Leal, Colmenares, la Fiscalía y la transformación de los “crímenes espectáculo”.

El resurgimiento mediático del asesinato del peluquero Mauricio Leal y la reapertura del caso Colmenares, nos están presentando la transformación de la crónica roja del periodismo y los actores (y gestores) en ella inmiscuidos. Estos dos crímenes si bien tienen temporalidades procesales diferentes, comparten la acción mediatizada de una Fiscalía que buscó acelerar el desenlace jurídico, convirtiéndose en actor de primera fila en la espectacularización de la acción judicial. Es por ello que no hablaremos simplemente de casos “mediatizados” sino de una puesta en escena de connotaciones políticas en donde el Otro, el victimario, tornado sujeto deshumanizado, y pienso en las ideas del antropólogo jamaicano Stuart Hall, es convertido en todo un espectáculo.

Hoy por hoy, los crímenes convertidos en espectáculo no solamente son responsabilidad exclusiva de una prensa sensacionalista y/o de un público ávido de notas que muestran la perversidad del individuo común, sino que constituyen la pepa de las estrategias de divulgación y promoción tanto de los abogados como de la Fiscalía. El crimen de Colmenares, por ejemplo, se convirtió en una gallera entre los abogados penalistas más notorios y sus respectivas oficinas; todo un buffet publicitario. Participar en un crimen espectáculo es ganar una lotería de visibilidad y prestigio incluso en caso de resultados adversos, y llevar un caso (mejor si es ad honorem), al gratín, resulta una inversión en una visibilidad mediática que permite a los abogados publicitarse, tornarse “prestigiosos” y aumentar significativamente el número de procesos en su oficina profesional. Es muy común, en efecto, ver cómo muchos abogados circulan en los reflectores de los procesos más mediatizados y así, sus nombres y caras aparecen una y otra vez posicionándose como los “mejores” y más “reputados”.

La Fiscalía, en cuanto a ella, ha entrado a formar parte como protagonista en la puesta en escena de los crímenes espectáculo. Esto no ocurre en todos los países del mundo sino en los que presentan mayores quiebres institucionales; en nuestro caso, los sangrientos asesinatos se vuelven noticia, no sólo cuando se logran victorias en los estrados, sino cuando se siembran evidencias, se construyen testigos falsos, se oculta información o, entre otros “logros”, se gestionan vertiginosamente los procesos de acusación e imputación. El mejor final posible para el ente acusador es entonces una negociación que implica confesiones que se traducen en ruedas de prensa desencadenadoras de vítores y aplausos. La acusación (y prisión desventurada) contra Alberto Júbiz Hazbún, señalado injustamente de matar a Galán y por ello preso varios años, es un caso de referencia en Colombia en cuanto a la perversidad de una justicia al entregar al auditorio un “criminal inocente” a través de juicios sumarios.

Y es que la Fiscalía ha sabido entrar en la temporalidad del espectáculo y muchas veces busca ajustarse a la transmisión en tiempo real de la prensa amarillista coadyuvando en la activación de aquellos picos dramáticos que generan atención mediática, difuminan escándalos y generan verdaderas cortinas de humo. La imputación de Johnier Leal se dio, por ejemplo, en medio de fuertes enfrentamientos del fiscal Barbosa con la FLIP, que justamente cuestionaban su competencia, rigurosidad y ética. Por su parte, los coletazos que hoy sigue causando el caso Colmenares, no pueden entenderse sin el contexto mediático que enfrentaba la Fiscalía en su época y el desparpajo de una inescrupulosa puerta giratoria entre abogados y defensores; para el caso: la defensa de uno de los imputados, fue asumida en 2012 por Mario Iguarán, quien fungió como Fiscal General de la Nación en el momento del crimen: en 2010.

