De perseguida por el poder Ejecutivo a criticada por sectores de opinión que ayer la defendían. Seis cargos graves y cuatro explicaciones de este tan preocupante deterioro.
Javier Duque Daza*
Con la elección de Santos cambió la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial. Foto: Presidencia
Atacada y defendida
En sus relaciones con el poder judicial, el gobierno Uribe se caracterizó por la confrontación, la descalificación y la realización de actos indebidos e ilegales en su contra.
 Uribe enfiló sus baterías contra la Corte Suprema de Justicia, a raíz sobre todo de sus fallos referentes a las negociaciones con los paramilitares y a sus vínculos de la clase política.Foto: Presidencia |
Después de los ataques iniciales suyos y de su ministro Fernando Londoño a la Constitución de 1991 y a la Corte Constitucional -y tras la aprobación por parte de ésta de la reforma que hizo posible su reelección- Uribe enfiló sus baterías contra la Corte Suprema de Justicia, a raíz sobre todo de sus fallos referentes a las negociaciones con los paramilitares y a los vínculos de la clase política afín al presidente con aquellas organizaciones criminales. Los ataques fueron públicos, severos, reiterados, y trascendieron hacia las interceptaciones, los seguimientos y los intentos de desprestigiar a los magistrados, a punto tal que la propia Fiscalía concluyó que había existido “un complot” en contra de la Corte.
En respuesta al gobierno de entonces, un buen número de organizaciones sociales, académicos y analistas entró en defensa de la Corte Suprema. Hubo pronunciamientos, decenas de columnas de opinión, intervenciones públicas de congresistas y directivos de los partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, todos en defensa de la Corte y su papel de control sobre el poder político -y aún a contracorriente de un gobierno ufano de sus mayorías electorales, parlamentarias y de opinión registrada en las encuestas.
La Corte Suprema aparecía entonces como una víctima.
Seis actuaciones dudosas
Con la elección de Santos cambió la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial. En cambio comenzaron a surgir interrogantes y críticas crecientes sobre la Corte Suprema de Justicia, no ya en labios de otros altos funcionarios, sino de observadores independientes e incluso de algunos de sus otrora más caracterizados defensores. En el curso del último año, se han criticado seis actuaciones concretas de la Corte:
- Diversos analistas han notado la desaceleración de los procesos por vínculos de la clase política con organizaciones paramilitares, especialmente a raíz del retiro del magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien lideró las investigaciones a los congresistas por este motivo.
- Se han revelado distintos actos de clientelismo e intercambio de favores con el Procurador General, quien designó a familiares de magistrados en cargos bajo su dependencia directa.
- La Corte fue criticada también (juntamente con las otras altas cortes) en el contexto del frustrado proyecto de reforma a la justicia. La Corte, en particular, guardó un silencio estratégico atribuido por muchos a que el proyecto ampliaba a doce años el período de los actuales magistrados.
- En cuarto lugar, la inclusión del doctor Alejandro Ordoñez en la terna para procurador se ha tildado de poco transparente, puesto que en ocasiones anteriores habían mediado la convocatoria y las presentaciones públicas de los posibles candidatos para ser postulados por la Corte.
- Asimismo, la sala penal anunció que denunciaría a dos columnistas por haber aludido al hecho anterior y por haber criticado algunas otras actuaciones del alto tribunal. Aunque la denuncia no fue presentada, quedó la imagen de una Corte que se considera intocable y está dispuesta a censurar a los medios.
- Por último, se observa que los procedimientos internos no fluyen y no se llenan las vacantes de magistrados, lo cual se debería al juego de influencias y cálculos políticos entre los magistrados.
Qué ha ocurrido
Hay una diferencia sustancial entre los dos momentos mencionados:
- En el primero se dio un enfrentamiento con el poder Ejecutivo que pretendía eludir los controles y deslegitimar a la justicia, motivado por diferencias personales y acentuado por el estilo autoritario e intemperante del presidente Uribe, a quien apoyaba un círculo de funcionarios y congresistas que tenían problemas ante la propia justicia.
