Lucho Herrera y las lecciones de Popeye (el bufón de la Corte)

Escuchamos, “petrificados”, esta semana la noticia de la imputación del delito de desaparición forzada a Lucho Herrera. De ser cierto este crimen, se trataría de una noticia devastadora para la memoria de un país que ha hecho de su gesta deportiva una representación de la lucha y el triunfo del mundo campesino, frente a las adversidades y la exclusión impuestas por la modernidad del norte global de la época. Y aunque los supuestos hechos no afectan los logros deportivos conseguidos, de ser cierto, se ratificarían los enormes pies de papel de los modernos héroes nacionales —generalmente deportistas— cuyas carreras en el retiro generalmente se plantan a la derecha de sus propios orígenes.

Como respuesta a esta imputación, diferentes sectores de la sociedad han asumido como sentencia lo que es apenas una imputación de cargos; es decir, una acusación que debe ser probada. La vandalización del monumento a “El Jardinerito” en la vía panamericana, y el dedo acusador de supuestos defensores de derechos humanos que le gritan «¡asesino!» en la cara al mismo Herrera, muestra una vez más la generalización de una sociedad de cancelación que se niega a entender las implicaciones del respeto al debido proceso en un Estado Social de Derecho. Estos supuestos activistas, e incluso los tradicionales y tendenciosos medios de comunicación, no parecen comprender que ser llamado a juicio implica que un juez debe evaluar si las pruebas contra un imputado son, o no, creíbles.

La imputación contra Herrera se relaciona con el testimonio de unos paramilitares cuyas delaciones les otorgan —desde luego— beneficios por colaborar teóricamente al esclarecimiento de la verdad histórica y jurídica. Es aquí donde quisiera traer a colación los desafíos del sistema de justicia, particularmente en la ponderación de testimonios que no parten, precisamente, de un nulo interés por testimoniar.

Resulta pertinente en este punto recordar los testimonios de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, supuesto “disco duro” del Cartel de Medellín, cuyas exageraciones y mentiras han sido —una y otra vez— puestas en duda por el círculo cercano de Pablo Escobar que aún vive. Familiares del capo, subalternos y compinches coinciden en que Popeye era apenas un segundón cuya misión era a penas llevar el humor a las caletas. A pesar de nunca haber sido ese “general de la mafia” que vendió a sus miles de seguidores, fue este mismo ingenio el que le permitió cosechar  significativos dividendos gracias a la publicación de libros, de un exitoso canal de YouTube e incluso de la realización de una narconovela que encumbra su horrorosa vida.

Y es que múltiples testimonios de los cercanos a Escobar —incluido su abogado Gustavo Salazar Pineda— señalan que la función principal de Popeye era hacer reír al “patrón”. Si bien cometió crímenes por los que cumplió sentencia, Popeye estuvo lejos de ser el lugarteniente o mando sicarial que decía ser. Roberto Escobar, hermano del capo, en un testimonio publicado por La Silla Vacía dijo: “él era un chofer cualquiera, nunca fue la mano derecha de Pablo”.

Las historias de Popeye iban desde lo cantinflesco hasta lo alucinante. Afirmó por ejemplo que la Espada de Bolívar robada por el M-19 fue entregada a Escobar, quién supuestamente luego se la entregó como juguete a su hijo Juan Pablo. También señaló que Escobar financió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, añadiendo que  luego de la masacre Bateman (muerto un año antes de la toma) se refugió con Álvaro Fayad en la Hacienda Nápoles. Al respecto Carlos Lehder recientemente dijo a El Colombiano.

“Quien inventó eso fue Popeye. Que en paz descanse, pero es un payaso. Popeye era un cuenta historias ficticio, un culebrero. Él era chofer y luego lo vi cargando pistolas, pero no tiene bases, nunca estuvo en Nicaragua (…) Quién sabe quién lo propulsó a que dijera eso. Pablo no le financió ni cinco centavos al M-19 para la toma del Palacio de Justicia, nosotros no sabíamos de la toma”.

La credibilidad de Popeye ha producido juicios erráticos que, en complicidad con los buscadores de falsos positivos judiciales, afectan la construcción de la verdad histórica. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de casación proferida en 2016, le otorgó plena credibilidad a Popeye, lo que implicó la anulación de la absolución en segunda instancia y por lo tanto la definitiva condena contra Alberto Santofimio Botero por el asesinato de Luis Carlos Galán. Frente al testimonio del bufón, la Corte dijo:

“Estas razones refuerzan las expuestas en anteriores apartados, pues finalmente tales presagios se concretaron en el atentado final y, por eso, se ratifica la credibilidad otorgada a John Jairo Velásquez Vásquez cuando refiere que presenció el momento en el que Santofimio Botero llenó de razones al jefe del Cartel de Medellín, hasta convencerlo para que finalmente ordenara a Popeye realizar los actos necesarios para matar a Galán Sarmiento”.

El año pasado, frente a un recurso de revisión presentado por el mismo Santofimio, basado en la retractación de Popeye ante la Comisión de la Verdad, la Corte prefirió un atajo procesal, señalando que la retractación de un testigo —y vaya testigo— no invalida la prueba testimonial. Todo esto ocurre cuando el país jurídico reconoce a Gonzalo Rodríguez Gacha como el determinador del asesinato de Galán.

Las trayectorias de Santofimio y Lucho Herrera no son por supuesto semejantes (Herrera es un campeón y Santofimio un político corrupto) pero tienen en común haber sido objeto de imputaciones en medio de claros intereses de los incriminadores. Por eso, La Justicia debe ser especialmente cauta al verificar la credibilidad de los paramilitares “Ojitos”, “Camargo” y “Menudencias”, cuyos testimonios deben ser plenamente contrastados con hechos materiales probatorios. Y a los juzgadores “exprés” no queda más que recordarles que Colombia debe seguir siendo un Estado de derecho.