El Cesar, devastado por sus gobernadores

Gobernantes corruptos

Transcurridas casi tres décadas de elección popular de gobernadores, al Cesar le ha ido mal: las instituciones, el patrimonio colectivo y los recursos públicos se han puesto al servicio de intereses privados.

Las disputas de poder han sido protagonizadas por los clanes políticos de los Gnecco y los Araujo, junto con sus aliados que se han turnado el poder. El resultado de la combinación de familias políticas —más los paramilitares del Bloque Norte— ha sido un desastre para el departamento; la mayoría de los gobernadores han sido sancionados, destituidos o condenados.

Como muestra la tabla siguiente, por la gobernación del César han desfilado políticos sin escrúpulos, que incluso se han aliado con grupos ilegales.

Gobernadores del Cesar

La familia Gnecco: un clan expoliador

La familia Gnecco ha estado presente en la política del Cesar durante casi cuatro décadas. Cuatro hermanos y sus descendientes han ocupado posiciones de poder en el departamento (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2007; Arias, 2008):

• Jorge Antonio Gnecco Cerchar, hacendado y empresario, fue el primero en aparecer en la escena política: ejerció como diputado entre 1982 y 1984. Lo asesinaron en el 2001, por presuntos nexos con grupos paramilitares.
• Lucas Segundo Gnecco Cerchar incursionó en la política como concejal de La Paz. Luego fue diputado (1988–1990) y representante a la Cámara del Congreso revocado por la Asamblea Nacional Constituyente (1990–1991); en 1992 fue el primer gobernador de elección popular y fue elegido nuevamente en 1997 (1998–2000).
• Pepe Gnecco Cerchar fue candidato a la gobernación en 1994; después fue senador (1998–2002).
• Cielo Gnecco Cerchar, cuyo hijo Luis Alberto Monsalvo Gnecco fue representante a la Cámara entre 2002 y 2006 y gobernador entre 2012 y 2015.
• José Alfredo Gnecco, hijo de Lucas Segundo Gnecco, representa a la nueva generación; fue elegido a la Cámara en 2010 y al Senado en 2014

Este ha sido un clan depredador. De los nueve gobernadores que ha tenido el departamento cuatro han sido de esta familia. Los dos periodos de Lucas Gnecco, los dos de Luis Alberto Monsalvo Gnecco y el periodo de Rafael Antonio Bolaño, cuñado de los hermanos Gnecco: todos han tenido problemas legales.

Lucas Segundo Gnecco fue gobernador dos veces: 1992–1994 y 1998–2002. La Corte Suprema de Justicia lo sancionó, destituyó y condenó tres veces.

Fue sancionado por primera vez en 1997, por no haber seguido el debido proceso en la destitución de un alcalde ni haber nombrado un sucesor del partido del funcionario destituido. Mediante una acción de tutela logró que se suspendiera la pena para poder posesionarse como nuevo gobernador en 2002; luego, cuando quedó en firme la sentencia, ya habían pasado los dos años de inhabilidad y la sanción se redujo a tres meses de salario.

Posteriormente, en noviembre de 1998, la Procuraduría lo sancionó con 90 días de sueldo, por irregularidades durante su primera administración: tomó decisiones sobre las rebajas a usuarios morosos por faltas acumuladas, sin contar con el quorum necesario en la Junta directiva del Instituto departamental de Tránsito (Ministerio del Interior, 1998; Redacción El Tiempo, 1997; Redacción El Tiempo, 1998).

En 2001 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por cinco años para ocupar cargos públicos, por celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Desde mediados del año 2000 hubo múltiples denuncias y la Procuraduría inició investigaciones; al finalizar el año, lo investigaban por 32 contratos con presuntas irregularidades. Según el fallo de la Procuraduría, el gobernador Gnecco había contratado con sobrecostos y conducido al enriquecimiento injustificado a favor del contratista (Procuraduría General de la Nación, 2001).