Para demostrar el giro que ha tenido la reconfiguración de los crímenes espectáculo es necesario entender la transformación de la crónica roja –por supuesto-, pero también de las necesidades contingentes y estructurales de los operadores de la justicia. Hace varias décadas, el periodista investigador escrutaba el crimen común, muy a diferencia de los periodistas especializados en derechos humanos y temas de corrupción de hoy; un trabajo tan riesgoso como impostergable. La crónica roja de hoy (a diferencia de la de ayer) en cambio, no investiga, sino que busca el regurgite de emociones a través de entrevistas escalofriantes o audiencias espectáculo, o simplemente transmite y retransmite de manera ociosa vídeos incriminatorios; solo basta citar el caso de la chica arrojada por un ciudadano estadounidense en un basurero del sur de la ciudad. Una historia prolongada en el tiempo por cuenta de pruebas sobrevinientes, preclusiones insospechadas, material probatorio escandaloso o giros procesales inesperados son, en consecuencia, el manjar del periodismo de la crónica roja actual.

En este punto de la discusión, quisiera recordar un caso llevado a cabo por Felipe González Toledo, precursor de la crónica roja en Colombia en su relato El Caso de la Peluca, de 1965. Esta narración, que inevitablemente resulta una malograda cita de El caso de la peluca robada, escrita por Chester Gould dentro del universo de Dick Tracy, no logra de ninguna manera transmitir al lector la motivación de los culpables, los móviles o el contexto del crimen. Quiere por su parte, perezosamente, un juicio multitudinario de opciones simples sin temor a contravenir los desafíos de la lógica. Busca, ante todo, resolver y generar la ventana de un final inconcluso; algo así como la última escena de las películas de Freddy Krueger.

El asunto en cuestión comienza en 1965 con el hallazgo del cuerpo difunto del ciudadano peruano Eloy Vega Bocanegra, un delincuente asesinado en Guaduas y en cuyos bolsillos se encontró el recibo de una peluca comprada en el establecimiento Artesanías Españolas. El sensacionalismo estaba en los detalles: “indudablemente [señaló el periodista con ínfulas de usar palabras del argot forense] la peluca estaba destinada a cubrir la prematura calvicie fronto-coronal del viajero”; todo, simplemente para decir que el hombre se estaba quedando calvo.

Seguidamente González Toledo cuenta que Eloy Vega murió por cuenta de un par de delincuentes que le ultimaron con el fin de despojarle unas joyas que él mismo había robado en México. Urdiendo el crimen -supuestamente- ellos le invitaron a transar un negocio en el pueblo de Honda, en cuyo recorrido dejaron el cuerpo yaciente debajo de un puente, en cercanías a la localidad de Guaduas. El tiro se lo pegaría un tal Arias Polifroni quién –supuestamente- viajaba en el asiento trasero del carro: “desde allí le bastó con un certero balazo en la nuca para eliminar a su víctima” –anotó González Toledo-. Y por supuesto había un cómplice, el conductor: un tal Juan Padilla, quién inexplicablemente fue acusado de complicidad, condenado, pagando una breve condena por un crimen que no existió (por lo menos desde la versión de la justicia).

Como no es de suponer, el periodista González Toledo intentó evitar un argumento contundente para inculpar a Polifroni o Padilla, y su hipótesis se basa en el tímido testimonio de una joven llamada Vicky quién, sin haber estado en el vehículo, aseguró “que el autor material del crimen debió ser Arias Polifroni”. Como consecuencia de esta versión, el desventurado fue acusado de asesinato, y Padilla de complicidad con tan pobre acervo probatorio que la justicia nunca llegó a ninguna condena y por ello los imputados fueron rápidamente puestos en libertad.

Inconforme sin embargo, la crónica de Gonzalez Toledo siguió con el desarrollo de la historia. De Polifroni no supimos nada y fue entonces Padilla quién abrió la nueva ruta de indagación. De él se dijo que volvió con su esposa Maruja Ramírez, con quién vivía cerca de la Cigarrería Santander, ubicada en la calle 59, en Chapinero, donde ocurrió la segunda fase de una crónica roja más que todo novelesca. Dijo el cronista que, después de una acalorada discusión con su mujer, Padilla resolvió asesinarla y acto seguido se propinó un balazo en la boca. Todo muy casual. La ventaja quedó entonces en manos de la madre de Maruja, de quién nada supimos en las crónicas precedentes, pero a quién González Toledo le atribuyó el haberse quedado con las joyas después de haberlas recibido de manos de su hija. De ninguna de estas situaciones y hechos el cronista presentó evidencia sabiendo mantener la audiencia de un caso perdido desde el principio en su vocación informativa.

