Es un lugar común decir que la paz debe ser territorial. Pero poco se habla sobre cómo esta paz implica reconocer la autonomía de las comunidades indígenas y afrocolombianas dentro de un solo Estado democrático. Las tensiones son profundas.
Rubén Sánchez David*
La paz territorial
Se ha dicho hasta el cansancio que la clave para el éxito del posconflicto en Colombia es el enfoque territorial que contribuya a democratizar el país y a la inclusión de las poblaciones vulnerables.
Por eso es necesario pensar el posconflicto según las condiciones de cada territorio y sus habitantes, pues estos territorios deben ser los escenarios donde se desarrolle el Acuerdo – no apenas un referente conceptual o remoto para acordar la agenda o las reformas en la mesa de La Habana-.
También es cierto que la ejecución del Acuerdo debe orientarse a aumentar el bienestar de todos los colombianos, y que por eso deben corregirse los problemas de fondo que causaron el conflicto, como el proceso inacabado de construcción del Estado y la falta de integración de las regiones en nuestro modelo centralista de gobierno.
Las reformas entonces deben ajustarse a las necesidades y características políticas, sociales y culturales de cada territorio, consultando las diversas formas de representación social y política de las comunidades y del Estado.
La paz territorial se ha concebido como un proceso capaz de transformar las relaciones sociales del mundo rural y de democratizar las decisiones acerca del uso de la tierra. Y en este punto importa recordar que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, lo cual obliga a considerar la situación peculiar de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes.
De esta manera la paz territorial implica volver sobre el tema de la autonomía de los territorios colectivos existentes en Colombia y replantear la relación entre cultura y política desde el reconocimiento de los derechos de las comunidades que habitan dichos territorios. Solo así será posible construir una nación pluralista, respetuosa de los derechos humanos y de la diversidad cultural.
Etnicidad y territorio
 Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP. Foto: Presidencia de la República |
El Estado colombiano reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, así como el derecho al territorio como hábitat para la reproducción cultural de los indígenas y afrodescendientes. Esto incluye el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan estas comunidades y en donde han realizado sus actividades ancestrales y de subsistencia.
Por otra parte, el derecho a la autonomía significa el libre desarrollo de las comunidades étnicas en las distintas esferas de su vida como pueblo –gobierno, justicia, educación, salud, reproducción social y económica–. La Corte Constitucional ha subrayado la importancia de este derecho al señalar que: “solo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural”.
Ahora bien, los derechos de las comunidades indígenas consignados en la Constitución son el resultado de luchas seculares cuyo propósito no es obtener un cierto grado de independencia formal sino la autodeterminación efectiva: por eso la demanda principal de estos pueblos es tener facultades de Estado dentro de sus territorios.
La paz territorial se ha concebido como un proceso capaz de transformar las relaciones sociales del mundo rural.
De esta manera se ha configurado una forma de organización sociopolítica completamente distinta de la de otros movimientos sociales, que por lo tanto no puede ser analizada con los enfoques convencionales y teorías clásicas de la acción colectiva.
En el caso de los afrodescendientes, la Ley 70 de 1993 estableció el derecho de propiedad colectiva para las comunidades que como resultado de sus prácticas tradicionales de producción han ocupado tierras baldías en zonas rurales, especialmente en la cuenca del Pacífico. El propósito de esta Ley es proteger la identidad cultural de dichas comunidades y sus derechos como grupo étnico para así garantizarles la igualdad de oportunidades con respecto al resto de los colombianos.
Como en el caso de los pueblos indígenas, la lucha de las comunidades negras por el reconocimiento de sus territorios y su autonomía ha sido intensa. Han tenido que enfrentar violaciones de derechos humanos, reclutamientos de menores, desplazamientos y asesinatos.
En teoría, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tienen derecho a decidir sobre los recursos existentes en sus territorios; tienen derecho a participar en el uso, administración y conservación de esos recursos. Por esta razón, estas comunidades exigen autonomía administrativa, fiscal y financiera para manejar sus territorios, para organizar su vida política y para tener la posibilidad de rechazar las políticas impuestas desde fuera.
La declaración de una ciudadanía multicultural en la Constitución de 1991 fue un paso decisivo hacia el reconocimiento de una sociedad diferenciada, pero fue insuficiente para darles a las comunidades campesinas herramientas jurídicas y políticas para la defensa de su derecho al territorio.
Además, el proceso asimétrico de construcción del Estado ha permitido la presencia de actores armados ilegales que ejercen soberanía de hecho en los territorios de minorías étnicas. Y aun peor: este proceso desigual ha implicado que el Estado sea agente de la violencia al desconocer territorialidades y reconfigurar fronteras que a su vez inducen cambios en el control territorial, todo esto en alianza con ciertos actores que defienden intereses particulares, como los vinculados a la minería.
