Los ganadores y perdedores del nuevo paquete tributario de Bogotá

Bogotá necesita más ingresos, pero no todos contribuirán por igual. El nuevo paquete fiscal grava con fuerza algunas actividades mientras concede beneficios al gran capital y deja intactas inequidades que afectan a cientos de miles de hogares.

El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 llegó al Concejo de Bogotá en medio de un año preelectoral, con un sismo de por medio que algunos concejales usaron como excusa para pedir una pausa, y con un reclamo de fondo: ¿quién paga y quién gana con esta reforma?

La Administración Distrital dice que necesita 1,26 billones adicionales en 2027 para sostener la inversión pública de 31,6 billones que ya no puede financiar con más deuda ni con recuperación de cartera. La exposición de motivos es clara; los ingresos tributarios crecieron apenas 0,3% real entre 2023 y 2025, mientras el gasto no para de aumentar. 

Pero el diablo está en los detalles, y los detalles revelan que esta no es una reforma neutra, tiene ganadores claros y perdedores definidos.

Un paquete que es 8,6 a 1

La relación es elocuente; por cada peso que el proyecto concede en exenciones, recauda 8,6 pesos en nuevos impuestos. No es, como algunos han dicho, una reforma de incentivos financiada con eficiencia. Es una reforma en la que la mayoría paga para que el Distrito gaste más y una minoría reciba beneficios.

El grueso del recaudo viene del sector financiero. El ICA de la banca aumentaría de 14 a 21 por mil, lo que suma cerca de 680 mil millones adicionales. Le siguen el comercio de licores y tabaco, que pasa de 13,8 a 21 por mil, y el comercio de vehículos, de 6,9 a 11. La sobretasa de alumbrado —un nuevo impuesto que se suma al predial— recaerá sobre 869.955 predios, con los comercios pagando el 60% del total y los hogares de estratos 4, 5 y 6, el 25%.

Del lado de los beneficios, el proyecto favorece a seis grupos. Los más beneficiados son las grandes empresas que inviertan en activos fijos en 92 actividades priorizadas, los desarrolladores del distrito aeroportuario de Fontibón y Engativá, los fondos de arrendamiento especializado y los propietarios de suelo en renovación urbana. También reciben alivios los morosos que podrán pagar el 50% de intereses y sanciones, y sectores culturales como cines y teatros, a quienes se les elimina un impuesto pequeño.

Los intereses que se defienden

El proyecto protege cuatro intereses. 

El primero y más evidente es la propiedad del suelo y el desarrollo inmobiliario. Tres incentivos reducen el predial sobre suelo urbanizable, renovación urbana y vivienda en arriendo, y otro rebaja la plusvalía. El Distrito deja de capturar parte del valor generado por inversiones públicas como el aeropuerto, la ALO, Regiotram, Metro y Transmilenio. A cambio, exige una certificación sostenible que ya es común en grandes proyectos. En el arrendamiento especializado, ni siquiera impone condiciones sobre canon o vivienda social. El resultado es una transferencia de renta hacia propietarios del suelo y capital inmobiliario institucional.

El segundo interés es el del capital industrial y logístico de gran tamaño, doméstico o extranjero, al que se ofrecen diez años de exención de ICA. La lista de 92 actividades incluye sectores de aglomeración natural en Bogotá, como software, telecomunicaciones, salud y educación superior, que de todas maneras iban a localizarse en la ciudad.

El tercer interés es el de la propia Administración Distrital. La sobretasa de alumbrado, con vigencias futuras hasta 2036, garantiza un flujo de ingresos que respalda un contrato de alumbrado a diez años, comprometiendo a las dos administraciones siguientes. Es un interés institucional legítimo, pero que explica por qué el gobierno insiste en tramitar en 2026 un paquete que no prosperó en 2025.

El cuarto interés, el de los sectores culturales y de publicidad exterior, es el de menor costo y conflicto.

Los que pagan

El proyecto afecta, primero, a la banca, cuyo ICA subiría en cerca de 700 mil millones. Pero la banca no paga sola, la estructura concentrada del sector financiero le permite trasladar el costo a los usuarios. Es previsible que se refleje en mayores tasas de interés en créditos de consumo e hipotecarios, que tienen alta penetración en estratos medios y bajos. La incidencia final, entonces, es menos progresiva de lo que sugiere gravar al sector financiero.

Segundo, al comercio minorista de barrio y a los expendios de licor y tabaco, que enfrentarán una tarifa de 21 por mil y la sobretasa sobre sus locales. Son negocios de bajo margen que solo pueden trasladar el impuesto a precios si sus competidores también lo hacen. Como el consumo de cerveza y cigarrillos se concentra en hogares de ingresos medios y bajos, su incidencia es regresiva.

Tercero, a los hogares de estratos 4, 5 y 6, obligados a pagar la sobretasa de alumbrado. Cuarto, a colegios, universidades y clínicas privadas, que como dotacionales pagarán 0,8 por mil.