Después vinieron las condenas. Ya en el año 2000 había sido condenado a 42 meses de prisión por constreñimiento al elector: presionó a funcionarios públicos para que votaran por su hermano Pepe Gnecco Cerchar, quien aspiraba a sucederlo en la Gobernación. En 2009, la Corte lo condenó por celebración indebida de contratos; fraccionamiento de contratos, por un solo contrato dividido en trece partes, y por no hacer la debida licitación y seleccionar una empresa a la que le dio 17 contratos, valiéndose de terceras personas que no contaban con la capacidad técnica y administrativa para ejecutar las obras. Se estableció que existían vínculos entre el gobernador y los contratistas (Corte Suprema de Justicia, 2009a).

Este mismo año fue condenado a 24 años y nueve meses por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. En la sentencia se establece que se había creado un entramado de corrupción que él encabezaba como gobernador, con la ayuda de su socio político —el exgobernador encargado y luego senador Ricardo Chajín Florían— y otros que serían candidatos a la alcaldía de Valledupar y a la gobernación, todos integrantes del movimiento del Partido Liberal conocido como El Golpe (Corte Suprema de Justicia, 2009b) —nombre muy apropiado para lo que hacían con los recursos públicos—.

El candidato del Partido Liberal Rafael Antonio Bolaño resultó elegido gobernador (2001–2003). En el 2003, la Procuraduría lo sancionó con una suspensión de 90 días, por irregularidades relacionadas con el fraccionamiento de contratos. En septiembre de 2003, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por cinco años, por participar indebidamente en actividades políticas y utilizar recursos públicos para favorecer la candidatura de un familiar. Según el Ministerio Público, en el 2001 Bolaños Guerrero utilizó su cargo para apoyar, a través de la figura de la primera dama del departamento —que ocupaba su suegra Cielo Gnecco de Monsalvo—, las aspiraciones políticas de su cuñado Luis Alberto Monsalvo Gnecco (Ministerio del Interior y de Justicia, 2003; Procuraduría General de la Nación, 2013a).

Luís Alberto Monsalvo Gnecco fue también dos veces gobernador (2012–2015; 2020–2024). En 2020, la Corte Suprema lo condenó a cinco años por corrupción al sufragante: se demostró que durante su campaña hizo proselitismo en un barrio de invasión conocido como Tierra Prometida, habitado por más de 800 familias de desplazados que habían ocupado de forma ilegal la propiedad; allí firmó un compromiso en el sentido de que las autoridades no adelantarían acciones contra la comunidad si esta le daba su respaldo electoral (Fiscalía General de la Nación, 2020).

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Gobernadores y paramilitarismo

Dos gobernadores del departamento fueron condenados por sus nexos con grupos paramilitares: Mauricio Pimiento (1995–1997) y Hernando Molina Araujo (2004–2007).

Los grupos paramilitares en el Cesar están ligados al nombre de Rodrigo Tovar Pupo —alias Jorge 40 —, sobrino de Edgardo Pupo: un dirigente tradicional liberal, exgobernador y excongresista. Jorge 40 —que se había iniciado como traficante de armas— lideraría los grupos paramilitares en el Cesar, a los cuales se vincularon empresarios, hacendados y políticos locales.

Con el apoyo de sectores de las fuerzas armadas, en 1996 se dio impulso a estos grupos criminales, que obraron de forma coordinada y estratégica con empresarios y políticos; estos últimos unieron los ejércitos privados que tenían en sus fincas en una sola organización, que se incorporaría a las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este departamento operó el Bloque Norte, integrado en su mayoría por exmilitares, que contaba con el apoyo de militares activos, abogados, políticos y hasta jueces («¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?», 2010; «Los graves crímenes de los paramilitares en el Cesar», 2016).

