El Chocó (segunda parte): cleptocracia y deuda social de los políticos

La pobreza y el abandono del Estado son hechos evidentes, pero hay también la corrupción desaforada de la clase política. Los chocoanos han protestado y siguen protestando en paros cívicos, pero ningún dirigente local reconoce su culpa.

Javier Duque Daza*

Billones que no se ven

El Chocó es el departamento más pobre y con mayores niveles de exclusión social del país.

Según el Departamento Nacional de Planeación (2016) la mortalidad infantil es de 42.8 por ciento; el déficit de vivienda es del 80.3 por ciento; el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es del 93.1 por ciento y la pobreza extrema es del 37.1 por ciento. El analfabetismo es del 21 por ciento; la desnutrición crónica es del 18.5 por ciento; y la baja asistencia escolar implica que miles de niños y jóvenes están en sus casas, desamparados, o incorporados en la delincuencia.

Indicadores de un país donde las brechas sociales son también regionales y de que hay una deuda innegable del Gobierno con este departamento.

Pero la responsabilidad también recae sobre la dirigencia política local patrimonialista,  depredadores que se ha lucrado y apropiado de los recursos. Entre 2010 y 2015 las transferencias del Presupuesto General de la Nación al Chocó  pasaron de 390.846 a 873.179 millones de pesos. Los dos últimos gobiernos del departamento han recibido siete billones de parte de la Nación, ¿a dónde han ido a parar los recursos?

Entre 1992 y 2015 – y a fuerza de disputas territoriales e intereses políticos- el departamento pasó de 17 a 30 municipios. La mayoría de estos municipios -con menos de 10.000 habitantes- viven de los recursos de la Nación. A esto se le agrega la burocratización derivada de los repartos clientelistas, el nepotismo y la ineficiencia administrativa.

Los políticos actúan siguiendo un libreto: acceder a los cargos para convertir los recursos públicos en su coto privados. Otros se han unido a organizaciones criminales, han concertado delitos y han violado códigos penales y disciplinarios.

En el Chocó existe una deuda social amplia, a veces las protestas a puntan al lado equivocado. Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Gobernadores: historias truculentas

Entre 1991 y 2015 ha habido 13 gobernadores: 10 elegidos y 3 reemplazos temporales: 2 sancionados, 3 condenados, 2 destituidos y dos más están siendo investigados.

Tabla 1. Gobernadores del Chocó: sanciones y condenas

Copete fue investigado dos veces en 1994: la primera por desviar los auxilios de la Nación a una fundación dirigida por su hija cuando era congresista. El Ministerio Público encontró que un porcentaje de los auxilios iba para él; once cheques girados a favor de terceros habían sido endosados con firmas ilegibles, cédulas de ciudadanía que no correspondían, cobrados con un segundo endoso y confirmados por Maya Copete. La segunda investigación fue por nombrar en la dirección del hospital local a alguien que no cumplía con los requisitos legales. No habían salido los fallos definitivos cuando el exgobernador fue asesinado en septiembre de 1997 en Bogotá.

En las elecciones de 1997 el vencedor fue Luís Gilberto Murillo (actual ministro de Medio Ambiente) del Partido Liberal (PL), el segundo, Juan Betzabé Hinestroza del PL, impugnó los resultados y la Red de Veedurías de Colombia demandó la elección. El Consejo de Estado anuló la credencial de Murillo, e Hinestroza fue gobernador por dos años.

Murillo estaba inhabilitado pues había sido condenado por peculado por destinación diferente -por  haber destinado, como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, cinco millones de pesos para arreglar una escuela-. Durante su gobierno ingresaron los paramilitares al departamento financiados por comerciantes. Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, declaró que recibió apoyo de varios políticos, entre ellos Hinestroza. Nunca fue procesado por estas acusaciones.

William Halaby Córdoba (2001-2003), del PL, había hecho carrera en la administración pública: Juez penal en Quibdó, Secretario General de la Lotería del Chocó, Secretario de Gobierno Departamental, Delegado del Fondo Educativo Regional, Secretario General de la Alcaldía de Quibdó, Vicerrector Administrativo de la Universidad Tecnológica del Chocó y Notario en Quibdó.

La Procuraduría investigó a Halaby Córdoba -junto con la Gerente de la Lotería del Chocó- por modificar las condiciones en el cierre de una licitación para beneficiar a Apuestas Unidas del Pacífico en 2003. Sin embargo, fue exonerado y la responsabilidad recayó en la gerente, la cual fue destituida e inhabilitada durante 15 años.[1] Siete años después fue condenado por irregularidades tras eludir la licitación en la construcción del acueducto en Yuto; condenado a cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y abuso de función pública. Fue inhabilitado seis años.[2]

Durante el gobierno de Julio Ibargüen, el paramilitarismo estaba en pleno apogeo y el Chocó se mantuvo en una crisis permanente. En 2007 la Lotería fue intervenida porque llevaba tres años dando pérdidas y no giraba los recursos de ley al sector salud. Tampoco había registro del uso de 50 mil millones girados por la nación en el 2006 para salud.

