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Paz entre los colombianos y con los psicoactivos

Escrito por Elías Sevilla

Elías Sevilla

Un análisis incisivo sobre las incoherencias mundiales y locales en la política sobre uso y tráfico de “drogas”. Y una hoja de ruta, basada en revisar los numerosos estudios, para llegar al tratamiento más racional e integral de este problema acuciante.

Elías Sevilla Casas*

Del uso al tráfico de “drogas”

Es posible que más de un lector encuentre coherente el conjunto informativo de prensa de la figura adjunta. La fotografía presenta a dos pares de manos armando un “bareto”, no vendiéndolo o comprándolo. Pero ¿es de veras coherente el texto escrito con la imagen?

¡Pues no! La implicación prima facie del mensaje es que la guerra y la acción policial y judicial van contra el uso del “bareto” cuando en la realidad van o deben ir contra el tráfico de “drogas”. La fotografía debería ser entonces la de una de las tantas  incautaciones de “narcóticos” en tránsito a los países consumidores o la de una redada contra el “microtráfico” en alguna de nuestras ciudades.

Hace poco recordé en Razón Pública que “narcóticos”, “drogas” o “estupefacientes”, son términos cooptados por la policía para los psicoactivos bajo fiscalización de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU. “Psicoactivos”, en cambio, es un término técnico que cubre a los “estupefacientes” pero también a otras sustancias legales,  eventualmente nocivas, como el etanol, la cafeína, y la nicotina. También cubre ciertos vegetales como la hoja de coca o el bejuco del yajé que son usados legítimamente por las comunidades indígenas.

Los ilustradores de la prensa –quienes sin duda aplauden la Sentencia C-221/94 de la Corte Constitucional que despenalizó “la dosis personal”—siguen confundiendo dos procesos totalmente  distintos: “el narcotráfico” sobre el que con razón, mientras exista, actúan la policía y los jueces, y el consumo legal de psicoactivos. El primero fue explícitamente declarado ilícito en la Sentencia y el segundo lícito, si se mantiene dentro de los límites establecidos por la norma. En efecto, la Corte dijo que:

“Determinar una dosis para consumo personal implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables.…

En ese mismo orden de ideas puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad… regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco”


Punto de atención CAMAD, en la zona del Bronx
en Bogotá.
Foto: Gustavo Petro Urrego

Tres asuntos

Para esta nota repasé los 49 artículos sobre “drogas” que ha publicado Razón Pública; con eso quiero aportar a una visión equilibrada sobre un tema de gran interés para avanzar hacia la paz en Colombia. Me apoyo en el enfoque de la antropología.

El mensaje final lo anuncia el título: la paz entre los colombianos implica no sólo (1) soluciones alternativas a la cuestión del narcotráfico sino un replanteamiento paradigmático acerca de (2) la oferta interna y (3) el consumo de los diferentes psicoactivos. Se hace énfasis, incluso en Razón Pública, sobre el punto primero, pero el segundo y el tercero también requieren atención urgente.

En efecto, esta paz con los psicoactivos debe resolver cuestiones graves derivadas no sólo de la ilegalidad de oferta externa/interna sino de la legalidad consumo en su “dosis personal”. “Replanteamiento paradigmático” implica barajar y organizar de nuevo nuestros  valores y categorías respecto a lo que hasta ahora hemos llamado “drogas”, que cubren apenas un lado de la cuestión.

El peor de los mundos

“Para estos países [los latinoamericanos], la legalización de la demanda y la penalización de la oferta es el peor de los dos mundos: no sólo tienen que pagar los costos económicos y sociales del consumo, sino que acrecienta enormemente los costos asociados con la ilegalidad de la producción y la distribución.” 

Así resume nuestra situación Gart Valenc, un bloguero dedicado a hablar claro a sus conciudadanos en los países consumidores. A ellos les espeta:

“Como ciudadano europeo me resulta abominable la actitud esquizofrénica, hipócrita y autocomplaciente que tenemos los grandes países consumidores en materia de políticas de drogas: descriminalización del consumo por un lado, y criminalización de la producción y la distribución por el otro.”