Lo que la sobretasa no dice

La sobretasa de alumbrado tiene un problema de diseño que la exposición de motivos no menciona. Aunque se presenta como un tributo progresivo porque excluye a los estratos bajos, sus topes absolutos —600 UVT para predios residenciales y 1.200 UVT para los demás— la vuelven regresiva en la parte alta. Un centro comercial o una torre financiera con avalúo de $100.000 millones pagaría 0,63 por mil, mientras un local de barrio asume el 1 por mil completo. Si el tributo financia un servicio del que se benefician más los predios de mayor valor, debería ser al menos proporcional.

El problema que el proyecto no toca

El proyecto reescribe el régimen de tarifas del predial, pero conserva intacta la estructura preferencial por estratos. Hoy, una vivienda de estrato 2 avaluada en $150 millones paga $150.000; una de estrato 3 con el mismo avalúo paga $450.000, el triple. La estratificación, diseñada para tarifas de servicios públicos, se usa como medida de capacidad de pago. El resultado es que un hogar con un inmueble de menor valor puede pagar más que otro con uno de mayor valor solo por estar en un estrato distinto.

Los saltos son aún más graves. Un predio de estrato 2 que pasa de $187 a $188 millones de avalúo sube de 1 a 3 por mil; el impuesto se triplica por apenas un millón adicional. En estrato 3, pasar de $236 a $237 millones implica salir de la tarifa preferencial y entrar a la general de 5,7 por mil, el pago aumenta 91%.

Una reforma que invoca la progresividad debería corregir este diseño. Pero la explicación es de economía política, los estratos 1 y 2 suman 717.474 predios y aportan apenas el 2,8% del predial; el estrato 3 reúne 663.259 predios y aporta el 10,2%. Reordenar las tarifas por avalúo crearía ganadores y perdedores dentro de los sectores populares, y ningún gobierno quiere tramitar eso en año preelectoral. Por eso el proyecto prefiere crear dos rangos altos para solo 1.570 predios, con baja resistencia política, y evita la discusión que sí mejoraría la progresividad para cientos de miles de hogares.

El desenlace previsible

El proyecto llega al Concejo al cierre del periodo, antes de las elecciones de 2027. La Administración busca aprobar la sobretasa y las vigencias futuras antes de la campaña; los concejales enfrentan el costo de votar una sobretasa y más ICA en año preelectoral. Los gremios del comercio, bares, hoteles e industria buscan pausar y negociar tarifas. La banca, principal afectada, salió por medio de Asobancaria a recordar, sin rubor, que puede trasladar el impuesto a los consumidores.

El desenlace más probable es un acuerdo negociado, bajar las tarifas más visibles —sobretasa residencial, ICA de licores y, quizá, tarifa financiera— y mantener los incentivos, que enfrentan poca oposición porque sus beneficiarios son pocos, bien representados y con costos difusos y diferidos. Así, el trámite tendería a debilitar la parte más defendible de la reforma, los ingresos, y a preservar la más débil, las exenciones.

Para el bogotano común

El ciudadano común no recibe incentivos directos. El alumbrado ya existía, ahora financiado con un tributo nuevo. Las promesas de empleo —entre 143 mil y 215 mil puestos— no explican el método de cálculo. La diferencia entre el empleo en el período 2015-2026 es de cerca de 349 mil empleos, los 215 mil de los incentivos sería el 59% de esta cifra.

Las mejoras procedimentales son reales pero limitadas. Los costos, en cambio, son ciertos: sobretasa, crédito más caro, precios de tienda más altos y menor liquidez para los pequeños negocios.

La progresividad mejora con los rangos altos del predial, la exclusión de estratos bajos en la sobretasa y la mayor tarifa financiera. Pero se debilita con la sobretasa plana y sus topes, el ICA al pequeño comercio de licores, las exenciones al capital y al suelo, la rebaja de plusvalía y, sobre todo, la decisión de no corregir las tarifas prediales por estrato. En síntesis, los mayores beneficiarios son el capital de gran escala y los propietarios de suelo bien ubicado. Para los bogotanos, el balance es débil.

El proyecto se presenta como una apuesta por la competitividad, pero se aparta de una regla clásica de la economía urbana: el teorema de Henry George. En una ciudad de tamaño óptimo la suma de las rentas diferenciales del suelo permite financiar los bienes públicos locales que sostienen la aglomeración. Bogotá y su entorno metropolitano muestran señales de haber superado su escala eficiente. 

El paquete sigue una dirección distinta, reduce la participación en plusvalía y concede exenciones prediales, mientras traslada una parte importante del nuevo recaudo hacia el ICA y, por esa vía, hacia las actividades productivas. En lugar de apoyar el financiamiento urbano en las rentas creadas por la localización y la propia ciudad, grava con mayor intensidad la producción que pretende estimular.

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