De la chicha a la coca: abolicionismos convergentes

Desde los Acuerdos de Paz de 2016 se ha discutido la conveniencia (o no) de comprar la hoja de coca a los agricultores. Muchas voces consideran que a través de esta política sería posible quitar del medio a los narcotraficantes, lo que permitiría desescalar la violencia del posconflicto. Este debate es sin embargo comparable con las discusiones que hace un siglo tuvo Colombia en torno a la regulación de las bebidas alcohólicas y especialmente frente a la política abolicionista de la chicha. Esta bebida, al igual que el cultivo de coca, fue satanizado y perseguido por dos siglos y su persistencia demuestra la necesidad de observar las lecciones del prohibicionismo chichero con miras a pensar sobre la implementación de políticas regulatorias en la producción de hoja de coca.

Teniendo de frente el fracaso prohibicionista de Estados Unidos, el país copió el abolicionismo en cuanto a las bebidas de las clases trabajadores (chicha, guarapos, viches, ñeques, chirrinches) y jamás tuvo en cuenta el motor económico que estas generaban en las economías campesinas. Hablamos de una política pública que por el contrario fue permisiva con los monopolios nacionales de alcohol y con la importación de bebidas extranjeras; fue una política que aplazó indefinidamente la aplicación del impuesto de la Ley 88 por afectar a los más reputados y acaudalados comerciantes. 

En aquel entonces había un doble racero para legalizar o estatizar la producción y distribución de ciertas bebidas alcohólicas, para prohibirlas, restringirlas en ciertos espacios y horas o para aplicarles impuestos que eventualmente pudieran disminuir el consumo (ergo aumentar el contrabando). Se trató, pues, de una discusión moral y económica que tuvo adeptos y matices que aparecieron alrededor de la famosa Ley 88 de 1923.

Comenzaremos por decir que hace poco más de cien años las chicherías se enfrentaron a la furia popular producto del inusitado aumento de precio. La protesta tuvo como epicentro a las trece chicherías de San Cristóbal, ubicadas desde la calle primera hacia el entonces extremo sur de la ciudad a lo largo de los cerros orientales. No se trató sin embargo de una acción colectiva que contestara de manera directa el aumento del gravamen al litro de chicha, sino que se dirigió específicamente a los chicheros, quienes -según el gobierno y la prensa- aumentaron sin control el precio justificándose en la política tributaria recientemente instaurada por la Ley 88 consistente en cobrar un centavo al litro de chicha.

Según cálculos del secretario de Hacienda de Cundinamarca, en la época de la reyerta, Bogotá consumía doscientos mil litros de chicha cada 24 horas (unos 73 millones de litros al año) que, al gravarlos con un centavo por litro, generarían al erario un contante y sonante de 2000 pesos diarios de impuestos. La chicha era, de lejos, el principal producto consumido y producido en la ciudad, e iba en aumento; el químico Antonio Barriga Villalba calculó que en el primer semestre de 1936 en Boyacá y Cundinamarca se producían poco menos de 14 millones de litros con una proyección de 28 millones al año.

Para regular la producción de chicha se propusieron diversas alternativas: alta tributación, comercialización regulada, estatización, limitación por razones de higiene o persecución total. Se pensaba que, en todos los casos, el precio aumentaría y por tanto bajaría el consumo. 

Hoy en día uno se pregunta: ¿cuál fue la razón de los chicheros para haber incrementado de esa manera los precios?  ¿tenía sentido poner en contra de esa manera a su clientela al punto de arriesgar sus clientelas, sus negocios, sus hogares y sus propias vidas? La respuesta a este interrogante está en las estadísticas oficiales y en los cálculos de la producción. Sea por error, o por un fino cálculo político, el gobierno exageró los números de producción sosteniendo (con supuestos datos en la mano) que la producción equivalía al torrente mismo Río San Cristóbal “según cubicación y cálculo hecho por un ingeniero oficial”. 

En apariencia el gobierno ganaría el pulso pues, frente al impuesto y con sus negocios y hogares destruidos, los chicheros no tuvieron más que aceptar unas condiciones que lógicamente no pudieron cumplir: asociarse, cambiar los patrones de higiene y pagar el mencionado impuesto sin aumentar los precios.  