- El segundo momento corresponde a críticas de analistas independientes y responde sin duda a actuaciones dudosas de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
¿A qué se debe semejante cambio?
 La inclusión del doctor Alejandro Ordoñez en la terna para procurador se calificó como poco transparente.Foto: Procuraduría |
-En primer lugar, a que han variado la composición y la dinámica interna de la Corte, hoy sujeta a las pujas e influencias externas que defienden concepciones opuestas. Especialmente visible a este respecto ha sido el cambio de actitud frente a la parapolítica. El ex magistrado Velázquez manifestó que su retiro se debió a la incomodidad de sus colegas por los reconocimientos que él había recibido (premios internacionales y el apelativo de “magistrado estrella de la parapolítica”), porque supuestamente “estaba detrás” de las columnas que critican a la Corte, y porque habría actuado de modo “poco institucional”, al acceder por ejemplo a ciertos expedientes o al archivar electrónicamente algunos materiales [1].
-En segundo lugar, la Corte no ha sido ajena al clientelismo, no solo en relación con el procurador sino además en los intercambios de nombramientos entre los altos tribunales, como Mauricio García y Javier Eduardo Revelo lo han estudiado con detalle [2]. En tal sentido, el “roscograma” que en su momento denunció Álvaro Uribe, era el (auto) reconocimiento de una práctica corrupta y extendida a la relación entre todos los poderes del Estado.
-En tercer lugar hay problemas de diseño institucional. La posibilidad de reelección del procurador deja espacio para que este busque apoyo a cambio de repartir puestos entre los familiares o personas cercanas a los senadores y a los magistrados. El sistema se presta para crear un triángulo clientelista Corte-Procurador-Senado, que de paso convierte a los otros candidatos en simples comodines para llenar un formalismo. Asimismo, el sistema de cooptación ha sido cuestionado, se ha propuesto como alternativa combinar la cooptación (limitada) con el concurso de méritos, lo cual permitiría una mejor composición y evitaría el riesgo del corporativismo [3].
– En cuarto lugar, para algunos magistrados la prensa es buena cuando está a su favor, pero es difamadora cuando se pronuncia de manera crítica. En las democracias todos los poderes públicos son susceptibles de escrutinio; recurrir a acciones legales en contra de los medios es un acto discutible en tanto puede conducir a la censura. Aunque no se puede desconocer que los medios tienen sus propias e intereses y que también afloran diferencias personales que se reflejan en el tono de algunas columnas y en los adjetivos que se utilizan para referirse a los magistrados.
La imagen de la Corte
 La Corte no ha sido ajena al clientelismo,no solo en relación con el procurador sino además en los intercambios de nombramientos entre los altos tribunales Foto: Corte Suprema |
No obstante los anteriores sucesos y las críticas públicas, la Corte Suprema de Justicia sigue estando entre las instituciones que tienen una mejor imagen entre los colombianos. Cuando tenemos pocas entidades que superen el 50 por ciento de favorabilidad, la Corte ha estado por encima de este valor en los últimos ocho años – y de hecho alcanzó un pico entre 2008 y 2010, o en el momento de máxima tensión con el Ejecutivo. Veamos:
Fuente: Cultura política de la democracia en Colombia 2011. USAID, Universidad de los Andes-Universidad de Vanderbilt, Observatorio de la Democracia, Centro Nacional de Consultoría.
Confiemos pues en que el alto tribunal sirva de espejo en donde los ciudadanos puedan verse, para lo cual tendrá que ser intachable y evitar las componendas, los intercambios, las transacciones y los intentos de censura. También harían falta las reformas institucionales para limpiar las relaciones entre las varias esferas de poder, incluyendo a la Corte.
Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigirle rectitud, transparencia y eficacia en sus actuaciones. Después de todo, es gracias a nosotros como los magistrados pueden gozar de su estatus y de sus privilegios, bienes cada vez más escasos.
* Ph.D, en ciencia política y profesor de la Universidad del Valle.
