Salmona, Altos de Santana y la Perseverancia: la deuda pendiente del patrimonio colombiano

¿Cómo decidimos qué debe ser patrimonio en Colombia y qué obligaciones asumimos, en la práctica, después de declararlo? La discusión no debería agotarse en una intervención puntual, también hay que revisar con más rigor la manera como construimos nuestro patrimonio.

La reciente controversia por la intervención de un inmueble diseñado por Rogelio Salmona declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito distrital en Bogotá ha vuelto a poner el patrimonio arquitectónico en el centro del debate público. La reacción de las autoridades ante la afectación de un bien protegido es legítima y necesaria porque toda declaratoria implica obligaciones concretas, entre ellas garantizar que los valores que la justificaron no se alteren de manera arbitraria. En el caso de Altos de Santana, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) confirmó que el inmueble fue declarado BIC en 2010 y que su nivel de intervención protege elementos fundamentales de su arquitectura, entre ellos las circulaciones y las escaleras interiores. El Instituto ya inició actuaciones administrativas y estudia tanto las responsabilidades como la eventual restitución de los elementos afectados.

Hasta ahí, hay relativamente poco que discutir. Pero el episodio abre una pregunta mucho más amplia: ¿cómo decidimos qué debe ser patrimonio en Colombia y qué obligaciones asumimos, en la práctica, después de declararlo? La discusión no debería agotarse en defender o cuestionar una intervención puntual, ni en determinar si la obra de Salmona merece protección, sino aprovechar el caso para revisar con más rigor la manera como construimos nuestro patrimonio.

¿Toda la obra de un maestro debe ser patrimonio?

Una primera pregunta, incómoda pero necesaria, es si el reconocimiento de un arquitecto excepcional debería conducir automáticamente a la protección de toda su obra. El patrimonio no puede construirse solo a partir del prestigio de un autor: cada edificio tiene que valorarse por sus propios atributos históricos, arquitectónicos, urbanos, sociales, estéticos y tecnológicos, además de su autenticidad, su contexto y su estado de conservación. De lo contrario, corremos el riesgo de sustituir una política seria de valoración por un simple canon de autores en el que la obra de un arquitecto reconocido adquiere de inmediato una especie de aura patrimonial, mientras que la de quienes no pertenecen a ese canon queda mucho más expuesta.

Ahí aparece una primera paradoja del caso: mientras una intervención puntual en una obra de Salmona genera una respuesta institucional inmediata y un amplio debate público, otras obras del mismo arquitecto han enfrentado deterioro, abandono o transformaciones silenciosas durante años. La pregunta de fondo es si contamos con una política preventiva y sistemática de conservación, capaz de anticiparse al deterioro, o si seguimos actuando principalmente cuando el daño ya ocurrió y se convirtió en noticia. La propia Procuraduría planteó algo parecido al anunciar una actuación preventiva para verificar si las autoridades distritales ejercieron de manera oportuna y eficaz sus funciones frente a Altos de Santana. Esa pregunta debería extenderse a todo el patrimonio del país.

El daño por acción y el daño por omisión

Hay una distinción que debería ocupar un lugar central en esta discusión. Existe un daño producido por acción: demoler, alterar una fachada, modificar una estructura o intervenir sin autorización elementos originales de un bien protegido. Y existe también un daño producido por omisión: el que aparece cuando una cubierta se deteriora y no se repara, cuando una estructura presenta problemas y nadie los diagnostica, o cuando se conoce un riesgo y no se toman medidas para reducirlo.

El primer tipo de daño suele tener un responsable visible; el segundo se diluye entre instituciones, competencias, presupuestos y trámites, aunque sus consecuencias pueden ser igualmente irreversibles. Una escalera puede modificarse en unas semanas, mientras que un edificio puede perder sus valores patrimoniales lentamente a lo largo de veinte o treinta años, pero en ambos casos terminamos perdiendo autenticidad, integridad y memoria. La diferencia es que el daño por acción provoca indignación inmediata, mientras que el daño por omisión ocurre en silencio. Hemos desarrollado mecanismos razonables para sancionar ciertas intervenciones, pero todavía nos falta fortalecer mucho más los mecanismos para prevenir el deterioro antes de que se vuelva irreversible.

