¿En qué consisten los privilegios para el partido político que resulte de las FARC? ¿Cuáles son los antecedentes en Colombia? ¿Cuáles los argumentos en favor y en contra de esas concesiones? Y sobre todo, ¿qué tanto futuro tendrán las FARC en la política?
Javier Duque Daza*
Tres experiencias
Los procesos de paz en todo el mundo suelen ir acompañados por medidas para facilitar el acceso de los desmovilizados al juego político democrático, y por eso no es raro que algunos exguerrilleros acaben por convertirse en congresistas.
Esto ha ocurrido tres veces en Colombia desde mediados de la década de 1980, pero aunque algunos de los reinsertados han tenido carreras políticas exitosas, las organizaciones partidistas que surgieron de las guerrillas han acabado en fracasos.
A raíz del Acuerdo de La Habana, ahora se presenta una nueva oportunidad para las FARC, con algunos elementos en común con los casos anteriores, pero también con diferencias importantes:
- En 1985 y en el marco del proceso de paz entre las FARC y el gobierno Betancur se creó la Unión Patriótica, que en las elecciones de 1986 obtuvo dos escaños en el Senado y tres en la Cámara de Representantes. Dos de los elegidos provenían de la guerrilla: Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” (como suplente en la Cámara), y Carlos Enrique Cardona, alias “Braulio Herrera”. Fue una participación en política sin abandonar las armas, y al poco tiempo los dos representantes a la Cámara volvieron a la guerrilla.
- Con la creación de la Alianza Democrática M-19, este grupo insurgente se convirtió en un partido político exitoso. En 1990 obtuvo 19 escaños en la Asamblea Nacional Constituyente, y en 1991 logró elegir – en alianza con el también desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL)- 9 senadores (entre ellos los exguerrilleros Vera Grave, Everth Bustamante, Eduardo Chávez y Aníbal Palacio) y 13 representantes a la Cámara (entre ellos Jesús Artunduaga, Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolff, Luís Fernando Rincón, Tomás Velásquez y Carlos Alonso Lucio). Pero en las elecciones de 1994 la ADM-19 perdió todas sus curules en el Senado y solo obtuvo dos en la Cámara (Janeth Suárez en Atlántico y Franklin García en Vichada). Desde entonces desapareció como partido político.
- La Corriente de Renovación Socialista (CRS) –un grupo de 865 guerrilleros disidentes del ELN- se desmovilizó en 1994. Su acuerdo con el gobierno Gaviria incluyó la asignación de dos escaños en la Cámara (otorgados en virtud del artículo transitorio 13 de la Constitución de 1991 que facultaba al presidente para crear circunscripciones especiales de paz); el movimiento decidió que los escaños fueran para dos de los negociadores de la reinserción -Fernando Hernández y Adolfo Bula- y que al cabo de dos años habría rotación e ingresarían Alejandro Suárez y Oscar Manduca). Este mismo año se creó por una sola vez la Circunscripción Territorial Especial de Paz, que permitió la elección de reinsertados para ocupar una curul adicional en los concejos municipales de 19 departamentos (Decreto 1388 de 1994).
Las curules de las FARC
 Creación del partido político Unión Patriótica tras la desmovilización de Grupos Revolucionarios. Foto: Wikimedia Commons |
En esta misma lógica de inclusión de exguerrilleros en el sistema político, el Acuerdo Final que acaba de firmarse estableció las siguientes prerrogativas y condiciones para los desmovilizados de las FARC:
Se trata entonces de una fórmula mixta y por lo tanto novedosa en Colombia y en el mundo.
- El partido político que surja de esta guerrilla podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición para la circunscripción ordinaria del Senado y para cada una de las circunscripciones territoriales para la Cámara de Representantes.
- Tanto en el Senado como en la Cámara se garantiza un mínimo de 5 curules para ese partido.
- Se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en zonas afectadas por el conflicto. En cada una de ellas se elegirá un representante a la Cámara en las elecciones de 2018 y 2022. Los candidatos deben cumplir dos requisitos especiales: (1) ser pobladores de las zonas o desplazados en proceso de retorno, y (2) inscribirse a nombre de grupos significativos de ciudadanos, no de partidos con representación en el Congreso.
- Durante lo que resta del cuatrienio 1914-1918, las FARC contarán con tres voceros en cada una de las cámaras exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.
Tres vías hacia la política
Del recuento anterior se colige que no hay un modo único para que los desmovilizados en virtud de un proceso de paz ingresen a la competencia electoral con más o menos éxito, sino que en Colombia se han registrado tres caminos distintos:
-El de la Unión Patriótica y la AD-M19, partidos que debieron competir abiertamente y que con ello demostraron cierta capacidad de movilización de sus bases y de simpatizantes que los percibían como alternativas ante el bipartidismo dominante. Estos dos partidos intentaron convertirse en organizaciones de convergencia de militantes de izquierda, personalidades progresistas y dirigentes de organizaciones sociales.
-El de los escaños concedidos sin competencia electoral, que solo ha sido el caso de la dos curules asignadas a la CRS en 1994.
