Un año del reconocimiento al campesinado como sujeto de especial protección - Razón Pública

Un año del reconocimiento al campesinado como sujeto de especial protección

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Estamos por cumplir un año de la reforma al artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, por medio del cual se declaró al campesinado como sujeto colectivo de especial protección. A la Constitución de 1991 se le debe la garantía de la diversidad cultural y étnica del país, no obstante, por razones que deben ser analizadas, no podría decirse que hubiese contribuido a saldar la enorme deuda histórica con las poblaciones campesinas. La ruralidad colombiana ha sido en efecto especialmente golpeada por el narcotráfico, el desplazamiento y los diferentes actores generadores de violencia, y sus necesidades y reivindicaciones deben ser atendidas cuanto antes para no seguir reproduciendo problemáticas cuya relevancia afecta a toda la sociedad nacional.

La importancia de esta reforma va mucho más allá de un reconocimiento simbólico pues se ordenó, al hacer del campesinado un sujeto colectivo de especial protección, implementar políticas públicas concretas tendientes a garantizar su reproducción como grupo diferenciado atendiendo que, en la ruralidad, está en gran medida la superación de las más grandes problemáticas nacionales. Este reconocimiento fue el resultado de una lucha y organización campesina, y de su convergencia con organizaciones jurídicas progresistas y ciertos sectores académicos quienes, ante todo, advirtieron la necesidad de definir, distinguir y contabilizar al campesinado de la misma manera que ocurre con otros sujetos colectivos protegidos por la Constitución. De este modo fue que se determinaron los criterios que definirán los actores beneficiarios de estos derechos preferenciales. Para contar, hay que ser contados -se dijo-.

Uno de los trabajos previos a la Reforma Constitucional tuvo que ver entonces con la conceptualización de quiénes serían esos campesinos que debían ser reconocidos como un sujeto colectivo protegido; hasta entonces, para el Estado y la sociedad nacional, los campesinos y campesinas eran una categoría literaria y folclórica que no tenía peso en las políticas públicas. La necesidad de brindar a la sociedad una conceptualización acorde con las necesidades de la Nación, por lineamiento de la Corte Constitucional, fue acometida por un grupo de prominentes especialistas de la ruralidad colombiana quienes, bajo el auspicio del ICANH, durante el segundo lustro de la década pasada y en discusión con las organizaciones campesinas, se dedicaron a pensar los lineamientos de la conceptualización del sujeto campesino en Colombia.

Vale decir que la anterior, fue una década crucial para el posicionamiento del debate en Colombia. De un lado, el movimiento social de 2013 mostró la existencia de un sector social que no estaba siendo incluido dentro del Estado Social de Derecho y por el otro, de una insurgencia campesina que sentada en la mesa de diálogo de paz reclamaba una reforma rural integral. El mundo, en paralelo, también estaba encarando el tema, y no deja de ser paradójico que solo hasta 2022 el estado colombiano suscribió el Acuerdo sobre los Derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y que aprobó la Organización de Naciones Unidas en 2013.

Transcurrido un año de esta histórica reforma conversamos con Marta Saade (docente de la Universidad Externado y asesora del ICANH) y con Carlos Duarte (investigador del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana, Cali) quienes participaron en aquellos diálogos de conceptualización. Quisimos conocer su opinión sobre lo ocurrido durante este último año a propósito de la reforma al Artículo 64, y desde luego, también, sobre los desafíos que a propósito tendrá el Estado en los años venideros.

Marta Saade advierte que el potencial de la Reforma depende en buena medida de una integración sectorial sobre la que el actual gobierno ha dado pasos significativos; se refiere específicamente a la necesidad de generar políticas públicas intersectoriales y de llevar a las ruralidades colombianas una acción gubernamental coordinada. Las políticas públicas dirigidas al campesinado no pueden en efecto pensarse desde los diferentes ministerios de un lado, desde las diferentes escalas del poder ejecutivo llegando incluso hasta las juntas de acción comunal. Si hablamos por ejemplo de medio ambiente, es claro que una política sensata, realista y respetuosa de las comunidades y de los presupuestos públicos, debe alternar y sincronizar temas de justicia agraria, de culturas campesinas, de comercio y hasta de turismo. Por supuesto -señala Saade- estamos hablando de la arquitectura estatal que no se puede transformar de la noche a la mañana.

En medio de este enorme desafío, Saade hace notar que ya se perciben avances relacionados con el posicionamiento del campesinado como sujeto integral en los planes de desarrollo local y departamental, y que estos comienzan a estar en confluencia con la política nacional. El gobierno central, por su parte, teniendo la obligación de liderar los procesos de sinergia y aproximación interinstitucional, desde el año pasado ha venido proponiendo la construcción de propuestas comunes entre los ministerios del Interior, de Justicia, de Agricultura, el ICANH y otras instituciones cuyo objeto el liderar políticas relacionadas con la UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales). No es, pues, con más burocracia, sino con una mayor integración sectorial y una planeación suprainstitucional que se puede cumplir con lo mandatado en el Artículo 64. Aún, campesinos y campesinas se quejan, en cuanto a las intervenciones estatales, de trámites engorrosos y falta de coordinación institucional.

Para Duarte el proyecto de reingeniería ya se está dando, y el hecho de estar en la Constitución no es un asunto menor. Se requiere sin embargo la implementación de diferentes herramientas como la construcción del trazador presupuestal campesino por parte del DNP. Existe por demás un artículo del PND del gobierno Iván Duque que, al no ser derogado tiene vigencia y bien podría aplicarse todavía. Hablamos del Artículo 253, que nunca fue aplicado, pero que resultaría útil al ordenar al Estado la construcción de una política pública para la población campesina.

Aunque existen muchos pendientes aún, como el derecho a las semillas, a la tierra, a la territorialidad, mercados asegurados, hay políticas que vienen andando. En el campo cultural hay ya planteadas estrategias que buscan coadyuvar a la reproducción del modo de vida y los oficios campesinos y rurales; la Agencia de Desarrollo Rural, por su parte, trabaja en la implementación de una política de participación y asociatividad. La aprobación en el Congreso de una justicia agraria donde los tomadores de decisiones, al tener una formación específica, ayudará sin duda y de manera competente a la solución de litigios históricos del mundo campesino. No se puede pasar por alto, finalmente, que uno de los énfasis del espíritu de la reforma a la salud fue llevar ese derecho a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, y que en buena medida son sociedades campesinas. La reforma pensional, y ojalá no la tumben por vicios de trámite, incluyó un artículo en el que se contempla una edad de jubilación más temprana para indígenas, campesinos e indígenas.

Acerca del autor

Vladimir Montana

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

Twitter: @pathegallina Instagram: @vlamontana

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Vladimir Montana

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Vladimir Montana

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia. Twitter: @pathegallina Instagram: @vlamontana

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