El juicio a uribe y el fin, por fín, del frente nacional | Vladimir Montaña
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EL JUICIO A URIBE Y EL FIN, POR FÍN, DEL FRENTE NACIONAL

Escrito por Vladimir Montana

Esta semana se escuchó que el juicio que recién comienza al expresidente Uribe es único e inédito en la historia republicana del país. Se trata de una idea equivocada, y si bien es proferida por famosos analistas, no deja de ser una generalización que soslaya buena parte de la historia colombiana desde 1810. Lo más ajustado sería, quizás, decir que es inédito desde López Pumarejo y que, el mencionado proceso, muestra finalmente la supresión del bipartidismo tal como lo conocimos desde el Frente Nacional. El juicio a Uribe, y la superación de la cultura política bipartidista construido luego del Bogotazo, se ha caracterizado por la sucesión en el poder de dos sectores aristócratas permitiendo la estabilidad de la supuesta “democracia más antigua de Latinoamérica”.

Hablamos de un sistema muy bien organizado, por supuesto, que no ha permitido lo que hemos visto en el vecindario, un  Castillo, más un Kuczynski, un  Fujimori, más etc.,  destituidos en el Perú, sin hablar del suicidio de Alán, un Lula preso y una Dilma destituida, un Jorge Glas agarrado como cualquier traqueto en la Embajada de México, mientras  Correa y Mahuad están en el exilio (suerte que no corrieron Lucio y Alarcón), y la lista se agrandará en tanto los juicios políticos con pretensiones penales se conviertan en la manera usual de combatir al enemigo político en Latinoamérica.

La aparente estabilidad democrática de Colombia tiene que ver con la garantía fáctica que tienen los expresidentes de terminar incólumes frente a eventuales procesos jurídicos. El acuerdo, allí, hasta ahora es dejar indemnes a los ex presidentes para permitir una ulterior -y sin tropiezos- sucesión del poder. La clave de la democracia más antigua “del mundo mundial” ha sido, pues, no meterse con los expresidentes pues ello hubiese generado inestabilidad y desconfianza en un sistema de oligarquías. De este modo, quienes mencionan que se trata del “juicio del siglo” o de “un hecho inédito en la historia republicana del país”, requieren más contexto histórico.

El largo siglo XIX, donde se sentaron las bases del bipartidismo, y la vía armada resultó ser una forma usual de cambiar la balanza política, se caracteriza por presidentes prófugos, exiliados y prisioneros. Camilo Torres y Antonio Nariño fueron condenados por juicios de mayor envergadura al que hoy enfrenta “varito”. Más tarde, Santander fue acusado y desterrado por el atentado a Bolívar; hecho discutible como no lo fue el fusilamiento que hizo a sangre fría de una veintena de españoles rendidos y prisioneros. Obando, por su parte, fue acusado de traición y omisión, cargos de los que luego -progresivamente- fue absuelto. José Hilario, viejo soldado español y contendiente de “los patriotas” tuvo que desterrar a Mosquera quién tuvo por su parte que enfrentar además hasta un juicio de excomunión que terminó en su contra. Antes de eso, el general Melo, muy citado por Petro, terminó exiliado y luego muerto combatiendo al lado de Benito Juárez, en México. Mientras tanto, Mariano Ospina, el papá del presidente en tiempos de Gaitán, fue  llevado a una prisión en Cartagena, en Bocachica. José María Sanclemente, el decrépito, fue tumbado del poder en su finca de Anapoima y sentenciado como “incapaz” (tal como Abdalá Bucaram, el cantante de Ecuador) para imponer al escritor José Manuel Marroquín quién permitiría, en su incompetencia como político, la “separación” de Panamá. Luego llegó Rafael Reyes, el personaje oscuro, que no ha recibido el juicio histórico que merece, entre otras, por sus “inversiones” en las caucherías. Vargas Vila, en uno de sus apartados menos mordaces contra Rafael Reyes, se adelantaría 20 años a José Eustasio describiendo así su talante:

la sombra amplia y profunda de los bosques ribereños del Amazonas, vio internarse en ellos, aquel adolescente rubio y feroz, que llevaba ya en las pupilas atigradas, el horror de su visión ocre y roja”,

El advenimiento del siglo XX, en medio de la hegemonía conservadora, no trajo mayores dolores de cabeza a los expresidentes, salvo a Reyes, que terminó reducido a “un exilio voluntario”. Desde Carlos E. Restrepo (conservador) hasta Olaya Herrera (liberal) hubo un acuerdo “republicano” que sostuvo el equilibrio entre las élites luego de la infausta Guerra de los Mil Días. Así se entiende que fuera solamente hasta la llegada de un gobierno “de cambio”, el de la Revolución en Marcha, que el pacto entre “caballeros” se viera momentáneamente diluido. El personaje de ruptura fue, por supuesto, López Pumarejo quién con una Corte Suprema (con funciones constitucionales) lidió la transformación de muchos años de hegemonía conservadora. Luego, incluso con el poder judicial en la mano, no logró contener los diversos escándalos que terminaron costándole su segunda presidencia por cuenta de Alfonsito (el Jerónimo/Tomás) de la época. Cargando serias acusaciones, o al menos una fuerte oposición incluso en su propio partido y orquestada por la tibieza de El Santismo (el de Eduardo Santos) tuvo que entregar el poder. En este caso, al fin, no hubo juicio pero sí un presidente “renunciado”.

Este escándalo y sus consecuencias abriría en adelante una nueva costumbre política en Colombia: los expresidentes en Colombia son intocables. Siendo uno de los fundamentos del Frente Nacional, la tradición de mantener indemnes a los expresidentes consolidó ese imaginario del tener una democracia estable. De este modo, mandatarios como Turbay o Samper, no fueron juzgados luego de saberse la influencia del narcotráfico en sus gobiernos, ni siquiera en calidad de expresidentes. Lo de Turbay, hoy lo desenmascara unos documentos desclasificados de Jimmy Carter, que fueron notificados en su momento a López Michelsen antes incluso de las elecciones de 1978.

La regla tiene su excepción, por supuesto y así el único “presidente” efectivamente juzgado en el siglo XX resultó ser Rojas Pinilla; un dictador que luego de su efímero paso por el poder se atrevió a desafiar el pacto bipartidista. En este proceso, como nos lo cuenta el historiador Alberto Valencia, se imputaron “delitos menores” que facilitaron sacar del juego político a un envalentonado admirador del populismo de Perón. Los delitos endilgados, en consecuencia, resultaron cuidadosamente sembrados para no convertir en prócer a quién bien podría poner en riesgo la cohesión institucional de las Fuerzas Armadas. El juicio se realizó en el Congreso, y no en la Corte, durante un gobierno de Lleras Camargo que tenía aseguradas sus mayorías para imponer una muy ponderada condena.

Como podemos ver, en este Déjà vu del Pasado en Presente, el proceso a Uribe no es inédito en la historia republicana de Colombia, pero sí nos muestra el fin de un mecanismo de “perdón a la oposición” que ha fundamentado la sucesión de las oligarquías colombianas desde el Frente Nacional. La democracia más “antigua del continente”, en efecto, tiene mucho que ver con la inmunidad a los expresidentes. En dado caso, y no porque lo diga José Obdulio o Paloma, juzgar penalmente a un presidente siempre será tratado como un delito político independientemente de la carga probatoria.

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