El Procurador declaró que era la región con más investigaciones por corrupción (192 funcionarios destituidos y 536 investigaciones en curso); en 2007 pidió al gobierno intervenir al conocer la muerte de niños por desnutrición. La superintendencia de Salud intervino al Hospital San Francisco de Asís, a la Lotería del Chocó y a Dasalud.  Los tres liquidados por ser inviables financieramente; como tituló algún diario: liquidación gradual del Chocó.

La Procuraduría suspendió a Ibargüen un mes por nombrar dos funcionarios sin cumplir requisitos legales en 2007; un mes en 2011 y en el 2012 tres meses por desacato a una decisión judicial. Estuvo involucrado con el narcotraficante Olmes Durán, manejó ilegalmente los recursos de la salud; y en 2015 fue condenado a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado. Su sucesor, Roger Pastor Mosquera, fue detenido en 2009 por peculado cuando ejerció como secretario de hacienda, junto con el extesorero departamental. [3]

Patrocinio Sánchez Montes de Oca (2008-2010) había sido apoyado por el “Bloque Elmer Arenas” dirigido por alias “El Alemán” como candidato a la alcaldía de Quibdó en el 2000 y a la gobernación en 2007, un hecho conocido tras la sentencia de los ex representantes a la Cámara Odín Sánchez Montes de Oca y Edgar Eulíses Torres en 2011. En los dos casos ganó las elecciones y fue acusado de irregularidades y delitos.

Cuando era alcalde de Quibdó (2001-2003), con una empresa de su propiedad, se convirtió en el mayor prestamista de los empleados y contratistas del municipio. Usó dineros públicos para recompensar a quienes lo apoyaban, su familia, allegados y socios, como John Jairo Mosquera, quien  administraba su negocio y resultó elegido como su sucesor en la alcaldía para el periodo 2004-2007.

En su gobierno un gerente de las Empresas Públicas de Quibdó y dos funcionarios fueron encarcelados. [4] Bajo su mandato el municipio fue demandado por una empresa que obtuvo el pago de 1.068.946.233 pesos; una parte de esta suma ya había sido reconocida y cancelada a la A.R.S. Barrios Unidos en cumplimiento de una transacción entre las partes[5].

En 2007 Patrocinio Sánchez ganó la gobernación con el Partido de la U. Sus familiares fueron nombrados en el departamento: Orlene Sánchez, como secretaria de Educación de la capital; Siris Sánchez, sub directora técnica del Departamento Administrativo de Salud y Orlando Zapata, su cuñado, alcalde de Bahía Solano. Llevaba más de dos años en la gobernación cuando fue condenado por peculado en el doble pago realizado a una EPS..

Después de su condena se produjo una sucesión de disputas por el poder entre los clanes políticos y se sucedieron cuatro gobernadores encargados en muy pocos meses. El que más tiempo estuvo en el cargo fue Malcom Alí Córdoba, entre febrero y diciembre de 2011.

En 2011 se presentó como candidato Luis Gilberto Murillo, candidato de Cambio Radical (CR), con el apoyo del Partido Verde, el PC y el Partido Alianza Social Indígena. Ganó por la supuesta inhabilidad del nuevo gobernador por la condena anterior, el Consejo Nacional Electoral decidió mantener esa inscripción pues el delito por el que había sido condenado ya no existía.

El candidato perdedor demandó la elección. En 2012 el Consejo de Estado lo suspendió mientras se decidía la demanda; finalmente anuló la elección. Murillo manifestó que se trataba de una persecución política de quienes querían recuperar el poder de un departamento arruinado. Con la suspensión se produjo de nuevo un carrusel de gobernadores, cuatro en 22 meses.

En las elecciones de 2013 ganó Efrén Palacios, de una coalición de CR, el PL y el PC. Un hombre tradicionalista que ocupó cargos en las administraciones anteriores: gerente del Instituto de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó, contralor de Chocó, secretario de Hacienda de la capital del departamento, diputado y representante a la Cámara entre 2006 y 2010. Derrotó a Bernardo Palacios apoyado por el clan Sánchez Montes de Oca.

La Fiscalía lo acusó por ser uno de los protagonistas del desfalco a la salud -junto con un exasesor de la Secretaría de Salud del departamento y su sobrino (detenidos en 2015)-. En 2013 suscribió siete contratos para comprar medicamentos de alto costo destinados a los pacientes más pobres. Sin embargo Palacios utilizó ese dinero –más de 2.000 millones– para pagar deudas de su campaña. La Fiscalía le imputó en enero pasado los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por entregar contratos sin cumplimientos legales a siete droguerías del Chocó.[6]

El gobernador elegido en 2015, Jhoany Carlos Alberto Palacios -exalcalde de Itsmina-, tiene cuatro procesos activos, tres por peculado y uno por fraude a resolución judicial.[7] En marzo de 2017 dos ex secretarios de Infraestructura de Chocó y la actual secretaria de esa cartera fueron capturados por el CTI de la Fiscalía por irregularidades en la contratación de la vía Istmina-Condoto.