Mauricio Pimiento

Gobernador en el periodo 1995–1997 y luego senador por el Movimiento Sí Colombia (2002–2006) y por el nuevo Partido Social de Unidad Nacional (2006–2010). En 2008, la Corte lo condenó a 7 años por concierto para delinquir y constreñimiento al elector, debido a sus vínculos con el Bloque Norte de las AUC. Se demostró que hubo intimidación contra la población y demás actores políticos, eliminación de opositores, rechazo de las candidaturas distintas de las acordadas por el grupo paramilitar y coacción sobre los electores. Estas acciones ilegales le permitieron ganar las elecciones al senado en 2002 (Corte Suprema de Justicia, 2008).

Hernando Molina Araujo

Gobernador en el periodo 2004–2007, cargo que alcanzó como candidato único en una votación con muy baja participación y alta votación en blanco: obtuvo 130.761 votos, apenas el 26 % de un potencial electoral de 501.286.

Fue objeto de dos sanciones por parte de la Procuraduría, incluida una que lo destituyó, y la Fiscalía lo vinculó a un proceso por homicidio. La Corte Suprema lo condenó en sentencia que lo describe como un «paramilitar disfrazado de político». Ocupaba cargos públicos; recibía salarios del Estado —al igual que gran parte de su familia—, y, a la vez, pactaba con una organización criminal.

Cuando Hernando Molina Araujo ocupó la Gobernación, otros miembros del clan ocupaban posiciones dentro del Estado. En pleno escándalo de la ‘parapolítica’, su primo Álvaro Araujo Castro era senador; Consuelo Araujo —hermana de Álvaro— ministra de Relaciones Exteriores (2006–2007), y Sergio Araujo —un tercer primo— oficiaba como intermediario del Alto Comisionado de Paz ante Jorge 40, a fin de negociar su desmovilización. Cuando comenzó la investigación en la Procuraduría, el procurador general era su padrastro Edgardo Maya Villazón, cuyo hermano Ángel Maya era el director del principal hospital del departamento (Corte Suprema de Justicia, 2010).

Después de haber sido condenado por la Corte Suprema, la Procuraduría destituyó en el 2010 a Hernando Molina Araujo y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos: lo habían encontrado culpable de participación indebida en política. Había sido denunciado por dos actuaciones públicas que violaban la imparcialidad que le imponía su carácter de gobernador: en las elecciones de 2007, en las que se eligieron mandatarios departamentales y municipales, intervino de manera indebida al descalificar públicamente a un candidato a una alcaldía. Lo sancionaron en el 2011 con suspensión de cuatro meses (Procuraduría General de la Nación, 2011).

Otro gobernador destituido.

En el 2007, Rodrigo Canossa Guerrero fue designado gobernador encargado, en reemplazo de Hernando Molina; estuvo seis meses en la gobernación, tiempo suficiente para hacerse merecedor de una sanción y para ser destituido por corrupción. En diciembre de 2007, antes de finalizar su periodo de encargo, la Presidencia de la República lo suspendió por solicitud de la Procuraduría General, que lo estaba investigando.

Este proceso se prolongó hasta el 2013, cuando la Procuraduría lo destituyó en segunda instancia por un contrato ilegal con una ONG creada como una empresa para contratar con el sector público en múltiples áreas y casi sin límites. Estuvo pocos meses en el cargo y acumuló una maratón de contratos: fueron firmados 63 contratos por más de 34.000 millones, y más de la mitad del dinero se comprometió cuando ya había sido notificado de la sanción que lo suspendía («Cesar, un billón en regalías… y con necesidades», 2012; Procuraduría General de la Nación, 2013b).

Un balance negativo

La descentralización política en Colombia despertó desde sus inicios grandes expectativas. Se pensaba que las reformas traerían grandes cambios: democratización y redistribución del poder político, más eficiencia fiscal y administrativa, más control social de los gobernantes y disminución de la corrupción.

En el departamento del Cesar todas han sido promesas incumplidas; la judicialización de la mayoría de sus gobernadores así lo refleja.

