Destacados dirigentes nacionales pero también políticos involucrados en el proceso 8000, la parapolítica, la yidis-política, el carrusel de las contrataciones y otros escándalos. Este departamento fue además la cuna de uno de los partidos y de las familias políticas más oscuros en la historia reciente de Colombia.
Javier Duque Daza*
Del 8.000 a la parapolítica
Durante muchas décadas la política en Santander se distinguió por el bipartidismo clientelista y dividido entre facciones encabezadas por congresistas o diputados que se aliaban para las elecciones.
El Partido Liberal predominaba con caciques como Carlos Ardila Ballesteros, Hugo Serrano, Jaime Enrique Durán, Tito Rueda Marín, José Aristides Andrade, Tiberio Villareal y Eduardo Mestre, al lado de conservadores con menos fuerza electoral, como Mustafá Feisal y Jorge Sedano.
Algunos políticos mantuvieron su alcance regional, mientras que otros se proyectaron al plano nacional.
Algunos políticos mantuvieron su alcance regional, mientras que otros se proyectaron al plano nacional y ocuparon cargos de importancia (como Luis Carlos Galán, ministro, senador y candidato presidencial; Alfonso Valdivieso, senador y fiscal general; Horacio Serpa, ministro, senador, constituyente y tres veces candidato presidencial).
También hubo políticos vinculados con el narcotráfico en tiempos de los carteles de Medellín y de Cali. La cercanía entre mafia y política era un secreto a voces que tuvo gran resonancia con el proceso 8.000 donde fueron involucrados más de 20 congresistas de todo el país, además del presidente Samper, el ministro de Gobierno, tres contralores y un procurador general.
Por estos vínculos ilegales y por enriquecimiento ilícito fueron condenados dos políticos importantes de Santander: Eduardo Mestre (codirector del Partido Liberal y senador en tres periodos consecutivos entre 1982 y 1994) y Tiberio Villareal (concejal, diputado durante siete periodos y representante a la Cámara durante cuatro periodos). Aunque finalmente fueron exonerados, también fueron investigados Rodolfo González (concejal, diputado, senador, representante a la Cámara y contralor general en dos oportunidades entre 1982 y 1990) y Horacio Serpa, principal defensor de Samper.
Como suele ocurrir en estos casos, solo fueron condenados aquellos políticos a quienes les pudieron demostrar la recepción de dineros ilegales, mientras otros quedaron en la impunidad. Como dijo el ex congresista Alfonso Riaño: “sobre la parapolítica falta decir la verdad. Es cierto que tuvimos responsabilidad en muchos aspectos, pero ¿en dónde están los demás?”.
Por otra parte – y la vez que avanzaba el proceso 8.000- se había ido expandiendo el paramilitarismo. En Santander surgió el partido Convergencia Ciudadana, que desde un comienzo estableció nexos con el narcotráfico. Por cuenta de la parapolítica fueron condenados cuatro ex congresistas de este partido: Hugo Aguilar Naranjo (diputado y gobernador), Óscar Josué Reyes (diputado del Partido Conservador y senador entre 2006 y 2010), Luis Alberto Gil (diputado y senador por el Partido Liberal) y Alfonso Riaño (representante a la Cámara 2006-2010).
 Yidis Medina, condenada por cohecho por aceptar prebendas a cambio de su voto para cambiar la constitución. Foto: Congreso Visible
|
Yidis-política, carruseles y otras hierbas
En los tres últimos lustros hubo otros casos sonados donde los políticos santandereanos fueron protagonistas:
- Mientras avanzaban las negociaciones entre Uribe y las AUC, la coalición de gobierno tejía la trama para cambiar la Constitución y reelegir al presidente. En esta componenda participó el congresista Iván Días Mateus (exdiputado, dos veces representante y senador elegido en 2006) quien cedió su curul para que la ocupara su suplente Yidis Medina, cuyo voto sería decisivo para el proyecto reeleccionista. Esta congresista fue condenada por el delito de “cohecho al aceptar” las prebendas que le ofrecieron los también condenados exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt de la Vega) a cambio de su voto y perdió su investidura. Por su parte Días Mateus fue condenado por concusión (presionar a otro servidor público para lograr un beneficio) por su papel en el ofrecimiento que el gobierno le hizo a Yidis Medina.