La reivindicación de derechos en ciertas regiones está condicionada por una visión estatal del territorio que lo entiende como un espacio vacío y que impide tomar en consideración las lógicas territoriales. Pero también debe tenerse presente que – sin obstar la victimización de la sociedad, o tal vez a causa de ella- las comunidades se han organizado desde los territorios afectados por el conflicto armado para realizar ejercicios de gobierno de su territorio y para exigir sus derechos.
En este sentido puede decirse que existe una relación entre el reconocimiento de la diferencia, la lucha por el territorio y la democratización de la sociedad colombiana, y que esta relación conlleva conflictos culturales y políticos.
Multiculturalismo y democracia
 Pueblos indígenas del CRIC, Sergio Jaramillo, y la Comisión Étnica de Paz. Foto: Equipo Paz Gobierno |
La protección de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes implica el reto de buscar mecanismos para incluir a los grupos históricamente marginados en el seno de una república unida y democrática.
Esto sin perder de vista que las luchas y reclamos de las comunidades étnicas obedecen a su cosmología del territorio. Resistirse a las políticas integracionistas ha sido la consigna indigenista. La autonomía que reclaman los pueblos indígenas se fundamenta en formas de concebir el mundo y de relacionarse con él distintas de las occidentales. La autonomía que exigen va más allá de la igualdad, la inclusión o el reconocimiento que reclaman otros movimientos. Esta noción lleva implícita una posición de rechazo a políticas públicas impuestas verticalmente. La autonomía, el etnodesarrollo y los planes de vida son elementos esenciales para comprender las particularidades de la construcción de políticas públicas de los pueblos indígenas.
Las comunidades negras, por otro lado, han tratado de organizarse de maneras más autónomas, así como de fortalecer su identidad cultural mediante el ejercicio y ampliación de sus derechos étnicos, culturales y territoriales.
Como consecuencia de lo anterior se llega a una encrucijada entre la existencia de territorios autónomos como solución para los problemas específicos de estas comunidades y una concepción republicana basada en el principio de igualdad y el rechazo a la discriminación.
La demanda principal de estos pueblos es tener facultades de Estado dentro de sus territorios.
La discriminación de cualquier tipo es incompatible con la igualdad y la tarea del derecho en democracia es, precisamente, lograr la igualdad. De este modo, la igualdad es un fundamento de la ética pública, pero también existen lógicas institucionales frente a las cuales se pueden plantear alternativas apoyadas en el multiculturalismo que deben ser reconocidas en una sociedad bien ordenada. No obstante, la reflexión multiculturalista ha desembocado en una serie de reivindicaciones que se han convertido en verdaderos retos para el Estado moderno establecido sobre las bases de la unidad territorial y la soberanía.
La perspectiva multicultural exige replantear la relación entre sociedad y política de la tradición liberal clásica que abstrae la diversidad cultural, étnica y religiosa de los individuos en su construcción del orden político. De hecho, el multiculturalismo no quiere aceptar como única fuente de identidad la identidad política y rechaza la idea de un espacio público monocultural (Estado) acompañado de un espacio privado pluricultural (sociedad civil).
Entre las reivindicaciones del multiculturalismo se destaca la demanda de reconocimiento de derechos colectivos para determinados grupos sociales que reúnan características particulares. Esta demanda es uno de los puntos del multiculturalismo que ha provocado más controversias. Desde luego, reconocer que el Estado no puede ser la única institución organizadora de la sociedad conduce a aceptar una alteración profunda de las relaciones entre ambos en la medida en que la autonomía de ciertos sectores de la sociedad obliga al Estado a conciliar con ellos para tomar aquellas decisiones que los involucran.
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda de que la implementación del Acuerdo de La Habana debe abrir espacios de concertación entre el gobierno y los grupos étnicos que han ocupado tradicionalmente buena parte del territorio colombiano. Deben reconocerse sus autoridades y facilitarse su labor en lugar de entorpecerla. Pero más allá de eso, debe tenerse presente que una concepción multicultural de la sociedad implica la reconceptualización del orden político al reclamar el reconocimiento político de las distintas comunidades culturales.
Esta exigencia conduce a considerar la construcción de una nueva identidad cultural nacional, de un nuevo tipo de ciudadanía basada en los derechos humanos como instrumentos de convivencia y como componentes irremplazables de un proyecto ético construido sobre la base de la justicia social. De lo contrario se entraría en un conflicto entre el yo y el nosotros, los derechos individuales y los del grupo, el liberalismo y el comunitarismo.
* Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, egresado del Instituto de Ciencias Políticas de París y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad París VIII.