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Referencias
¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar? (2010, 26 de octubre). https://verdadabierta.com/ide-donde-salieron-los-paras-en-cesar/

Arias, A. (2008). Contexto de violencia y conflicto armado. En C. López Hernández (dir.), Monografía político electoral del Cesar (pp. 2–31). Misión de Observación Electoral y Fundación Arco Iris. https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cesar.pdf

Cesar, un billón en regalías… y con necesidades [Galería]. (2012, 14 de septiembre). https://www.elheraldo.co/region/cesar-un-billon-en-regalias-y-con-necesidades-82898

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (2008, 16 de mayo). Texto completo de la Sentencia de la Corte Suprema que imputa a varios congresistas por integrar lo que se conoce en derecho penal internacional como “empresa criminal conjunta” [Única instancia N.^o 26.470 | Álvaro Araújo Castro y otros]. https://web.archive.org/web/20190514121230/https://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/parapol.html

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. (2009a). Proceso N.^o 25650 [Jorge Luis Quintero Milanés].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (2009b, 11 de noviembre). Proceso N.^o 31.190 [Magistrado ponente: Yesid Ramírez Bastidas]. https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_penal_e._no._31190_de_2009.aspx

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (2010, 5 de mayo). Única instancia N.^o 32.712 Hernando Molina Araujo. https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_penal_e._no._32712_de_2010.aspx

Fiscalía General de la Nación. (2020, 16 de julio). Sentido de fallo condenatorio contra el gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por corrupción al sufragante [Boletín 34.401]. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/bolsillos-de-cristal/sentido-de-fallo-condenatorio-contra-el-gobernador-de-cesar-luis-alberto-monsalvo-gnecco-por-corrupcion-al-sufragante/

Los graves crímenes de los paramilitares en el Cesar. (2016, 29 de junio). El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16632819

Ministerio del Interior y de Justicia. (2003, 22 de julio). Decreto 2011 de 2003 [nombramiento de gobernador encargado del departamento del Cesar].

Ministerio del Interior. (1998, 4 de marzo). Decreto N.^o 446 de 1998.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos. (2007). Diagnóstico departamental Cesar. http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/cesar.pdf

Procuraduría General de la Nación, Sala disciplinaria. (2001, julio 3). Radicación N.^o 161-02463 (154-59474).

Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria. (2011, 6 de octubre). Radicado 161-4875 (IUS 170855).

Procuraduría General de la Nación. (2012, 17 de abril). En fallo de primera instancia, Procuraduría General de la Nación destituye e inhabilita por 10 años a exgobernador del Cesar [Boletín 363]. https://www.procuraduria.gov.co/portal/En-fallo_de_primera_instancia__Procuraduria_General_de_la_Nacion_destituye_e_inhabilita_por_10_anos_a_exgobernador_del_Cesar_.news

Procuraduría General de la Nación, Comisión Especial Disciplinaria. (2013a, 11 de septiembre). Radicado 156-66635-02.

Procuraduría General de la Nación, Sala disciplinaria. (2013b, 29 de agosto). Radicado 161-5588 (IUC-D-2011-48-350898).

Procuraduría General de la Nación. (2013c, 11 de septiembre). Con destitución e inhabilidad por 10 años, Procuraduría General de la Nación sancionó, en primera instancia, a exsecretaria de educación del Cesar por el caso de presuntos “alumnos fantasmas” [Boletín 732]. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Con-destitucion_e_inhabilidad_por_10_anos__Procuraduria_General_de_la_Naci_n_sancion___en_primera_instancia__a_exsecretaria_de_educaci_n_del_Cesar_por_el_caso_de_presuntos__alumnos_fantasmas_.news

Redacción El Tiempo. (1997, 18 de diciembre). Tutela anula decisión del Procurador. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-695346

Redacción El Tiempo (1998, 30 de octubre). Sancionado gobernador del Cesar. El Tiempo.  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-851250

Redacción Judicial. (2020, 27 de julio). Gobernador del Cesar, condenado a cinco años de prisión por corrupción electoral. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/luis-alberto-monsalvo-gnecco-condenado-a-5-anos-de-prision-por-corrupcion-electoral/