- El llamado “carrusel de las notarías” involucró a 11 congresistas acusados por el exsuperintendente de haber recibido notarías a cambio de apoyar la reelección de Uribe. El único que ha sido condenado – por concusión- en este caso ha sido Alirio Villamizar, del Partido Conservador (representante a la Cámara, 2002-2006 y senador 2006-2010); en su residencia se hallaron más de mil millones de pesos en efectivo que al parecer eran la suma mensual que el dirigente le exigía al notario que había designado.
- Por el “carrusel de la contratación” fue condenado Iván Moreno Rojas (igual que su hermano exsenador y exalcalde de Bogotá), político santandereano, exministro de Trabajo, exalcalde de Bucaramanga (2001-2003), y exsenador por el Polo Democrático (2006-2010).
- Entre los exalcaldes que han sido condenados cabe mencionar a: el de San Gil, Javier Guillermo Agón (2011-2015), por estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual de dinero; el de La Paz, David Martínez Olarte (2001-2003), por celebración indebida de contratos; el de Barrancabermeja, Carlos Contreras (2008-2011), por prevaricato y peculado; el de San Andrés, Néstor Eduardo Castellanos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad. La acción más reciente de la Fiscalía fue detener a cuatro altos funcionarios acusados de peculado por apropiación: la directora de la Corporación Autónoma Ambiental de Santander (CAS), y su antecesor; el subsecretario de Hacienda y otro exfuncionario.
Tabla 1. Panorama de políticos santandereanos condenados por la justicia
Gobernadores y corrupción
Santander es de los departamentos con menos casos comprobados de corrupción de sus gobernadores, pese a que ha habido muchas investigaciones. Como se observa en la Tabla 2, solo dos de los ocho elegidos por voto popular han sido condenados y/o destituidos.
- Juan Carlos Duarte no tuvo sanciones ni se vio involucrado en casos de corrupción. Aunque en 1994 la Procuraduría le inició una investigación por participación indebida en política y por poner los recursos del departamento al servicio de campañas electorales, finalmente fue exonerado.
- Mario Camacho Prada fue condenado dos veces por la Corte Suprema. En 2001 fue condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades [1]. En 2008 fue condenado a siete años y medio por peculado por aplicación oficial diferente, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción e interés ilícito en la celebración de contratos. Incurrió en estos delitos en la compra del hotel Bella Isla del municipio de San Gil sin cumplir los requisitos de la contratación [2]. Pese a estas condenas, a la sanción de la Procuraduría en tres ocasiones sucesivas y a tener una inhabilidad vigente en el momento de las elecciones, en 2006 se postuló al Senado por Convergencia Ciudadana.
- Miguel Jesús Arenas, exconcejal, exdiputado y luego representante a la Cámara, no ha sido vinculado a procesos legales ni casos de corrupción.
- Jorge Eliécer Gómez Villamizar cerró este ciclo de gobernadores liberales. Aunque fue acusado de manejar los cargos públicos con criterios políticos (lo que hacen todos los mandatarios) y llegó a ser destituido por ello, en segunda instancia fue exonerado. También la Corte Suprema lo investigó por enriquecimiento ilícito pero fue absuelto. Igual sucedió con una investigación por responsabilidad fiscal, de la que fue exonerado. Aunque no alcanzó un escaño en la Asamblea en 2015 por su apoyo a la candidatura del último gobernador Didier Tavera, su esposa fue nombrada asesora de la Gestora Departamental.
Santander es de los departamentos con menos casos comprobados de corrupción de sus gobernadores, pese a que ha habido muchas investigaciones.
