acuerdo nacional
El Pacto Histórico es una coalición que congrega fuerzas políticas y sociales de centro-izquierda y progresistas que avalaron la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez. Así, dichas fuerzas de centro-izquierda, tradicionalmente excluida, llegan para hacer parte del acuerdo, pues se sienten representadas en las figuras y trayectorias de Petro y Márquez.
El Pacto Histórico no puede ignorar las fuerzas políticas distintas si pretende garantizar la gobernabilidad. Algunas de estas fuerzas pueden resentir la llegada de los sectores políticos antagonistas en la campaña, pero es necesario.
Así, llegan también colectividades que han participado tradicionalmente en la burocracia estatal acompañando a los gobiernos de turno. Ubicarse en la oposición tendría un costo muy alto para ellas. Por eso, ante el triunfo de Petro y su falta de mayorías, aprovechan la oportunidad para incluir sus proyectos y mantener las cuotas burocráticas a cambio de su apoyo en el Congreso.
Con la llegada de estos grupos se garantizan las mayorías necesarias para impulsar importantes proyectos de gobierno, pero se trata de una mayoría débil: su apoyo no es programático, por lo cual el gobierno debe aceitar constantemente este grupo con los beneficios que demanden.
Un problema adicional es que este apoyo puede estar condicionado a limitar los alcances de la agenda reformadora y esto puede incidir en la elección de las personas encargadas de los organismos de control (especialmente Procuraduría, Contraloría y Fiscalía), pues para estos sectores puede generar desconfianza tener organismos de control independientes.
Desafortunadamente, se volvió costumbre en Colombia nombrar amigos para estas entidades y condicionar su independencia, envolatando o evadiendo las investigaciones y emprendiendo procesos contra los enemigos políticos. Ojalá la historia cambié con el nuevo gobierno.