Dos espejos latinoamericanos y un caso de obvia hipocresía

Miremos, de pasada, tres escenarios americanos  cuyas soluciones internas pueden darnos luces.

Uruguay: el Estado intenta asumir con aparente éxito y responsabilidad el manejo de la oferta de marihuana. Aprovecha el estrecho margen de maniobra que permiten los  convenios internacionales. Que el esfuerzo de Uruguay por salir del peor de los mundos va en serio y tiene repercusiones de fondo sobre el estatuto vigente de control internacional de “estupefacientes” lo revela el llamado de la JIFE  a que la nación suramericana “reanude el diálogo”.

Bolivia: su decisión de cumplir lo que su Constitución dispone en defensa el uso ancestral (sabio y controlado) de la hoja de coca llevó al gobierno a hacer valer una excepción a los convenios con respecto a esta producción y consumo. En el país arde hoy una contienda, hasta ahora de pronóstico reservado, entre los que intentan mantener la oferta “racionalizada” para el consumo ancestral y el abuso para fines ilegales de producción y exportación de cocaína. El presidente Morales tiene que entenderse con algunos cocaleros, antiguos y legales socios suyos, para quienes hoy al parecer no valen las lealtades ideológicas y sindicales sino el dinero producido por el negocio ilegal.  La JIFE recibió de Bolivia una nota formal de protesta por la intromisión indebida en sus asuntos internos relacionados con el akullicu, que es el masticado tradicional andino de la hoja de coca.

Los recientes avances en la legalización del consumo de marihuana en Estados Unidos,  donde se inició y desde donde se financia la “guerra a la droga”, no hacen sino acentuar  el reclamo por “la actitud hipócrita y autocomplaciente” que hace Valenc. El Departamento de Justicia de esa nación ha avalado los referendos en los Estados de Colorado y Washington, en favor del uso legal recreativo de la marihuana. Falta ver qué ocurre con el comunicado de la misma JIFE donde anuncia que Estados Unidos está violando la Convención Única de 1961.

¿Será que comienzan a soplar vientos de cambio en los convenios internacionales sobre el tema porque los actuales, y la hipocresía al respecto, se han vuelto insostenibles?


El Presidente de Uruguay, Pepe Mujica.
Foto: U. S. Embassy Montevideo 

Con el perro y sin el pan

No es nueva la idea de Valenc sobre el peor de los mundos. La incoherencia que dejó a Colombia con el perro y sin el pan, es decir, con el derecho individual a una “actividad lícita” (el consumo de psicoactivos dentro de las limitaciones establecidas por  la ley) pero sin las fuentes legales para aprovisionarse, fue uno de los argumentos expuestos en el salvamento de voto de la citada Sentencia C-221/94. El salvamento dice textualmente:

“De la decisión mayoritaria se desprende una paradoja y una ambigüedad muy difíciles de entender: Por un lado se autoriza el consumo de la dosis personal, pero por otro se mantiene la penalización del narcotráfico. Es decir que se permite a los individuos consumir droga, pero se prohíbe su producción, distribución y venta. Carece de toda lógica que la ley ampare al consumidor de un producto y, en cambio sancione a quien se lo suministre”.

En busca de salidas

La reiterada  jurisprudencia sobre el consumo de las SPA, y el buen juicio de los colombianos, hacen pensar que el regreso al prohibicionismo radical tiene pocas probabilidades de ocurrir. La Sentencia advierte que la despenalización de la dosis personal es coherente con la  Constitución “pues la filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria”.Nuestra responsabilidad es hacer viable, con reflexiones y propuestas precisas, una salida acorde con esta filosofía. Hago enseguida  un repaso del estado de la cuestión en los tres puntos principales.

1. El lado “narcotráfico” o “droga” de la cuestión planteada

No ahondo en este punto porque contamos una respetable tradición de estudios, algunos de los cuales ofrecen sus resúmenes en Razón Pública. Trabajos como los de Francisco Thoumi, Juan Gabriel Tokatlian, Bruce Bagley  y Rodrigo Uprimny coronan una serie de análisis y propuestas que vienen, por lo menos, desde 1981, cuando Álvaro Camacho escribió su librito “Droga, corrupción y poder el Colombia”. Bruce Bagley nos hace un buen resumen, que ubica a Colombia en lugar de privilegio en el contexto mundial de reflexión sobre el asunto.