Entre los siguientes gobernadores, Hugo Aguilar fue destituido por la Procuraduría y condenado por la Corte Suprema. Los tres últimos mandatarios, dos de ellos nuevamente liberales y uno de una coalición, no han estado involucrados ni en corrupción ni en problemas legales. Aunque los gobernadores Horacio Serpa y Nerthink Mauricio Aguilar no fueron involucrados en casos de corrupción, sí fueron criticados porque Santander en su momento fue el departamento con más bajo número de proponentes en la contratación pública (inferior en promedio a 2).
Tabla 2. Gobernadores de Santander y casos de corrupción
Hugo Aguilar Naranjo: de héroe a villano
Hugo Aguilar Naranjo fue conocido en todo el país cuando el 3 de diciembre de 1993 apareció en los diarios al lado del cadáver de Pablo Escobar: había comandado el Bloque de Búsqueda que finalmente abatió al capo. Casi dos décadas después volvió a ser noticia de primera plana, esta vez por haber sido condenado por la Corte Suprema por concierto para delinquir agravado por sus nexos con narco-paramilitares.
Entre uno y otro suceso Aguilar había iniciado una carrera política muy exitosa, a la par que en el departamento se expandía la influencia del paramilitarismo. A mediados de la década de 1990 Santander estaba en pleno conflicto y hacían presencia varios frentes de las FARC y cuadrillas del ELN. La inseguridad en las carreteras, las extorsiones y los secuestros estaban a la orden del día, mientras que los grupos paramilitares llevaban más de una década cometiendo masacres, asesinatos, amenazando y desapareciendo dirigentes políticos y sociales.
Pocos años después la presencia guerrillera se redujo drásticamente por la confrontación con grupos paramilitares. Además de sus acciones contrainsurgentes y sus vínculos con el narcotráfico, estos grupos se propusieron establecer vínculos con los políticos locales. Según las declaraciones de algunos de sus jefes, el Bloque Central Bolívar se expandió en Santander y proyectó su inserción respaldando candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y congresistas. Entre los planes estaba elegir a Hugo Aguilar como gobernador e, incluso, impulsarlo a la presidencia en el 2010.
En medio de la crisis del Partido Liberal que provocó el proceso 8000 y de la creciente presencia paramilitar surgió una agrupación que sería protagonista en la política del departamento con proyección nacional: Convergencia Ciudadana. Este movimiento fue creado en 1997 por Luis Alberto Gil, un reinsertado del M19 que aprovechó su trayectoria en el mundo sindical para construir una base de electores que luego amplió a medida que iba accediendo a cargos. En su primera participación electoral de 1997 obtuvo dos Alcaldías y Gil fue elegido diputado.
Convergencia Ciudadana logró consolidar un amplio electorado combinando su acción política en sectores populares, las alianzas con otras facciones partidistas, la atracción de dirigentes de otros partidos, el manejo de algunas empresas del sector salud y el apoyo paramilitar. En las elecciones del 2000 ganó 5 Alcaldías y acogió como candidato a la Asamblea a Hugo Aguilar, quien fue elegido. En las elecciones del 2002 ganó un escaño en el Senado para su principal dirigente Luis Alberto Gil y dos escaños en la Cámara.
Las dos elecciones siguientes fueron las de consolidación del partido: en 2003 obtuvo 4 diputados en Santander, 14 alcaldías, tres concejales en Bucaramanga, cuatro en Barrancabermeja, tres en Floridablanca y otras varias en otros municipios. Este año ganó la Gobernación con Hugo Aguilar para el periodo 2004-2007 y en el interregno Convergencia Ciudadana amplió su presencia en el Congreso en el 2006 con tres de los siete escaños a la Cámara del departamento (José Manuel Herrera Cely, Alfonso Riaño y Edgar Alfonso Gómez) y avaló candidatos en Arauca Guaviare, Meta, Vaupés y Bogotá y siete senadores, entre estos Luis Alberto Gil.