En 2017 el CTI capturó a la mesa directiva del Concejo por alterar los resultados de pruebas de mérito para beneficiar a un candidato. Fuente: Alcaldía de Quibdó

Alcaldes y corrupción

En 1990 estaban siendo investigados 17 de los 19 alcaldes por diferentes cargos. Hoy hay 30 municipios producto de segregaciones por intereses políticos, así como un número significativo de casos de corrupción y otros delitos.Chocó siempre ha estado en las noticias por casos de corrupción en las alcaldías.

En la siguiente tabla se presenta un panorama con 28 casos:

Tabla 2. Panorama de alcaldes del Chocó destituidos y/o condenados

Concejales delincuentes

Muchos concejales también han estado involucrados en diversos delitos. Aquí una muestra.

• En 2010 fueron detenidos el alcalde de Riosucio, dos exalcaldes y los ex concejales Manuel Padilla Córdoba y Libardo José Ferro Caicedo (2001-03). Coautores de concierto para delinquir agravado, por promoción de grupos armados ilegales relacionados con los Urabeños.[8] El pueblo era manejado por delincuentes.
• En 2011 se desarticuló una banda que trabajaba para los “rastrojos” y entre los detenidos figuran policías, militares, un concejal de Nuquí y la secretaria del Juzgado Penal Municipal de Bahía Solano. Se les investiga por su participación en homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.
• En 2014 la Policía capturó a doce integrantes de “los urabeños”, señalados de homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, extorsión y narcotráfico en Chocó y Antioquia. Los auxiliadores de la banda delincuencial José Elibardo Quinto Rengifo (Concejal de Istmina, Chocó) y Edison Quinto Martínez (Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cantón de San Pablo), fueron capturados.

• En 2015 se desarticuló una red especializada que operaba en el occidente del país y vendía secuestrados al ELN, la cual era dirigida por el concejal de Quibdó Carlos Pinto.
• En 2016 fueron destituidos e inhabilitados por 12 años seis concejales de Juradó por manipular la elección del Personero municipal, el designado no fue la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles del concurso de méritos. Los investigan por el delito de prevaricato.[9]
• En 2017 El CTI de la Fiscalía capturó a la mesa directiva del Concejo: Pedro Palacios Rentería, presidente (CR); Jaime Enrique Mosquera Murillo, primer vicepresidente (PC), y John James Mosquera Maturana, segundo vicepresidente (Opción centro). Alteraron el resultado de las pruebas desarrolladas en el concurso de méritos de la Personería para beneficiar a un candidato.[10]
• En 2017 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Anurio Murillo Murillo quien fue concejal del Litoral de San Juan a pesar de haber sido condenado a 8 años por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.[11]
• El Tribunal Superior de Quibdó revocó la absolución del exalcalde de Bagadó, Chocó, Jasson Anilio Bedoya Rentería y lo condenó a 21,7 años de prisión por abuso sexual de una menor de 14 años. Un médico que abusó de una menor, la embarazó y la envió a un sitio en Pereira (Risaralda) para que abortara.[12]

La deuda social de los políticos chocoanos

• El gobierno Colombiano tiene una deuda histórica con los departamentos y habitantes de extensas zonas del país. Lugares con precariedad estatal y déficits en la provisión de bienes y servicios. Zonas con los peores indicadores sociales en Necesidades Básicas Insatisfechas, servicios públicos, saneamiento básico, educación y salud.

Los habitantes del Chocó se han movilizado reclamando atención del gobierno. El evento más reciente se produjo hace unos días, pero en otras ocasiones se han producido marchas y protestas bajo el eslogan: contra el abandono estatal, contra el centralismo. Hasta de racismo se habla.

El desarrollo social del país es heterogéneo y con muchas asimetrías. La región del pacífico, la costa Atlántica y otras zonas de Colombia tienen problemas de infraestructura, equipamientos urbanos, de comunicación y de provisión de servicios básicos. La clase política de estas zonas es responsable y tiene una gran deuda social con sus habitantes: durante décadas han manipulado el poder, la política y la gestión pública.

La protesta social es legítima, pero en ocasiones apunta en direcciones erradas.

* Profesor de la Universidad del Valle.

**FE DE ERRATAS Y RECTIFICACIÓN: Por petición del señor Franklin Mosquera Montoya, gobernador del Chocó en el periodo 1995-1997, y ante el hecho de no encontrar el boletín de la Procuraduría que habla de su suspensión, se han eliminado de este artículo el 30 de junio de 2020 las menciones a su gestión. No obstante, el autor señala que los hechos antes incluidos en este artículo fueron objeto de reportajes en el periódico El Tiempo y en Revista Semana.

Notas: