La educación superior fue uno de los pilares del discurso electoral del presidente Petro, pero a seis meses de su posesión no se registran cambios sustanciales. Este es el balance.
Ronald Vargas*
La defensa de la educación superior ha sido uno de los caballitos de batalla retóricos manejados por el Gobierno Petro, empero, ¿realmente se han materializado modificaciones en las políticas de educación superior con su arribo al poder?
Para responder a esta pregunta, primero se expondrá una visión general de las promesas hechas por el actual presidente durante su campaña. Luego, se examinarán algunas continuidades en comparación con el gobierno anterior, específicamente en la política de gratuidad y el bajo aumento anual de la financiación a la educación pública. Finalmente, se discutirán algunos elementos en los que el gobierno ha avanzado, aunque puedan generar incertidumbre, como el aumento de cupos sin modificar la estructura de financiación, el destino de los recursos no utilizados en programas de financiación a la demanda, y el tema de las tasas de interés y la condonación de deudas con el ICETEX.
Las promesas de campaña
Para entender la importancia de la educación en el gobierno actual, es pertinente recordar que el triunfo del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana fue precedido por una serie de intensas manifestaciones del movimiento estudiantil (2018, 2019 y 2021). La esperanza reformista de este sector de la población fue fundamental para el triunfo de Petro y Márquez.
Este mínimo se ha convertido en un tope gracias a la falta de voluntad política de varios gobiernos y ha ocasionado un déficit creciente porque las universidades públicas han aumentado cerca de un 285 % su número de cupos a parir de 1992. Con la propuesta del gobierno se duplicarían las necesidades presupuestales, sin tener en cuenta las precarias condiciones de muchas de las instituciones.
En su programa de gobierno, el entonces candidato prometió que “la juventud tendrá progresivamente acceso a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles para que las y los jóvenes realicen sus sueños y estudien lo que deseen en todas las áreas del conocimiento”.
El programa precisó que dicha decisión implicaba “elevar históricamente el presupuesto”, “ampliar y mejorar la infraestructura, la conectividad, fortalecer las condiciones de formación, actualización y trabajo del personal docente, la matrícula gratuita, el fortalecimiento de las políticas de bienestar estudiantil y de protección social de las familias soporte de los estudiantes a través de políticas intersectoriales”.
Por último, Gustavo Petro expresó la importancia de “la ampliación, diversificación y creación de nuevas universidades, sedes y programas en todo el territorio nacional con participación y pertinencia regional y sociocultural”.
Continuidades con el gobierno Duque
Pese a lo dicho en el anterior acápite, en la realidad los seis primeros meses del gobierno del cambio dejan muchas expectativas y pocas claridades respecto de la educación superior. De esa manera, las actuales políticas educativas presentan continuidades con las del gobierno Duque, específicamente en materia de la política de gratuidad, el aumento anual de la financiación, la baja prioridad de la educación superior pública en el Plan Nacional de Desarrollo y el mantenimiento del modelo de Financiación Contingente al Ingreso en dicha ley.
En cuanto a la gratuidad, un ejemplo es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que propone mantener el Decreto 1667 de 2021, establecido por el gobierno anterior. Este decreto cambia el criterio de estrato socioeconómico por el nivel del SISBEN como filtro para subsidiar a los estudiantes a partir de 2023. Esta medida va en contra de la promesa de gratuidad universal.
Del mismo modo, en cuanto al aumento anual de financiación, en su campaña del 2018, el actual presidente afirmó que en su administración el presupuesto de la educación superior pasaría de 3,6 a 14 billones. Pero la Ley General de Presupuesto para este 2023 apenas lo aumentó en un 5 % por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este aumento no está muy lejos del 4,65 % adicional al IPC que Duque se vio obligado a pactar con el movimiento estudiantil tras las movilizaciones del 2018.
Avances e incertidumbres del nuevo gobierno
Sin embargo, no todo representa continuidad. El gobierno nacional ha avanzado en otros aspectos vinculados a la educación superior. No obstante, dichos progresos presentan un alto grado de incertidumbre.
Este es el caso de la cobertura de la educación superior. Alejandro Gaviria, exministro de Educación, estableció como una de sus prioridades la creación de 500 mil cupos nuevos para universitarios. Incluso llegó a un acuerdo con los rectores que integran el Sistema Universitario Estatal para aumentar en 60 mil los cupos disponibles para el 2023. Sin embargo, esta decisión no es viable debido a que los artículos 86 y 87 de la Ley 30 fijan el aumento anual mínimo del presupuesto de las universidades, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993 con un incremento del IPC.
Este mínimo se ha convertido en un tope gracias a la falta de voluntad política de varios gobiernos y ha ocasionado un déficit creciente porque las universidades públicas han aumentado en cerca de un 285 % su número de cupos a parir de 1992. Con la propuesta del gobierno se duplicarían las necesidades presupuestales, sin tener en cuenta las precarias condiciones de muchas de las instituciones.
Además, subsisten interrogantes sobre el destino de los recursos que no subsidien programas orientados a la demanda. Aunque no se ha anunciado ningún programa nuevo, el gobierno informó que no se mantendrá “Generación E”. A pesar de esto, no se conoce si los recursos de dicho programa servirán para financiar la oferta, es decir, para aumentar el presupuesto de las universidades públicas, o para subsidiar programas similares de financiación a la demanda, como ocurrió con el paso de “Ser Pilo Paga” a “Generación E”.
Por otro lado, respecto del crédito educativo, en un debate en la Universidad Externado, el entonces candidato aseguró que condonaría la deuda de los estudiantes con el ICETEX: “la mitad de los que tienen crédito y están estudiando se van de la universidad y no terminan […]. Pienso condonar la deuda del ICETEX y llevarlo hacia el crédito de estudios en el exterior”. Esta promesa fue parcialmente cumplida, porque se condonaron algunos préstamos y se disminuyeron las tasas de interés del IPC+12%, 7,5% o 9% al 2% o al 3 %, aunque no necesariamente han bajado las cuotas de todos los créditos gracias a la inflación reportada por el DANE (13.2%).
Conclusiones sobre el panorama actual
Desafortunadamente, a pesar de la relevancia que tiene la educación superior como motor de las transformaciones sociales que necesita el país, esta no ha sido central en la agenda del nuevo gobierno, de hecho, la noticia más mediática proveniente de este sector ha sido el remezón ministerial que tuvo como uno de sus protagonistas al exministro de educación.
Aunque no se ha anunciado ningún programa nuevo, el gobierno informó que no se mantendrá “Generación E”. A pesar de esto, no se conoce si los recursos de dicho programa servirán para financiar la oferta, es decir, para aumentar el presupuesto de las universidades públicas, o para subsidiar programas similares de financiación a la demanda, como ocurrió con el paso de “Ser Pilo Paga” a “Generación E”.
Dicho lo anterior, este texto no busca señalar inquisitorialmente al gobierno. Por el contrario, es necesario que este escuche a los sectores políticos afines y priorice reformas urgentes como la modificación de la Ley 30 de 1992, en la que incluya, entre otros aspectos, la creación de una nueva fórmula de cálculo para la financiación de la educación superior y un nuevo modelo de democracia universitaria. Y así, si se es tan ambicioso en los hechos como en el discurso, se construya esa sociedad del conocimiento que garantice como derecho el acceso y goce a una educación superior pública, gratuita, científica y de calidad.