-El camino previsto en el Acuerdo de la Habana, que garantiza curules pero también permite que el nuevo partido mida su capacidad de movilización electoral; se trata entonces de una fórmula mixta y por lo tanto novedosa en Colombia y en el mundo.
Razones de lado y lado
 Actuales procesos de paz entre el Gobierno Santos y las FARC. Foto: Wikimedia Commons |
Uno de los debates básicos alrededor del Acuerdo con las FARC se refiere a las razones para que la sociedad sea generosa con los insurgentes y les permita transitar de las armas a los cuerpos colegiados sin franca competencia electoral.
Un argumento de quienes se oponen a esta concesión parte de la autodefinición de las FARC-EP como un ejército “del pueblo” que por tanto cuenta con el apoyo de amplias bases sociales: ¿Por qué entonces no las moviliza y compite con los demás partidos políticos? Más aún, si estos partidos están deslegitimados en virtud de su corrupción y su criminalidad – como repiten las FARC- el partido que se muestre como una alternativa radicalmente opuesta tendría altísimas probabilidades de ganar; ¿para qué se necesita garantizarle escaños a este nuevo partido transparente y popular?
Otro argumento en contra de este tipo de concesiones apunta a la ilegitimidad de quienes ocuparían las curules: no es aceptable que personas incursas en crímenes de lesa humanidad se postulen o accedan a cargos de elección popular ¿Cómo podrían oponerse al clientelismo y a la corrupción de los políticos cuando ellas mismas proceden de una organización con un largo historial de asesinaros, secuestros, tomas de poblados y nexos con el narcotráfico? No se trataría de exguerrilleros convertidos en congresistas, sino de criminales con asiento en el Congreso.
Por su parte, quienes defienden estas medidas de inclusión política con un periodo de transición consideran que los integrantes del nuevo partido no se encontrarían en igualdad de condiciones ante los partidos y los movimientos establecidos, financiados con dineros del Estado, con recursos del poder, con clientelas, representación y maquinarias electorales ya construidas.
Señalan igualmente que una causa del levantamiento armado -o un reclamo esencial de los alzados en armas- es la falta de espacios de participación genuinamente democráticos; abrir o ampliar estos espacios es por tanto necesario para que su desmovilización tenga sentido y logren una presencia en la política sin armas, así sea en condición de minorías.
Frente a la idea de que no puede admitirse la presencia de criminales de guerra en los cuerpos colegiados, los defensores de estas concesiones argumentan que si así fuera se frustraría el tránsito de los excomandantes de la guerra a la política: nadie se desmoviliza para pasar al ostracismo, y a quien luchó por una causa política no se le puede pedir que renuncie a la posibilidad de defender su proyecto de sociedad por los medios y en los escenarios propios de la democracia.
Por eso aunque no es fácil aceptar que esa democracia premie o les de privilegios a quienes la rechazaron y la combatieron, muchas personas piensan que se trata de una concesión inevitable vale decir, de aquellas que se hacen con los dientes apretados.
Del pasado al futuro
De las experiencias anteriores solo han quedado frustraciones.
Ninguno de los partidos o movimientos surgidos de los procesos de paz logró consolidarse como una organización capaz de permanecer en la competencia política y de movilizar electores suficientes para mantener la representación obtenida mediante concesiones o a través de la competencia.
De las experiencias anteriores solo han quedado frustraciones.
Inicialmente asociada con el Partido Comunista, la UP logro ser la más sólida de aquellas organizaciones. Este partido obtuvo un relativo éxito en las elecciones de 1986 pero fue objeto de la persecución y el virtual exterminio por parte de paramilitares y narcotraficantes en asocio con agentes del Estado. Por su parte, la AD M-19 naufragó después del éxito inicial y se deshizo en múltiples sectores en medio de enfrentamientos entre liderazgos personalistas y diferencias políticas. De la CRS tampoco quedó una organización, y algunos de sus exintegrantes se han movido entre fundaciones, medios de comunicación en calidad de “analistas políticos” y contratos con el Estado que antes combatieron.
Las evidencias de estas tres décadas nos muestran la gran dificultad para que la izquierda consolide una organización partidista que aglutine a las diversas tendencias, tradiciones y concepciones de sociedad. También es claro que las desmovilizaciones han sido estériles en sus intentos de inserción política con una propuesta que logre superar los personalismos e intereses grupistas.
Pero a las experiencias de las múltiples izquierdas hay que sumar ahora la que resulte del proceso de inserción de las FARC a la vida civil. Por lo pronto no se proyecta ninguna propuesta de unificación o de convergencia entre corrientes de izquierda, y la fragmentación actual es un gran obstáculo para dar paso a una opción capaz de redimensionar el régimen político, una democracia precaria que sigue arrastrando sus dramas y sus déficits.
El acuerdo de paz es un paso adelante en la solución de las violencias que han asolado a Colombia. Queda el interrogante si de este acuerdo logrará dar paso a una opción de izquierda que se convierta en una alternativa y en un partido capaz de desafiar a los poderes constituidos.
*Profesor de la Universidad del Valle.