Una ciudad con miles de bienes protegidos

La dimensión del problema es considerable. Según el propio IDPC, Bogotá cuenta actualmente con alrededor de 6.800 BIC declarados individualmente, además de varios sectores de interés urbanístico y cerca de 3.500 hectáreas con algún tipo de declaratoria patrimonial. Frente a un universo de ese tamaño, cabe preguntar si sabemos realmente en qué estado se encuentra cada bien; cuáles presentan deterioro o problemas estructurales; cuáles están expuestos a incendios, inundaciones o terremotos, y qué recursos existen para intervenirlos antes de que el deterioro sea irreversible.

El Ministerio de Cultura contempla entre las funciones de su grupo de patrimonio arquitectónico la identificación de situaciones de riesgo en los BIC nacionales y la formulación de planes de gestión del riesgo y seguimiento de su estado de conservación. Eso demuestra que el problema no es la ausencia absoluta de una política, sino saber hasta qué punto esa política se traduce, en la práctica, en prevención real.

La arquitectura colombiana que ya perdimos

Esta discusión resulta todavía más urgente si pensamos en la arquitectura que ya desapareció. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y muchas otras ciudades han perdido durante décadas casas, teatros, hoteles, edificios institucionales, conjuntos residenciales y obras de arquitectura moderna que formaban parte de su historia urbana, pero buena parte de ellos nunca fue declarada patrimonio. Cuando un edificio desaparece antes de ser estudiado y valorado, la política patrimonial llega tarde por definición.

No sabemos con certeza cuántos edificios fueron demolidos porque nunca se inventariaron, ni cuántos inmuebles de las décadas de 1950 a 1980 están hoy amenazados porque todavía no hemos desarrollado una valoración suficiente de la arquitectura moderna colombiana. Colombia no cuenta con una cifra nacional consolidada de cuánto patrimonio arquitectónico se ha perdido por demolición, deterioro, incendios, desastres naturales o transformaciones urbanas, y esa ausencia de información también debería preocuparnos: no podemos proteger adecuadamente aquello que todavía no hemos terminado de identificar. La pérdida patrimonial no comienza cuando llega una retroexcavadora, sino mucho antes, cuando dejamos de investigar, documentar, inventariar y valorar.

El mismo problema en las artes

La situación se repite en el patrimonio artístico. Colombia ha realizado importantes declaratorias de obras de Fernando Botero, al reconocer el enorme valor de su producción para la cultura nacional, pero esto debería llevarnos a preguntar si la protección patrimonial refleja realmente la diversidad de nuestra historia del arte. Alejandro Obregón, Luis Caballero, Beatriz González, Cecilia Porras, Édgar Negret y Guillermo Wiedemann fueron igual de decisivos para construir el arte moderno colombiano, y en el arte contemporáneo figuras como Doris Salcedo han contribuido de manera fundamental a la reflexión sobre memoria, violencia y duelo. Una obra como La Violencia, de Obregón, importa mucho más allá de sus cualidades formales: es una representación clave de la relación entre arte, memoria y violencia en el país.

La pregunta no es por qué debemos proteger a Botero, sino por qué no hemos desarrollado con la misma intensidad una discusión patrimonial sobre otras obras fundamentales para comprender nuestra historia cultural. Es necesario distinguir entre valorar a un artista y valorar patrimonialmente su obra: el patrimonio artístico no debería convertirse en un panteón de grandes nombres, sino ser el resultado de una valoración argumentada de obras concretas y de conjuntos representativos de nuestra historia.

Cuando el riesgo no viene del abandono sino de lo nuevo

Hasta aquí hemos hablado de un patrimonio que se pierde por descuido: por lo que no se hace, no se mantiene o no se previene. Pero hay un tercer tipo de amenaza que merece un lugar en esta discusión, porque no viene de la omisión ni de una intervención ilegal sobre un bien ya protegido, sino de un proyecto nuevo que se construye alrededor de ese patrimonio y termina alterando su entorno.

Es lo que está ocurriendo en La Macarena y La Perseverancia con Click Living, el proyecto residencial de la constructora Arquitectura y Concreto que se levanta justo entre dos bienes con protección patrimonial: la Plaza de Mercado de la Perseverancia, en pie desde los años treinta, y el edificio de la Estación de Policía de La Macarena, reconocido por su integración arquitectónica al sector. El desarrollo contempla varias torres de gran altura (se han mencionado trece pisos y cerca de quinientos apartamentos) justo en el corazón de dos barrios que hasta ahora habían conservado una escala baja, calles estrechas y una relación cercana entre la vivienda, la plaza y el espacio público.

