La primera condena contra el exalcalde pone en evidencia cómo todo el sistema de gobierno distrital participó en el saqueo de la ciudad, y cómo fueron cómplices los propios encargados del contrapeso y la vigilancia de la administración.
Fabián Alejandro Acuña* – Juan Guillermo Rodríguez**
Los delitos
Un fallo judicial del pasado 8 de marzo estableció la culpabilidad del exalcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Moreno recibió así su primera condena en relación con el llamado “carrusel de la contratación” – el mayor desfalco a las finanzas de la ciudad en los últimos años-.
Son tres procesos judiciales en curso contra Moreno, la condena es del menor de ellos:
– El proceso por irregularidades en los contratos de ambulancias a cargo de la Secretaría de Salud, entonces dirigida por Héctor Zambrano –también condenado-, quien fuera el encargado de entregar las comisiones a los hermanos Moreno (Samuel e Iván).
– El proceso por la contratación de la tercera fase de Transmilenio, adjudicada al grupo Nule, y
– El proceso por la contratación de la malla vial.
Supuestamente en todos estos casos se entregaron jugosas comisiones a los Moreno por adjudicar los contratos a ciertos particulares. Pero importa recalcar que también fue necesaria la participación de muchos otros que “dejaran hacer y dejaran pasar”. Por eso, más allá de la condena del exalcalde, el pronunciamiento del juez destaca dos circunstancias: la “cooptación burda de la estructura del Estado” y la “malversación del sistema de pesos y contrapesos por el direccionamiento de contratos para la prestación de servicios de salud”.
Los condenados
Pese a las tretas dilatorias de los abogados del exalcalde, ahora tenemos un panorama más o menos claro sobre las responsabilidades de los implicados en el saqueo de la ciudad.
Fue necesaria la participación de muchos otros que “dejaran hacer y dejaran pasar”.fue necesaria la participación de muchos otros que “dejaran hacer y dejaran pasar”.
La investigación acerca del “carrusel” ha dejado condenas y ha sembrado dudas sobre el gobierno distrital en su conjunto y sobre toda la clase política relacionada con la capital. En palabras del juez, se trató de “hampones de cuello blanco” que se repartieron los dineros de la ciudad. Entre estos se pueden destacar:
- Al exsenador Iván Moreno (hermano del exalcalde), quien fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia de los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
- Al exrepresentante a la Cámara Germán Olano, condenado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a raíz de los sobornos al excontralor Morales Russi. Cabe recordar que la grabación de un diálogo entre estos dos personajes fue uno de los primeros indicios de irregularidades en Bogotá.
- Al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, implicado en la entrega de sobornos cuando era gerente de la empresa ICM Ingenieros, aspirante a la adjudicación irregular de contratos para reparar la malla vial de la ciudad.
- Al exsecretario de Salud Héctor Zambrano, por el caso de las ambulancias.
- A la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y al ex subdirector de infraestructura, Luis Eduardo Montenegro, por irregularidades en el desarrollo de la tercera fase de Transmilenio y la remodelación de la malla vial, debido a la adjudicación irregular de contratos en beneficio de Emilio Tapia.
Los contratistas
 El excontralor Miguel Ángel Moralesrussi. Foto: Procuraduría General de la Nación |
La corrupción suele ser más visible entre los funcionarios públicos, mientras sus contrapartes privadas tienden a pasar desapercibidas; sin embargo en este caso salieron a la luz los nombres de particulares que se apropiaron ilícitamente. Entre quienes acompañaron y financiaron la campaña electoral de Samuel Moreno y cobraron con creces sus favores se encuentran:
- Los primos Miguel, Manuel y Guido Nule y Mauricio Galofre, por contratación irregular y malos manejos de anticipos de la tercera fase de Transmilenio;
- Julio Gómez, condenado por peculado por apropiación e interés indebido en contratos;
- Emilio Tapia, ex contratista y exfuncionario del IDU.
Esta realidad plantea interrogantes muy serios sobre la financiación de las campañas políticas en Bogotá y en Colombia, en este caso no por ilegal (como ocurrió con la parapolítica) sino por empresarios que dentro de la legalidad se especializan en lograr contratos amañados para defraudar al Estado.