Como podemos suponer la aplicación del impuesto promulgado en 1923 no incidió en una rebaja del consumo, sino que tuvo un aumento muy significativo de la producción. Según datos de la Contraloría, entre 1939 y 1943 supuestamente se consumieron 132 millones de litros de chicha en Cundinamarca y 423 millones en Cundinamarca; una cifra contrasta con los 425 millones de litros consumidos en cerveza en la mismo lapso de tiempo. 

Como puede verse, ni la persecución, ni el aumento tributario ni el favorecimiento a la cerveza dieron -en principio- efecto en la política abolicionista.

Aunque el combate que se hizo a la chicha ha sido ha interpretado como el espaldarazo a monopolios emergentes de cerveza, estamos hablando de la destrucción de un sistema productivo que incluía diferentes sectores de la economía regional local y regional, afectando la producción campesina de maíz, panela y miel. Se trataba -como lo expresaban los mismos abolicionistas- no sólo de una bebida sino del principal alimento de las malnutridas clases obreras:  “quizás no haya ningún problema tan complejo y vasto como éste, alrededor del cual giran buena parte de la economía del departamento y la salud de la raza”, (El Tiempo, 2 de junio de 1936) Estamos hablando de una bebida que, como las drogas de hoy, era tratada a través de juicios morales, deshumanizantes e higiénicos: “para nosotros la chicha fabricada en pipas de madera, adobada con moscas caídas al azar, revueltas con un palo pringoso, fermentada al calor de la mugre, es un tóxico que mina lenta pero seguramente la raza” (El Tiempo, 15 de julio de 1943).

De ser ciertos los citados cálculos millonarios de producción diaria de chicha, la demanda de productos agrícolas debió ser igualmente copiosa: “se ha adquirido el dato que mensualmente se emplean en preparar chicha alrededor de seis mil cargas de miel, de diez arrobas cada una; de que cada carga sirve para “endulzar” setecientos litros de dicho licor, en los cuales entran cinco arrobas de maíz” (El Tiempo, 21 de agosto de 1923)

El meollo del asunto, y quizás el origen de la protesta, pudo estar originado en el estimado de la “cubicación” de la bebida sobre la cual se hizo la tasación, que se efectuó -por demás- sin tener en cuenta tanto el costo real de la producción, la dimensión del consumo o el impacto en las economías campesinas. La importancia estratégica de la cubicación -el gobierno sabía- podría ser fundamental para generar la quiebra misma del ramo; ello se evidencia en la amenaza que hizo el mismo gobierno de tasar a voluntad la cubicación (y por tanto los impuestos) en caso que los chicheros no aceptaran las incumplibles condiciones luego de la protesta. 

Como puede verse, la causa del estallido de 1923 pudo estar en el mal cálculo de producción y la incomprensión (más allá de lo moral) del papel que tenían las producciones ilícitas en las economías locales. El resultado es que, tal como aumentan hoy los cultivos de uso ilícito, el incremento de la chicha continuó en el mercado nacional y su persecución tomó incluso el lenguaje de la naciente lucha contra el narcotráfico. Un artículo publicado el 21 de diciembre de 1973, titulado “se acaban las rascas de a peso”, decía:

“Dos mil quinientos de chicha guardados en 10 grandes barriles que se hallaban muy bien camuflados en el interior de varias casas de la zona suroriental, así como los respectivos “laboratorios” de preparación fueron incautados y destruidos por las autoridades en la primera operación coordinada a acabar con las nocivas “rascas de a peso”. Como altamente positivos fueron considerados los resultados de la primera operación sostenida y permanente para erradicar los populacheros “tertuliaderos” donde numerosas personas se reúnen a ingerir este tipo de bebida hasta quedar prácticamente enloquecidas”

Pasarían doscientos años, desde que el Virrey Manuel Flórez lanzara una verdadera lucha contra esta bebida, para que la chicha se convirtiera en algo típico y por tanto aceptable en el mundo del folclor local. Criminalizar a los productores de coca, al igual que se hizo a los productores de chicha del pasado es claramente un fracaso histórico, pero las políticas de estatización y regulación no pueden ser generalizables. Se requieren análisis y datos confiables y localizados de esos nichos de economía local y familiar que terminan por lo general, o criminalizadas, o despojadas directa o indirectamente de sus modos de subsistencia.