El problema no es únicamente normativo. Aunque el proyecto cumpliera cada norma urbanística vigente, cabe preguntar qué le hace a la vida de barrio una torre de esas proporciones cuando se inserta entre una plaza de mercado centenaria y una estación de policía protegida: qué le ocurre a la escala peatonal, a la sombra sobre el espacio público y a la presión inmobiliaria sobre las viviendas vecinas. Ya hay indicios de esa presión: en La Perseverancia, los vecinos han denunciado reducciones injustificadas en el avalúo catastral de sus predios en medio del auge de la construcción en el sector, un síntoma típico de procesos de valorización que terminan expulsando a quienes menos se benefician de ellos.

El caso tiene todavía otra dimensión, más específica del patrimonio arquitectónico. A pocas cuadras de allí se levantan las Torres del Parque, la obra maestra de Rogelio Salmona declarada patrimonio cultural de la Nación en 1995, concebida deliberadamente en diálogo con los cerros, con la Plaza de Toros La Santamaría y con el Parque de la Independencia. Salmona no diseñó solamente un edificio: diseñó una relación visual con su entorno, un perfil urbano pensado para dialogar con la topografía que lo rodea. Introducir en ese mismo sector una masa edificada de trece pisos y cientos de apartamentos, sin una discusión rigurosa sobre su impacto paisajístico, pone en riesgo precisamente ese valor: no la monumentalidad de las Torres del Parque, que seguirá en pie, sino la relación entre esa obra y el paisaje urbano que la hace legible como lo que es.

Este es, en el fondo, el mismo problema que hemos discutido a propósito de la escalera de Altos de Santana, pero visto desde otro ángulo. La declaratoria de un bien protege casi siempre el inmueble mismo: sus muros, sus fachadas, sus elementos originales, pero rara vez protege con la misma fuerza su entorno inmediato, es decir, el perfil urbano, las visuales o la escala del barrio que le da sentido. Por eso es perfectamente posible que un proyecto nuevo no toque un solo ladrillo de un BIC y, sin embargo, termine deteriorando aquello que esa declaratoria pretendía preservar. Es un tercer tipo de daño, distinto al de acción y al de omisión: es un daño por contexto, y nuestro sistema patrimonial apenas comienza a tomárselo en serio.

Por eso el caso de las torres junto a la Perseverancia debería entrar en la misma conversación que abrió la escalera de Salmona. No basta con preguntar si un proyecto respeta los linderos de un BIC o cumple con las cargas urbanísticas que exige la ley. Hay que preguntar también qué les hace a la vida de un barrio, a su memoria y a su paisaje, y si las autoridades patrimoniales tienen hoy herramientas reales para evaluar ese impacto antes de que se conceda la licencia, y no solamente para lamentarlo después de que las torres ya estén construidas.

Los monumentos que tampoco podemos ignorar

El problema adquiere otra dimensión en el espacio público. ¿Qué respuesta hemos dado al deterioro, el vandalismo, el traslado o la transformación de bienes muebles declarados patrimonio nacional? Los monumentos a Cristóbal Colón e Isabel la Católica, los Héroes Ignotos y la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada plantean preguntas que merecen una discusión pública semejante a la del caso Salmona. El de Jiménez de Quesada es especialmente revelador: su derribamiento durante las movilizaciones de 2021 no fue solo la afectación física de una escultura, sino la expresión de un conflicto social sobre la manera como Colombia representa la conquista y a sus protagonistas.

Conservar, sin embargo, no significa necesariamente glorificar. Una sociedad democrática puede decidir trasladar un monumento, contextualizarlo o reinterpretarlo, e incluso modificar su relación con el espacio público, siempre que no confunda la discusión crítica con la destrucción o el abandono. Aprender a gestionar un patrimonio incómodo es también parte de esta tarea.

El patrimonio cultural inmaterial

La misma tensión aparece en el patrimonio cultural inmaterial. Cartagena de Indias es un laboratorio particularmente interesante: en los últimos dos años, cuatro manifestaciones de la ciudad fueron inscritas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia: la vida de barrio en Getsemaní, Ángeles Somos, las Fiestas de Independencia y las expresiones culturales asociadas a la champeta.

Son manifestaciones fundamentales de la cultura cartagenera, pero su reconocimiento deja abierta otra pregunta: ¿Qué ocurre con las numerosas prácticas, saberes, celebraciones, músicas, oficios y formas de sociabilidad que siguen siendo significativas para las comunidades y no cuentan con el mismo reconocimiento institucional?