Gobernabilidad con sobornos
Entre 2007 y 2011, cuando Samuel Moreno gobernó la ciudad, la composición política del Concejo fue la siguiente:
.
|
Partido |
Curules |
% |
|
Cambio Radical |
11 |
24 % |
|
Polo Democrático Alternativo (PDA) |
11 |
24 % |
|
Partido de la U |
7 |
16 % |
|
Liberal |
6 |
13 % |
|
Conservador |
3 |
7 % |
|
Convergencia Ciudadana |
2 |
4 % |
|
Movimiento Mira |
2 |
4 % |
|
Movimiento Pacto Nación |
1 |
2 % |
|
Movimiento Alas – Equipo Colombia |
1 |
2 % |
|
Partido Opción Centro |
1 |
2 % |
Nota: El Acto legislativo 1 de 2009 permitió el cambio de partido de los miembros de las corporaciones públicas, lo que derivó en un cambio en la composición política.
Aunque a escala nacional el partido de Moreno (PDA) era la más férrea oposición al gobierno en un Congreso dominado por Uribe, al ganar la elección en Bogotá Moreno pudo formar una coalición mayoritaria que le dio vía libre a su Plan de Desarrollo, a los cupos de endeudamiento, a las vigencias futuras y a muchos otros proyectos a lo largo de la administración.
Para formar su coalición, el alcalde tuvo que negociar con las bancadas de los partidos de la U, Liberal, Conservador, Convergencia Ciudadana, Alas-Equipo Colombia y Opción Verde. Una manera de conciliar con estos socios variopintos fue la intermediación y el reparto de comisiones por las distintas contrataciones del Distrito.
Por estas irregularidades tres miembros del Partido de la U son hoy investigados por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho: el expresidente del Concejo, Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada. En la investigación también se encuentra implicado el exconcejal José Juan Rodríguez, del Partido Verde, quien tenía una importante porción burocrática del IDU, responsable del desfalco de la tercera fase de Transmilenio. Otros concejales son actualmente investigados en relación con las contrataciones en otros sectores, como las nóminas en varios hospitales del Distrito o los comedores comunitarios.
Los vigilantes
En Bogotá, la dirección de la Rama Ejecutiva está en manos del alcalde, mientras el Concejo se encarga de ejercer el contrapeso o el control político sobre los actos de la administración. Además el gobierno local está bajo la vigilancia de dos organismos de control: la Personería y la Contraloría distritales. El Concejo elije a los directivos de estos dos organismos (que además cuentan con una amplia nómina de libre remoción y nombramiento).
En Bogotá se dio una gran alianza con el único objetivo de defraudar a la ciudad.
Bajo el gobierno Moreno fueron elegidos Francisco Rojas Birry y Miguel Ángel Morales Russi, respectivamente. Pero tanto Morales como Rojas Birry tuvieron participación en el “carrusel” al hacerse los de “la vista gorda” a cambio de elevadas comisiones.
Las lecciones
 Concejo de Bogotá. Foto: Juan Carlos Pachón |
La fórmula más frecuente para logar la “gobernabilidad” en los sistemas democráticos consiste en aunar fuerzas en una coalición mayoritaria que respalde al gobierno en las corporaciones públicas. En una democracia verdadera esto se alcanza basados en propuestas buenas e incluyentes que atraigan al suficiente número de socios o partidos. Pero en las democracias más precarias, el “atajo” o la manera más fácil de hacerlo es repartir cuotas burocráticas y comisiones ilícitas entre políticos y funcionarios.
En Bogotá se dio una gran alianza con el único objetivo de defraudar a la ciudad y uno de los alcaldes más votados de los últimos años encabezó una banda de “hampones de cuello blanco”. Los concejales incumplieron su papel de veedores en representación de los ciudadanos e hicieron uso de su función de control político como principal mecanismo de chantaje a la administración. Y los organismos de control que fueron elegidos por el Concejo abandonaron su función de disciplinar y velar por los recursos públicos a cambio de beneficios particulares.
El “carrusel de la contratación” en Bogotá es una muestra vulgar de una práctica extendida en otros entes territoriales: el nombramiento de “amigos” para concertar desfalcos de los recursos públicos. La lección de este caso es especialmente pertinente ahora que se acaban de posesionar los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles que han de ejercer los contrapesos y elegir las cabezas de los organismos de control de sus territorios.
En Colombia hay muy pocos incentivos para ejercer la oposición responsable. Por el contrario, las cosas están dadas para que en vez de controlar a los alcaldes, los concejales se alíen con los contratistas y se eviten tropiezos al nombrar testaferros para que dirijan las Personerías y las Contralorías regionales.
* Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana
@acuna_fabian
** Politólogo con énfasis en Participación Política de la Universidad Javeriana, analista y asesor político.
@JuanGuillermoRT
