Las clases de historia en los colegios como campo de disputa (y ensoñación) política

Una lánguida comunicación que expresa el desconcierto de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia fechada el 17 de julio de este año, frente a la expedición de la Directiva No 3 del Ministerio de Educación a propósito de la enseñanza de la historia, incita la presente reflexión. Ello ocurre porque hoy, ya pasados dos meses de tal pronunciamiento, no ha escalado la discusión del tema en el país. En esta columna quisiera, entonces, llamar la atención sobre los beneficios de esta Directiva del gobierno, y de la poca razón que tienen la Comisión (de ser oficial el pronunciamiento publicado en las redes sociales del Fecode).

Para comenzar es preciso decir que esta Comisión, que funciona Ad Honorem lo cual la hace de facto inviable, fue instalada por Iván Duque a través Decreto 1660 de 2019 para dar cumplimiento (a última hora, por supuesto) al plazo de 2 años que estableció la Ley 1874 de 2017, por medio de la cual se reestableció la enseñanza de la historia en Colombia. Dicha Ley, determinó que la Comisión, donde hay representantes de la academia (fundamentalmente) y de profesores de sociales (minoritariamente), tendría que hacer unas recomendaciones al Ministerio en sus directrices para enseñanza de la historia en los colegios colombianos.

Vale recordar que la enseñanza de la historia fue eliminada en su faceta convencional en los años 90’s, pues, efectivamente, tal como estaba planteada curricularmente, fortalecía una visión colonial, sexista, racista y clasista del pasado colombiano. El énfasis en los héroes y los acontecimientos había generado una versión acartonada y anacrónica del estudio de la historia en las aulas, y por ello se pensó que ella debía integrarse con otras disciplinas de las ciencias sociales (como democracia y geografía) proponiendo un estudio menos basado en fechas y nombres gloriosos y más en procesos y un razonamiento holístico.

En el siglo XXI, el ascenso al poder de la extrema derecha, y sus diversas estrategias para negar la existencia del conflicto armado en Colombia, mostraron no sólo la incomprensión de la sociedad colombiana en cuanto a su historia reciente, sino el inmenso poder que en tenían los medios de comunicación para construir relatos históricos a conveniencia. El Acuerdo de Paz fue, a continuación, el telón de fondo para el regreso de las clases de historia a las aulas, sin embargo, la ley que lo establece se formuló al final del gobierno de Santos y así, como muchas de sus iniciativas, dejaron este entuerto al gobierno siguiente que nunca mostró una verdadera voluntad política.

Manteniendo ese mismo estilo de nuestros gobernantes, el advenedizo Iván Duque, instaló la ya mencionada Comisión en septiembre de 2019, sabiendo que dicho estudio tendría un plazo de dos (2) años para entregar las recomendaciones. Y así, en esa práctica de aplazar y no hacer nada con la reglamentación de las políticas públicas, Duque sabía que el informe por obligación sería entregado a fines de su mandato.

Como algunos de ustedes sabrán, el documento de recomendaciones fue entregado –con bombos y platillos- en abril de 2022, unos meses antes de la elección de Gustavo Petro y es a este al que le corresponde entonces implementarlo.

Pero las recomendaciones entregadas por la Comisión, en sus pomposas 120 páginas, en realidad dicen muy poco. Es un texto de lugares comunes, presenta como lineamientos encriptadas frases académicas como “pensamiento crítico” o “enfoque interseccional” que poco entienden de didáctica. Se presenta en un lenguaje de pretensión sofisticada, incluyente y políticamente correcto, y ese es quizás su mayor logro. Evidentemente se sale de la llamada “historia patria” (algo que hizo hace 30 años la Ley General de Educación) y enuncia de manera reiterada la necesidad de sopesar en la enseñanza del pasado aquellas variables de raza, clase y género que, de todas formas, los buenos profesores y profesoras (no sólo de historia) vienen deconstruyendo -sin tanto alboroto- en sus clases.