El patrimonio cultural existe antes de que una institución lo declare. Las comunidades lo producen, lo practican, lo transforman y lo transmiten mucho antes de que una resolución administrativa lo reconozca. Por eso una política democrática de patrimonio no puede limitarse a decidir qué entra en una lista: tiene que escuchar, investigar, acompañar, identificar riesgos y permitir que las propias comunidades participen realmente en la decisión sobre aquello que consideran digno de preservar.

El problema no es declarar más: es valorar mejor

El debate patrimonial colombiano se ha concentrado demasiado en la declaratoria, pero olvida que declarar no es conservar. Toda declaratoria debería estar acompañada de inventarios actualizados, documentación, diagnósticos de conservación, identificación de riesgos, mantenimiento preventivo, recursos, responsables definidos y mecanismos de seguimiento, porque de poco sirve que un bien aparezca en una lista si no existen condiciones reales para garantizar su conservación. Necesitamos saber quién propone las declaratorias, quién decide, qué criterios se utilizan, cómo participan las comunidades, cómo se establecen las prioridades y qué sucede con aquello que queda fuera.

Y necesitamos, sobre todo, una discusión seria sobre la responsabilidad por omisión y por contexto. Si alguien interviene ilegalmente un bien protegido, existen instrumentos para investigar y sancionar; pero ¿qué ocurre cuando un edificio se deteriora durante años por falta de mantenimiento, cuando una institución conoce una vulnerabilidad y no actúa, o cuando un desarrollo nuevo altera de manera irreversible el entorno de un bien protegido sin tocarlo directamente? No se trata de equiparar jurídicamente situaciones distintas, sino de reconocer que, patrimonialmente, todas pueden terminar en la misma consecuencia: la pérdida.

¿Quién construye nuestro canon patrimonial?

El caso Salmona, al final, no debería llevarnos a discutir solamente sobre Salmona, sino sobre Colombia. Cada declaratoria patrimonial construye una narrativa sobre quiénes somos: cuando protegemos un edificio, una escultura, una pintura, una fiesta o una manifestación cultural, estamos diciendo que ese bien representa algo que consideramos valioso transmitir a las próximas generaciones. Pero cada ausencia también dice algo: cada edificio demolido antes de ser valorado, cada obra que se deteriora sin que hayamos reconocido su importancia, cada entorno patrimonial que dejamos transformar sin discusión, y esas ausencias también construyen nuestra memoria, aunque de manera negativa.

El desafío no es declarar patrimonio todos los edificios de Salmona, todas las obras de Botero o todas las manifestaciones culturales de Cartagena, ni multiplicar indefinidamente las listas. El desafío es construir mejores procesos de valoración: rigurosos, transparentes, interdisciplinarios y participativos, que no dependan exclusivamente de la fama del autor, de la presión coyuntural o de la capacidad de ciertos sectores para conseguir reconocimiento institucional, y que incorporen en serio la gestión del riesgo, la conservación preventiva y la protección del entorno.

Porque el patrimonio puede perderse por acción, por omisión o por lo que se construye alrededor. Modificar una escalera sin autorización puede destruir un valor patrimonial, pero permitir que un edificio se deteriore durante años también puede hacerlo, igual que levantar una torre de trece pisos junto a una plaza centenaria sin medir su impacto. La diferencia es que en el primer caso podemos señalar a quien actuó, mientras que en los otros dos la responsabilidad se diluye entre instituciones, presupuestos y silencios. Y esa es quizás una de las formas más peligrosas de perder nuestro patrimonio: aquella en la que nadie parece haberlo destruido, pero todos permitimos que desapareciera.

El caso de la escalera de Salmona debería ser, entonces, mucho más que una controversia sobre una intervención arquitectónica. Debería ser la oportunidad para que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Distrito y las demás autoridades patrimoniales respondan preguntas que llevamos demasiado tiempo aplazando: qué patrimonio colombiano estamos protegiendo, qué patrimonio estamos dejando perder, con qué criterios decidimos uno y otro y quién participa realmente en la decisión sobre aquello que Colombia considera digno de conservar. Porque el patrimonio no se conserva cuando aparece una declaratoria: se conserva cuando una sociedad decide conocerlo, valorarlo, cuidarlo y asumir la responsabilidad de transmitirlo.

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