​Más que la superficialidad del “caso de la peluca” de los años 60’s, llama la atención el interés de la prensa por resolver un crimen como si se tratara de un proceso judicial de hoy. Allí está la confluencia entre el periodismo de ayer y el operador judicial de hoy. Otrora se tiene a un cronista que, sin tener la menor intención de compartir información verídica a sus lectores, presenta la barata resolución dramática de una historia en la que lo único cierto fue la compra de un peluquín. En la historia de Mauricio Leal (y de Colmenares), y aquí es donde trenzamos el lazo, se tiene a una Fiscalía que no tuvo la menor intención de compartir información veraz. Esto fue puesto de relieve desde 2022 por el propio abogado de las víctimas cuando fueron omitidos indicios que llamaron seriamente la atención sobre la participación de otro familiar en el crimen, y quién fuera visto el día siguiente muy cerca del lugar de los hechos con ajetreada ropa y signos de trasnocho. El testimonio clave en esta arista, empero, fue omitido en la presentación de pruebas; ¡y es obvio!: más datos, más enredo, y menos posibilidad de rueda de prensa en brevedad. Sin embargo el paso y el olvido trae consecuencias. La necesidad de este “positivo”, y su premura en la toma de muestras, sería explicada por el destino a través de un video (muy próximo –por cierto- al cine gore) presentado hace una semana donde se evidencia una tortura pre mortem que fuera inexplicablemente omitida en el escrito de acusación de nuestra magna entidad.

Como puede verse la resolución mediática (y no jurídica) de los crímenes espectáculo se ha convertido en una necesidad del sistema y de los operadores de justicia en Colombia; mientras tanto, abogados en busca de marketing se benefician.  Es de este modo que (y no por cuenta de la repetitiva necesidad de clics) la prensa actual omite construir hipótesis o coadyuva (en este tipo de crímenes) a la generación de insospechado material probatorio y se conforma con abrir la ventana a las sobras que le brinda un aparato judicial requirente de estímulos noticiosos.

La crónica roja, pues, ya no es la misma de antaño, y el contraste entre la peluca de González Toledo así como los casos del peluquero Leal y del asesinato del joven Colmenares, nos presentan la incursión y el papel naciente de un nuevo protagonista en el espectáculo de lox  crímenes de sangre: los operadores de la justicia. No hablamos por supuesto de acusaciones falsas, que han existido toda la vida (cómo no recordar la galardonada película En el Nombre del Padre), sino del uso de teatralizaciones jurídicas que evidencian nuevos temas y nuevos paradigmas en el género del crimen espectáculo.

Quizás debamos comenzar a reconocer nuevas negaciones temáticas en los espectáculos dramáticos en el escenario judicial, lo que ciertamente explica las vicisitudes culturales más apremiantes del cambio de la cultura jurídica. Recordemos que las temáticas y los tabús del teatro en cualquier escenario de representación, tal como propuso el antropólogo inglés Jack Goody, son desencadenadas por el deseo de interpretar imágenes nacidas gracias a una falsedad nacida de la emoción.  No nos queda más, pues, que esperar la próxima función.

Adenda. Pocos días antes de esta columna pude constatar que fue precluida la investigación contra uno de los fiscales del caso Colmenares, acusado de sembrar testigos falsos. Sobre si se pudo comprobar que dicho funcionario inventó tales pruebas ya se ha pronunciado la Corte, y no hay nada que añadir: es y debe ser considerado inocente. De lo que nunca será exculpado es de su chambonería al momento de analizar las pruebas e incorporarlas de manera simple en temas que inculpan personas en crímenes tan graves: fue un fiscal del la república, en efecto, quién dejó fácilmente colar versiones (caídas del cielo) a través de una “metodología” de recolección de datos que resulta muy comparable al sórdido vídeo que –supuestamente- no vio la fiscalía al respecto de latortura de Mauricio Leal.