Además, Colombia cuenta ya con una Comisión Asesora para la Política de Drogas, creada por el Ministerio de Justicia. Su presidente es Daniel Mejía, profesor de economía de la Universidad de los Andes y actual director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESED. Según su portal, el CESED “Tendrá énfasis especial en promover investigaciones relacionadas con la violencia generada por las actividades de producción y tráfico de drogas y el diseño de políticas adecuadas que permitan reducir y minimizar los daños a la sociedad de las políticas antidroga.” El reciente libro, presentado por el Centro “Lucha antidrogas, cuál es el camino a seguir” bosqueja un derrotero preliminar.

Me imagino que buena parte de los miles de aportes que se han hecho a la Mesa de la Habana sobre el tema tienen que ver con alternativas a la “guerra a las drogas” que sean coherentes con la paz que deseamos.

2. La cuestión interna de la oferta

Pese a la gravedad del asunto, son pocos los estudios sobre esta cuestión, incluso en Razón Pública.  Es urgente corregir la incoherencia advertida por el salvamento a la Sentencia C-221/94 sobre la ilegalidad de la oferta interna. De allí surgen el creciente negocio criminal del microtráfico y las asociadas complicaciones sociales de oferta/consumo criminalizado, cuyos resultados se ven en “las ollas” y “los Bronx”.

El camino abierto por Uruguay marca un derrotero y los ensayos de los CAMAD-Bogotá deben evaluarse en serio. De sus aciertos y errores podemos aprender porque al respecto hemos hecho poco aparte de prohibir y castigar.

3. El amplio espectro del consumo interno

Este frente está muy poco estudiado. Una revisión reciente  me permitió advertir que hay cierta tradición en estudios de prevalencia epidemiológica y de valoración psicológica del consumo del alcohol, tabaco y “estupefacientes”.

Sin embargo, conocer las frecuencias del consumo y las posibles asociaciones con las configuraciones y dinámicas biopsíquicas de los consumidores no es suficiente. Necesitamos  enfoques integrales para redefinir la cuestión del espectro completo de los psicoactivos con los que queremos construir la paz.

Ese espectro va desde el café, el alcohol y el tabaco de uso generalizado hasta la hoja de coca y el yajé usados por ciertas comunidades étnicas; y desde “el bareto”, los hongos, y el inhalante hasta el bazuco, la heroína y las “drogas” de origen sintético. Debemos incluirlos a todos, cada uno en su especificidad y potencialidad como fuente de problemas. Debemos mirar también su aporte neutro o benéfico, porque por algo los usamos, no –como piensan algunos prohibicionistas radicales– “porque somos perversos y suicidas”, a fin de aprender a decidir no usarlos, o si se usan, saber cómo.

Los antropólogos, quienes en otras latitudes han hecho aportes importantes a la visión integral, en Colombia no hemos hecho mayor cosa. La tradición sociológica y antropológica de estudio que he identificado como más sistemática es la desarrollada a lo largo de varios lustros por el grupo asociado a la revista “Cultura y Droga” de la Universidad de Caldas, que tiene incluso una maestría en el tema.

Otro frente con desarrollos desiguales pero interesantes es el de organizaciones que atienden a usuarios en problemas o adelantan programas de prevención y educación. El experto Augusto Pérez, miembro de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, opina que estamos ante una  “increíble cantidad de iniciativas, casi siempre desordenadas, inconsultas, arbitrarias y hasta peligrosas”. Existen sin embargo programas y redes de  programas sobre psicoactivos (ejemplos Acción Técnica Social y RAISS) cuyas acciones merecen ser miradas con atención por su perfil innovador.

Una vez más, aparece la necesidad de un marco de referencia paradigmático realista, responsable  y equilibrado frente  a los tres componentes de la cuestión, a fin de podamos construir la anhelada paz entre nosotros y con los psicoactivos.

 

*Antropólogo PhD por Northwstern University y Profesor Titular jubilado de la Universidad del Valle, Cali.

eliasevilla@gmail.com

 

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