Aunque el documento es resultado de unos “talleres” con un número significativo de profesores y profesoras, y por ello se determina como incluyente, no logra explicar cómo esas necesidades se tornarán en lineamientos, más allá de las tradicionales consignas: más procesos de formación, inversión en elementos didácticos, mayor gasto en el sector, etc. Se presentan incluso algunas “encuestas diagnósticas” que carecen de rigor científico para entender poblaciones, edades, regiones de origen, edades, etc. Honestamente, el informe se asemeja a los resultados de una consultoría (esas que nadie los lee), que a los lineamientos de una política pública tan importante.

Es llamativo, así las cosas, que sea se diga que este es el dispositivo a tener en cuenta para dar lineamientos a las clases de historia, tratándose apenas de una suma de deseos que requerirían dos revoluciones seguidas para realizarse. Un pequeño ejemplo de las recomendaciones:

La enseñanza de la historia de Colombia y la promoción del pensamiento histórico deben empezar desde grado 1 y darse de manera continua hasta grado 11 para garantizar lo que el Ministerio de Educación Nacional llama la “progresión de aprendizajes”, generando puentes con las historias de otros contextos y con el análisis de otros fenómenos desde una mirada interdisciplinar. Es crucial que los referentes se replanteen desde un enfoque decolonial, antirracista y antipatriarcal, no solo para reconocer las violencias de larga duración que contribuyen a la persistencia del conflicto armado, sino para visibilizar a las comunidades étnicas, a las mujeres, y a la población LGBTI como agentes históricos que han hecho importantes contribuciones a la historia del país.

Es un texto vago, igualmente, se habla recurrentemente de la noción de “pensamiento histórico” pero no refiere si se trata de la historia inmediata, o de un planteamiento de corta, larga o mediana duración, que tienen desde luego diferentes implicaciones con lo cognitivo, lo vivencial y/o lo ideológico, así como en la propuesta didáctica y/o pedagógica.

El principal problema de las dichas “recomendaciones” es que no tienen escala, y allí, en mi opinión, la Directiva No 3 del gobierno sí aporta lineamientos al situar –sobre una temporalidad clara- aquellas necesidades que resultaron de los talleres que sistematizó el Informe.

Tenemos pues que, aunque la directiva también está llena de generalizaciones, acierta en el punto que más le duele a la derecha: la mención al conflicto armado. No quisiera entrar en el debate de la importancia de este tema, lo que es una obviedad, sino de las repercusiones que tiene centrar una política pública de educación en historia demarcando una escala espacio-temporal concreta: lo que se denominaría una “historia reciente” o “historia inmediata” con un énfasis en “la comprensión y reflexión en torno al pasado reciente de Colombia y, específicamente, al conflicto armado interno y el Acuerdo de Paz”.

Y es que, al proponer una escala (espacio-temporal), cualquiera que sea ella, vuelve inteligible el objeto de enseñanza, permite focalizar procesos de formación, de capacitación, de construcción de material didáctico, de intercambio de saberes; igualmente generar material audiovisual o interactivo del alcance nacional o regional y con ello, hacer plausible el cúmulo de intensiones que manifiesta el llamado Informe de la Comisión. Por supuesto, el Estado no debe brindar contenidos a priori, lo que vulneraría el principio de libertad de cátedra, pero sí debe otorgar los mecanismos para que los maestros en su diáspora ideológica puedan generar procesos de construcción sobre la mencionada directriz.

Es muy conveniente, entonces, que dicha directriz, establezca unas líneas de ruta para que el estudio de este período de la historia reciente cuente con un verdadero apoyo institucional. Es imperioso, generar espacios de formación pedagógica sobre las necesidades fácticas de esta directriz, y actuar en consecuencia. De lo contrario la normativa del gobierno resultará tan influyente como las recomendaciones del informe de la Comisión.