Cuando el partido estaba en su apogeo estalló el escándalo de la parapolítica donde acabarían involucrados todos sus congresistas y otros políticos locales. Hugo Aguilar concluyó su período de gobierno, pero años después fue destituido por la Procuraduría y Condenado por la Corte Suprema. En agosto de 2013 la Corte lo condenó por concierto para delinquir agravado, al aliarse con los paramilitares para llegar a la gobernación.
En enero de 2011 la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por veinte años para ocupar cargos públicos. El Ministerio Público consideró que el exmandatario fue elegido con el apoyo del Bloque Central Bolívar y el Bloque de Puerto Boyacá y puso su cargo al servicio de estas organizaciones criminales [3]. Por su parte la Corte Suprema condenó a Aguilar en el 2013 a nueve años de prisión por concierto para delinquir y promoción de grupos armados ilegales; en la sentencia de la Corte se concluye que:
- El exgobernador se reunió varias veces con los jefes paramilitares para concertar su apoyo logístico y financiero en las elecciones. A estas reuniones asistían también el senador Luís Alberto Gil (condenado por estos nexos con grupos ilegales), algunos concejales, diputados y jefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”.
- Los bloques paramilitares hicieron proselitismo y coaccionaron los electores para que votaran por él, valiéndose de los llamados “comisarios políticos” que coordinaban reuniones e impulsaban el proceso.
- El apoyo recibido por Aguilar implicaba la captura parcial de las decisiones del nuevo gobernador, incluyendo el nombramiento de amigos de los paramilitares en altos cargos.
|
|
La política reciente
Antes de su destitución (2011) y de su condena (2013) Hugo Aguilar había impulsado la carrera política de su hijo Nerthink Mauricio Aguilar, quien, sin antecedente alguno en elecciones ganó un escaño en el Senado por el controversial Partido de Integración Nacional, (PIN, nuevo nombre de Convergencia Ciudadana) junto a su fórmula en la Cámara, Hólger Horacio Díaz, quien fue secretario de Desarrollo y Gobernador (e) de Santander durante la administración de Aguilar. El senador Aguilar fue reelegido para el periodo 2014-2018 por el nuevo partido Opción Ciudadana (nuevo rebautizo del PIN).
Entre tanto, en las elecciones de 2011 Hugo Aguilar alcanzó a anunciar que de nuevo sería candidato a la Gobernación e hizo presencia pública en uno de los “talleres democráticos” que el expresidente Uribe (quien lo había condecorado en 2006) llevó a cabo en Bucaramanga. Ante la imposibilidad de candidatizarse por la destitución e inhabilidad de la Procuraduría, Hugo Aguilar impulsó la candidatura de su otro hijo, Richard Aguilar Silva, elegido gobernador por el Movimiento Santander en Serio.
Desplazado de la política dejó sus herederos, y ya en libertad, Aguilar sigue siendo una pieza del ajedrez político local: en diciembre de 2016 apareció en una tarima en un acto político con el vicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras.
En las últimas elecciones, sin la injerencia del paramilitarismo y con un menor peso del partido asociado con estos grupos, el multipartidismo se ha consolidado y hay cinco partidos con escaños en la Cámara (Opción Ciudadana tiene dos, dos liberales, uno conservador, uno de Centro Democrático y uno de Cambio Radical) y ocho agrupaciones tienen diputados (además de los anteriores también el Partido de la U, la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo).
El multipartidismo obliga a que los candidatos a la Gobernación y a las Alcaldías recurran a alianzas electorales basadas en intercambios clientelistas. También permite que los partidos en competencia ejerzan vigilancia y puedan denunciar actos indebidos o ilegales de los gobernantes.
Si a la dinámica partidista y de regulación propia de la competencia se suman las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las agencias de control, la reducción de la corrupción y del papel de la criminalidad en la política tienden a reducirse. Esto es lo que se espera en un departamento con reiterados nexos de sus políticos con la criminalidad.
Notas de pie
[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, proceso No 16.837, septiembre 3 de 2001.
[2] Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, proceso No 20.815, febrero 6 de 2008.
[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 37.915 Hugo Aguilar Naranjo, agosto 14 de 2013.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
